Un usuario en twitter, de nombre @AntiTelevisaMxretó públicamente a la escritora Denise Dresser a que hable sobre la corrupción de Roberto Madrazo y sus hijos, dueños del medio Latinus donde trabaja la periodista.
En su publicación, el usuario compartió una foto de la nota donde se habla de un fraude millonario de mastografías cometido en Michoacán por el hijo de Roberto Madrazo.
“Te reto públicamente @DeniseDresserG… para que hables sobre toda la corrupción de Roberto Madrazo y sus hijos dueños de Latinus donde trabajas. Un verdadero periodista repudiaría esa corrupción. ¿Aceptas el reto Denise Dresser o te callarás como la pseudoperiodista que eres?” escribió.
Te reto públicamente @DeniseDresserG… para que hables sobre toda la corrupción de Roberto Madrazo y sus hijos dueños de Latinus donde trabajas. Un verdadero periodista repudiaría esa corrupción. ¿Aceptas el reto Denise Dresser o te callarás como la pseudoperiodista que eres? 🤔 pic.twitter.com/052RynlaJr
La periodista es conocida por ser opositora del actual gobierno y criticar todas las acciones del gabinete presidencial e incluso del propio presidente Andrés Manuel López Obrador.
Además de sus señalamientos, Dresser se ha visto enfrascada en diversas polémicas, entre ellas el haber hecho turismo bélico por la guerra en Ucrania; llamar “maloliente” a la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez e incluso el descalificar la opinión de un politólogo por el hecho de ser joven.
Hasta el momento en que se escribió esta nota, Denise Dresser no ha dado respuesta al usuario, por lo que se podría tomar su silencio como que no quiere hablar del tema.
El proyecto del Parque Jaguar ha sacado a relucir una serie de inconsistencias dentro de la región ubicada al norte de la cabecera municipal de Tulum, pues un grupo de desarrolladores Yucatecos cuentan con títulos de propiedad de una extensión de tierras que él gobiernos del Estado no reconoce como vendidos.
Si bien se recuerda, durante el proceso de transición del gobierno de Joaquín Hendricks Díaz y Félix González Canto hubo una serie de irregularidades en la adquisición de propiedades a través de títulos de propiedad apócrifos, los entonces representantes de dichas secretarias aprovecharon dicho cambio para beneficiar a decenas de colaboradores en el tema de títulos.
Ahora, casi 20 años después, las repercusiones salen a relucir, pues actualmente el gobierno Federal a través de la SEDATU, la cual realiza un proyecto ambiental en dicho parque, ha solicitado información del como una propiedad denominada “Kaybé” del Grupo Emerita desarrollo inmobiliario de 20 hectáreas de extensión de tierras, quienes actualmente se anuncian como “el único desarrollo en México que cuenta con un parque multisensorial integrado a la perfección con la selva maya, y amenidades exclusivas “, atribuidas a los hermanos Manuel y Carlos Palma Rodríguez.
En la que además resalta que dicho desarrollo no cumple con el ordenamiento del PDU, áreas de donación y que a devastado la zona del Parque de Jaguar, sin incluir que está defraudando a sus clientes debido a que podría ser expropiado por encontrarse dentro de una reserva que el Gobierno Federal planea impulsar.
Ante esa anomalía, la SEDATU a través de su titular Román Meyer Falcón está solicitando información sobre dicha propiedad y sobre todo cómo se obtuvieron dichos títulos, ya que no se encuentran en registros del gobierno las informaciones completas y hace pensar que todo se deba a un posible fraude inmobiliario.
Además de que se reconoció que se pudiera generar una posible expropiación de la zona en mención, debido a que el gobierno federal cuenta con dicha facultad.
Este miércoles, la magistrada Janine Otálora, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), hará una propuesta para frenar la conducta y campaña los aspirantes a la Coordinación en Defensa de la Cuarta Transformación de Morena.
