El Presidente López Obrador informó que el gobierno de los Estados Unidos devolverá a México la cantidad de 4 mil 813 millones 620 mil 591 pesos, que se traducen en 246 millones de dólares, por bienes confiscados a Héctor Javier Villarreal Hernández, ex tesorero del priista Humberto Moreira, detenido en Texas en 2014 y acusado de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero ilícito.
Fue a través del Departamento de Justicia de la nación americana que se informó a la Fiscalía General de la República la devolución del dinero del ex funcionario del gobierno de Coahuila, que además fue uno de los varios testigos contra Genaro García Luna.
“Se notificó de la fiscalía de Estados Unidos que van a devolver un dinero, bienes que le confiscaron a un funcionario, hay una avalúo de lo que le confiscaron en Estados Unidos a este señor que se llama Héctor Javier Villarreal Hernández”.
AMLO mencionó que se consultará al Fiscal General de la República, Alejando Gertz Manero, para que parte del dinero que se devolverá a México, se use para la campaña que advierte contra el consumo de drogas que ha emprendido el Gobierno de México en coordinación con varias dependencias, como la Secreatria de Salud y la de Educación Pública.
Desde Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha confirmado una vez más que en la Cuarta Transformación no hay impunidad para ningún funcionario o servidor público, ya que confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) está investigando a Francisco Garduño Yáñez, aún titular del Instituto Nacional de Migración (INM), por el caso de los migrantres fallecidos tras incendio en el puesto migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua.
“En efecto hay una investigación que incluye a Francisco Garduño en el caso lamentable de pérdida de vida de Ciudad Juarez. No sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación en contra de él porque son varios los implicados”.
AMLO
Sin dar más detalles al respecto, el primer mandatario mencionó que Garduño y otros funcionarios del INM podrían estar siendo investigados por omisión y homicidio de los 40 migrantes que perdieron la vida.
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“Todavía falta que la Fiscalía informe más sobre la investigación, y que los jueces sean los encargados de impartir justicia”.
López Obrador
Finalmente AMLO descartó que Garduño Yáñez haya presentado su renuncia ante el INM o que será removido de su cargo, mencionando que primero deberán concluir las investigaciones de la Fiscalía.
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que ejerció acción penal contra el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, así como con el titular de Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, debido a las omisiones en que incurrieron como directivos de ese órgano propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes en el centro migratorio de Ciudad Juárez en donde fallecieron 40 personas.
Al igual que los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que se ya se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas del incendio.
“Es importante señalar que el INM es un órgano administrativo desconcentrado, cuyo objeto es la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito nacional. Y, en razón de ello, la FGR ha investigado dos líneas paralelas de información; la primera, dentro de dicho órgano desconcentrado; y la segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada señalada”, señaló.
De igual manera, se indicó que como parte de la investigación de antecedentes, “se encontró que, el 31 de marzo de 2020, se dio en otro centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, un caso semejante, dando como resultado una persona muerta y 14 lesionados. Lo cual generó una recomendación de la CNDH, que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”.
Aquí el comunicado escrito por la FGR
Los delitos que se cometieron en contra de 65 migrantes, 40 por homicidio y 25 por lesiones, en el Centro Provisional Migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, la noche del 27 de marzo, fueron investigados de inmediato por la FGR, obteniendo órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso en contra de 5 personas; 3 de las cuales son servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM); una que es personal de la empresa de seguridad privada que ahí operaba; y una persona que inició el fuego; todas ellas ya están en prisión.
Con las pruebas ahí obtenidas, se ha logrado continuar la investigación para determinar las responsabilidades penales de toda la estructura vinculada con esos delitos, tanto dentro del INM, como de la empresa de seguridad privada ya referida.
Es importante señalar que el INM es un órgano administrativo desconcentrado, cuyo objeto es la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito nacional. Y, en razón de ello, la FGR ha investigado dos líneas paralelas de información; la primera, dentro de dicho órgano desconcentrado; y la segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada señalada.
En la investigación de antecedentes, se encontró que, el 31 de marzo de 2020, se dio en otro centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, un caso semejante, dando como resultado una persona muerta y 14 lesionados. Lo cual generó una recomendación de la CNDH, que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos.
Los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados.
