El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó que Miguel Ángel Robles Villegas, señalado por resoluciones en beneficio de Grupo Salinas, dejó su cargo en agosto pasado. Persisten dudas sobre los nombres e indemnizaciones de jueces que salieron tras la reciente reforma judicial.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalino informó que el juez Miguel Ángel Robles Villegas, señalado de haber favorecido a empresas de Grupo Salinas, ya no se encuentra activo. El acuerdo que lo ratificaba por seis años más quedó sin efecto, tras perder su puesto en la elección judicial realizada en julio.
De acuerdo con testimonios, Robles Villegas dejó el cargo el 29 de agosto luego de solicitar una licencia prejubilatoria ante el extinto pleno del Consejo de la Judicatura.
Un día antes, este consejo lo había ratificado como titular del Juzgado Sexagésimo Tercero Civil de la CDMX a partir del 1 de octubre. Desde ese espacio, el juez emitió resoluciones que beneficiaron a las empresas de Ricardo Salinas Pliego, entre ellas la decisión de considerar la pandemia de covid-19 como un caso de fuerza mayor, lo que eximió al empresario del pago de intereses relacionados con bonos emitidos en Estados Unidos.
La magistrada Rosalba Guerrero Rodríguez precisó que Robles Villegas laboró en el juzgado 63 civil, luego desaparecido, y posteriormente en un juzgado de oralidad mercantil. Aunque señaló desconocer su desempeño, admitió que coincidió con él en actividades deportivas, pues “era uno de mis jugadores” en el equipo de futbol de jueces y magistrados.
Reforma judicial y opacidad
En paralelo, el TSJ enfrenta críticas por la falta de transparencia respecto a los jueces y magistrados que no ganaron sus cargos en la elección o que presentaron renuncias. Hasta el momento, no se han revelado los nombres ni los montos de las indemnizaciones otorgadas.
El tribunal justificó que, tras la reforma al artículo 122 de la Constitución local, la Oficialía Mayor fue eliminada, lo que generó una “imposibilidad material jurídica” para atender solicitudes de información hechas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
El Congreso de la Ciudad de México otorgó un plazo de 180 días naturales para que el Poder Judicial concrete la transición a las nuevas áreas administrativas. Con ello, la información sobre bajas e indemnizaciones no estaría disponible hasta marzo de 2026.
La Procuraduría Fiscal explicó que la medida busca equidad tributaria y acabar con abusos de grandes corporativos que aprovechaban privilegios para pagar menos impuestos.
Durante la Conferencia del Pueblo, Grisel Galeano García, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, explicó que la consolidación fiscal, creada en 1982, permitía a grupos empresariales declarar impuestos como si fueran una sola entidad, con el objetivo de fortalecerlos, mejorar su liquidez y hacerlos más competitivos, lo que buscaba incentivar la inversión y generación de empleo.
Sin embargo, con el tiempo, muchas empresas comenzaron a diferir pagos y manipular su contabilidad deliberadamente para reducir su pago de impuestos, lo que generó un esquema de privilegios fiscales injustos. Ante estos abusos, el régimen fue modificado en 2009 y finalmente eliminado en 2018 junto con otros beneficios fiscales que favorecían a grandes contribuyentes.
“Todos deben pagar impuestos de manera pareja”, subrayó Galeano García, quien destacó que la eliminación del régimen garantiza que las empresas contribuyan acorde a su capacidad económica, sin simulaciones ni ventajas indebidas. La medida refuerza la fiscalización, la transparencia y la equidad tributaria.
La Procuradora Fiscal recordó que las condonaciones y descuentos solo pueden otorgarse en situaciones excepcionales y siempre conforme a la ley. Ni la presidenta, ni el director del SAT, ni el titular de Hacienda pueden condonar impuestos; negociar fuera del marco legal está prohibido.
