Policías municipales de Irapuato detuvieron y agredieron al periodista Humberto Gutiérrez, del portal Irapuato Despierta, mientras intentaba cubrir un accidente en la colonia La Floresta, donde perdió la vida un motociclista. Gutiérrez relató que, al llegar a la escena y comenzar a preparar una transmisión en vivo, fue interceptado por un agente que lo insultó y le ordenó retirarse a empujones, a pesar de haberse identificado como prensa.
La situación se intensificó cuando otro oficial se sumó a la agresión, sometiendo a Gutiérrez. Su esposa, que lo acompañaba, intentó grabar lo ocurrido, pero fue también detenida y golpeada. Ambos fueron trasladados a los separos municipales, donde pasaron 14 horas antes de ser liberados tras el pago de una multa de 5 mil pesos.
Este acto de violencia contra la prensa ha generado indignación en la comunidad periodística. El Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha ofrecido su respaldo a Gutiérrez para presentar denuncias ante la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado, exigiendo que se investigue y sancione a los responsables.
La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, ha prometido que el caso será revisado por el área de Asuntos Internos. Sin embargo, la secretaría de seguridad municipal insiste en que el comunicador y su esposa fueron detenidos por presuntamente haber “golpeado e insultado” a la autoridad, además de “obstrucción de la labor policial”.
En su conferencia matutina desde Baja California Sur, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a las explosiones ocurridas en Guanajuato, descartando que puedan calificarse como actos de terrorismo y explicando que se trató de una disputa territorial entre grupos delincuenciales. A raíz de las insistentes preguntas de un reportero de Latinus, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, puntualizó que los recientes hechos de violencia son resultado de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, sin implicaciones ideológicas o religiosas que caracterizarían un acto terrorista.
Harfuch explicó que los actos violentos en Guanajuato, entre ellos un coche bomba en Acámbaro que dejó a tres policías heridos y daños a inmuebles aledaños, se deben a un conflicto entre el Cártel de Guanajuato y otro grupo criminal. El funcionario añadió que las explosiones buscan intimidar y desestabilizar a las autoridades locales para asegurar el control de territorios estratégicos para la venta de drogas y otros bienes ilícitos. “Aquí no hay más motivo que la disputa territorial y económica”, aclaró Harfuch, añadiendo que ya se han activado estrategias conjuntas entre los tres niveles de gobierno para abordar esta problemática.
📹 #Vídeo | No hay terrorismo, hay disputas entre cárteles: Siguiendo los pasos de su jefe Loret de Mola, reportero de #Latinus intenta desinformar sobre explosiones en #Guanajuato y @OHarfuch lo desmiente de manera firme.
Regreso de los informes de seguridad de las mañaneras
Además, Sheinbaum anunció el regreso de los informes de seguridad instaurados por el expresidente López Obrador. Estos reportes se reanudarán el próximo martes y permitirán profundizar en la definición de conceptos de seguridad pública, respondiendo así a las inquietudes de la población y aclarando los eventos recientes.
Explosiones en Acámbaro y Jerécuaro: respuesta inmediata de las autoridades
La mañana del jueves se registraron dos explosiones en Guanajuato: una en Acámbaro, donde un coche bomba explotó frente a la Dirección General de Seguridad Pública, y otra en Jerécuaro, causando daños a inmuebles en la zona centro. En Acámbaro, el atentado afectó también a viviendas y vehículos cercanos. Las fuerzas de seguridad, entre ellas el Ejército y la Guardia Nacional, acudieron para resguardar la zona y evitar mayores riesgos para la población.
Durante la reunión de gabinete de seguridad esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el atentado con coche bomba en Acámbaro, Guanajuato, donde resultaron heridas tres personas. Las autoridades de seguridad iniciaron de inmediato las investigaciones correspondientes, y debido a la participación de explosivos, la Fiscalía General de la República (FGR) también tomará parte en el caso.
En su conferencia matutina, al ser cuestionada sobre el ataque, Sheinbaum indicó que las autoridades están comprometidas en esclarecer los hechos, pero no ofreció más detalles al respecto.
Por otro lado, Sheinbaum abordó el enfrentamiento en Sinaloa que ocurrió tras la aprehensión de Edwin Antonio Rubio, alias “El Max”, lugarteniente de Ismael “El Mayo” Zambada. La mandataria explicó que la violencia fue desencadenada por un ataque de grupos delictivos hacia las Fuerzas Armadas, las cuales están facultadas para responder en defensa propia ante agresiones de esta naturaleza.
