La Fiscalía General de la República (FGR), destruyó más de cinco millones de patillas de fentanilo, junto a 27 toneladas de precursores químicos y otros narcóticos, asegurados en el norte del país.
Foto: FGR.
El organismo autónomo federal detalló que se destruyeron cinco millones cuatro mil 622 pastillas de fentanilo, 10 mil 158 unidades de pastillas de hidrocodona, oxicodona y plantas de marihuana; asimismo, 120 objetos del delito, como centrifugadoras, básculas, maletas y chalecos tácticos.
Foto: FGR.
Asimismo, informó quea la par se destruyó un conjunto de 27 toneladas 304 kilos 597 gramos 314 miligramos y 25 mil 26 litros 527 mililitros de narcóticos, sustancias y precursores, como fentanilo, clorhidrato de metanfetamina, marihuana, clorhidrato de cocaína, diacetilmorfina, metanfetamina, ácido tartárico, acetato de plomo, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, manitol, acetato de sodio, entre otros.
Foto: FGR.
La destrucción de los narcóticos y precursores químicos se realizó en las instalaciones de una empresa especializada en Culiacán, Sinaloa y con asistencia del Ministerio Público de la Federación, peritos especializados en química forense, así como la supervisión del Órgano Interno de Control de la FGR.
La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que no devolverá la casa asegurada al ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya, pese al ordenamiento de una juez federal.
A través de un comunicado la FGR, sostuvo que dicho inmueble fue adquirido ilegalmente con recursos “provenientes de lavado de dinero”, por lo que “sigue asegurado y no será devuelto”.
El organismo autónomo federal consideró como “inaceptable”, el criterio expresado por la Jueza Federal Ana Lilia Osorno Arroyo, esto al negar la aplicación obligatoria de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y alegar una retroactividad que es contraria a la misma.
Emilio Lozoya, director de PEMEX durante el sexenio de Peña Nieto. foto: antenanoticias.com.mx
La Jueza determinó que como la Ley Nacional de Extinción de Dominio fue aprobada en 2019 y la casa adquirida por Lozoya Austin en 2012, el inmueble debería de ser devuelta, de acuerdo con Osorno Arroyo, por el principio de retroactividad.
Ley Nacional de Extinción de Dominio establece, con toda contundencia, que ningún acto jurídico sobre bienes afectos a extinción de dominio puede ser legitimado, y que son legales y válidos los procedimientos de extinción que se hayan iniciado a partir de la entrada en vigor de la misma, con independencia de que el hecho ilícito haya sucedido con anterioridad.
Se lee en el comunicado de la FGR.
El pasado viernes, durante su conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador, criticó la determinación de la Jueza Federal de Segundo Distrito en Materia de Extinción de Dominio al ordenar a la FGR devolver la lujosa mansión de Emilio Lozoya, que se encuentra valorada en 38 millones de pesos.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Foto: Gobierno de México.
Es una decisión de un juez, como las tenemos, lamentablemente casi a diario, de jueces que deciden liberar estos bienes y cosas peores, dejar en libertad, presuntos, delincuentes y siempre con argumentos o mejor dicho con excusas o pretextos legaloides, porque no son capaces de ir al fondo y de entender que se trata de justicia.
Indicó el presidente López Obrador.
La FGR informó que el recurso de apelación correspondiente se está presentando dentro del plazo legal, también reveló que la lujosa mansión de Lozoya Austin se encuentra legítimamente asegurada en otro procedimiento penal diferente a éste, por delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), logró la vinculación a proceso en contra de Ramón Sosamontes, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
La FGR señala al ex colaborador de Rosario Robles de haber contratado indebidamente servicios con recursos públicos con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), ocasionando con su actuar un detrimento a la Hacienda Pública Federal por la cantidad de 203 millones 477 mil 367.63 pesos, ya que el Estado no obtuvo las mejores condiciones en la contratación del servicio.
Rosario Robles ex titular de la SEDESOL y Ramón Sosamontes, jefe de oficina de Comunicación Social.
Esta vinculación a proceso se da después de que el Ministerio Público Federal interpusiera un recurso de apelación contra el auto de no vinculación a proceso que el ¿ Juez de Control, Gustavo Aquiles Villaseñor, le había concedido a esta persona en febrero de 2023.
Entre 2012 a 2015, Ramón Sosamontes ocupó la oficina de Comunicación Social de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y de la Secretaría de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano (SEDATU), periodo en el que se otorgaron contratos por un monto superior a los 5 mil millones de pesos a universidades públicas y empresas fantasma, conocida como la “Estafa Maestra”.
La FGR destacó que esta vinculación es de una causa penal distinta a otro proceso que también enfrenta Ramón Sosamontes.
Durante su conferencia de prensa de este martes, el Presidente López Obrador volvió a mencionar el caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), acusando que en realidad fue creado durante el sexenio del panista Vicente Fox Quesada para simular que había algo de transparencia, cuando servía para todo lo contrario.
El primer mandatario mencionó que lo primero que mantiene en secreto el INAI son los datos de los empresarios que habían sido beneficiados con la condonación de impuestos, sumado a que el órgano “autónomo” resolvió mantener en secreto el expediente del caso Odebrecht.