Además, se continúa trabajando para recuperar adeudos históricos, combatir la evasión fiscal y fortalecer la recaudación pública, lo que asegura que los recursos se destinen a programas sociales y al desarrollo del país. La puerta del SAT está abierta para aclarar dudas, pero siempre en el marco de la legalidad y transparencia.
La Presidenta aclara que los compromisos tributarios de Grupo Salinas con el SAT no son objeto de negociación política y que su cumplimiento se ajustará estrictamente a la legalidad.
La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los adeudos fiscales de Grupo Salinas con el SAT no se resolverán mediante acuerdos políticos, sino conforme a la ley. La mandataria respondió así a la propuesta pública de Ricardo Salinas Pliego de negociar los pagos de sus empresas con la autoridad hacendaria.
“Es importante que la ciudadanía conozca cómo se calculan los adeudos fiscales y que no se trata de negociaciones en lo oscuro. Es un asunto de ley”, subrayó Sheinbaum en la Conferencia del Pueblo, reiterando que su gobierno se conducirá bajo el principio de legalidad y Estado de derecho.
La mandataria señaló que la publicación de Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) pretendía presentar el cobro de impuestos como un asunto político; sin embargo, aclaró que no se trata de algo personal ni político. Los adeudos se han estado litigando, y aunque se ha reunido con el SAT… pic.twitter.com/04ODc6FIPw
La Presidenta explicó que corresponde al deudor cubrir las obligaciones determinadas por el SAT y que tiene derecho a presentar los recursos legales pertinentes. Recordó que en sexenios anteriores hubo prácticas de consolidación fiscal que permitieron a grandes corporaciones reducir irregularmente sus cargas tributarias.
Sheinbaum adelantó que instruyó a Griselda Galeano, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, a presentar una exposición detallada sobre el caso para transparentar el proceso y despejar dudas sobre la situación de Grupo Salinas.
“Nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo, pero negociación de la ley, nunca. Las puertas del SAT están abiertas, pero la ley es la ley”, enfatizó la mandataria, citando a Benito Juárez para reafirmar que nadie está por encima de la ley. Con ello, su gobierno envía un mensaje claro: el cumplimiento fiscal es un asunto legal, no político, y se aplicará de manera transparente y uniforme para todos los contribuyentes.
El corporativo confirmó el desembolso de 25 millones de dólares en Nueva York para suspender la ejecución de una resolución judicial; aseguran que ya apelaron la decisión.
El riesgo era real: Ricardo Salinas Pliego pudo haber enfrentado una orden de captura en Estados Unidos. En un comunicado oficial, Grupo Salinas reconoció que pagaron una fianza millonaria para detener, de manera temporal, la ejecución de una resolución dictada por la Suprema Corte del Estado de Nueva York.
Según información compartida por Bloomberg en una nota del periodista Marcelo Rochabrun, afirma que Salinas Pliego y sus empresas fueron condenados a pagar impuestos pendientes de su negocio de telecomunicaciones, el cual vendieron a AT&T en 2014.
La empresa rechazó las versiones difundidas en medios y redes sociales, a las que calificó como “afirmaciones falsas y dolosas”. Sin embargo, aceptó que la resolución del tribunal estadounidense sí representaba un riesgo directo contra el dueño de Elektra, lo que los obligó a cubrir el monto de 25 mdd para protegerlo.
“Nos preocupa profundamente que el referido tribunal haya declarado en desacato a ciudadanos extranjeros altamente respetados —quienes no han sido parte del juicio— y, más grave aún, que lo haya hecho sin las debidas garantías procesales”, señaló la compañía.
El consorcio subrayó que el proceso legal continúa y se resolverá conforme a los tiempos judiciales correspondientes, aunque advirtió que los resultados no serán inmediatos. Al mismo tiempo, calificó como “abiertamente ilegal” la medida del tribunal de Nueva York y confirmó que ya presentaron una apelación formal. El consorcio subrayó que el proceso legal continúa y se resolverá conforme a los tiempos judiciales correspondientes, aunque advirtió que los resultados no serán inmediatos. Al mismo tiempo, calificó como “abiertamente ilegal” la medida del tribunal de Nueva York y confirmó que ya presentaron una apelación formal.