El saldo del enfrentamiento fue de 19 delincuentes muertos, y al respecto, Sheinbaum enfatizó que no se trata de una vuelta a la guerra contra el narcotráfico, sino de acciones de legítima defensa. Además, señaló que, como en todos los casos, se investigarán las circunstancias bajo las cuales ocurrió el enfrentamiento, y que, de ser necesario, la FGR también podría intervenir en las indagatorias.
“Más allá de que sean delincuentes, toda acción de este tipo es investigada. Fue una detención que generó un ataque”, expresó Sheinbaum. Asimismo, reiteró que la instrucción del gabinete de seguridad es evitar enfrentamientos siempre que sea posible, y que no buscan regresar a las políticas de guerra contra el narcotráfico, respetando en todo momento los derechos humanos y el marco legal.
Sobre el asesinato de migrantes en Chiapas, Sheinbaum confirmó que ya hay detenidos y que las Fuerzas Armadas están colaborando en las investigaciones. Aclaró que no permitirán ejecuciones extrajudiciales, pero cuando las Fuerzas Armadas son atacadas, se les permite actuar en defensa propia. Ante cualquier irregularidad, se dará vista al Ministerio Público, aseguró.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados del tercer trimestre de 2024 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). Este estudio ofrece un análisis sobre la percepción de inseguridad en diversas ciudades de México, permitiendo a los gobiernos locales evaluar la situación actual y tomar medidas para mejorar la seguridad.
En León, Irapuato y Guanajuato Capital, municipios del estado de Guanajuato, la percepción de inseguridad entre los habitantes mostró variaciones. Mientras que en León se observó una ligera mejora, al bajar de 79.4% en junio a 79.1% en septiembre, en Irapuato la situación empeoró. En esta última ciudad, la percepción de inseguridad pasó de 84.8% en junio a 86.4% en septiembre, ubicándose entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad del país. Guanajuato Capital también experimentó un aumento, al pasar de 63.0% en junio a 64.7% en septiembre.
Estos tres municipios comparten ciertas características: son gobernados por alcaldesas del Partido Acción Nacional (PAN) y cuentan con una población superior a los 100 mil habitantes. Alejandra Gutiérrez y Lorena Alfaro, reelectas en León e Irapuato respectivamente, y Samantha Smith, nueva alcaldesa de Guanajuato Capital, tendrán que enfrentar este panorama de inseguridad que afecta directamente la calidad de vida de sus ciudadanos.
A nivel nacional, la ENSU reveló que 27 áreas urbanas de interés sufrieron cambios importantes en la percepción de inseguridad. De estas, 18 ciudades lograron disminuir sus índices, mientras que 9 registraron un aumento. Irapuato se posiciona dentro de las cinco ciudades con mayor porcentaje de habitantes que se sienten inseguros, con un preocupante 86.4%. Tapachula, Naucalpan de Juárez, Fresnillo y Ecatepec son otras ciudades que encabezan la lista.
El incremento en la percepción de inseguridad en Irapuato y Guanajuato Capital representa un desafío para las autoridades locales. La población demanda resultados concretos en temas de seguridad, lo que se convierte en una prueba crucial para las administraciones recién electas.
El exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ha presentado una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un esfuerzo por detener la reciente reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión. Esta medida ha sido vista por varios sectores como un intento desesperado de proteger intereses personales y políticos, en lugar de defender la justicia y la autonomía del Poder Judicial.
El recurso fue admitido por el ministro de la SCJN, Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien procederá a elaborar un proyecto de sentencia que será discutido por el Pleno de la Corte. Sin embargo, la admisión del trámite no garantiza que las acusaciones de Sinhue tengan sustento jurídico. De hecho, este tipo de maniobras son interpretadas como una resistencia al progreso en un momento en el que se busca fortalecer la independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF).
¿Defensa de la autonomía o defensa de intereses?
Diego Sinhue ha justificado su impugnación argumentando que la reforma afecta la autonomía del PJF y la división de poderes. Sin embargo, estas afirmaciones carecen de fundamento. La reforma busca precisamente garantizar que el Poder Judicial opere sin las influencias que tradicionalmente han favorecido a ciertos grupos políticos.
Guanajuato, bajo su gobierno, fue un bastión de la influencia política conservadora, y esta impugnación podría es un intento de mantener ese poder. En lugar de promover una verdadera independencia judicial, parece que busca frenar reformas que fortalecen la transparencia y la justicia para todos los ciudadanos.