Milenio dio a conocer que se ordenó a Morena el cese de todas las actividades relacionadas con el proceso interno de selección conocido como “Acuerdo del Consejo Nacional de Morena”, mediante el cual se elegirá al coordinador de los Comités Nacionales de Defensa de la Transformación. Este procedimiento de selección interna está delineado en la resolución que propone Milenio.
Plantea que por más de veinte días se han realizado recorridos de los aspirantes, en donde se ha observado que de “manera sistemática, reiterada y continua”, los aspirantes “han sido omisos en ajustar su actuar a las normas y previsiones que buscaban garantizar el principio de equidad en la contienda para el proceso electoral federal que está próximo a iniciar”.
Otálora Malásis señaló que derivado de elementos de prueba “es posible sostener que las personas físicas denunciadas, así como el partido político organizador del proceso interno (y hasta partidos políticos ajenos, como es el caso del Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México), han venido obteniendo un beneficio de sobreexposición que de otra manera no podrían conseguir válidamente”.
El proyecto alega que la actuación de los aspirantes pudo haber violado la ley electoral con la intención de eludir las restricciones que establece el ordenamiento jurídico ante los actos previstos.
“Se está en presencia del uso abusivo de un derecho, que, con independencia de si es o no su finalidad, configura en los hechos un fraude a la legislación electoral, para burlar las prohibiciones que nuestro ordenamiento jurídico establece para la realización de actos anticipados que puedan poner en riesgo la equidad de las contiendas electorales”, señaló la magistrada Janine Otálora.
Además de Morena, la magistrada también propuso invalidar la convocatoria que emitieron el PRI, PAN y PRD, así como la suspensión de las giras del Frente Amplio por México al considerarlo, también un “fraude a la ley”.
Juan Ramón Collado Mocelo, quien fuera abogado del expresidente de México Enrique Peña Nieto,gastó millones de pesos en distintos países europeos que en realidad habrían estado destinados a políticos mexicanos, incluido el exmandatario que ahora vive en Madrid, revela este viernes una investigación de El País.
Al menos 855 mil dólares, fueron abonados entre 2008 y 2015 en hoteles exclusivos, como el Four Seasons, el Ritz o el Westin, por el abogado, que hoy en día se encuentra encarcelado en México acusado de presunto lavado, delincuencia organizada y fraude, indica dicha investigación.
Estas transacciones se han pagado con tarjetas de crédito a nombre de Juan Collado en al menos cinco países: España, Francia, Italia y Suiza en Europa, así como Estados Unidos.
”Se trata de cargos vinculados a la madeja de cuentas y sociedades panameñas que el letrado manejó en la Banca Privada d’Andorra (BPA) y que, según los investigadores del país pirenaico, que desde 2016 indagan por blanqueo a Collado, costearon la vida de lujo del abogado y, presuntamente, también corrieron con el desenfrenado tren de gastos de prominentes políticos mexicanos”, reveló El País.
Collado, abogado de Peña Nieto y de otros muchos políticos de primer nivel en México hasta su detención en 2019, se encuentra en el Reclusorio Norte desde julio de aquel año por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude.
El abogado acumula tres delitos: la compra de Caja Libertad por 156 millones de pesos, el descongelamiento de una cuenta por 76.5 millones de euros en Andorra y por defraudación fiscal por 36 millones de pesos.
Asimismo, el caso del fuero común que enfrenta es una acusación de la Fiscalía de Chihuahua por un presunto peculado de 13.7 millones de pesos, los reportes señalan que los desvíos se habrían realizado a través de la simulación de contratos de servicios profesionales de asesoría jurídica mediante la Secretaría de Hacienda estatal.
Juan Collado es uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos del país. Entre su lista de clientes están Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, el exgobernador Mario Villanueva Madrid y Peña Nieto.
Apenas el domingo, Collado dejó la prisión temporalmente y fue trasladado al Instituto Nacional de Cardiología, en Tlalpan, para que le practicaran un procedimiento de cateterismo cardíaco.