Grupo Salinas insistió en que este episodio forma parte de una campaña de desinformación en su contra, aunque admitió que el pago de la fianza era indispensable para evitar consecuencias mayores de manera inmediata.
La batalla legal se mantiene en tribunales internacionales y el corporativo confía en que la resolución definitiva de su apelación será favorable, aunque tengan que pagar más sumas millonarias.
Cabe recordar que persiste la presión de inversionistas extranjeros que reclaman más de 500 millones de dólares que TV Azteca mantiene como deuda. Estos empresarios incluso han pedido apoyo al gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum para recuperar sus recursos. En México, el poder judicial ha respaldado a la televisora, lo que le ha permitido mantener congeladas de manera indefinida sus obligaciones con acreedores privados.
Grupo Salinas niega las acusaciones del gobierno sobre TV Azteca y se aferra a una defensa que no oculta la crisis financiera de la empresa.
Grupo Salinas ha emitido un comunicado en el que rechaza las acusaciones del gobierno en la mañanera sobre la situación de TV Azteca. La empresa, encabezada por Ricardo Salinas Pliego, califica las críticas como parte de una “campaña de persecución política”. Sin embargo, esta defensa parece más un intento de ocultar la realidad que una respuesta sincera.
La compañía alega que, al igual que muchas otras, debió reestructurar sus finanzas tras la pandemia. Sin embargo, esta justificación se siente débil ante la gravedad de su crisis. TV Azteca enfrenta problemas de liquidez que van más allá de simples reestructuraciones.
Grupo Salinas apunta a los fondos buitre como los verdaderos obstáculos en sus negociaciones con acreedores. Esta narrativa parece un intento de culpar a terceros en vez de asumir responsabilidad por su gestión. La postura de un grupo minoritario de acreedores pone de manifiesto problemas más profundos en la empresa.
El comunicado critica la falta de información precisa, pero esto suena a una distracción ante la creciente preocupación sobre la viabilidad de TV Azteca. Con un liderazgo cuestionado y una estrategia de comunicación que no aborda los problemas reales, la defensa de Grupo Salinas se siente vacía.
La crisis se agudiza y las dudas sobre el futuro de TV Azteca y su presidente son cada vez más evidentes. La empresa necesita enfrentar la realidad en lugar de esconderse tras excusas y acusaciones.
La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) arrancó funciones con una pesada herencia: más de mil 500 asuntos pendientes, entre ellos los millonarios adeudos fiscales de Ricardo Salinas Pliego, que en conjunto superan los 74 mil millones de pesos.
De acuerdo con información de Dulce Olvera para Sin Embargo, los ministros acordaron que los casos se turnarán mediante un sistema automatizado y aleatorio, dejando atrás la discrecionalidad. Además, la reforma al Poder Judicial fija que los juicios fiscales no podrán extenderse más de seis meses, lo que obligará a resolver con mayor rapidez.
El SAT y la Consejería Jurídica de la Presidencia solicitaron aplazar hasta septiembre 15 litigios por 47 mil millones de pesos, de los cuales la mayor parte corresponde a Elektra y TV Azteca, empresas de Grupo Salinas, así como a Movistar.
El analista jurídico Luis Tapia, en entrevista para Sin Embargo, advirtió que aún falta precisar cómo se contarán los plazos y si existen recursos suficientes para cumplirlos, aunque la norma obliga a informar al Tribunal de Disciplina Judicial en caso de retrasos.
Con esta nueva etapa, la Corte promete transparencia, audiencias públicas y atención a casos de interés ciudadano, mientras el país espera que los grandes empresarios no sigan evadiendo impuestos con recursos legales.
