El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que la desaparición de los 5 jóvenes en el municipio de Lagos de Moreno, en la región de los Altos Norte de la entidad, está vinculada a la delincuencia organizada.
Por ello, Alfaro señaló que el asunto le compete al Gobierno Federal, deslindándose completamente de este por lo que espera que la Fiscalía General de la República (FGR) y las autoridades federales competentes hagan lo propio ante “un hecho que ha lastimado profundamente a Jalisco”, expresó.
“Desde el primer momento en que se presentó la denuncia, hemos estado concentrados en el tema, hemos dado la cara para informar sobre lo sucedido y hemos actuado, como siempre, con seriedad y responsabilidad. Aunque estamos ante un hecho evidentemente vinculado a la delincuencia organizada, que es un asunto de competencia federal, nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos toca. Espero que la Fiscalía General de la República y el Gobierno Federal hagan lo propio”, escribió en X.
Asimismo, el mandatario estatal exigió que el Gobierno de México le ayude a combatir la violencia que se vive en la entidad de la que está a cargo.
Cabe señalar que la delincuencia en Jalisco ha ido en aumento, anteriormente hubo un caso similar al de los jóvenes de Lagos de Moreno, el secuestro de personas que trabajaban en un call center. Hecho que el gobierno jalisciense no pudo esclarecer y en esta ocasión decidió convertir el caso en un delito de índole federal.
A un año de la tragedia en la mina El Pinabete, este jueves se llevó a cabo una ceremonia luctuosa para recordar a los mineros que fallecieron. Los familiares, amigos y autoridades del gobierno federal estuvieron presentes en el suceso.
A través de un comunicado, el gobierno federal dio a conocer los trabajos que se han realizado en la mina, los cuales fueron los siguientes:
Se han excavado y retirado más de 2 millones 500 mil metros cúbicos de rezaga.
Se han realizado 709 perforaciones, con una longitud acumulada de 39.35 km, para la ejecución de: estudios, la ubicación de galerías, la construcción de tapones hidráulicos y pantallas impermeables.
En el sitio se encuentran trabajando, los 7 días de la semana y las 24 horas del día, personal de la CFE, la CNPC y la SEDENA.
Las obras civiles se llevan a cabo en tiempo récord, para la construcción de los tapones hidráulicos y la excavación a cielo abierto.
Se brinda información y apoyo permanente a las familias de los mineros.
La CFE, la CNPC y la SEDENA instalan un centro de mando unificado.
Se han realizado 107 voladuras controladas, supervisadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) quien, además, resguarda el perímetro de la mina.
Asimismo, dieron a conocer que desde el momento del accidente y a través de los titulares de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett Díaz y de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, se realizaron gestiones para hacer justicia social a los deudos y cumplir con la promesa del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
El gobierno de México brindó apoyo a las familias de los 10 mineros, instalando un campamento con servicios básicos y un área hospitalaria donde se les dio acompañamiento e información de manera permanente.
Durante los primeros diez días de septiembre de 2022, el gobierno federal otorgó a los deudos una indemnización económica coordinada por la titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, en conjunto con la subsecretaría de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación.
Además del monto de dicha compensación, también se logró su consentimiento para iniciar con el programa para la recuperación, que consistió en la excavación a cielo abierto (tajo), a 60 m de profundidad, para descubrir las galerías de la mina y, posteriormente, efectuar la búsqueda y la recuperación de los mineros.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso multas por más de 900 millones de pesos en el primer semestre de 2023 y sancionó a más de 100 proveedores, contratistas y postores del Gobierno Federal.
A través de un comunicado, la SFP dio a conocer que del 1 de enero al 30 de junio de 2023 impuso 124 sanciones a 120 licitantes, proveedores y contratistas del gobierno federal con una multa global de 900 millones 783 mil 881 pesos, por infringir leyes en materia de contrataciones pública y a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas (LFACP).
Según el organismo indicó que entre las conductas más recurrentes para imponer la multa fue proporcionar información falsa en los procedimientos de contratación, la no formalización de contratos adjudicados e incumplimiento contractuales que causaron daños graves de acuerdo con las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM).
Asimismo, a través de los Órganos Internos de Control y Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, se impusieron 12 sanciones, a 11 empresas, en términos de la LFACP, “vigente al momento de los hechos, por haber realizado acciones que tuvieran por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en las contrataciones públicas de carácter federal, así como haber realizado actor u omisiones para evadir los requisitos o reglas establecidas o simular su cumplimiento en las mismas”, se lee en el documento.