El papel de la SCJN y las dudas sobre Carrancá
El ministro Carrancá ha aceptado el trámite de la controversia, aunque muchos dudan de la imparcialidad en este caso. Su participación en eventos polémicos, como la cena organizada por la ministra Norma Piña con líderes de los partidos PRI y PAN en plena campaña electoral, ha generado cuestionamientos sobre su verdadera posición respecto a la independencia judicial.
Incluso el expresidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado a Carrancá como un posible saboteador de la Cuarta Transformación, a pesar de haber sido él mismo quien promovió su candidatura a la SCJN. Las críticas hacia el ministro reflejan las tensiones políticas que rodean la discusión sobre la reforma judicial y el papel que juegan ciertos actores en la protección de sus propios intereses.
Una reforma que busca fortalecer la justicia
La reforma judicial que Diego Sinhue intenta revertir tiene como objetivo principal fortalecer la independencia del Poder Judicial y garantizar que opere de manera transparente, libre de influencias políticas. En lugar de ser una amenaza para la autonomía, la reforma busca eliminar la corrupción y asegurar que el Poder Judicial sirva a los intereses de la ciudadanía, no a los de unos pocos.
El intento de frenar esta reforma es una muestra de resistencia al cambio. En lugar de avanzar hacia un sistema judicial más justo y equitativo, la controversia de Sinhue representa un esfuerzo por mantener un status quo que ha beneficiado a ciertos sectores durante años.
A tan solo unos cuantos días que la panista Libia García Muñoz Ledo asumió la gubernatura de Guanajuato, el polémico fiscal Carlos Zamarripa Aguirre renunció al cargo tras casi 16 años al frente de la Procuración de Justicia en el Estado.
La noticia la confirmó la misma gobernadora del estado, Libia García Muñoz Ledo por medio de sus redes sociales: “Les informo que el día de hoy comuniqué al Congreso de Guanajuato la renuncia que me ha presentado el Titular de la FGE para los efectos legales conducentes”, dijo.
A pesar de que varios colectivos y funcionarios solicitaron durante mucho tiempo su salida ante la ola de violencia que se vive en Guanajuato, el fiscal Carlos Zamarripa presentó la renuncia el 27 de septiembre. Hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador también pidió su cambio en diciembre de 2023 acusándolo de tener influencias y pertenecer a un grupo de ultraderecha del conservadurismo que lo apoyaban para mantenerse en el cargo.
#Vídeo | AMLO criticó que @carloszamarr, lleve 15 años como fiscal de Guanajuato, solo porque tiene influencias y pertenece a un grupo de ultraderecha del conservadurismo. pic.twitter.com/tAOLuSv7IO
En junio de 2024, los diputados morenistas, David Mendizábal y Ernesto Prieto dieron a conocer que Carlos Zamarripa modificó el reglamento interior de la Fiscalía General de Guanajuato para aumentar su pensión en un 33%, lo que le permitirá recibir 50 mil pesos adicionales cada mes asegurando una jubilación con un salario superior al del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Cómo lo hizo? Zamarripa creó el Sistema Complementario de Seguridad Social, que aumenta en 33% las pensiones de funcionarios con más de 15 años de servicio y otorga un bono de fidelidad a quienes hayan laborado menos de ese tiempo. Se trató de una jugada indebida para beneficiarse cuando dejara de ser funcionario.
Luego de darse a conocer la noticia de su renuncia, los comentarios por parte de los habitantes de Guanajuato no se hicieron esperar: “nos deja un río de sangre debe ser investigado y, en su caso, enjuiciado”.
La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció la captura de Daniel, presunto responsable de los asesinatos de dos colaboradores cercanos del alcalde electo de Comonfort,Gilberto Zárate Nieves, y del intento de homicidio en agravio de su hijo, Gilberto Zárate Limas. Esta detención marca un paso firme hacia el esclarecimiento de una serie de homicidios que sacudieron al municipio.
Según la FGE, la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios logró probar la participación de Daniel en estos crímenes violentos. Los hechos ocurrieron el pasado dos de septiembre en la comunidad de Empalme Escobedo, cuando Carlos Augusto, acompañante de Zárate Limas, fue asesinado, y el joven político resultó herido de gravedad. Este ataque había generado una gran preocupación entre la población y autoridades locales.
La Fiscalía también reveló que Daniel estaría implicado en otros asesinatos. Entre sus víctimas se encuentran Isaac Ortega Nieto, ex regidor y futuro secretario del Ayuntamiento de Comonfort, y Tomás Mata, ex director de Tránsito y quien ocuparía el cargo de director de Turismo en la nueva administración municipal.
