La Fiscalía busca desacreditar los argumentos de buena conducta del ex gobernador y presentará a seis testigos clave para evitar que abandone el Reclusorio Norte antes de 2026.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentará este miércoles a seis testigos con los que busca impedir que Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, obtenga la libertad anticipada. Aunque su defensa afirma que ya cumplió más del 70% de su condena, mantiene buena conducta y no tiene prisión preventiva, la FGR intenta desmontar esos argumentos ante el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte.
Tres de los testigos pertenecen a la Fiscalía de Veracruz, quienes no pudieron asistir a la diligencia anterior. La jueza Ángela Zamorano Herrera encabezará la audiencia que podría extenderse por más de ocho horas y definirá si Duarte permanece en prisión hasta abril de 2026, fecha en que concluye su sentencia por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Hasta ahora, cinco testigos de la defensa —funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México y uno federal— declararon en favor del ex mandatario para acreditar avances en su proceso de reinserción social. Sin embargo, durante las comparecencias también se revelaron faltas graves cometidas por Duarte en 2019 y 2020, cuando fue sorprendido con latas de alcohol, un Blu-Ray modificado como módem, un bolígrafo con cámara oculta y otros objetos prohibidos, lo que derivó en 15 días sin visitas.
La FGR insiste en que estos incidentes, sumados a nuevos elementos aportados por la Fiscalía de Veracruz, justifican negar su salida anticipada. A ello se suma un recurso de apelación que aún podría reactivar un proceso por desaparición forzada, el cual también complicaría su liberación.
Duarte fue sentenciado en 2018 a nueve años de prisión y se le decretó el decomiso de 41 propiedades, entre ellas departamentos de lujo en Santa Fe valuados en más de 45 millones de pesos cada uno.
La Secretaría de Marina aseguró armas, vehículos blindados y equipo táctico durante operativos en Culiacán, tras enfrentamientos entre facciones de Los Mayos y Los Chapos.
Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) detuvieron a siete presuntos integrantes de una facción de Los Mayos, liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, hijo de El Mayo Zambada”, luego de un enfrentamiento reportado en el poblado de El Guasimal.
Los operativos se llevaron a cabo en los poblados de El Guasimal, La Noria, Mezquitita, Agua Blanca y El Pozo, así como en las brechas que conectan estas comunidades, con el objetivo de interceptar actividades delictivas y asegurar a presuntos miembros de la delincuencia organizada.
Durante la vigilancia en El Pozo, la Semar aseguró un vehículo Dodge RAM-1500 blindado con torreta artesanal, equipo táctico, cargadores, municiones y material para la elaboración de artefactos explosivos improvisados.
En el cementerio local, los elementos navales detuvieron a los siete sospechosos en posesión de armamento, cargadores y municiones; tres de ellos presentaban heridas por proyectiles de fuego derivadas del enfrentamiento.
Entre el arsenal asegurado destacan cuatro fusiles AK-47, un fusil M4, una ametralladora M60, 115 cartuchos calibre 5.56 mm y 400 cartuchos calibre 7.62 mm, así como siete cargadores para AK-47 y cuatro para M4, todos abastecidos.
Los detenidos, junto con el armamento, vehículos y equipo táctico, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, mientras continúan los operativos para garantizar la seguridad en la región.
Más de cien elementos de seguridad realizan patrullajes en Apatzingán y Buenavista, para proteger a los limoneros de extorsiones criminales.
Un fuerte operativo de seguridad se llevó a cabo en Michoacán. Este despliegue involucra a tropas del Ejército, de la Guardia Nacional y a la policía estatal, con la misión de proteger a los limoneros de Apatzingán y Buenavista de la extorsión que ejercen diversos cárteles.
La operación, llamada Paricutín, inició tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre. Desde entonces, las fuerzas de seguridad han intensificado su presencia en la región para frenar las actividades ilícitas de al menos seis cárteles que operan en la zona.
Entre los grupos criminales que se han vuelto más activos se encuentran el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Caballeros Templarios. Además, Los Viagras, Los Blancos de Troya y Pueblos Unidos también participan en este panorama criminal. Todos ellos han intensificado sus acciones en la región de Uruapan, donde amenazan a productores de aguacate, empresarios y comerciantes.