Por todo ello, se ha procedido penalmente en contra de los directivos del INM, Francisco “N” y Antonio “N”, quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes (artículo 214, fracción VI, Código Penal Federal).
Asimismo, se ha procedido penalmente contra los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos.
Por lo que toca a la empresa de seguridad privada y al propio INM, ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.
También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados.
Toda esta serie de conductas ilegales y omisas fueron evidentemente elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia; por lo que la investigación continuará sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos.
La FGR continuará informando lo que legalmente proceda.
El 6 de abril del presente año, integrantes del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, realizaron un aseguramiento de fentanilo y heroína en el municipio de Culiacán.
Al realizar trabajos de inteligencia para fortalecer el Estado de derecho en el país y detectar organizaciones criminales con presencia en citada entidad federativa, personal militar, de la Guardia Nacional y de la FGR obtuvieron información de un inmueble en la colonia Ampliación del Barrio, municipio de Culiacán, Sinaloa, que se ocupaba como centro de manufactura de droga.
Por lo anterior, al realizar reconocimientos en referida colonia, localizaron un domicilio con las características de las que ya tenía conocimiento, por lo que el personal del Ejército Mexicano y de la GN establecieron un perímetro de seguridad en inmediaciones de la vivienda, lo que permitió que los integrantes de la FGR cumplimentaran una orden técnica de investigación, en la cual se logró asegurar lo siguiente:
120.215 kg de pastillas de probable fentanilo de diferentes colores.
2.861 kg aproximadamente de posible fentanilo en polvo.
37 kg de pasta con posible fentanilo.
3 kg de probable heroína.
80 lts de posible metanol.
25 kg de probable sorbitol.
1 máquina mezcladora.
1 máquina tableteadora.
1 inmueble.
Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, con el objeto de que se realicen las investigaciones correspondientes y las acciones periciales que permitan confirmar el tipo y cantidad de droga, así como de sustancias químicas.
Estas acciones se llevaron a cabo con estricto apego al Estado de derecho.
De esta manera, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional reafirman la indeclinable decisión del gobierno federal por continuar actuando en contra de la delincuencia organizada, atendiendo las necesidades que la sociedad demanda; asimismo, refrendan su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, garantizando la paz y seguridad de la población.
La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa se reunió con el titular de la Fiscalía General de la República, con quién acordaron trabajar en coordinación para procurar la justicia, seguridad y protección de las y los ciudadanos.
“Me reuní con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, con quien trabajamos en coordinación para la procuración de justicia, seguridad y protección de l@s quintanarroenses”, compartió la gobernadora en sus redes sociales.
Me reuní con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, con quien trabajamos en coordinación para la procuración de justicia, seguridad y protección de l@s quintanarroenses. pic.twitter.com/zZKKxJuasI
La mandataria comentó que el Fiscal General confirmó su respaldo a la iniciativa para la Ley de Seguridad Ciudadana que presentó ante el Congreso del Estado de Quintana Roo.
La Ley busca garantizar la seguridad y protección con enfoque ciudadano en el Estado, para lograr la paz y tranquilidad que anhelamos, agregó la gobernadora.
Mara Lezama anuncia nuevo modelo de seguridad para Quintana Roo
La gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama anunció que presentará una iniciativa ante el Congreso estatal sobre la Ley de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, a fin de transitar a un nuevo modelo de seguridad que tenga como eje central a la ciudadanía.
“La seguridad representa el problema más importante para nuestro estado. Para resolver este dolor, desde la campaña electoral promoví la evolución del modelo de seguridad pública a un nuevo modelo de seguridad ciudadana”, apuntó.
Asimismo, resaltó que la presentación de la iniciativa de Ley de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo representa establecer las bases, mecanismos e instrumentos para garantizar la paz y la seguridad de las personas en Quintana Roo con un nuevo enfoque.
Este martes 4 de abril la Fiscalía General de la República dio a conocer que obtuvo la vinculación a proceso de cinco personas presuntamente responsables por la muerte de 40 migrantes dentro de una instalación del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez.
Los acusados serán vinculados por los delitos de homicidio y lesiones, ambos dolosos, como autores materiales.
Entre los imputados se encuentran Gloria Liliana “N”, Daniel “N” y Rodolfo “N”, quienes serían los agentes del INM, además de Alan Pascual “V”, el guardia de seguridad de la empresa CAMSA y un hombre identificado como Jasón “N”, originario de Venezuela.