Ortega Nieto fue asesinado el cuatro de septiembre de 2024, en la carretera que conduce a la comunidad de La Presita, donde también resultaron heridos un hombre y una mujer. Por su parte, Tomás Mata fue ultimado el 11 de septiembre en Empalme Escobedo, en un ataque que conmocionó a la comunidad.
La FGE subrayó que la captura de Daniel es el resultado de una investigación exhaustiva que incluyó pruebas técnicas y científicas recolectadas por la Agencia de Investigación Criminal. Con estos elementos, el Ministerio Público logró que un juez vinculara a Daniel a proceso penal por el delito de homicidio calificado.
Este caso demuestra que en la Cuarta Transformación no hay impunidad para nadie, ya que las instituciones de justicia continúan trabajando para esclarecer los crímenes que afectan a los ciudadanos y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos.
Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó la situación de violencia en el país, enfocándose en los homicidios registrados en los estados de Sinaloa y Guanajuato. El mandatario señaló que lo ocurrido en Sinaloa es “muy feo”, pero comparó las cifras de muertos con las de Guanajuato, donde, afirmó, se han registrado más del doble de homicidios en los últimos 10 días.
López Obrador reveló que entre el 6 y el 17 de septiembre, Sinaloa presentó 40 homicidios, mientras que en Guanajuato la cifra alcanzó los 102. A pesar de que el presidente calificó de “mal gusto” hacer este tipo de comparaciones, consideró que son útiles para exponer la manipulación mediática que busca exagerar lo que sucede en algunos estados y minimizar lo que ocurre en otros. “En otros estados como el Estado de México, Nayarit o Nuevo León hubo más homicidios, y los medios no le dieron importancia”, puntualizó.
#ConferenciaPresidente | El presidente @lopezobrador_ informó sobre los homicidios ocurridos en el país del 6 al 17 de septiembre, además, detalló que en este periodo se presentaron 40 homicidios en Sinaloa y 102 en Guanajuato:
El presidente detalló que, en este periodo, Guanajuato acumuló la mayor cantidad de homicidios en varias fechas, destacando 23 asesinatos entre el 6 y el 8 de septiembre, mientras que Sinaloa solo tuvo uno. Durante ese mismo lapso, Guanajuato reportó 42 homicidios entre el 13 y el 16 de septiembre, frente a 26 en Sinaloa. A pesar de estas cifras, López Obrador señaló que la atención mediática ha sido injustamente centrada en Sinaloa.
Medios y propaganda en torno a Sinaloa
López Obrador también denunció que la cobertura mediática sobre Sinaloa ha estado “envuelta en una propaganda de mentiras, de sensacionalismo y de alarma”, lo que, a su juicio, es parte de una campaña promovida por sus adversarios para desprestigiar su gobierno y su persona. El presidente enfatizó que su administración está dando “seguimiento al problema” en Sinaloa y que las Fuerzas Armadas desplegadas en el estado están actuando de manera “profesional y responsable” para proteger a la población civil y evitar enfrentamientos entre grupos criminales.
#ConferenciaPresidente | Sobre las declaraciones del general Francisco Jesús Leana Ojeda a propósito de la seguridad en #Sinaloa, el presidente @lopezobrador_ explicó que éstas fueron tergiversadas, además, denunció que "no hay profesionalismo en los medios con honrosas… pic.twitter.com/iTZpoKOi5f
Además, López Obrador criticó la tergiversación de las declaraciones del general Francisco Jesús Leana Ojeda sobre la seguridad en Sinaloa, denunciando la falta de profesionalismo en algunos medios de comunicación. Recordó que, durante el gobierno de Felipe Calderón en 2011, cuando hubo un aumento en la letalidad y más masacres, los medios acordaron un “pacto de silencio” para no hablar sobre la violencia. A diferencia de aquella época, sostuvo que hoy los medios están interesados en difundir noticias alarmistas.
En medio de un clima de creciente inseguridad en Celaya, Guanajuato, la violencia ha vuelto a hacer presencia con una brutalidad alarmante. Este martes, los cuerpos sin vida de tres hombres y dos mujeres, todos con aparentes señales de violencia, fueron encontrados dentro de una vivienda en el barrio de San Antonio, en Celaya. Este multihomicidio, que se suma a una serie de asesinatos recientes en la región, ha encendido nuevamente las alertas sobre la ingobernabilidad en el estado, a pesar de la reciente captura del líder criminal conocido como “El Marro”, la cual había generado una breve disminución en los homicidios dolosos.