La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asumirá funciones el próximo 1 de septiembre con una herencia de mil 440 expedientes sin resolver, que incluyen controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y juicios de alto impacto político, económico y social.
De acuerdo con una investigación de Animal Político, entre los casos más relevantes están los juicios fiscales contra Ricardo Salinas Pliego y Grupo Elektra, por adeudos al SAT que superan los 74 mil millones de pesos. Tres de estos litigios ya están en ponencias de los ministros Yasmín Esquivel, Alberto Pérez Dayán y Lenia Batres.
La agenda también contempla las reformas aprobadas en el “viernes negro” de 2023, cuestionadas por la oposición, y la reforma que otorga al presidente la facultad de conceder amnistía directa, impugnada por invasión de competencias del Congreso.
Otro tema clave será la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa, declarada contraria a la Convención Americana por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Todo esto ocurrirá mientras la SCJN opera bajo una nueva reforma judicial, que reduce de 11 a 9 ministros, elimina sus salas y limita el alcance de los amparos.
La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibirá un rezago de más de mil 500 asuntos al asumir funciones el próximo 1 de septiembre de 2025, entre ellos temas fiscales, penales y de derechos fundamentales.
De acuerdo información de El Sol de México, hasta el 8 de agosto la Corte acumulaba mil 507 casos sin resolver, de los cuales solo 382 están listos para votación en el Pleno, mientras que más de mil 200 deberán ser estudiados desde cero por las ponencias de las y los nuevos ministros.
Entre los temas más relevantes destacan la discusión sobre la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, los conflictos fiscales de Grupo Elektra, el caso de Emilio Lozoya contra la periodista Lourdes Mendoza, así como debates emergentes como la regulación del uso de hongos alucinógenos en México.
También se encuentran pendientes asuntos como la extinción de organismos autónomos, la creación de un Banco de ADN, y las facultades de la consejera presidenta del INE.
El próximo Pleno estará conformado por Hugo Aguilar Ortíz —quien será presidente de la Corte—, Lenia Batres Guadarrama, Yasmin Esquivel Mossa, Loretta Ortíz Ahlf, Giovanni Figueroa, Irving Espinoza Betanzo, María Estela Ríos, Sara Irene Herrerías y Arístides Guerrero.
El nuevo ministro presidente adelantó que los temas fiscales y penales serán prioridad, y que la meta central será dar una salida rápida y eficaz al rezago judicial, que marcará el inicio de la nueva era de la Corte mexicana.
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó un amparo a Grupo Elektra contra una resolución del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que obliga a sus accionistas a cubrir un crédito fiscal de al menos 5 mil millones de pesos.
Este caso forma parte de una serie de batallas legales en las que Elektra ha intentado retrasar pagos al SAT mediante recursos e impugnaciones, incluyendo la recusación de magistrados.
De acuerdo con El Imparcial, la disputa se origina en operaciones de Mexicana de Aviación y su filial Omega, adquirida por Elektra. El tribunal concluyó que la venta posterior de Omega no tuvo un beneficio económico real, sino que generó pérdidas fiscales injustificadas que redujeron la base del impuesto en perjuicio del erario.
La magistrada Ana María Ibarra Olguín rechazó que un artículo que escribió afectara su imparcialidad, mientras que el presidente del tribunal, Alfredo Enrique Báez, acusó a la defensa de aplicar tácticas dilatorias durante más de un año.
La negativa de amparo también confirma una resolución que obliga a Elektra a pagar 2 mil millones de pesos por ISR, y se suma a otro caso donde la Suprema Corte retiró de discusión un amparo contra un crédito fiscal de 1,431 millones de pesos.
Grupo Salinas calificó las resoluciones como “ilegales” y “políticas”, y anunció que buscará una revisión constitucional ante la Corte.
¡Ninfa Salinas ingresa al consejo consultivo de la Fundación IMSS!
“Hoy hay más Fundación Azteca en el IMSS y más IMSS en Fundación Azteca que nunca”, dijo, orgulloso, Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Y eso no es todo.