Hace unos días, el medio británico The Guardian y el español El País, publicaron un reportaje sobre la candidata del PRIAN por la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, en donde se dio a conocer que desvío 5 mil millones de pesos cuando era titular de la Secretaría de Desarrollo.
Tras estos hechos, el periodista y politólogo, Manuel Pedrero publicó en redes sociales una encuesta sobre lo que hará del Moral tras darse a conocer semejante escándalo.
#Sondeo | Después de darse a conocer el desvío de 5 MMDP dónde se involucra a Alejandra del Moral con mas de 57 mil votos el 52% cree que callará hasta el día de la elección.
El 45% cree que escapará del estado mientras pueda.
Las opciones que daba el politólogo eran tres, la primera que dará la cara y explicará todo; la segunda, que callará hasta la elección y la última que escapará mientras pueda hacerlo.
La encuesta tuvo un total de 57 mil votos, más del 52 por ciento de los mexicanos dijo que callará hasta que sea la elección; el 45 por ciento, que escapará mientras pueda y solo el 4 por ciento cree que explicará lo que pasó.
Estos resultados demuestran que el pueblo de México no cree que del Moral tenga la valentía para hablar del desvío como cuando lo hizo por lo tanto le resta credibilidad a todo lo que ha prometido durante su campaña electoral
Alejandra del Moral cancela cierra de campaña
Cuando se dio a conocer la noticia del fraude en el que participó, Alejandra del Moral decidió cancelar su cierre de campaña, por lo que se empezó a decir que era para evitar dar declaraciones a la prensa sobre lo revelado.
Morena CDMX, a través de un comunicado le exigió a la candidata del partido tricolor, dar información sobre en que se había gastado el dinero que desvío.
La periodista Teresa Montaño fue secuestrada en 2021 mientras investigaba la red en el Estado mexicano. La organización Forbidden Stories retoma su trabajo y revela un esquema de sociedades ficticias y contratos públicos
María Teresa Montaño Delgado, periodista mexicana independiente que investiga la corrupción en el Estado de México.
Con la voz aún temblorosa, María Teresa Montaño Delgado relata el suceso que cambió el curso de su vida en una tarde, a priori como cualquier otra, en agosto de 2021.
La periodista, residente en Toluca, capital del Estado de México (Edomex), salió de una cita médica y se dispuso a parar a un taxi con la intención de que la llevara de vuelta a casa.
Una vez dentro del vehículo, fue asaltada por tres hombres armados que le vendaron los ojos y la maniataron.
La apuntaron con una pistola bajo amenaza, diciéndole “ya sabes de qué va esto”. Inmediatamente después, el coche puso rumbo su domicilio, cuya dirección los asaltantes ya conocían.
“No paraban de preguntarme: ‘¿Eres periodista? ¿Para qué medio trabajas?’” Pero a pesar del miedo, ella lo negó rotundamente en cada ocasión: “Si admitía que era periodista, estaba convencida de que me matarían”.
Un dron militar sobrevuela el cráter del volcán… Cuando llegaron a su domicilio, los secuestradores le prohibieron a Montaño entrar a su propia casa. Mientras esperaba en el coche, la periodista cuenta que se llevaron todo su material de trabajo —ordenador, grabadora de voz, cámara de fotos, tabletas, cuadernos, documentos que archivaba desde hacía varios años—, así como su coche. Tras un suplicio que se prolongó durante varias horas, la periodista fue milagrosamente liberada: “Fue horrible, creía que iban a dispararme. En mi mente le dije adiós a la vida, adiós a mis hijos”, recuerda, aún hoy conmocionada.
Montaño investigaba red de empresas fachadas que desviaron 5 mil millones de pesos
Unos meses antes del secuestro, Teresa Montaño —fundadora y redactora jefa del sitio web mexicano de investigación The Observer— había comenzado una investigación sobre los contratos públicos del Estado de México (Edomex), pulmón económico del país. Se dio cuenta de que varios de los contratistas tenían su sede a cientos de kilómetros del Edomex, y de que los contratos presentaban algunas irregularidades.
