La Suprema Corte valida el decreto que eliminó fideicomisos, destacando una gestión más transparente de los recursos públicos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso importante este lunes. La Corte validó el decreto del 6 de noviembre de 2020, que extinguió 109 fideicomisos y fondos públicos, como el Fondo de Desastres Naturales y el Fondo Metropolitano. De esta manera, la Corte rechazó las impugnaciones de ocho gobernadores de oposición, quienes cuestionaban la medida.
El ex presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó la eliminación de estos instrumentos financieros. Su objetivo fue permitir al gobierno federal acceder a más de 68 mil millones de pesos. En la sesión, los ministros, por unanimidad, decidieron que el decreto no invadió las facultades de las entidades federativas ni vulneró el pacto federal.
Los gobernadores de Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila y Michoacán no lograron convencer a la Corte. En su argumento, la Corte señaló que las demandas de los gobernadores presentaron sólo opiniones generales sobre los beneficios de los fideicomisos. No demostraron que se afectara alguna atribución establecida en la Constitución.
Aunque la Corte no abordó la constitucionalidad de cada fideicomiso en particular, sí concluyó que el Congreso simplemente cambió la forma en que se colaboraba entre el gobierno federal y los estados. Esto no limita las facultades de las entidades estatales.
Durante la discusión, el ministro Arístides Guerrero García presentó un análisis del proceso de las controversias. Criticó la falta de acción de la Corte anterior, que archivó los casos durante más de cuatro años. “Fue irresponsable no resolver estos asuntos”, agregó Guerrero.
La ministra Lenia Batres enfatizó la opacidad en el manejo de los recursos. Señaló que la Auditoría Superior de la Federación identificó muchas fallas en los fideicomisos, como desvíos y falta de rendición de cuentas. En sus palabras, los fideicomisos servían para evitar la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Batres concluyó que la validación del decreto es un paso positivo hacia una gestión más clara y responsable de los recursos del país, alineada con la Constitución. Esto representa una oportunidad para mejorar la rendición de cuentas y fortalecer la confianza en el gobierno.
