El pleno del Senado de la República declaró este miércoles la validez de un paquete de reformas constitucionales enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Estas reformas buscan fortalecer la igualdad sustantiva, la perspectiva de género, el derecho de las mujeres a vivir sin violencia, y la eliminación de la brecha salarial entre géneros. La reforma incluye modificaciones a los artículos 4, 21, 41, 73, 116, 122 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a siete leyes adicionales.
Las reformas establecen la creación de fiscalías especializadas en la investigación de delitos de género en cada entidad federativa y en la Ciudad de México. Estas fiscalías tendrán el mandato específico de investigar crímenes relacionados con violencia de género, con el objetivo de garantizar que las mujeres tengan acceso efectivo a la justicia y que sus derechos sean debidamente protegidos. “Para proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, deberán prever que las instituciones de procuración de justicia cuenten con fiscalías de investigación de delitos por razones de género”, estipulan las reformas.
Una de las modificaciones más destacadas es al artículo 123, que ahora establece explícitamente que, en situaciones de trabajo similar, debe otorgarse un salario igual, sin importar el género o la nacionalidad del trabajador. La ley también dispondrá de los mecanismos necesarios para reducir y eliminar la brecha salarial por motivos de género, abordando así una de las demandas históricas del movimiento feminista en México.
Las reformas también contemplan que las autoridades federales puedan intervenir en casos de protección relacionados con violencia de género, incluso si estos delitos corresponden al fuero común. Esto permitirá una respuesta más integral y coordinada en situaciones de emergencia o vulnerabilidad para las mujeres afectadas.
Además, se refuerza el principio de paridad de género en los nombramientos dentro de la administración pública. Esto significa que las personas titulares de puestos en el Poder Ejecutivo Federal, y sus equivalentes en entidades federativas y municipios, deberán ser designadas de manera equitativa entre hombres y mujeres. Las leyes determinarán los detalles de aplicación para asegurar que esta paridad se cumpla en todos los niveles de gobierno.
Con estas reformas, México avanza hacia un marco legal más equitativo y justo, que responde a la necesidad de proteger y promover los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. La implementación efectiva de estas medidas representará un paso significativo hacia la construcción de una sociedad donde la igualdad y la seguridad sean accesibles para todas las personas, sin importar su género.
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