Robledo firmó convenio para la implementación de la Orquesta y Coro IMSS Esperanza Azteca, a pesar de que el dueño de Elektra adeuda 74 mmdp al SAT.
El dueño de Grupo Salinas, a través de sus orquestas, entra por la puerta grande en el IMSS y tendrán presencia en la CDMX, Nuevo León, Edomex y Coahuila.
Salinas puso 110 instrumentos destartalados y el IMSS cargará con todo el paquete y pagará la nómina de los profesores, pondrá los foros, auditorios y aulas del IMSS.
El 5 de julio de 2023 se firmó el Convenio General de Colaboración entre el IMSS y Fundación Azteca de Grupo Salinas, dentro del Teatro Cubierto San Jerónimo Independencia.
Una vez que Salinas vendió al IMSS la idea de sus coros al Instituto Mexicano del SeguroSocial, no se ofreció ni un solo concierto. Hasta 2024, el IMSS puso en marcha el Coro IMSS Esperanza Azteca, con un concierto pequeño el cual decidió financiarse con parte del presupuesto del IMSS y concierto supuestos “donativos” gestionados a través de la Fundación Azteca.
El coro está integrado por 194 menores. Aunque el director de la institución, Zoé Robledo, afirma que el coro ha sido un éxito, desde su fundación, lo cierto es que solo han realizado una presentación en el foro Independencia, y lo demás ha sido negocio, nos dicen fuentes al interior de la propia fundación IMSS.
Lo extraño es que el IMSS ha anunciado que están trabajando para que el IMSS tenga otros 35 coros similares a un costo que, a pesar de las solicitudes de información que hemos pedido al IMSS, la institución aún no ha querido esclarecer.
Lo cierto es que, en años recientes, más de 1,700 millones de pesos del erario público han sido inyectados a los Coros Esperanza Azteca, y otros 10 millones de pesos han sido entregados a sus Planteles Azteca.
Estas cifras, provenientes de fondos federales y estatales, contradicen la narrativa de una iniciativa puramente privada y benéfica.
De la batuta filantrópica a la caja registradora pública
El caso de los Coros y Orquestas Esperanza Azteca es paradigmático. Su origen se remonta a una iniciativa del violinista Julio Saldaña, quien, ante la necesidad de financiación, se vio obligado a ceder los derechos de su proyecto a Salinas Pliego. Lo que inicialmente se presentó como un mecenazgo de Grupo Salinas, pronto reveló su verdadera fuente de sustento: la Secretaría de Educación Pública (SEP), CONACULTA, la Cámara de Diputados y, más recientemente, el IMSS.
La trama se complejiza con la figura de Esteban Moctezuma Barragán, exdirector de Fundación Azteca, quien posteriormente asumió el cargo de Secretario de Educación Pública. Esta transición no fue fortuita. En 2019, bajo su gestión en la SEP, los Coros Azteca fueron transferidos y renombrados como Orquestas y Coros de la Nueva Escuela Mexicana (ONEM). Sin embargo, antes de esta “millonaria transición”, la Fundación Azteca, en presunto contubernio con Moctezuma, supo explotar el potencial económico de las orquestas.
Un ejemplo terriblemente elocuente es el Fideicomiso Centro de Capacitación Esperanza Azteca en Puebla, creado en 2012 mediante un acuerdo con el gobierno estatal, entonces liderado por Rafael Moreno Valle.
Aquel fideicomiso no solo canalizó recursos públicos, sino que también implicó la cesión de un inmueble de más de 5 mil hectáreas, “La Constancia Mexicana”, a favor de las Orquestas y Sinfónicas Azteca. Entre 2011 y 2018, esta red de “donaciones” y contratos gubernamentales sumó los impresionantes 1,700 millones de pesos.