“Fueron instituciones creadas para solapar la corrupción, a cambió de recibir prebendas, de recibir sueldos elevadísimos”, mencionó el mandatario al ser cuestionado sobre el uso de tarjetas corporativas para fines personales.
AMLO también mencionó que no es necesaria la existencia del INAI para garantizar el acceso a la información, ya que existe la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación del Poder legislativo.
“Si hay necesidad de pedir información, todos estamos obligados a aportar información”, refirió el líder del Ejecutivo federal y pidió a quien lo suceda que se encargue de las reformas necesarias para desaparecer los organismos como el INAI, ya que cuestan mucho dinero y hay duplicidad de funciones.
La tarde de este domingo, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a un conductor de un tractocamión que transportaba 40 mil litros de combustible, no pudo acreditar el origen legal del hidrocarburo.
Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 036+000, en la carretera Reynosa-Monterrey, en las inmediaciones del municipio de Cadereyta Jiménez, donde los guardias nacionales realizaban patrullajes de seguridad y prevención del delito.
Guardias Nacionales detienen a conductor y aseguran 40 mil litros de combustible, en Cadereyta, Nuevo León. Foto: Guardia Nacional.
Los agentes federales observaron un tráiler acoplado a un semirremolque tipo tanque, que circulaba sin los rótulos de la razón social de la compañía a la que pertenece, infringiendo con ello el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.
Los elementos de la Guardia Nacional solicitaron al conductor detenerse para poder realizar una inspección, al acercarse percibieron un fuerte olor a hidrocarburo y pidieron al operador la documentación que acredite la legal posesión del combustible, pero ésta presentó inconsistencias, motivo por el cual fue detenido.
El conductor y el tractocamión fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Federación de Nuevo León, para continuar las investigaciones correspondientes.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, cumplimentó una tercera orden de aprehensión contra Gualberto Ramírez Gutiérrez, el primer funcionario en encargarse de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Esta nueva orden de aprehensión liberada por un juez de control de la Ciudad de México es por los delitos de falsificación de documento agravado, contra la administración de la justicia y asociación delictuosa, de acuerdo con información obtenida de La Jornada.
Las otras dos órdenes de aprehensión, una tiene que ver con la presunta manipulación de indicios para acusar a Ana Patricia Moller Vuilleumier de narcotráfico y perjudicarla en su proceso de divorsio. La segunda orden tiene que ver con el caso de tortura de Felipe Rodriguez Salgado.
Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas manifestándose en la CDMX. Foto: El Economista/ Eric Lugo.
Gualberto Ramírez Gutiérrez se desempeñaba como titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), cuando iniciaron las investigaciones sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y uno de los principales creadores de la ya desmentida Verdad Histórica.
También Ramirez Gutiérrez estuvo presente en el interrogatorio que realizó Tomás Zerón de Lucio, en el que se torturó a Felipe Rodríguez Salgado, alías “El Cepillo” identificado como presunto integrante de los Guerreros Unidos.
El pasado 25 de junio, Gualberto Ramírez Gutiérrez, fue detenido en el municipio de Tecámac, Estado de México y trasladado al Reclusorio Sur en la Ciudad de México.
La Fiscalía General de la República (FGR), obtuvo nuevas órdenes de aprehensión en contra de siete ex servidores públicos de Veracruz, tres personas son ex secretarios de Gobierno y otras cuatro fueron colaboradores cercanos del ex gobernador, Javier Duarte de Ochoa.
El organismo autónomo federal, señaló que brindó todos los elementos necesarios para lograr que un Juez de Distrito en la residencia de Xalapa de Enríquez, Veracruz, obsequiara el mandamiento judicial por la probable responsabilidad en el delito de peculado y por la presunta realizaron de 17 transferencias irregulares por más de mil millones de pesos en 2013.
#FGR, logró de un Juez de Distrito orden de aprehensión contra siete ex servidores públicos de #Veracruz, probables responsables del delito de peculado por más de mil millones de pesos durante 2013.
Entre los indiciados se encuentran Tomás José Ruiz González, Salvador Manzur Díaz y Fernando Charleston Hernández, todos ellos fueron titulares de la Secretaría de Finanzas de Veracruz en el gobierno de Duarte Ochoa.
Así como, Carlos Aguirre Morales, ex subsecretario de Egresos y Gabriel Deantes Ramos, ex subsecretario de Finanzas, José Francisco Díaz Valenzuela y Carolina Estrada Acosta, ex subdirectores de Operación Financiera de Veracruz.
La FGR detalló que, entre el 31 de enero al 19 de diciembre del 2013, realizaron transferencias irregulares, por un monto de mil 79 millones 200 mil pesos a cuentas aperturadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz.
Agregando que, dicha concentración de recursos que carecían de autorización para el manejo de los recursos públicos del Programa denominado Fondo de Aportación Múltiples.
La FGR sostuvo que dará continuidad con el proceso correspondiente para llevar a las personas implicadas ante la justicia competente.
El Gobierno de México realizó una visita de trabajo a la República Popular China, del 16 al 20 de octubre, para celebrar la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Precursores.