El día 27 de julio, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) publicó un boletín de prensa con respecto a los estados financieros correspondientes al segundo trimestre del año en curso.
El boletín indica que la CFE presenta una utilidad neta acumulada de 87 mil 793 millones de pesos dando con ello resultados positivos, los ingresos totales ascendieron a 320 mil 623 millones de pesos, es decir, un incremento de 7.7 por ciento en los ingresos con respecto al mismo periodo del año pasado.
📄#Boletín | Reporta CFE estados financieros al segundo trimestre de 2023: ingresos totales ascendieron a 320,623 mdp (un incremento de 7.7% respecto al mismo periodo de 2022) y una utilidad neta acumulada de 87,793 mdp. https://t.co/qD0wJeMiw1pic.twitter.com/4e66qdNcn6
El resultado se explica debido a un aumento del 9.6 por ciento en los ingresos por una mayor demanda de energía en los sectores industriales, domésticos y comerciales.
Con respecto a los ingresos transferidos por el Gobierno Federal para apoyar tarifas de hogares y sectores agrícolas presentaron un incremento del 5 por ciento, es decir, 2 mil 175 millones de pesos.
Asimismo, los costos totales de operación de la CFE se redujeron en un 14.5 por ciento con respecto al año 2022. La CFE ha implementado medidas para disminuir efectos negativos mediante programas de coberturas, lo cual ha generado una mejoría 7.8 veces mayor que la que se había reportado el año anterior.
Por otro lado, otro factor que indica el boletín es que el Resultado Integral de Financiamiento presentó un saldo a favor por 20 mil 475 millones de pesos, derivado de la estabilidad con la cual ha estado operando el peso mexicano en el segundo trimestre del año, por ello, si se considera el pago de impuestos, la cifra es favorable en comparación con el 2022 en donde se presentó una pérdida de 49 millones de pesos.
Se reportó una disminución del saldo de la deuda total de 47 mil 979 millones de pesos, por ello, el patrimonio de la empresa tuvo un incremento del 17.8 por ciento, equivalente a 113 mil 402 millones de pesos con respecto al mismo periodo del año pasado.
A pesar de la pandemia, las inclemencias del clima y la guerra entre Rusia y Ucrania, la CFE continúa fortalecida siendo una empresa productiva en materia de electricidad que seguirá incrementando el patrimonio empresarial por la estabilidad de la moneda mexicana y la coordinación entre el Gobierno Federal con las instituciones mexicanas para la resolución de conflictos.
Los representantes del PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE) denunciaron al presidente Andrés Manuel López Obrador por mostrar una encuesta a favor de Morena en la conferencia matutina del pasado martes 26 de julio; afirmaron que cae en actos proselitistas.
Los representantes de El Sol Azteca explicaron a las autoridades electorales que el titular del Ejecutivo está violando las medidas cautelares que había interpuesto el organismo electoral a raíz de las denuncias realizadas por la senadora Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial de la oposición.
“Esta acción vulnera las medidas cautelares de la Comisión de Quejas del INE y las resoluciones de la Sala Superior del TEPJF en el que le mandata al presidente, dejar de hablar de temas electorales y le señala que no puede utilizar recursos públicos para apoyar a algún partido Político, en este caso su partido Morena”, fueron las palabras del representante del PRD, Ángel Ávila.
Con ello, dijo, AMLO transgrede de nueva cuenta el art. 134 constitucional y las leyes en la materia, además de las medidas y queda de manifiesto que al presidente “no le importa cumplir la Ley y que está dispuesto a violarla una y otra vez con tal de posicionar a su partido y deslegitimar y atacar a la Oposición”.
“Si AMLO no acata estas resoluciones ‘sencillas’ menos acatará en el proceso electoral y en las campañas políticas cualquier resolución. Estamos ante el riesgo inmininente de que el Presidente convierta a las campañas en un espacio sin reglas y sin ley. Un escenario que puede provocar violencia política, además de generar completa inequidad en las procesos electorales que vienen. Por ello es de vital importancia la actuación inmediata de las autoridades electorales”, advirtió Ávila.
El querellante también exigió al Gobierno Federal omitir la parte de la conferencia matutina del 26 de julio que viola la ley electoral y que el presidente se disculpe públicamente por lo ocurrido y mantenga las sanciones establecidas.
El día de hoy 25 de julio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que se reunió con un grupo de investigadores del caso de los 43 estudiantes, desaparecidos de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre del 2014, el grupo de investigadores se trata del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) quienes presentarán un último reporte del suceso.
