Tras un ataque en la comunidad Loma de Flores que dejó 11 muertos, las autoridades han comenzado a desmantelar una célula del crimen organizado en Guanajuato.
La Fiscalía y fuerzas de seguridad han logrado la detención de seis personas relacionadas con un trágico multihomicidio en Salamanca. Este ataque, que ocurrió el 25 de enero en la comunidad Loma de Flores, dejó un saldo de 11 muertos y 12 heridos.
Entre los detenidos destaca Moisés Soto Bermúdez, líder de una célula del Cártel Santa Rosa de Lima. Junto a él, dos de sus cómplices fueron capturados. Las autoridades llevaron a cabo un operativo el 18 de febrero en el municipio de Villagrán, donde lograron estas importantes detenciones.
La Secretaría de Seguridad y Paz informó que el operativo fue el resultado de una cuidadosa planificación e investigaciones previas. En este sentido, participaron diversas fuerzas, incluyendo el Ejército y la Guardia Nacional, en una acción coordinada y sin disparos.
Los detenidos, además de Moisés, incluyen a Jorge Gabriel y Margarita. Se cree que estos dos fueron quienes organizaron la logística del ataque y la huida de los agresores. Durante la captura, se encontraron armas, drogas y equipo táctico.
La investigación ha revelado que cinco de las víctimas estaban vinculadas a otro cártel rival, el Jalisco Nueva Generación. Se estima que el ataque fue parte de la lucha del Cártel Santa Rosa de Lima por el control del territorio en la región.
El gabinete de seguridad destaca que este grupo criminal, conocido como “Los Marros”, se dedica a la venta de drogas, extorsiones y asesinatos en localidades como Irapuato y Salamanca. La detención de estos individuos representa un paso importante para hacer frente a la violencia en Guanajuato.
El reporte 2015–2025 ubica a la entidad en el cuarto lugar nacional en violencia letal, con focos críticos en municipios como Pénjamo e Irapuato.
El estado de Guanajuato se ha convertido en la última década en uno de los más violentos del país, al ubicarse en el cuarto lugar nacional en violencia letal, de acuerdo con el informe De la Violencia a la Pacificación 2015–2025, presentado por el Laboratorio de Análisis en Seguridad y Política Criminal.
De acuerdo al reporte, Guanajuato registra una tasa de 112.9 eventos de violencia letal por cada 100 mil habitantes, sólo por debajo de Baja California (141.9), Sinaloa (131.1) y Morelos (117.4). El análisis incluye homicidios dolosos, feminicidios, desapariciones, homicidios culposos y otros delitos contra la vida. A nivel municipal, Pénjamo e Irapuato destacan entre los más violentos del país, con tasas de 133.6 y 114.9, respectivamente.
En Guanajuato, la violencia se mantiene vinculada a disputas territoriales del crimen organizado y a debilidades institucionales. Además, la categoría de “otros delitos contra la vida” creció 368%en la última década, lo que podría reflejar problemas de clasificación o ocultamiento de la violencia.
En contraste, estados como Durango, Coahuila y Yucatán muestran reducciones de entre 60% y 80% en comparación con 2015. El documento, elaborado con datos del SESNSP, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, Conapo e Inegi, fue presentado el 11 de febrero de 2026.
El ataque dejó 11 personas sin vida y más de 12 heridas; la Fiscalía de Guanajuato mantiene la investigación bajo “sigilo extremo” para evitar impunidad.
Un juez vinculó a proceso a tres presuntos integrantes del cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) por su probable participación en la masacre ocurrida el 25 de enero en Salamanca, Guanajuato, donde 11 personas fueron asesinadas en un campo de fútbol de la comunidad Loma de Flores y más de 12 resultaron heridas.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el caso corresponde a un “evento de alta complejidad” debido al número de víctimas y a la posible intervención de grupos antagónicos de delincuencia organizada. Aunque la autoridad no detalló los delitos imputados, por la naturaleza de los hechos podrían configurarse homicidio calificado, tentativa de homicidio y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
Tres días después del ataque, la Secretaría de Seguridad y Paz informó la detención de tres personas señaladas como responsables. Posteriormente, el gobierno federal indicó que el crimen habría sido perpetrado por el CSRL y que entre las víctimas se encontraban cinco presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Fiscalía estatal señaló que existen “avances reales” en la investigación y aseguró que no habrá impunidad. También confirmó que otras tres personas fueron detenidas inicialmente y aportaron información relevante para fortalecer las líneas de investigación, pero no fueron vinculadas a proceso.
La dependencia subrayó que el caso se maneja con “sigilo extremo”, no por falta de transparencia, sino para proteger a las víctimas, garantizar el debido proceso y evitar filtraciones que puedan favorecer a los responsables.