El modelo pseudo educativo: planteles Azteca
Pero el negocio no se ha limitado a la música. Los Planteles Azteca representan otro flanco de esta estrategia de captación de recursos públicos bajo el disfraz de la educación.
Aunque la Fundación Azteca promociona estos planteles como impulsores del “talento del mañana”, su funcionamiento se basa en un modelo que replica costos exorbitantes y que se nutre en un 85% de los presupuestos estatales.
En 2023, la Fundación Azteca recibió más de 10 millones de pesos de la SEP para la “Implementación y desarrollo del Modelo de Intervención Plantel Azteca”.
A pesar de la supuesta filantropía, la matrícula en estos planteles tiene costos considerables para los alumnos: alrededor de $1,800 pesos de inscripción, más el costo de la mensualidad (entre $587 y 1,850 pesos), a lo que se suman derechos de la SEP y papelería, elevando el costo total de ingreso a unos 5,000 pesos.
Si bien es cierto que 12 mil alumnos han egresado, generando ingresos por matrículas de aproximadamente 60 millones de pesos, para Salinas Pliego esto parece ser insuficiente.
La última melodía: el Coro IMSS Esperanza Azteca
Con la transferencia de los coros a la SEP, Fundación Azteca no detuvo su búsqueda de nuevas avenidas de ingresos. La estrategia ahora se replica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En 2024, se puso en marcha el Coro IMSS Esperanza Azteca, financiado con parte del presupuesto del IMSS y “donativos” gestionados por la Fundación Azteca.
Aunque el director del IMSS, Zoé Robledo, lo ha calificado de “éxito”, la realidad es que el coro, integrado por 194 menores, ha tenido una única presentación pública. El verdadero interés parece residir en la venta de la idea de replicar otros 35 coros similares, con un costo aún no esclarecido.
Las solicitudes de información pública al respecto permanecen sin respuesta, lo que genera opacidad y alimenta la sospecha de un nuevo esquema de lucro.
La firma de convenios para implementar más orquestas y coros IMSS Esperanza Azteca en Monterrey, el Estado de México y Coahuila, con el IMSS asumiendo la contratación de maestros y personal de apoyo, y Fundación Azteca aportando instrumentos, metodología y dirección artística, cierra el círculo de esta “sinfonía del negocio” donde el erario público parece ser la principal partitura.
Salinas Pliego, un “maestro de la evasión fiscal”, utiliza la filantropía como una estrategia de legitimación social. Al invertir en proyectos con una alta visibilidad pública y un halo de beneficio social (coros infantiles, planteles educativos), se construye una imagen de empresario comprometido y benefactor.
Esto desvía la atención de prácticas financieras cuestionables y permite consolidar un capital simbólico que, a su vez, facilita la negociación y la obtención de beneficios del Estado. La “cultura de la donación” se convierte en un mecanismo de marketing social que oculta el flujo de recursos públicos hacia intereses privados.
El modelo de Planteles Azteca y la expansión de los coros al IMSS revelan una clara mercantilización de los derechos sociales y la educación. Lo que debería ser una provisión universal del Estado se convierte en un servicio donde, aunque se reciban fondos públicos, también se exigen cuotas a los beneficiarios.
Este “modelo pseudoeducativo” no solo genera ganancias para la fundación, sino que también crea una segmentación social en el acceso a programas educativos y culturales. La supuesta “inversión social” se transforma en un negocio parasitario que extrae valor del presupuesto público y de las familias, en lugar de complementarlo o potenciarlo de manera genuina.
Ricardo Salinas Pliego ha transformado la filantropía en una lucrativa herramienta para la extracción de recursos públicos.
Los más de 1,700 millones de pesos canalizados a sus coros no son un acto de generosidad, sino una factura pagada por todos los mexicanos.
Lo suyo no es filantropía; es un esquema ingenioso para parasitar el presupuesto del Estado.
El IMSS, institución de salud pública, ahora desvía fondos vitales para financiar los “coros” de un magnate.
