Guanajuato se ha convertido en un símbolo de violencia sostenida desde que Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico. Los homicidios dolosos se dispararon 192.8% durante su sexenio y 59% con Enrique Peña Nieto, muestra del impacto de políticas de seguridad militarizadas.
De acuerdo con la investigación de Aníbal García Fernández para Contralínea, la Iniciativa Mérida canalizó recursos estadounidenses a México para reforzar la seguridad, modernizar el Poder Judicial y financiar proyectos locales. Uno de los más relevantes fue el Proyecto Escudo, aprobado en 2012, que destinó más de 2 mil 700 millones de pesos a infraestructura y tecnología de vigilancia en Guanajuato.
El plan incluyó arcos detectores, cámaras, fibra óptica, centros de emergencia municipales y el C5i, además de servicios especializados como 911, SIAM 0-7-5 y atención en inglés y japonés. La empresa Seguritech ejecutó los contratos mediante adjudicación directa, lo que acumuló más de 12 mil millones de pesos solo en Guanajuato.
Expertos advierten sobre la “norteamericanización de la seguridad”, donde la militarización y la vigilancia tecnológica predominan sobre estrategias integrales que atiendan las causas del crimen. Aunque, por un lado, la infraestructura ha mejorado la supervisión, por el otro, la violencia continúa elevada en el estado.
El caso de Guanajuato también revela un monopolio en la videovigilancia nacional y la importancia del aval estadounidense en la ejecución del Proyecto Escudo, un factor clave que muchos medios omiten al analizar los nexos con exgobernadores y empresas de seguridad.
