El director del Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE), Todd Lyons, anunció que intensificará la persecución contra empresas que empleen migrantes indocumentados, acusándolas de explotarlos. Lyons señaló que estas prácticas no son “delitos sin víctimas”, y que en muchas investigaciones se detectan casos de trabajo forzoso y tráfico de menores.
La declaración se da después de la detención de más de 300 inmigrantes ilegales en el sur de California, incluidos diez menores en granjas legales de cannabis. Lyons afirmó que bajo la administración actual se ha ampliado el espectro de acciones migratorias y que es “posible” alcanzar el objetivo de un millón de deportaciones en 2025, pese a que hasta ahora solo se han cumplido cerca de 150 mil.
El funcionario criticó las políticas “santuario” de algunos estados y ciudades que limitan la cooperación con ICE, lo que obliga a agentes federales a hacer detenciones “colaterales” en comunidades, en lugar de centrarse en delincuentes ya arrestados por autoridades locales.
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, calificó a Kilmar Ábrego García como “un monstruo” durante una reciente conferencia en Nashville. Este caso ha captado la atención internacional tras la deportación errónea de Ábrego García, quien fue encarcelado en una megaprisión de El Salvador.
El mes pasado, Ábrego García fue devuelto a Tennessee y actualmente enfrenta cargos federales de tráfico de personas. Noem habló sobre la campaña para detener y deportar a quienes están ilegalmente en el país, destacando sus vínculos con la criminalidad y las pandillas.
Noem afirmó que Ábrego García tiene antecedentes criminales y conexiones de décadas con una pandilla condenada por tráfico de personas. También mencionó que el migrante ha estado involucrado en actividades criminales graves.
Al ser cuestionada sobre los cargos específicos en Tennessee, Noem evitó dar detalles. Sin embargo, expresó su deseo de que la justicia actúe adecuadamente. “Espero que este juez haga lo correcto”, dijo.
Un juez decidirá la próxima semana si Ábrego será liberado en espera de juicio. Esto podría llevar a que sea puesto bajo custodia de ICE para posibles procedimientos de deportación.
Noem también comentó sobre la posibilidad de que Ábrego sea deportado antes de su juicio. “Él es un monstruo y está vinculado a una organización terrorista”, afirmó, subrayando la gravedad de sus acciones a lo largo de los años.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ahora tendrá acceso a la información personal de unos 79 millones de beneficiarios de Medicaid. Este acuerdo ha generado gran preocupación entre defensores de la privacidad y de los inmigrantes.
El pacto, firmado entre los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), permite a ICE identificar la ubicación de extranjeros en el país. Este acuerdo no ha sido anunciado públicamente.
La revelación de este intercambio de datos representa un cambio significativo en la política migratoria de la administración de Trump. Funcionarios han cuestionado la legalidad de dar acceso a los datos de Medicaid en ciertos estados.
La información que ICE podrá consultar incluye nombres, direcciones, fechas de nacimiento y números de Seguro Social de los beneficiarios. El programa Medicaid brinda cobertura a personas de bajos recursos, incluidos millones de niños.
Aunque ICE no podrá descargar los datos, sí tendrá acceso de lunes a viernes. Esta medida podría generar desconfianza en quienes buscan atención médica urgente.
El portavoz de HHS, Andrew Nixon, no comentó sobre el acuerdo reciente. Tricia McLaughlin, del DHS, indicó que el objetivo es asegurar que los inmigrantes indocumentados no reciban beneficios de Medicaid.
El intercambio de datos ha suscitado críticas de legisladores y defensores de los derechos civiles. Muchos temen que esto lleve a una mayor vigilancia y miedo entre los beneficiarios de Medicaid.
Hannah Katch, exasesora de CMS, expresó su preocupación por la confianza que se rompe al compartir esta información. Las leyes federales exigen que los datos de salud se mantengan privados, salvo en casos específicos.
La administración de Trump ha buscado acceder a datos de Medicaid en varios estados. Esto ha llevado a una reacción negativa de legisladores y gobernadores, quienes han presentado demandas alegando violaciones de privacidad.