Un informe de las fiscalías General de la República y General del estado, junto con el Ejército, detalla la situación en Uruapan. Aquí, el CJNG tiene varias células operativas que controlan distintos sectores. Una de estas células se concentra en el sur, abarcando San Juan Nuevo y Tancítaro. Otras operan en el norte, extendiéndose hacia municipios como Paracho y Cherán.
A los cárteles se les conoce por controlar a los jefes de plaza en cada uno de los municipios afectados. Por ejemplo, el Cártel de Los Reyes, que tiene su bastión en un municipio cercano, también mantiene actividades en Uruapan como parte de su ruta para el tráfico de drogas. En el pasado, Pueblos Unidos se desempeñaba como el brazo armado de Los Caballeros Templarios, pero ahora también tiene presencia en varios municipios colindantes.
Las autoridades buscan que esta operativa no solo reduzca el crimen, sino que también recupere la confianza de los productores y comerciantes de la región. La esperanza es que, con una mayor seguridad, el campo y la economía local puedan florecer nuevamente.
El exgobernador de Veracruz, condenado por lavado de dinero y asociación delictuosa, busca salir de prisión antes de cumplir su sentencia completa. La decisión fue pospuesta al 19 de noviembre.
La audiencia que definirá si Javier Duarte obtiene su libertad anticipada fue aplazada para el próximo 19 de noviembre, según determinó la jueza Ángela Zamorano Herrera, titular del Juzgado de Ejecución de Sanciones del Centro de Justicia Penal Federal.
El exgobernador de Veracruz, condenado a nueve años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa, solicitó este beneficio argumentando buena conducta, participación en actividades de reinserción y que incluso imparte cursos a otros internos. Duarte cumple su condena en el Reclusorio Norte, donde ya habría cumplido el 95% de su sentencia, equivalente a 3 mil 125 de los 3 mil 285 días impuestos por la justicia federal.
De acuerdo con los abogados defensores, encabezados por Pablo Campuzano, Duarte no enfrenta ningún otro proceso penal vigente, luego de que cuatro causas adicionales —tres del fuero común y una federal— fueron canceladas o declaradas prescritas. Entre ellas figuraban delitos como peculado, incumplimiento del deber legal y desaparición forzada, este último cerrado en noviembre de 2024.
Durante la diligencia, la jueza Zamorano explicó que analiza 11 testimonios y 23 pruebas documentales presentadas tanto por la defensa como por la Fiscalía General de la República (FGR). Rechazó eliminar evidencia de alguna de las partes al señalar que “sería absurdo suprimir las pruebas, pues sin ellas no habría elementos para pronunciarme”.
Si la resolución resulta favorable, Javier Duarte podría salir de prisión de manera inmediata, cinco meses antes de que concluya su condena formal, prevista para abril de 2026.
El exmandatario veracruzano fue detenido en abril de 2017 en Guatemala y extraditado a México tras ser uno de los símbolos más notorios de corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Desde entonces, su figura ha representado para muchos la impunidad del viejo régimen, que hoy parece intentar reinsertarse, al menos jurídicamente, en la vida pública.
La FGR y el gobierno de Nayarit logran recuperar inmuebles en un operativo que involucra a ex gobernadores y funcionarios corruptos.
La Fiscalía General de la República (FGR) y el gobierno del estado de Nayarit han recuperado 9 millones 619 mil 454 metros cuadrados de tierras en la Riviera Nayarita, valuadas en 50 mil millones de pesos. Esta acción busca recuperar bienes inmuebles que fueron vendidos ilegalmente durante administraciones pasadas, involucrando a ex gobernadores.
En una conferencia de prensa, Cristina Reséndiz Durruti, fiscal Especializada de Control Competencial, informó sobre los avances del Megaoperativo Nuevo Nayarit. Detalló que se ha solicitado una orden de aprehensión contra Ney González, ex gobernador prófugo, por operaciones con recursos de origen ilícito. Su sucesor, Roberto Sandoval, purga actualmente una condena de siete años por falsificación de documentos.
La fiscalía también identificó un megafraude vinculado al Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) durante la gestión de González. Reséndiz Durruti mencionó que existen pendientes adicionales de captura por diversos delitos, como peculado y tráfico de influencias.
