La Operación Caudal deja más de 189 inmuebles intervenidos, 322 pipas aseguradas y revela que hasta 40% del agua potable es desviada ilegalmente en 48 municipios mexiquenses.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) mantiene activa una de las estrategias más amplias contra el robo de agua potable, con la localización de al menos 12 dirigentes de organizaciones sindicales que cuentan con órdenes de aprehensión por extracción y comercialización ilícita del recurso hídrico, delito que se ha convertido en una fuente millonaria de financiamiento criminal.
Bajo la implementación Operación Caudal, agentes de la Policía de Investigación, con respaldo de las instancias federales, realizan operativos simultáneos en diversos puntos de la entidad, mientras la FGJEM solicitó apoyo de fiscalías estatales para capturar a los frentes de estas estructuras clandestinas.
Las investigaciones señalan que estas redes tomaron el control de la infraestructura hidráulica en al menos 48 municipios, mediante tomas ilegales y pozos sin permisos, provocando desabasto artificial en colonias populares para imponer la venta de agua en pipas a precios que triplican las tarifas oficiales.
Entre los avances figura la detención de Cristian de Jesús “N”, alias “El Jimmy”, ex regidor de Chalco y líder del Sindicato 22 de Octubre, así como Juan “N”, dirigente de la FITTAM; Guillermo “N”, operador del mismo sindicato; así como Ricardo “N”, María del Carmen “N”, considerados piezas clave en la cadena ilegal de extracción y distribución.
Desde octubre de 2025, el operativo ha dejado 62 pozos clandestinos clausurados, 138 tomas ilegales desmanteladas, 322 pipas aseguradas, además de vehículos, tinacos y cisternas utilizados para el acaparamiento. La Comisión Nacional de Agua estima que hasta 40% del suministro en el Edomex es robado o desviado antes de llegar a los hogares.
Las investigaciones señalan directamente a grupos como la USON, el Sindicato Libertad México, los 300, la Alianza de Autotransportistas, la “Choquiza”, organizaciones que, además de extraer el recurso, recurrían a amenazas y control territorial para obligar a comunidades enteras a comprarles agua.
Las autoridades advierten riesgos sanitarios por el consumo de agua sin tratamiento adecuado. Pese a bloqueos y protestas impulsadas por grupos afectados, la FGJEM avanza a una segunda fase enfocada en desmantelar finanzas de estas redes y en investigar posibles complicidades de funcionarios con el objetivo de erradicar el control criminal del agua en el Estado de México.
