Human Rights Watch advirtió que el nuevo mandato de Donald Trump ha profundizado el deterioro de los derechos humanos en América Latina, con políticas migratorias más duras, militarización y recortes a apoyos internacionales que han sido replicados por varios gobiernos de la región.
Human Rights Watch alertó que la retórica y las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han tenido un impacto negativo en la situación de derechos humanos en América Latina y el Caribe, donde distintos gobiernos han endurecido políticas de seguridad y migración bajo el amparo de Washington.
En su Informe Mundial 2026, la organización documentó abusos contra personas migrantes, detenciones arbitrarias, militarización de la seguridad pública y el uso excesivo de la fuerza, así como recortes a la ayuda exterior destinada a organizaciones civiles y medios independientes.
HRW señaló que países como El Salvador, Perú y Ecuador han aprobado marcos legales que facilitan el cierre de organizaciones sociales y medios de comunicación, debilitando los contrapesos democráticos y restringiendo el espacio cívico en la región.
El informe también cuestionó la doble vara de la política exterior de EUA, que condena violaciones sistemáticas en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero minimiza abusos graves cometidos por gobiernos aliados.
Pese a este panorama, la organización subrayó que periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles continúan siendo un pilar clave para la democracia en América Latina, aunque operan en un entorno cada vez más hostil y con mayores riesgos.
Este martes Human Right Watch reportó más de 350 ejecuciones a las autoridades, un nuevo récord al cierre del 2025. La mayoría corresponde a personas extranjeras que fueron imputadas a conductas ilícitas no mortales vinculadas con drogas.
Una de las causas principales en este incremento son las ejecuciones por conductas ilícitas no letales vinculados con drogas, los cuales sumaron 240, 188 de ellos fueron extranjeros, por lo que Joey Shea, investigador acerca de Arábia Saudita, ha exhortado a las autoridades encabezadas por Mohamed bin Salman, príncipe heredero, a poner fin a los homicidios. El final del 2025 paralizó un posicionamiento catastrófico por segundo año consecutivo en Arabia Saudita, debido al aumento récord de homicidios.
Al inicio del combate al control de drogas, representantes del gobierno reforzaron vigilancia en fronteras y carreteras para incautar y capturar decenas de traficantes así como millones de estupefacientes. Arabia Saudita ha destacado por su economía al ser uno de los mercados más fuertes para la fenetilina, sustancia ilícita que fue la mayor exportación de Siria.
HRW hizo un recordatorio sobre la Carta Árabe de Derechos Humanos que fue aprobada por Arabia Saudí, la cual exíge a los países que implementan la pena de muerte a llevarla acabo solamente en caso de “delitos de mayor impacto”. Bajo estas circunstancias, Human Rights Watch denunció los homicidios de varias personas que cometieron actos delictivos cuando eran menores. Por su parte, Turki al Jasser, periodista destacada por revelar la corrupción en la familia real saudí, manifestó su inquietud ante el hecho de que el Gobierno saudí utilice la pena de muerte para silenciar la crítica pacífica.
Arabia Saudita pretende expandir su economía además de los hidrocarburos, por lo que la Amnistía Internacional ha comenzado a recolectar cifras sobre los homicidios desde 1990. Por su parte, las autoridades saudís, respaldan el hecho de que la pena de muerte sea requerida y obligatoria para el control social.
El presidente Nayib Bukele ha presumido orgulloso haber reducido a un mínimo histórico la tasa de homicidios en El Salvador, hasta dejarlo en 1.9 por cada 100 mil habitantes en 2024. No obstante observadores internacionales como las organizaciones Human Rights Watch o Amnistía Internacional han identificado “detenciones indiscriminadas” y denunciado 350 muertes en los centros de reclusión del estado.
Es por ello que este domingo más de 2 mil salvadoreñas y salvadoreños salieron a las calles de San Salvador, para manifestarse contra el régimen de Bukele y demandar la libertad de sus familiares presos injustamente tras la “guerra antipandillas” implementada por el presidente de aquel país desde el año 2022.