No fue hasta tres meses después de ser secuestrada que, sospechando que se trataba de empresas fachada, creadas para malversar dinero público mediante contratos ficticios, la periodista empezó a viajar por todo el país para verificar su existencia y la naturaleza de las actividades de estas empresas.
Junto a ella, se constituyó un consorcio con The Guardian, la OCCRP y Forbidden Stories para ayudarla a terminar su trabajo, a pesar de las amenazas. Tras varios meses de investigación, nuestros documentos, entrevistas y viajes han revelado que, entre 2018 y 2022, el Gobierno del Estado de México contrató al menos 15 empresas fachada, a través de 40 contratos y por valor de más de 5.000 millones de pesos —en torno a 280 millones de euros—. Algunos de estos contratos implican a altos representantes del PRI, el partido político que gobierna el Edomex desde hace casi un siglo, así como a nombres ya vinculados a otros grandes casos de corrupción.
Entre 2021 y 2022, la empresa de limpieza Sevacom se adjudicó doce contratos públicos por un importe total de más de cuatro millones de euros, bajo el encargo de organizar talleres de “maquillaje”, “tratamientos faciales”, “costura” y “decoración con globos” en el Estado de México. Según estos contratos, esta empresa tiene su sede en Guadalupe, en el estado de Nuevo León, a 900 kilómetros del Estado de México.
Según la página web de Sevacom, que fue creada un mes después de la firma de los contratos, la entidad se describe a sí misma como una empresa “activa a nivel nacional” y que ofrece más de 8.000 productos de limpieza.
Se negó haber firmado contrato alguno con el Estado de México. En respuesta a las solicitudes de información de Forbidden Stories, el Estado de México ha entregado numerosos dossiers con supuestas pruebas de existencia de estas empresas, comprendiendo imágenes y certificados, ninguno de los cuales aporta prueba sólida de los servicios prestados.
La investigación ha revelado también que en estos contratos están involucradas personas clave del partido en el gobierno del Estado de México: el PRI. De hecho, dos de los doce contratos fueron otorgados por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, organismo público cuya misión es combatir la pobreza y reducir la desigualdad y del cual fue titular Alejandra del Moral.
En el momento de la firma de los contratos, la institución estaba encabezada por Eric Sevilla Montes de Oca —actual presidente del partido en Edomex—. Tras él, asumió el liderazgo de la Secretaría Alejandra del Moral, que hoy se presenta como candidata del PRI para las elecciones locales de junio de 2023 y que acumula también el cargo de expresidenta del PRI en el Estado de México. Contactados por Forbidden Stories, ninguno de los dos ha respondido a las cuestiones solicitadas.
Mientras el modus operandi de algunas empresas fachada consiste en adjudicarse multitud de pequeños contratos que, en total, terminan constituyendo una gran suma; otras, identificadas por Teresa Montaño, llegaron a obtener contratos con cifras asombrosas.
Es el caso de la empresa Instituto C&A Intelligent, S.C., que entre 2018 y 2019, junto con su socia Fixs Business S.A. de C.V., ganó cinco contratos que ascendían a casi 2.000 millones de pesos —más de 110 millones de euros—.
A estas dos empresas, supuestamente especializadas en la gestión de recursos humanos, se les encargó llevar a cabo la selección, contratación y administración de personal, así como realizar auditorías de seguridad digital.
El reportaje de la periodista reveló que en al menos 9 de los 40 contratos analizados se encuentra presuntamente relacionada Alejandra del Moral, actual candidata a la gubernatura del Estado de México por el PRI, ya que estos fueron otorgados por la Secretaría de Desarrollo Social, de la cual del Moral fue titular.
Entre los contratos destacan el de la empresa Sevacom, ubicada en Monterrey, para proveer talleres de creación de joyería, costurería y decoración de globos, mismos que fueron contratados por seis dependencias.