El GIEI es impulsado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se dedican a resolver problemas estructurales relacionados con desapariciones forzadas. Mismos que realizaron un acuerdo con el Estado Mexicano así como con los representantes de los estudiantes desaparecidos para recibir la asistencia técnica internacional para el caso de Ayotzinapa, es decir, una ayuda en investigaciones y datos importantes sobre los hechos ocurridos así como la previa investigación de los culpables.
Algunos de los miembros del GIEI son: Carlos Martín Beristain, Angela Buitrago, Claudia Paz, Francisco Cox, Alejandro Valencia, entre otros. Todos pertenecientes a diferentes países de América Latina.
Los expertos emitirán un comunicado el día de hoy en donde indicarán sus últimos hallazgos así como los elementos que quedan pendientes para dar seguimiento al caso.
Uno de los logros del GIEI fue el hallazgo de la responsabilidad del exprocurador Jesús Murillo Karam, así como la detención de algunos militares que se encontraron vinculados a los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
El GIEI llevó a cabo la investigación durante ocho años y el día de hoy emitirán su último reporte el cual, al igual que los anteriores, ayudarán al Gobierno Federal Mexicano así como a las autoridades pertinentes a continuar con la búsqueda de justicia de los culpables de la desaparición de los 43.
En la conferencia matutina del día de hoy 25 de julio, desde Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó a los medios acerca del caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa qué fueron desaparecidos en el pasado 2014, el cual no ha tenido plena justicia, pero, continúa avanzando.
Indicó que se ha estado reuniendo con algunos investigadores del caso, los cuales presentarán un reporte el día de hoy. Asimismo comentó que las autoridades en conjunto con el Gobierno Federal seguirán trabajando con las investigaciones pertinentes, sin embargo, la indagación ha ido avanzando pues algunos culpables de la desaparición de los estudiantes ya se encuentran presos.
#ConferenciaPresidente | "Tengo el compromiso de que se conozca toda la verdad sobre la desaparición de los jóvenes: ¡es un compromiso que estoy cumpliendo!", expresó el presidente @lopezobrador_ acerca de los normalistas de Ayotzinapa. pic.twitter.com/FKYZbJymLH
El Gobierno Federal está llevando a cabo la investigación del caso, por lo que, Andrés Manuel afirmó qué en ningún país del mundo se había visto que fuera el gobierno quien realiza las indagatorias y que este tuviera la intención de castigar a los responsables.
López Obrador mencionó que se encuentran detenidos altos funcionarios públicos; civiles y militares qué fueron responsables de los hechos, pero, el suceso es histórico, pues no importando qué cargo tuvieron están recibiendo su castigo sin corrupciones de por medio.
AMLO reafirmó su compromiso por “llegar a conocer toda la verdad y que se conozca toda la verdad”, informó que se encuentran detenidos aproximadamente 130 responsables de la desaparición de los 43 estudiantes.
El Presidente concluyó indicando que de no haber ganado el movimiento de la Cuarta Transformación en la República Mexicana, ya le hubieran dado “carpetazo” al caso y no habría justicia para los estudiantes.
Este miércoles, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), participó en la XXVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública en San Luis Potosí, donde resaltó la importancia de la cooperación y dedicación entre las distintas dependencias del gobierno federal y estatal en la construcción de la paz.
En este contexto, la funcionaria enumeró las estrategias que han permitido mejorar el trabajo en equipo para el combate del crimen, entre ellas las realizadas por el Gabinete de Seguridad Nacional, el cual es encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
— Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) July 19, 2023
Esta estrategia se ha encargado de abordar las causas profundas de la violencia y el analfabetismo social para erradicar la delincuencia.
También recordó que a esto se ha sumado la inteligencia operativa y el uso de corporaciones de seguridad.
Rosa Icela Rodríguez enfatizó que de esta manera pudieron trabajar juntos para encontrar soluciones a problemas particulares en los 32 estados de la República Mexicana.
Aseguró que no hay colaboración entre las fuerzas encargadas de proteger a los ciudadanos y los delincuentes porque el gobierno mexicano ha puesto una clara barrera contra el crimen.
Finalmente, declaró que en total fueron detenidas más de 74,000 personas, de las cuales más de 7,000 pertenecían a organizaciones criminales, y más de la mitad de ellas eran objetivos importantes para el gobierno federal, junto con la policía local, la secretaría de la defensa nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y otros organismos.
El día de hoy 19 de julio, el Instituto Nacional de Estadísica y Geografía (INEGI), emitió un comunicado de prensa en donde se muestra la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del segundo trimestre del año en curso 2023.