El nuevo acuerdo deja claro que el DHS utilizará estos datos para identificar a personas en el país ilegalmente. A pesar de las críticas, HHS defiende que actúa dentro de su autoridad legal.
La transferencia de datos personales de beneficiarios de Medicaid debería preocupar a todos los estadounidenses. Este cambio podría afectar a muchas familias y su acceso a atención médica vital.
Grupos de derechos civiles demandaron a la administración de Trump. La demanda busca detener las arrestos de ICE en los tribunales de inmigración.
Arrestos de ICE en tribunales desatan controversia y temor entre inmigrantes
La acción legal, presentada en un tribunal federal en Washington, representa a inmigrantes y organizaciones de derechos civiles. Este esfuerzo busca frenar las medidas que han aumentado las deportaciones en Estados Unidos.
Demandantes buscan proteger los derechos de los inmigrantes en proceso legal
Antes, el Departamento de Seguridad Nacional limitaba la aplicación de leyes de inmigración en los tribunales. Sin embargo, tras la derogación de estas directrices, agentes enmascarados comenzaron a arrestar a migrantes en audiencias.
La demanda describe cómo los abogados del gobierno solicitan a un juez que desestime casos de inmigrantes. Tras la desestimación, los agentes de ICE arrestan a los individuos presentes.
Impacto de las políticas de inmigración en la vida de los inmigrantes
Los inmigrantes son trasladados a un proceso de deportación acelerada. Este proceso ofrece pocos recursos legales y generalmente requiere su detención. En muchos casos, los arrestos ocurren justo después de las audiencias.
Los abogados argumentan que estas acciones son graves. Los inmigrantes han sido separados de sus familias y hogares al presentarse a sus audiencias.
La demanda pide a un juez federal que bloquee estos cambios de política. Los abogados argumentan que violan la Constitución y las leyes federales.
Entre los demandantes hay inmigrantes con solicitudes de asilo. Uno de ellos, un cubano identificado como P.D., fue arrestado tras una audiencia donde su caso fue desestimado sin previo aviso.
Los críticos afirman que los arrestos en los tribunales muestran una tendencia preocupante. La aplicación de la ley ya no se limita a los cruces fronterizos, sino que se extiende a lugares como los tribunales.
La rescisión de políticas del DHS se produjo en un contexto de creciente presión para aumentar las detenciones. Stephen Miller, asesor del gobierno, exigió un promedio de 3 mil arrestos diarios.
Activistas y defensores temen que estos operativos disuadan a los inmigrantes de cumplir con sus obligaciones legales. Esto podría llevar a muchos a la clandestinidad.
La administración de Trump utiliza los tribunales como herramienta de presión, según críticos. Este enfoque viola principios fundamentales del debido proceso y la equidad en el sistema legal.
Recientemente, se reportaron incidentes mediáticos relacionados con estos arrestos. Uno de los casos más destacados involucró a una jueza que supuestamente ayudó a una inmigrante indocumentada a evadir el arresto. Este tipo de acciones genera preocupación sobre la presión ejercida en los tribunales.
ICE está cambiando su estrategia para localizar indocumentados al centrarse en los propietarios de viviendas. Esta nueva táctica genera confusión y preguntas entre arrendadores y expertos legales.
Los agentes de inmigración están exigiendo información de los inquilinos a los propietarios. Solicitan contratos de alquiler, direcciones y otros datos personales. Esta acción podría indicar un nuevo frente en la campaña de deportaciones.
Eric Teusink, abogado de bienes raíces en Atlanta, confirmó que muchos propietarios recibieron citaciones para entregar información sobre sus inquilinos. Estas solicitudes pueden incluir detalles sobre el historial laboral y las relaciones familiares.
A pesar de la presión, no está claro si los propietarios están obligados a cumplir. Las citaciones no están firmadas por un juez, lo que plantea dudas legales. Algunos expertos advierten que cumplir con estas solicitudes podría violar la Ley de Vivienda Justa.