Así como el de una empresa audiovisual a la cual le fue otorgado un contrato por un millón 768 pesos para dar mantenimiento a elevadores.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que un juez ha ordenado la aprehensión de 22 personas delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, en referencia al millonario desfalco ocasionado al patrimonio de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
El Juez Federal de Control en turno, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, en Almoloya de Juárez, emitió la orden en contra de 12 exservidores públicos de Segalmex; 4 trabajadores de las empresas a través de las cuales se desviaron recursos públicos de dicha dependencia y 6 beneficiarios de estos delitos.
#FGRInforma | A través de la #FEMDO, esta institución obtuvo de un Juez de Control con sede en el #Altiplano, orden de aprehensión en contra de 22 personas por presuntos delitos en agravio de #Segalmex.
“Todo ese grupo de presuntos responsables de los delitos citados, celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos, por una supuesta adquisición de 7 mil 840 toneladas de azúcar, que se utilizarían en beneficio de la población del país y las que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente a dicha empresa estatal”.
FGR
Con esta, sería la sexta vez que la FGR determina proceder penalmente contra los señalados de haber participado en el desfalco de Segalmex, caso que cuenta con 4 carpetas de investigación; mientras que la dependencia adelantó que ya cuenta con otras carpetas, las cuales enviará próximamente a a jueces de control para imputar a los funcionarios involucrados.
La Fiscalía General de Justicia obtuvo de un juez, órdenes de aprehensión en contra de dos personas de la aseguradora Consultoría Internacional de Seguros y Fianzas S.C. que defraudaron a familias de empleados de gobierno, al no pagar el seguro de vida al que tenían derecho.
A través de un comunicado, la Fiscalía del Estado informó que el agente del Ministerio Público obtuvo órdenes de aprehensión en contra de Luz Olivia “G” y Héctor Francisco “M” por el delito de fraude, relacionado con la obtención de recursos indebidos que afectaron el erario público estatal.
“Lo anterior, toda vez que se ha podido establecer que los imputados generaron un perjuicio al Estado y familiares de trabajadores, al no cubrir el pago de seguros”.
La empresa con domicilio fiscal en Reynosa, vendió seguros de vida a trabajadores de la Secretarías de Salud y Seguridad Pública, así como de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Sin embargo, la empresa comenzó a incumplir el pago de las pólizas a los deudos, pese a que de manera quincenal se realizaba el descuento vía nómina a los trabajadores que contaban con dicho seguro de vida.
La conductora Inés Gómez Mont agregó otro delito a su historial; es buscada por fraude fiscal ya que omitió declarar 6.6 millones de pesos en impuestos correspondientes a 2015.
La Fiscalía General de la República (FGR) giró una segunda orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont, de 38 años de edad, sumándose a la emitida en septiembre de 2021 por lavado de dinero.
La conductora promovió un amparo contra el mandamiento judicial librado el 29 de octubre de 2021, dentro de la causa penal 468/2021. Sin embargo, el juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal rechazó otorgarle la protección de la justicia en mayo de este año.
En esta nueva solicitud judicial se ordena la captura de Inés Gómez Mont por el delito de fraude fiscal, el cual habría cometido en 2015.
La ex conductora de televisión, quien se encuentra prófuga de la justicia desde el año pasado, también estaría enfrentando un proceso de divorcio con el empresario Víctor Álvarez Puga, que también se encuentra huyendo de las autoridades mexicanas.
Además de los delitos mencionados, Inés Gómez Mont y su aún esposo, Víctor Álvarez, enfrentan cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, apropiación del dinero público que pertenece al Estado y delincuencia organizada.
Acorde a lo señalado por la FGR, Inés Gómez Mont, su esposo, un grupo de 5 personas más y 7 empresas se habrían coludido para simular operaciones y dotar de recursos a su organización criminal. La indagatoria derivó por la supuesta utilización de empresas que sirvieron para lavar dinero, ya que simularon facturar luego de que se les adjudicaron contratos, sin licitación, por parte de la Secretaría de Gobernación en el sexenio pasado.
Actualmente, tanto Inés Gómez Mont como su esposo son buscados en los 195 países existentes en la Tierra.