La finalidad de la encuesta es realizar estimaciones de la población mayor de edad en México que se ha sentido o considera insegura su estancia en determinada ciudad, para poder tener un entendimiento más completo del porque alguien puede sentir que su vida se encuentra en riesgo y cuales pueden ser las medidas o políticas que se podrían implementar para evitar que la población exprese ese sentir. La encuesta tiene un alcance nacional y genera información para la toma de decisiones en materia de seguridad urbana.
La periodicidad de la encuesta es trimestal para poder tener un acercamiento recurrente de la opinión de la población, las coberturas conceptuales que abarcan son: sensación de inseguridad, expectativas sobre la tendencia del delito, atestiguación de conductas delictivas o antisociales, cambio de rutinas por temor a ser víctima del delito, percepción del desempeño de las autoridades de seguridad pública, conflictos y conductas antisociales, desempeño gubernamental, hogares con alguna victima de robo, extorsión, acoso o violencia sexual.
Entre los puntos que destacó el INEGI con respecto a las respuestas de la ENSU, en el mes de junio se determinó que el 62.3% de la población mayor de 18 años, considera inseguro vivir en su ciudad con respecto con los puntos mencionados anteriormente en una percepción de inseguridad por temor al delito. En relación con el porcentaje obtenido el año pasado 2022 en donde la cantidad correspondía a 67.4% se ha determinado que la encuesta ha tenido una baja de cinco puntos entre los ciudadanos con esa sensación. Posteriormente se indicó que en el mes de junio 68.6% de las mujeres se sienten inseguras en su ciudad, mientras que el 54.8% de los hombres se sienten inseguros de vivir en su ciudad.
Asimismo, las ciudades con mayor porcentaje de población arriba de los 18 años que se siente insegura con respecto a los puntos tratados en la ENSU son: Fresnillo (92.8 %), Zacatecas (91.7 %), Ciudad Obregón (90.3 %), Ecatepec de Morelos (87.6 %), Irapuato (87.3 %) y Naucalpan de Juárez (87.2 %).
Para el caso contrario con las ciudades en donde a población de 18 años y más no cuentan con la percepción de inseguridad por temor al delito en una estadística tan elevada son: San Pedro Garza García (13.2 %), Benito Juárez (19.8 %), Piedras Negras (20.0 %), Cuajimalpa de Morelos (20.4 %), Saltillo (22.2 %) y Tampico (23.0 %).
El comunicado de prensa, también muestra las tendencias de las ciudades y la inseguridad que sintió la población, tendencia a la baja, alta y algunas otras se mantuvieron.
Por otro lado, la ENSU también determinó los resultados de la percepción de la población y el temor al delito en lugares determinados que pueden generar más inseguridad que otros, como pueden ser bancos, transporte público, mercados, trabajo, carreteras o incluso, en su domicilio. Para este caso el lugar que genera más inseguridad obteniendo un porcentaje del 73% es el cajero automático en la vía pública. En la siguiente imagen se ilustra el nivel de inseguridad mediante porcentajes que ha sentido la población en determinados lugares en el mes de marzo y la diferencia al mes de junio.
Gracias al INEGI, el Gobierno Federal y las diferentes instituciones encargadas de generar el bienestar en nuestro país tienen un acercamiento a las sensaciones de la población y de aquí para adelante, se buscará que la ENSU siga mostrando bajas en los porcentajes que representan la sensación de inseguridad. La Cuarta Transformación ha sido atenta con estas inquietudes y seguirá trabajando para obtener mejoras en la tranquilidad de los mexicanos.
El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio “L”,no logró un acuerdo con el gobierno federal por el caso de corrupción de la planta chatarra de Agronitrogenados.
El juez de control Gerardo Alarcón López, tras cinco horas de audiencia, aplazó la audiencia para el próximo 31 de agosto.
Esto se dio luego de que el Gobierno Federal solicitara 30 millones de dolares al exdirector de Pemex para concretar el acuerdo de conciliación por la compraventa de la planta de fertilizantes.
Esta cantidad es tres veces más del monto que ofreció la defensa de Emilio “L” en abril pasado.
El exfuncionario se comprometió a pagar 10.7 millones de dólares. Es decir, más de 220 millones de pesos en concepto de indemnización. También garantizaría cinco propiedades adicionales, entre ellas:.
La residencia en Lomas de Bezares en la Ciudad de México.
Un departamento de su esposa en Ixtapa, Zihuatanejo.
La casa de su padre en la colonia Bosques del Pedregal, Ciudad de México.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, Emilio “L” habría recibido 10 millones de dólares por la transacción.
