Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados consumaron la extinción de siete organismos autónomos, considerados por muchos como instrumentos del modelo neoliberal que resultaron costosos e ineficientes. Estas instituciones, que durante años funcionaron como obstáculos burocráticos, han mostrado resistencia a su eliminación, defendiendo su permanencia pese a su cuestionada utilidad.
Ahora, sus funciones serán integradas en dependencias federales para optimizar recursos y fortalecer el trabajo del gobierno:
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece): Serán absorbidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI): Sus tareas pasan a la Secretaría de la Función Pública (SFP), que se transforma en Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval): Será responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu): Se integrará a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE): Sus funciones estarán bajo la Secretaría de Energía (SENER).
Esta medida no solo reconfigura el aparato institucional del país, sino que busca acabar con los privilegios de organismos que, más que servir a los ciudadanos, defendían los intereses de las élites económicas.
Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), anunció que la dependencia cambiará de nombre a “Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno“, como parte de los avances de la Cuarta Transformación. Durante el anuncio, la funcionaria explicó los pilares que conforman el “primer piso de la Cuarta Transformación”, los cuales incluyen:
Separación del poder político del poder económico.
La politización del pueblo, lo que imposibilita el regreso de gobiernos corruptos.
Entrega directa de programas sociales, eliminando intermediarios.
Fin de la condonación de impuestos a las grandes fortunas.
Implementación de la Austeridad Republicana.
Buenrostro también presentó los resultados obtenidos en la lucha contra la corrupción. Destacó una reducción del 11.2% en la tasa de actos de corrupción en trámites por cada 100,000 habitantes, y una disminución del 8% en la percepción de corrupción, situándola en un mínimo histórico del 83.1%.
Además, señaló que, según estadísticas internacionales, la corrupción representa el 5% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. En México, el 4.5% del valor de los contratos eran sobornos, lo que ha generado diversas afectaciones, entre las cuales mencionó:
Debilitamiento del estado de derecho.
Pérdida de eficiencia y confianza en las instituciones.
Disminución de ingresos gubernamentales.
Desincentivo a las inversiones.
Creciente desigualdad social.
Limitación en el acceso a servicios públicos.
Raquel destacó el Nuevo Modelo de Prevención y Combate a la Corrupción, que representa un cambio de un enfoque correctivo a uno preventivo, basado en estándares internacionales. Este modelo incluye una colaboración más cercana y oportuna con la sociedad, los servidores públicos y el sector privado.
Finalmente, explicó que la nueva “Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno” tendrá un alcance transversal y se convertirá en un referente de apoyo y acompañamiento para todo el Gobierno.
Este martes Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública, detalló desde el Palacio Nacional que de 2021 a 2023, los procesos de contratación de empresas que actualmente prestan sus servicios para laboratorio clínico y de banco de sangre, han participado 158 compañías.
El funcionario federal agregó que de estas, 121 fueron contratas y 102 actúan conforme lo dicta la ley, sin embargo 19 han incurrido en actos de corrupción.
Salcedo Aquino detalló que al momento se han sancionado a 13 de las 19 empresas que han realizado actos de corrupción en la prestación de servicios de laboratorio y banco de sangre al IMSS, las cuales se traduce en 24 inhabilitaciones para participar en futuras licitaciones, además de multas que van hasta los 2 mil millones de pesos.
En cuanto al ISSSTE, ya se llevan a cabo los procesos para que los servicios de laboratorio y banco de sangre estén a cargo del mismo instituto y no se deba recurrir a la contratación de privados para ello.
Finalmente Roberto Salcedo informó que se puso en operación el “Padrón de Integridad Empresarial”, el cual es un mecanismo en el que se registran las empresas que cuentan con una política de integridad para participar en licitaciones públicas. Al momento se han registrado 27 empresas.
Este jueves el Presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó su rueda de prensa matutina hablando sobre el desfalco que se realizó en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el cual calificó como el único caso y el más escandaloso de corrupción que ha enfrentado su administración.
AMLO fue claro al mencionar que su gobierno no permitirá, tolerará, ni dará impunidad a la corrupción, por lo que anunció un informe respecto al caso y los procesos penales que hay.
“Es un hecho muy lamentable, es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos enfrentado durante nuestro Gobierno (…) Nos dolió mucho este fraude cuando me informaron di la instrucción de que se presentara la denuncia en la Fiscalía, desde el inicio. Y me dolió porque se trata de un sistema que creamos para establecer los precios de garantía”.
Mencionó
#ConferenciaPresidente | @lopezobrador_ dijo que quien es nombrado para ocuparse de este sistema, Ignacio O’Valle, se confía y comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos, lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos pic.twitter.com/YNUTVDsjP0
El primer mandatario declaró que Ignacio Ovalle, señalado en el fraude y ahora coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, cometió el error y fue engañado por gente con malos antecedentes y corruptos.
“Es un programa muy bueno, mucho muy bueno. Quien es nombrado para ocuparse de este sistema, Ignacio Ovalle, se confía, comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos, y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos, pagando sobreprecios (…) Pero también estos funcionarios, como era antes, empiezan a colocar dinero público en bonos, como casas de bolsas donde supuestamente les ofrecían más intereses por tener ahí el dinero cuando eran empresas creadas para robar, así no solo en el caso de Segalmex sino en el caso de Gobiernos de estatales que colocaron dinero en este tipo de instrumentos y pues hubo un desfalco. Hay ya detenidos, gente prófuga, pero no vamos a dejar el tema, vamos a aclarar, que se conozca bien”.
Agregó
Opinión pública infló cantidades del desfalco, señala titular de la SFP
Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), detalló que la cifra que se menciona en medios de comunicación, que ascienden presuntamente a 15 mil millones de pesos, ni es precisa ni tiene fundamentos.