Además, Petronilo Díaz Ponce Medrano, fiscal general de Nayarit, anunció que se aseguraron 359 cuentas bancarias con un monto superior a 7 mil 213 millones de pesos, pertenecientes a 45 personas morales y 82 físicas. Estas cuentas están relacionadas con las operaciones ilegales de despojo de bienes estatales.
La investigación destapó un entramado que incluyó a notarías públicas involucradas en la alteración de documentos oficiales y libros registrales. Este esquema buscaba simular actos jurídicos para despojar al estado de propiedades valiosas.
Díaz Ponce destacó que esta investigación comenzó en febrero de 2022, al recibir una denuncia del Fideicomiso sobre ex servidores públicos involucrados en prácticas corruptas. La colaboración entre la FGR y la fiscalía de Nayarit ha sido clave para avanzar en la recuperación de estos bienes.
Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit, informó que con el Megaoperativo se ha recuperado el 93 por ciento del territorio despojado. Afirmó que el valor total podría superar los 100 mil millones de pesos si se consideran los terrenos sin servicios públicos. Este esfuerzo demuestra el compromiso del gobierno estatal por recuperar el patrimonio de los nayaritas y hacer justicia.
La Secretaría de Marina realiza detenciones y asegura drogas y armas en el marco del “Plan Colima”, que busca disminuir la violencia en la región.
La Secretaría de Marina (SEMAR) detuvo a 22 personas, incluyendo 20 hombres y dos mujeres, durante una serie de operativos en varios municipios del estado de Colima. Estas acciones se llevan a cabo bajo la estrategia de seguridad conocida como “Plan Colima”.
Los operativos se realizaron en localidades como Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y Armería, incluyendo colonias como San Martín, Playa Azul y Lomas del Mar. La SEMAR informó que se aseguraron varios objetos importantes durante las intervenciones.
Entre los elementos recuperados se encuentran cuatro armas cortas, 421 cartuchos de diferentes calibres, siete cargadores y un machete. Además, se incautaron drogas, incluyendo 101 dosis de metanfetamina y cinco de marihuana, así como vehículos y dos inmuebles.
Los detenidos y los bienes asegurados fueron entregados a las autoridades para abrir las investigaciones correspondientes. Este despliegue militar se realizó en colaboración con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima y la Dirección de Seguridad Pública de Manzanillo.
El “Plan Colima” complementa el “Plan Michoacán”, una estrategia de seguridad más amplia destinada a reducir la violencia en la región. Esta iniciativa se lanzó tras el asesinato del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, lo que intensificó la preocupación por la seguridad en Michoacán.
Claudia Sheinbaum, la mandataria de la Ciudad de México, ha enfatizado que el “Plan Michoacán” busca restablecer la paz en el estado, mientras más de 12 mil efectivos federales estarán en acción.
La coordinación entre Michoacán y Colima es esencial para contener los grupos delictivos y asegurar que las operaciones federales sean efectivas. Las autoridades trabajan para mantener la seguridad en la región y proteger a la comunidad de la violencia criminal.
En Aguascalientes fue vinculado a proceso el fin de semana pasado Armando N. G., alias “El Charro”, identificado como jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusado de comercio de clorhidrato de metanfetamina.
“El Charro” también es acusado por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como de lavado de dinero.
Por otra parte, José Manuel “N” fue llevado al Cefereso 12 de Guanajuato, con tres meses para que la fiscalía realice sus investigaciones de acuerdo a las órdenes del juez.
Armando “N” es identificado como líder de la célula “Fuerzas Especiales Cha”, la cual tiene conflictos con el Cártel de Sinaloa. Su detención fue realizada el 31 de octubre, donde aseguraron armas, uniformes tácticos con las siglas “C.J.N.G.”, drogas, entre otros elementos de lujo.
En una operación conjunta, elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico detuvieron en Aguascalientes a Armando “N”, alias “El Charro”, jefe regional de un grupo delictivo y principal generador de violencia en la entidad, encargado de la distribución de droga, extorsión,… pic.twitter.com/baQxtFzn4H
— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 31, 2025
De acuerdo a las investigaciones preliminares, Armando “N” era presunto brazo derecho de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, otro líder del CJNG.