Grupos de defensa han lanzado la campaña “Conoce tus derechos”. Instan a las personas a rechazar solicitudes que no estén firmadas por un juez. Esto se debe a que un arrendador puede sentirse intimidado y entregar información sin el consentimiento del inquilino.
Tricia McLaughlin, portavoz de Seguridad Nacional, defendió el uso de citaciones sin confirmar si se están emitiendo. Aseguró que el incumplimiento puede resultar en sanciones legales graves.
Los propietarios se sienten confundidos por estas solicitudes. Muchos están acostumbrados a recibir citaciones firmadas por un juez para otros motivos, como investigaciones policiales.
Teusink comentó que parece que ICE está en una “expedición de pesca” al solicitar información. Otros expertos legales también aconsejan a los propietarios que no cumplan con estas citaciones si no tienen respaldo judicial.
La situación genera inquietud entre arrendadores y inquilinos. La falta de claridad sobre los derechos y obligaciones en este nuevo enfoque de ICE deja a muchos en una posición incierta.
Activistas en Estados Unidos denuncian que detrás del endurecimiento migratorio y las deportaciones masivas del gobierno de Donald Trump, dos empresas privadas, CoreCivic y Geo Group, son las grandes beneficiadas al gestionar, construir y operar prisiones para migrantes, de acuerdo con una investigación de Claudia Arellano para La Razón.
Según la investigación, Michael, empleado de logística en CoreCivic, aseguró que cerca del 90% de los migrantes arrestados por las autoridades están recluidos en estos centros, y se preparan al menos nueve nuevas prisiones para sostener el programa de deportaciones.
Concha Walker, activista y periodista, señaló que en seis meses se han detenido más de 150 mil migrantes, lo que ha obligado a ampliar la capacidad carcelaria, mientras las empresas privadas aumentan sus ganancias gracias a contratos millonarios con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En entrevista para La Razón, el abogado Enrique Zavala destacó que la reapertura del centro de detención Delaney Hall en Nueva Jersey, bajo contrato por mil millones de dólares con Geo Group, ha sido rechazada por comunidades migrantes y autoridades locales. Además, CoreCivic planea reabrir otro centro en Texas, con costos aproximados de 165 dólares diarios por migrante recluido.
La denuncia refleja la profunda crisis humanitaria y el negocio lucrativo que ha surgido alrededor de la política migratoria estadounidense, en un contexto de protestas y creciente rechazo a estas prácticas.
Un juez federal no dictará sentencia esta semana sobre la liberación de Kilmar Ábrego García, quien enfrenta cargos de tráfico de personas en Tennessee. Sus abogados intentan demostrar fallas en el caso presentado por el gobierno federal.
Ábrego García, originario de El Salvador, se ha convertido en un símbolo de las controvertidas políticas de inmigración del expresidente Donald Trump. En marzo, fue deportado por error a su país, violando una orden judicial que evitaba su deportación debido a amenazas de pandillas.
Tras la presión de la Corte Suprema, el gobierno trajo de regreso a Ábrego García a EE.UU. el mes pasado. Sus abogados califican los cargos de “absurdos” y destacan que dependen del testimonio de testigos cooperantes.
Durante la audiencia, el agente especial de Seguridad Nacional, Peter Joseph, no supo si el testigo principal había coordinado su testimonio con otros. El caso se originó en una parada de tráfico en 2022, cuando Ábrego García conducía un vehículo con nueve pasajeros.
El gobierno de Trump afirma que es miembro de la pandilla MS-13, aunque no hay cargos en su contra. Ábrego García ha denunciado tortura en El Salvador, algo que el presidente salvadoreño niega.
La jueza Barbara Holmes determinó que Ábrego García es elegible para la liberación. Sin embargo, sus abogados piden que no sea deportado inmediatamente. En la audiencia reciente, los fiscales solicitaron que se revocara la opinión de Holmes.
La jueza Paula Xinis, en Maryland, también está involucrada en el caso. Ella preside una demanda presentada por la esposa de Ábrego García por su deportación errónea. Sus abogados piden que se le retenga al menos 72 horas si es liberado.