La masacre de Salamanca se suma a los hechos de violencia que reflejan la disputa entre organizaciones criminales en Guanajuato, entidad que en los últimos años ha registrado altos índices de homicidios vinculados al crimen organizado.
Mientras su gobierno en León enfrenta cuestionamientos por el uso de recursos públicos en comunicación social, la alcaldesa pausa una eventual salida del PAN tras ser mencionada por MC como perfil rumbo a 2030.
La gestión de Alejandra Gutiérrez Campos como alcaldesa de León, Guanajuato, ha estado marcada por señalamientos persistentes sobre el uso discrecional de recursos públicos, especialmente en comunicación social, imagen institucional y promoción personal, al tiempo que su figura comienza a ser mencionada en escenarios políticos de largo plazo.
Uno de los casos más relevantes se remonta a 2022, cuando investigaciones de POPLab, replicadas en medios nacionales, expusieron contratos municipales con empresas que presuntamente administraban las redes sociales personales de la alcaldesa, una práctica prohibida por la ley. El tema cobró fuerza tras las declaraciones de Carolina Valenzuela, titular de la agencia Dirección de Ideas y Sueños, quien inicialmente admitió que su contrato incluía el manejo de perfiles privados.
Aunque Gutiérrez Campos negó los señalamientos y la proveedora intentó retractarse, la Contraloría Municipal abrió de oficio el expediente CM/DAI/INV-118/2022, impulsado por regidores de oposición, quienes acusaron que el gasto en comunicación social funcionaba como una estrategia de posicionamiento personal más que informativa.
A estos cuestionamientos se sumó una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) por el uso de publicidad oficial con una modelo de rasgos similares a la alcaldesa, señalada como propaganda encubierta para evadir la prohibición constitucional de promover la imagen de servidores públicos con recursos del erario.
En este contexto, la alcaldesa pausó la posibilidad de abandonar el PAN, luego de que el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, la calificara como un perfil viable para la gubernatura de Guanajuato en 2030. Gutiérrez confirmó que ha sostenido pláticas con distintos liderazgos, aunque aseguró que seguirá siendo una voz crítica dentro de su partido.
“Agradecerle a Máynez por sus comentarios; lo que nos interesa es la gente, el país y este municipio”, declaró la alcaldesa, evitando definiciones políticas mientras los señalamientos por opacidad y promoción personal continúan siendo una constante en su administración.
El PAN en Guanajuato huele a cuero y a corrupción. Lamentablemente, en ese estado, el partido conservador no tiene vergüenza. Y es que, en Guanajuato, los panistas han hecho de la desfachatez su moneda de uso corriente.
Pero déjeme contarle esta historia, con datos duros.
Ocurre que al diputado federal del PAN, Miguel Ángel Salim, le pareció muy divertido jactarse de ser el dueño de una empresa que, según él, es la que fabrica más chamarras de piel en México.
El panista, con un tono fanfarrón, dijo que su compañía exporta 1200 chamarras a la semana. Y haciéndose el gracioso, agregó que no sabe qué está haciendo como diputado. ¿No me cree? Escúchelo usted:
Lamentablemente, entre los panistas, la línea entre el servicio público y el éxito empresarial se ha desdibujado hasta volverse invisible.
El diputado Miguel Ángel Salim no es un ciudadano de a pie; es un legislador, un diputado federal, y sus palabras caen tan pesadas como un yunque. ¿Y sabe por qué? Porque lo hace desde una posición de cinismo legislativo.
El panista no se da cuenta de que su bufunería invalida el contrato social con sus electores. A Salim le importa más ser empresario que servidor público. Al panista le importa un camote el pueblo, porque prefiere el negocio, el negocio que le da más.
En Guanajuato, el PAN ha consolidado un modelo donde el valor de un individuo no se mide por su vocación social, sino por su eficiencia financiera. Se asume que “saber hacer dinero” califica automáticamente para “saber gobernar”.
Los panistas, infelizmente, piensan que la gestión pública es una mera administración de activos privados.
Y eso está mal, está pésimo por cualquier lado donde se le vea. ¿Y sabe por qué? Porque, de acuerdo con diferentes encuestas de cultura política en México, el 75% de los ciudadanos percibe que los políticos legislan para intereses privados. Y esta clase de declaraciones, como las que hace el panista Salim, no hacen más que validar esa triste percepción.
¿Y quiere saber un secreto? Este panista, el que ve la política como una empresa privada, se ha mostrado muy interesado en contender por la alcaldía de León en 2027. Cabe decir que el tipo fue exsecretario de Economía del Municipio de León.
La intención de Salim de contender por la alcaldía de León en 2027 revela que la política, entre los panistas, es vista como un ciclo de inversión. Y su paso por la Secretaría de Economía y la Cámara de Diputados podría funcionarle como una campaña de relaciones públicas para consolidar un feudo local, utilizando la estructura del PAN como una franquicia comercial.