Un hallazgo macabro en Celaya
El multihomicidio fue reportado a las autoridades minutos después del mediodía del martes. Según el informe, dentro de una casa ubicada en la calle Mariano Jiménez, casi esquina con Insurgentes, se encontraban varias personas sin vida. Elementos de la Guardia Nacional, quienes han asumido la vigilancia de la ciudad desde hace una semana, se desplazaron de inmediato al lugar. Al ingresar al domicilio, confirmaron la presencia de cinco cuerpos: tres hombres y dos mujeres, todos de aspecto joven. Hasta la tarde del martes, ninguno había sido identificado.
Las primeras versiones de los hechos apuntan a que el ataque pudo haberse llevado a cabo durante la madrugada, y fue hasta la mañana cuando se realizó el hallazgo. Peritos de la Fiscalía del Estado acudieron al lugar para levantar las evidencias y dar inicio a la investigación correspondiente.
Un aumento alarmante de la violencia
Este multihomicidio se produce en un contexto de creciente violencia en Celaya, a pesar de la presencia de la Guardia Nacional. Según datos de la Fiscalía del Estado, desde que la Guardia Nacional asumió la vigilancia de la ciudad hace una semana, se han registrado 22 asesinatos, lo que evidencia un alarmante aumento en la violencia acunada por el gobierno panista.
La situación de inseguridad en la ciudad no es nueva, pero en los últimos días ha alcanzado niveles preocupantes. Apenas ayer, un comando armado asesinó a dos guardias de seguridad privada y dos empleados durante un ataque a una joyería en pleno centro de Celaya, a escasos metros de la Presidencia Municipal. Además, en Salvatierra, cuatro personas fueron asesinadas la noche anterior mientras convivían afuera de un expendio de cerveza en la carretera que va hacia Celaya.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Carranza, confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) está llevando a cabo una inspección de las armas de los policías municipales, razón por la cual estos no pueden salir a patrullar. Sin embargo, Rivera Carranza también expresó su preocupación por el hecho de que, a pesar de la presencia de la Guardia Nacional, la violencia en la ciudad no ha disminuido.
“Nunca nos había pasado un evento de esta magnitud en el primer cuadro de la ciudad, es lamentable lo que ocurrió. Es determinante la presencia de la Policía Municipal”, dijo el funcionario, subrayando la gravedad de la situación y la necesidad de contar con una policía local operativa.
La sombra de la ingobernabilidad
Estos hechos violentos reflejan un preocupante aumento en la ingobernabilidad del estado panista, que, a pesar de haber registrado una disminución en los homicidios dolosos tras la captura de “El Marro”, vuelve a estar en el ojo del huracán debido a la creciente violencia. La falta de control por parte de las autoridades estatales y la limitada eficacia de la intervención estatal han creado un ambiente de incertidumbre y temor entre la población, que ahora enfrenta un nuevo pico de violencia en la región.
En días recientes algunas asociaciones de jueces y magistrados del Poder Judicial han iniciado un Paro Nacional en sus labores,como medida de presiónpara que seamodificada a su antojo la Reforma Judicial del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, lo que fue anunciado como una gran movilización terminó siendo un berrinche intrascendente, puesto que el pueblo mexicano sabe de qué están hechos los funcionarios del Poder Judicial, como es el caso de la jueza de distrito en el estado de Guanajuato, Reyna María López, quien salió a las calles de su ciudad a defender sus privilegios.
📹 #Vídeo | El pueblo sabe de qué pie cojean: La jueza de distrito del estado de #Guanajuato, Reyna María López (@ReynaRo78488165) , se manifiesta en contra de la reforma al Poder Judicial de #AMLO, aunque la gente pasa de largo e ignora a la juzgadora que defiende sus… pic.twitter.com/jsOISyy6kZ
Platicarles la realidad de México, quieren que tengan jueces sin experiencia. Yo soy jueza de distrito, tengo 25 años en el Poder Judicial de la Federación, e inicié a trabajar a los 19 años. El día de hoy quieren que ustedes tengan un jux que sale de la carrera.
Expresó la jueza.
En medio de una plaza desolada se queja de la reforma que prende democratizar y acabar con la corrupción en dicho Poder de la Unión, mientras que en otro video se le observa en unas escaleras expresando su inconformidad sobre la reforma, siendo ignorada por la gente que pasa por el lugar sin detenerse.
Cabe mencionar que, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, tiene previsto analizar, discutir y votar el dictamen en próximos días, ya que terminaron los foros de los Diálogos Nacionales sobre la reforma.