En otros operativos las fuerzas de los tres órdenes de gobierno detuvieron a Carlos “N”, un hombre con más de un apodo: “El Diez” o “Apá” o “Viejito” o “El Viejo”, integrante del CJNG y objetivo prioritario en Aguascalientes.
Jorge Antonio Sánchez, exagente del CISEN, fue arrestado en Tijuana. Se le vincula con el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994.
La noticia sorprendió a muchos. La tarde del pasado sábado, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Jorge Antonio Sánchez Ortega en Tijuana. Este exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) ha sido señalado como un posible segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI en 1994.
La detención tuvo lugar en Los Reyes, un barrio a 13 kilómetros de Lomas Taurinas, el lugar trágico donde ocurrió el homicidio. Esta no es la primera vez que se arresta a Sánchez Ortega. La primera vez sucedió horas después del asesinato de Colosio. En esa ocasión, su ropa estaba manchada de sangre y dio positivo en una prueba que detecta residuos de disparos.
Pese a las evidencias, fue liberado al día siguiente. La Procuraduría General de la República (PGR) determinó que el disparo mortal había provenido de la pistola de Mario Aburto, el homicida confeso. A día de hoy, Aburto sigue en prisión, a pesar de haber obtenido un amparo que le habría permitido recuperar su libertad tras 30 años tras las rejas.
El caso Colosio había quedado en el olvido durante años. Sin embargo, en 2024, el nombre de Sánchez Ortega resurgió. El expresidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que el Poder Judicial se había negado a emitir una orden de captura en su contra. En julio de ese año, López Obrador defendió la teoría de que Sánchez Ortega había sido el segundo tirador, sugiriendo que había contado con protección estatal.
A principios de 2024, la FGR anunció tener nueva evidencia que reforzaba la teoría del segundo tirador. Sin embargo, un juez se negó a emitir una orden de aprehensión. Esto generó nuevas dudas sobre la dirección de la investigación.
Además, la FGR y López Obrador han relacionado a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, con el encubrimiento del caso. García Luna, quien fue sentenciado a 38 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos, también había estado en el CISEN al momento del asesinato.
Según la Fiscalía, Sánchez Ortega recibió órdenes de seguir el mitin de Colosio solo tres horas antes del evento. Él tenía apenas siete meses en su puesto y, tras ser señalado como sospechoso, argumentó que la sangre en su ropa se debía a que cargó el cuerpo del candidato. Afirmó que no había disparado en más de dos años.
La detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega marca un nuevo capítulo en la extensa y complicada historia del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Los ojos de la sociedad están puestos en la investigación y en la posibilidad de que se descubran nuevas verdades sobre uno de los crímenes más impactantes en la historia reciente de México.
A casi nueve años de su detención en Guatemala, el exgobernador priista Javier Duarte podría recuperar la libertad pese a ser uno de los mayores símbolos de corrupción política en México. La Fiscalía se opone, pero la jueza ya analiza su caso.
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, podría salir de prisión en cuestión de semanas. A casi nueve años de su detención en Guatemala, el político priista busca obtener libertad anticipada tras cumplir con más del 70% de su condena y argumentar “buen comportamiento”.
La audiencia que definirá su futuro fue fijada para el 12 de noviembre, y estará a cargo de la jueza Ángela Zamorano Herrera, quien deberá resolver si procede su salida antes de abril de 2026, fecha en la que concluiría formalmente su sentencia por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Aunque el beneficio legal podría concedérsele, la Fiscalía General de la República (FGR) ha impugnado la solicitud, al considerar la magnitud del daño económico y social causado durante su administración. Sin embargo, tras ser absuelto en 2024 del delito de desaparición forzada, Duarte ya no enfrenta procesos adicionales.
El símbolo de corrupción
Nacido en 1973, Javier Duarte pasó de ser un político con un currículum brillante a uno de los rostros más reconocibles de la impunidad mexicana. Gobernó Veracruz entre 2010 y 2016, bajo el amparo del PRI y de su mentor Fidel Herrera, prometiendo modernidad y desarrollo. Pero en realidad construyó una de las redes de saqueo público más grandes en la historia reciente.