La delegación mexicana fue encabezada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) e incluyó a funcionarios y expertos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Durante la reunión, los funcionarios de ambos países compartieron las atribuciones técnicas y jurídicas de las agencias involucradas e intercambiaron datos y experiencias, además de identificar áreas de cooperación bilateral.
En cuanto a la base del respeto a las respectivas soberanías nacionales, la igualdad y el beneficio mutuo, las dos partes coincidieron en la importancia de continuar cooperando en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones y facultades para combatir el tráfico ilícito de estupefacientes y precursores químicos, tomando en cuenta que ya ha habido casos exitosos de trabajo conjunto entre las agencias de aplicación de la ley de los dos países. Asimismo, en la reunión se discutió un proyecto de Reglas de Trabajo del Grupo de Trabajo México-China sobre Precursores Químicos.
La tarde del martes pasado, la delegación mexicana tuvo un encuentro con Xu Datong, viceministro del Ministerio de Seguridad Pública de China, en donde se abordaron oportunidades de cooperación.
Este jueves 19 de octubre, falleció el ex líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM),Carlos Romero Deschamps, a los 79 años de edad, presuntamente por un infarto en el miocardio.
Romero Deschamps era originario del estado de Tamaulipas y estuvo afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante toda su vida, fue también diputado y senador.
En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue que obtuvo su puesto como líder sindical de Petróleos Mexicanos (PEMEX), cabe destacar que fue un personaje asociado con la corrupción pues en múltiples ocasiones fue acusado por los delitos de delincuencia organizada, fraude, extorsión, enriquecimiento ilícito, corrupción y tráfico de influencias.
Imagen: www.forbes.com.mx
De acuerdo con el medio informativo; Revista Polemón, Romero y su familia recibieron más de 300 millones de pesos en diversos depósitos, pero no declararon ni la mitad de la cantidad, únicamente 88.6 millones, ante esto, se realizó una denuncia por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Deschamps y su familia adquirieron propiedades y artículos lujosos, además de haber realizado más de 400 vuelos a 7 países utilizando prestanombres, con la finalidad de triangular recursos y evadir impuestos. Además, su familia fue beneficiada con cargos importantes en el gremio de la política mexicana.
La Fiscalía General de la República (FGR) también encontró en sus investigaciones, la compra de un yate cuyo valor se encontraba en los 35 millones de pesos.
A pesar de nunca haber pisado la cárcel, se realizaron investigaciones pertinentes por parte de las autoridades.
Imagen: www.polemon.mx
Postura de AMLO
El primer mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, trabajó en las investigaciones de las corruptelas del priista, pidió que este renunciara a su cargo en el 2019, también ordenó que se eliminaran los privilegios del exlíder sindical y en diversas ocasiones el tabasqueño habló acerca de los avances de la FGR.
Ante esto, la humanidad del tabasqueño nunca ha estado de lado, ya que deseo consuelo y resignación para los familiares de Romero Deschamps, reiteró que nunca se debe desear la muerte a nadie y siempre se debe respetar a las personas enfermas y finadas.
A pesar de la evidente corrupción del priista, AMLO ha dado un ejemplo de respeto hacía la humanidad, la muerte y lo que eso implica.
La Fiscalía General de la República (FGR), interpuso un recurso de revisión para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso y analice la resolución de un Tribunal Colegiado que dejaría a Mario Aburto en libertad.
De acuerdo con la FGR, un Tribunal Colegiado “introdujo unilateralmente un tema que no estaba en la litis” al aplicar retroactivamente el Código Penal de Baja California, que a consideración de la propia Fiscalía se debió de aplicar la legislación federal, por “la magnitud y consecuencias del hecho delictivo”.
Se considera que el amparo que se está recurriendo no analizó correctamente la jurisdicción federal que era indudablemente aplicable desde un principio, en este caso; ya que no se trató de un homicidio del fuero común local, sino que, de conformidad con el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, correspondía, por su magnitud y consecuencias, a las autoridades federales conocer de ese delito, como así ocurrió.
Indicó la FGR en una tarjeta informativa.
El organismo autónomo federal, indicó que el asesinato del entonces aspirante presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio, “afectó gravemente a la democracia de México; al proceso electoral para la Presidencia de la República; así como al avance en materia de participación ciudadana; que quedaron gravemente lastimados en todo el país”.
Asimismo, la FGR señaló que el Tribunal Colegiado omitió escuchar a las víctimas indirectas, dejando en estado de indefensión a las víctimas, al Estado mexicano y sus instituciones.
La FGR sostuvo que la apertura del caso desde su origen, “da lugar a que, desde el mismo origen, se analicen y se valoren todas las pruebas que existen en favor de todas las víctimas ya señaladas”.
Cabe recordar que, el 22 de diciembre de 1994 le fue dictada la sentencia de 45 años de prisión a Mario Aburto por el asesinato del Luis Donaldo Colosio, sin embargo un Tribunal Colegiado encontró insistencias, como la aplicación del Código Penal Federal, que de acuerdo con los criterios del juez, se debió de aplicar el Código Penal de Baja California, ya que en esa entidad sucedieron los hechos.