Si Ábrego García queda bajo custodia del ICE, sus abogados lucharán contra la deportación en los tribunales de inmigración. La próxima semana se espera que el juez Crenshaw dicte sentencia sobre su caso.
La Secretaría de Relaciones Exteriores activó un protocolo de asistencia tras redadas migratorias en granjas de California, encabezadas por agentes del ICE y la Guardia Nacional de EE.UU. El operativo se realizó en Carpintería, Santa Bárbara, y Camarillo, Ventura.
El Consulado de México en Oxnard ya brinda protección a posibles connacionales afectados, aunque no se ha precisado el número de detenidos. Se han atendido al menos 25 llamadas de auxilio y se mantiene contacto con familiares y centros de detención.
La @SRE_mx informa sobre los operativos de detención realizados hoy por autoridades del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos y otras agencias en el condado de Ventura, específicamente en el área de Camarillo, así como en el condado de Santa Barbara, en la zona…
La Presidenta Claudia Sheinbaum, durante la conferencia mañanera del 11 de julio, lamentó las redadas, calificándolas de injustas, y advirtió que afectarán la economía de EE.UU. por su impacto en la producción agrícola. Anunció también el aumento de recursos para consulados mexicanos a fin de reforzar la defensa legal de los migrantes.
Hasta el momento, se reportan 73 mil 523 personas repatriadas, de las cuales 67 mil 8 son mexicanas. La SRE puso a disposición de los paisanos el número de la Línea de Protección Consular: 520 623 7874.
El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas. Está detenido en un centro de detención en el condado de Hidalgo, cerca de la frontera con Reynosa, México.
Chávez Jr. Debía presentarse el lunes en la Corte Superior de Los Ángeles por un caso de portación de armas relacionado con un incidente en enero de 2024. No asistió debido a su detención por ICE.
El hijo del famoso boxeador tiene pendiente una orden de detención de la Fiscalía General de la República (FGR). Se prevé que su traslado a México ocurra en la frontera con Ciudad Reynosa.
De acuerdo con un comunicado de ICE, Chávez Jr. Ingresó legalmente a Estados Unidos en agosto de 2023 con una visa de turista B2, válida hasta febrero de 2024. Su situación legal sigue en desarrollo y los próximos pasos serán clave para su futuro.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enfrenta una crisis con más de 56 mil detenidos. Este número supera el récord anterior de 39 mil al final de la administración Biden. Ahora, ICE opera al 140% de su capacidad.
A partir de marzo, las detenciones diarias se duplicaron, alcanzando mil 200. Sin embargo, el presidente Donald Trump exige que esta cifra se eleve a tres mil diarias. “Quiero sacar a lo peor de lo peor”, afirmó durante un discurso.
Trump se centra en migrantes con antecedentes delictivos, pero los datos muestran que solo el siete por ciento de los detenidos tiene condenas graves. Muchos de los arrestados son personas sin antecedentes penales, incluidos aquellos que asisten a audiencias de regularización migratoria.
Para cumplir con las cuotas de detenciones, algunas agencias han empezado a reclutar personal sin entrenamiento. Esto ha llevado a incidentes de violencia y abuso. Agentes encapuchados actúan sin identificaciones, lo que ha generado múltiples arrestos indebidos de ciudadanos y residentes legales.
En el pasado, la mayoría de las detenciones ocurrían en la frontera. Ahora, más del 70% de los arrestos suceden dentro de EE.UU. Esto refleja un cambio significativo en la estrategia de detención.
Datos recientes indican que el 65% de los detenidos en el año fiscal actual no tiene condenas previas. La mayoría enfrenta cargos relacionados con migración y faltas no violentas.
La cacería de migrantes continúa a pesar de la saturación en los centros de detención. Una nueva iniciativa busca financiar 100 mil camas en estos centros para atender la creciente demanda. La situación sigue siendo crítica y genera preocupación entre defensores de derechos humanos.