De acuerdo con investigaciones de la extinta PGR y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante su gobierno se desviaron más de 73 mil millones de pesos del erario estatal. El dinero circuló a través de 73 empresas fantasma creadas para simular contratos por obras y apoyos sociales inexistentes. En los domicilios fiscales se hallaron casas vacías, terrenos baldíos y pequeños locales falsos.
A esto se suman 35 mil millones de fondos federales y estatales desaparecidos, y más de 14 mil millones de daño patrimonial. Incluso la Cruz Roja fue afectada, al no recibir nueve millones de pesos recaudados mediante la tenencia vehicular.
Infancias: el precio de la corrupción
Durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, se descubrió uno de los escándalos más indignantes de corrupción en el sistema de salud mexicano: el uso de agua destilada en lugar de medicamentos para niños con cáncer atendidos en hospitales públicos.
La denuncia fue hecha por el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes, quien calificó el hecho como un “pecado brutal”. Además, exfuncionarios de salud revelaron que la administración de Duarte también habría comprado miles de pruebas falsas de VIH y medicamentos pirata o caducados, lo que evidenció una red de negligencia y desvío multimillonario de recursos públicos en perjuicio de la población más vulnerable.
Las investigaciones señalaron que el propio Duarte estaba al tanto de las irregularidades, pese a que su gobierno intentó encubrirlas. Se comprobó que, desde 2010, durante el mandato de su antecesor Fidel Herrera, ya se habían adquirido lotes falsos de medicamentos a empresas vinculadas con operadores políticos del PRI. Aún cuando la farmacéutica Roche advirtió que los productos eran falsos, el gobierno de Duarte continuó comprando y suministrando los fármacos hasta 2013.
El daño, además del financiero —más de 2,500 millones de pesos desviados de hospitales y centros médicos—, dejó una profunda huella ética y humanitaria que convirtió a Duarte en símbolo del abuso político y la descomposición institucional en México.
Huida, captura y juicio negociado
En noviembre de 2016, cuando las investigaciones lo cercaban, Duarte huyó del país. Fue detenido en abril de 2017 en Guatemala, junto a su esposa Karime Macías, recordada por su frase “Sí merezco abundancia”.
Tras su extradición, enfrentó cargos por delincuencia organizada, pero la acusación fue reclasificada a asociación delictuosa, permitiéndole un procedimiento abreviado. Fue condenado a nueve años de prisión y una multa de apenas 58 mil pesos, sin obligación de reparar el daño.
Organizaciones civiles, como TOJIL, calificaron el acuerdo como un acto de corrupción judicial, ya que el exmandatario recibió un trato preferencial pese a la magnitud del desfalco.
La sombra de la impunidad
Si la jueza concede la libertad anticipada, Duarte saldría libre sin devolver un solo peso de los miles de millones desviados y sin enfrentar nuevos cargos. La mayoría de sus excolaboradores siguen prófugos o protegidos por el fuero legislativo.
El caso Duarte no solo representa uno de los mayores escándalos financieros del “Nuevo PRI”, sino también un símbolo de cómo la impunidad sigue marcando la vida política mexicana.
Juan Alberto Carbajal Montes, exagente de Huitzuco presuntamente implicado en la desaparición de los 43 normalistas, fue entregado por autoridades estadounidenses y detenido por la FGR en Matamoros.
El gobierno de Estados Unidos deportó este miércoles a Juan Alberto Carbajal Montes, ex policía municipal de Huitzuco, Guerrero, señalado por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Carbajal Montes fue entregado a las autoridades mexicanas a las 9:58 horas en la Garita de Matamoros, Tamaulipas, donde agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron su arresto. Más tarde, fue trasladado en avión al Aeropuerto de Toluca para una revisión médica de rutina y posteriormente ingresado al penal federal de máxima seguridad “El Altiplano” antes de las 17:00 horas.
El ex policía es investigado como parte del grupo de agentes municipales de Huitzuco que, la noche del 26 de septiembre de 2014, habrían detenido y entregado a los normalistas al grupo criminal Guerreros Unidos.
Según los reportes oficiales, al momento de su detención vestía camisa de cuadros en tonos café, negro y gris, pantalón de mezclilla azul y tenis negros con blanco. Su captura representa un nuevo avance en el extenso y complejo caso que continúa abierto más de una década después de la tragedía en Iguala.