Miguel Ángel Salim no es un representante; es un gerente de ventas con fuero
Así el comportamiento del diputado “Chamarra”, que tiene más cuero que cerebro legislativo.
Las fuerzas de seguridad encontraron 50 mil litros de combustible almacenados de forma clandestina en la comunidad San Salvador Torrecillas, Villagrán.
En un operativo conjunto, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional localizaron un escondite peligroso de hidrocarburo. El hallazgo ocurrió en la comunidad San Salvador Torrecillas en Villagrán, Guanajuato, donde los oficiales encontraron 50 mil litros de combustible.
Esta acción forma parte de la estrategia estatal Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA). Todo comenzó con un reporte al Sistema Estatal C5i, que alertó sobre un olor fuerte a combustible en un camino de terracería. Ante este aviso, se llevó a cabo un despliegue inmediato de verificación en la zona.
Durante el recorrido, los operativos hallaron cinco contenedores enterrados, cada uno con una capacidad aproximada de 10 mil litros. Esta situación representaba un riesgo considerable de explosiones, incendios y contaminación ambiental para los habitantes cercanos.
No encontraron a ninguna persona ni infraestructura visible para la extracción del combustible. Sin embargo, las acciones relacionadas con el traslado, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos de manera ilícita son delitos graves, según la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos.
Finalmente, el hidrocarburo asegurado fue entregado a la Fiscalía General de la República (FGR) en Celaya. Allí, se abrirá una carpeta de investigación para entender mejor esta peligrosa actividad.
El pasado domingo 25 de enero (2026), en Salamanca, Guanajuato, un campo de fútbol amateur se convirtió en una espeluznante zona de guerra.
Hubo una masacre que dio como saldo 11 muertos y 10 heridos.
El supuesto móvil, aseguraron las autoridades estatales, habría sido una disputa territorial CJNG vs CSRL.
Lamentablemente, esta clase de ataques no son infrecuentes en la región. Guanajuato, desde hace años, está en garras del crimen organizado. Y es que, días antes (el pasado 20 de enero), en San Miguel de Allende se sufrió un ataque similar donde hubo tres víctimas mortales, incluyendo un menor de edad.
La respuesta de la Fiscalía de Guanajuato, bajo el mando de Gerardo Vázquez Alatriste, activó su maquinaria de relaciones públicas. Hubo operativos rápidos y mediáticos en las localidades de Villagrán y Juventino Rosas (bastiones del CSRL).
El resultado arrojó dos detenidos que fueron presentados como “trofeos”.
Las detenciones, sin embargo, no son fruto de una investigación sólida sino una acción de control de daños ante la presión mediática de las masacres.
¿Y sabe por qué? Porque Gerardo Vázquez Alatriste, el fiscal del estado de Guanajuato, no es un novato. Conoce perfectamente los asuntos judiciales y ministeriales. Lamentablemente, su historial está marcado por la gestión de la impunidad, no de la justicia.
Pero déjeme darle algunos antecedentes de Gerardo Vázquez Alatriste. El actual fiscal de Guanajuato, un personaje muy cercano a la gobernadora panista, Libia, Denisse, fue Fiscal Especial del caso Cardenal Posadas Ocampo. El resultado de su trabajo, como bien se sabe, ha dejado 30 años de impunidad, 100 tomos de papel y cero sentencias firmes por el homicidio.
Como delegado de la FGR, Gerardo Vázquez Alatriste es señalado por haber encubierto el desfalco de 50 millones de pesos en el ISSSTE.
Lo curioso es que Gabriel Cortés, en ese entonces director del ISSSTE, hoy es el actual secretario de salud de Guanajuato.
Lamentablemente, la gobernadora, Libia, Denisse, conocía perfectamente los señalamientos contra su secretario de salud y la negligencia de la obra fiscal, y aún así , ratificó a ambos impuestos clave de seguridad y de salud.
Guanajuato, desafortunadamente, ha perdido su característica definitoria: el uso legítimo y exclusivo de la fuerza. Hoy, el crimen organizado, parece marcar el rumbo de esa entidad mal gobernada por el PAN.
Seamos claros: las detenciones “exprés” tras estas masacres no buscan justicia real, sino calmar la ansiedad pública de manera momentánea. Es una performance de las autoridades de Guanajuato para simular que tiene el control, cuando, en realidad, la estructura criminal sigue intacta.
La gobernadora Libia Denisse debería entender que cuando ocurren masacres en espacios públicos, como sucedió el domingo pasado, en el campo de fútbol, y a plena luz del día, el mensaje es que el Estado queda reducido a un actor secundario. Los cárteles (CJNG y CSRL) ejercen la soberanía de facto sobre el territorio y sobre la vida de los ciudadanos.