#ConferenciaPresidente | Roberto Salcedo, secretario de la Función Pública, dice que la cifra de 15 mil millones por presuntas irregularidades en el caso Segalmex “no es precisa y no tiene fundamento”. hay auditorías y refiere que Segalmex Diconsa y Liconsa están recabando datos. pic.twitter.com/rDSqKM8ocH
“La cifra de 15 mil millones de pesos que se ha manejado recientemente en la opinión pública como los presuntos montos de irregularidades no es precisa ni tiene fundamento (…) Como se informó en agosto de 2022, los actos de fiscalización dieron lugar a observaciones relacionadas con 9 mil 5 millones de pesos, de los cuales 6 mil fueron señaladas por la Función Pública y 3 mil 500 por la Auditoría Superior de la Federación”.
Explicó el funcionario federal.
Van 87 denuncias por caso Segalmex, precisa Fiscalía
Arturo Medina, procurador fiscal de la federación, señala ante AMLO que en el caso de fraude en Segalmex se intentó ocultar información para impedir denuncias y que al momento van 87 denuncias en totaly los montos ascienden a 4 mil 900 millones de pesos.
También se ha procedido penalmente contra servidores públicos por diversas operaciones irregulares, como la colocación de los recursos de Segalmex en operaciones bursátiles y compras irregulares, mientras que la FGR investiga 100 denuncias penales.
#ConferenciaPresidente | El presidente @lopezobrador_ señaló que sobre el fraude en Segalmex: “Lo vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias, porque el prestigio de este gobierno no se va a manchar”. Lo que estimamos más importante en nuestra vida es la honestidad. pic.twitter.com/QuAf4yo9Cf
Al momento van 26 personas detenidas por el caso de fraude y se han girado 22 órdenes de arresto contra ex funcionarios por operaciones irregulares de azúcar y leche.
Finalmente AMLO señaló que sobre el fraude en Segalmex, éste se llevará hasta las últimas consecuencias porque el prestigio de este gobierno no se va a manchar, destacando que los más importante en su vida es la honestidad.
Una filtración hecha llegar de manera anónima a este medio, revelan que se ha interpuesto una denuncia penal ante la Fsicalía General de la República contra Grupo Xcaret por violaciones a la Ley Federal Sobre Monumentos Históricos y Zonas Arqueológicas y a la Ley de Bienes Nacionales, considerando que las transgresiones cometidas son de alto perfil.
En el documento se detalla que Miguel Quintana Pali, presidente de Grupo Experiencias Xcaret y sus socios, Oscar Marcos y Carlos Constandse Madrazo, subsidiaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para que investigara y reconstruyera los vestigios de pirámides y edificaciones de la zona conocida como Pole, dentro de su parque recreativo privado, con el fin de ellos poder explotarlo comercialmente, quedándose así con un bien nacional.
“Al parecer los empresarios pensaron que este financiamiento, les daba derecho a privatizar este BIEN NACIONAL, ya que desde un principio se promocionaban como “Parque Ecoarqueológico Xcaret” y en la actualidad incluye parte de la zona arqueológica como algo propio de su complejo turístico. Actualmente en su página de internet incluye entre sus atracciones a este sitio arqueológico, como estas dos publicidades, tomadas de la página oficial de esta empresa en su sitio en internet”, explica el documento.
Estas acciones de Xcaret claramente viola el Articulo 27 de la Ley Federal sore Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, en donde se explica que éstos son propiedad inalienables e imprescindibles, además de que igualmente ignora la Ley de Bienes Nacionales, la cual explica que las zonas arqueológicas no estarán sujetos a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional, o alguna otra por parte de terceros.
“Esta conducta se agrava al cobrar el acceso al sitio arqueológico dentro del precio de entrada, implica que se está afectando el erario nacional y debido a que empezó a funcionar en diciembre de 1990, son más de tres décadas de expoliar a diario a este sitio arqueológico, al apropiarse de un recurso monetario que debe de ser ingresado directamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y a esto se auna que los restos arqueológicos son parte de este complejo turístico, cuando deberían ser custodiados por el INAH, aunque si bien el INAH cobra la entrada a una parte del sitio a personas que no son clientes de este grupo Ixcaret, lo que lo son tienen entrada libre a la zona arqueológica”, se agrega.
Si bien el la Secretaría de Cultura, a través del INAH, puede realzar cobro para acceder a zonas arqueológicas, y que éstas sean usadas con fines culturales o cívicos, tales recursos pasarán formar parte de los fondos propios de los institutos respectivos, siendo cuidados a su vez por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su correcta aplicación.
Otra de las violaciones que Grupo Xcaret comete en Pole es la creación de eventos mercantilistas de entretenimiento con datos inexactos al estilo “disneylandia”, dejando de lado información precisa y concreta que la arqueología puede brindar, para optar por la presentación de shows, que además comprometen la integridad física, dignidad cultural y denigra a las sociedades pretéritas.
Ante todas éstas irregularidades por parte de los empresarios de Xcaret, es que se ha pedido que la Secretaría de Hacienda y/o el SAT lleven a cabo una auditoría forense o el mecanismo que corresponda para que se dictamine el grado de afectación monetaria en la que han incurrido los mencionados industriales.
Igualmente se ha solicitado en la denuncia, que la Secretaría de la Función Pública investigue que procesos se siguieron para que la zona arqueológica fuese entregada a Xcaret.
No te pierdas:
Ojo: Los dueños de grupo Xcaret son ligados a Zedillo y Roberto Madrazo; también los señalan de evadir impuestos desde Malta y resentir que AMLO no de dinero a empresarios https://t.co/rBSo7A25ka