Fue el 27 de marzo del 2022, cuando tras una escalada en el número de homicidios, Bukele decidió ampararse en un régimen de excepción y emprender una “guerra” contra las pandillas que operan en El Salvador. Esto lo llevó a ordenar detenciones sin la necesidad de una orden judicial, lo cual implicó también una falta de investigación rigurosa y el apego al respeto de los derechos humanos y las libertades civiles. 84 mil 260 personas fueron encarceladas como resultado de esta infame estrategia.
Aunque el 12 de noviembre pasado, Bukele aseguró haber dejado en libertad a 8 mil inocentes, el fiscal general Rodolfo Delgado, aclaró que se encuentran en libertad condicional mientras avanzan sus procesos, con lo cual no hay garantía jurídica de su liberación definitiva, a pesar de no haber cometido crimen alguno.
El régimen (de excepción) ya no es para combatir a las pandillas, el régimen es para someter al pueblo para que no se manifieste por sus reivindicaciones”, declaró Samuel Ramírez, coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), en una entrevista con la agencia AFP.
En las protestas, la ciudadanía exhibió fotos de quienes han sido víctimas de las detenciones injustas por parte del inhumano gobierno de Nayib Bukele. Uno es el caso de la familia Avelar que ha perdido toda comunicación con el padre de familia y uno de los hijos, aprehendidos arbitrariamente. Marcos Avelar, de 57 años de edad, fue arrestado el 29 de julio de 2022; y su hijo Manuel Ernesto Avelar, de 24 años de edad, fue arrestado el 13 de marzo de 2023.
Pido la libertad para mi esposo y mi hijo, porque los han capturado injustamente, pues ellos no deben nada, no son unos delincuentes, ni son criminales”, denunció Sebastiana Avelar, una de las amas de casa que participó en la manifestación de hoy.
La mujer de 54 años de edad, dijo sentirse desesperada pues no sabe el estado en el que se encuentran su esposo y su hijo, debido a que las visitas a los penales también fueron prohibidas. Otra de las inhumanas medidas impuestas por el régimen del infame Nayib Bukele.
Además del tema de miles de inocentes presos injustamente, los manifestantes protestaron en contra de la ley que reactivó la minería metálica en El Salvador. La gente alerta sobre las consecuencias sociales y medioambientales que podría tener la actividad extractiva en aquel país.
Qué va a significar la minería: desplazar cantidades de gente primero, deforestar el territorio, luego utilizar grandes cantidades de agua que no tenemos”, declaró Ricardo Navarro, defensor del medio ambiente.
El próximo viernes 10 de enero tendrá lugar la investidura de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, después de que la autoridad electoral ratificó su triunfo en las urnas durante las pasadas elecciones de julio del 2024. Sin embargo la derecha conservadora latinoamericana insiste en deslegitimizar la voluntad del pueblo venezolano e intervenir en la política interior de aquel país sudamericano.
Es el caso del grupo opositor mexicano conocido como “Sociedad Civil México”, quienes emitieron un comunicado para invitar a la población de México y el mundo, a unirse contra Nicolás Maduro.
Advierte Sociedad Civil México sobre las supuestas violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela, citando varios informes de instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Human Rights Watch (HRW) y la Organización de Estados Americanos (OEA), todas al servicio del imperialismo y de las élites internacionales.
Hacemos un llamado a la ciudadanía mexicana y global para unirse en este rechazo, expresando su desacuerdo con cualquier acción que legitime un régimen que no refleja los valores democráticos que compartimos”, dice el comunicado de la agrupación conservadora mexicana.
También indican que si bien esta no es una iniciativa oficial, del Gobierno ni del Pueblo de México, es una “invitación” a la reflexión y la movilización. Todo esto como apoyo a las intenciones del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien derrotado en las urnas, salió en gira internacional para pedir apoyo político a su causa; algo que bien podríamos calificar como golpe de estado, pues González Urrutia pretende entrar en territorio venezolano y arrebatar el poder por la fuerza.
A través del hashtag #MéxicoNoEstáConLaDictadura, invitamos a todos a alzar su voz en favor de los derechos humanos y la democracia”, finaliza el comunicado de Sociedad Civil México.
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Invitamos a la ciudadanía democrática a suscribir este comunicado contra la legitimación del régimen autoritario en Venezuela y a compartirlo en sus redes sociales con el hashtag… pic.twitter.com/s1mbsW6IzY
