El ministro Arístides Guerrero García presentará una propuesta para validar la extinción de 109 fideicomisos impulsada por AMLO. Esto representa un paso importante en el debate sobre las finanzas públicas en México.
El próximo lunes, el ministro Arístides Guerrero García llevará a cabo una propuesta crucial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este planteamiento busca validar la reforma que llevó a la extinción de 109 fideicomisos y fondos públicos, un movimiento impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en noviembre de 2020. Gracias a esta medida, el gobierno federal logró acceder a más de 68 mil millones de pesos para enfrentar la pandemia de COVID-19.
El desafío ha estado presente desde hace cinco años, cuando varios exgobernadores, principalmente de oposición, interpusieron controversias constitucionales. Entre ellos estaban los gobernadores de Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila y Michoacán. Su argumento central radica en que la desaparición de los fideicomisos afectó la autonomía financiera de los estados y vulneró el pacto federal.
En específico, el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se opuso a la eliminación de varios fondos, incluyendo el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Alfaro y sus colegas argumentaron que la desaparición de estos fondos reemplazó normativas claras por un esquema discrecional que otorgaba más poder al Ejecutivo federal. Esto, según ellos, invadía competencias en áreas como protección civil, ciencia y tecnología, y medio ambiente.
Sin embargo, los proyectos a presentar por Guerrero García argumentan que las quejas de los estados carecen de fundamento. Según sus conclusiones, la extinción de los fideicomisos no significa que se haya subordinado a las entidades federativas. Simplemente se modificarían los mecanismos de colaboración entre la Federación y los estados. Además, se reconoce que el gobierno federal tiene la facultad de reorganizar sus instrumentos de gasto público y transparencia.
En el caso de Tamaulipas, el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca no presentó pruebas concretas de que sus atribuciones constitucionales se vieran afectadas por el decreto. Los proyectos de Guerrero argumentan que esta modificación no impide que los estados sigan ejerciendo sus competencias según la Constitución.
Esta propuesta marcada por el ministro Guerrero García podría redefinir la relación entre el gobierno federal y los estados, en un contexto donde la colaboración y la autonomía son cruciales para el desarrollo regional y la atención a las necesidades de la población.