El discurso del Fiscal Gerardo Vázquez Alatriste, quien presume que “Nuestro compromiso es la justicia”, genera una suerte de cinismo político. ¿Y sabe por qué? Porque, en tres semanas, Guanajuato lleva 53 asesinatos.
En Guanajuato, tristemente, la sociedad ya no espera justicia; espera sobrevivir. Las palabras de la fiscalía, avaladas por la gobernadora, se siente como “burlas” o, peor aún, como “ironías macabras”.
En Guanajuato, tristemente, las balas del crimen organizado matan cuerpos, pero la corrupción de la Fiscalía, infelizmente, mata la esperanza.
Israel Vizcarra Beltrán, alias “Palillo”, fue arrestado junto a su hermano. Fueron sorprendidos con drogas y armas, vinculados al Cártel de Sinaloa.
Israel Vizcarra Beltrán, conocido como “Palillo”, fue detenido por las autoridades en un operativo en la comunidad “Tierra y Libertad Uno”. Este hombre, señalado como jefe de plaza en la zona de El Dorado, es parte del Cártel de Sinaloa.
La aprehensión se llevó a cabo cuando “Palillo” y su hermano, Alexis Arnoldo, fueron encontrados con un kilogramo de droga, así como un fusil, un arma corta y más de 220 cartuchos de diferentes calibres. También se confiscó un vehículo y equipos de comunicación.
Las autoridades indican que “Palillo” se dedica a la producción de drogas sintéticas. Este grupo delictivo tiene presencia en varios estados, incluyendo Sonora y Nuevo León.
Israel Vizcarra cuenta con una orden de aprehensión por asociación delictuosa en Guanajuato. A nivel federal, es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Su hermano, Alexis Arnoldo, ocupa un papel destacado en las plazas de Quilá y El Dorado.
La captura de estos individuos representa un golpe significativo para el Cártel de Sinaloa, que sigue enfrentando presión por parte de las fuerzas de seguridad.
Once personas fueron asesinadas y 12 más resultaron heridas tras un ataque armado contra un grupo que convivía en canchas de futbol de la comunidad Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato.
Un grupo armado disparó contra varias personas que se encontraban reunidas en un campo deportivo de la comunidad Loma de Flores, en Salamanca. El ataque ocurrió alrededor de las cinco de la tarde del domingo y generó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y emergencia.
El gobierno municipal informó que 10 personas murieron en el lugar y una más falleció mientras recibía atención médica en un hospital. Además, 12 personas resultaron lesionadas por impactos de bala y permanecen bajo atención médica en distintos nosocomios.
Tras el reporte al 911, al sitio acudieron paramédicos, policías municipales, elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y fuerzas estatales, mientras que se desplegó un operativo de búsqueda para localizar a los responsables.
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato realiza el levantamiento de indicios e investigaciones correspondientes. El gobierno local condenó enérgicamente la masacre, hasta el momento no se ha dado información oficial sobre la identidad de las víctimas.
La localización de una toma clandestina conectada a ductos de Pemex permitió recuperar miles de litros de hidrocarburo y reforzar las acciones contra el robo de combustible en Guanajuato.
Autoridades estatales y federales aseguraron 13 mil litros de combustible robado tras el hallazgo de una toma clandestina de huachicol en el fraccionamiento residencial Punta Nueva, en el municipio de Celaya, Guanajuato, como parte de los operativos permanentes contra el robo de hidrocarburos.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Paz, el aseguramiento ocurrió durante recorridos de vigilancia realizados por las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), cuando el personal detectó un fuerte olor a hidrocarburo en un camino de terracería de la zona. Al inspeccionar el área, los elementos localizaron un inmueble con la puerta abierta, en cuyo interior se encontraban contenedores llenos de combustible.
En el sitio fueron asegurados dos contenedores, uno de plástico color negro y otro azul, ambos con una capacidad cercana al 100 por ciento, lo que representó un total aproximado de 13 mil litros de hidrocarburo de procedencia ilícita.
Durante la revisión perimetral, las autoridades identificaron, a unos 600 metros del inmueble, una toma clandestina conectada directamente a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), confirmando así la operación ilegal para la extracción de combustible.
Al lugar acudió personal de Seguridad Física de Pemex Salamanca, quien aseguró el área y coordinó el resguardo del hidrocarburo. Tanto el combustible como los contenedores quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Celaya, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.
Las autoridades destacaron que, del 26 de septiembre de 2024 a la fecha, se ha logrado recuperar combustible robado con un valor superior a los 112 millones de pesos, como resultado de los operativos contra el huachicol, uno de los delitos que más daño causa a la infraestructura energética del país.