Este último, informó el miércoles pasado la titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías Guerra, es quien habría iniciado el fuego dentro de las instalaciones del INM.
“Tenemos algunas declaraciones de personas migrantes que estaban en el lugar y sí, algunos de ellos los mencionan”, dijo, previo a que la FGR solicitara las primeras órdenes de aprehensión.
Como presuntos responsables del hecho, las autoridades han identificado a por lo menos un elemento estatal y cuatro guardias privados más. De ellos, al menos uno ya se encuentra detenido en espera de que se celebre su audiencia.
Personal naval localizó y desmanteló ocho laboratorios clandestinos, mismos que funcionaban para la elaboración de drogas sintéticas, en el estado de Sinaloa.
Como resultado de los operativos efectuados por personal naval en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSPE), y con el apoyo de unidades aéreas de la Armada de México, se lograron desmantelar ocho laboratorios en tres acciones diferentes, en las que se encontró un aproximado de 17,006 kilogramos de presunta metanfetamina, y diversos materiales.
La primera acción fue llevada a cabo en inmediaciones del poblado Imala, Sinaloa, en el que se encontraban dos laboratorios con aproximadamente 8,020 kilogramos de metanfetamina, así como siete condensadores, cinco reactores, 27 tanques de gas, dos plantas generadoras de luz, dos bombas de agua y dos licuadoras industriales.
Asimismo, la segunda acción fue llevada a cabo en inmediaciones del poblado de Amatlán, Sin., en el que se encontraban cuatro laboratorios, en los que se localizaron tres reactores y un condensador.
Y la tercera acción fue llevada a cabo en inmediaciones de los poblados Cósala y El Espinal, Sin., en los que se encontraban dos laboratorios con aproximadamente 8,986 (ocho mil novecientos ochenta y seis) kilogramos de metanfetamina, así como 17 condensadores, 12 reactores, 62 tanques de gas, una planta generadora de luz, tres bombas de agua y dos licuadoras industriales.
Los laboratorios, la droga, precursores químicos y material diverso, fueron destruidos en el lugar por incineración, con previa autorización de la autoridad competente, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.
Con estas acciones la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, contribuye en la suma de esfuerzos para combatir el delito de laboratorios clandestinos, así como elaboración de drogas sintéticas en nuestro país, debilitando con ello la producción de droga por parte de grupos delictivos e impidiendo su distribución, con lo que se evita que ésta se encuentre al alcance de los jóvenes mexicanos.
La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó este 21 de mayo de 2023 el amparo otorgado al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en el que se ordenó cancelar la orden de aprehensión girada en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Un Tribunal Colegiado de Tamaulipas será el encargado de ser revisar el recurso para definir si la sentencia del juez Octavo de Distrito en la entidad deberá declararse firme o si la modifica o revoca.
¿Qué pasó?
La sentencia para el exgobernador de Tamaulipas fue emitida el pasado 28 de febrero, y en ella se ordenó cancelar la orden de captura librada bajo el argumento de que en la investigación realizada por la FGR, argumentando que se registraron diversas violaciones al debido proceso.
“La Justicia de la Unión ampara y protege a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en el propio expediente 2477/2022-2, en contra de las autoridades y por los actos precisados en los considerandos segundo y cuarto de esta sentencia, por los motivos y para los efectos anotados en los considerandos quinto y sexto de la misma”, señala el resolutivo publicado en los estrados judiciales.
Además, la FGR consiguió la emisión de una alerta migratoria, con el fin de informar todos los movimientos de entrada y salida del país del panista.
Finalmente, la Fiscalía detalló que no sólo que impugnaría la sentencia, sino que analizaba las medidas legales que podía emprender contra el juez Octavo de Distrito.
Organizaciones de la sociedad civil exigieron justicia para las trabajadoras del hogar que fueron explotadas por Liliana Bustillos en Puebla. La mujer fue acusada por privación de la libertad y violacion a los derechos humanos.
María Hilda N. fue detenida por la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, el pasado 10 de marzo un Juez de control ordenó su inmediata libertad al considerar que durante su aprehensión, los agentes ministeriales violaron sus derechos humanos.
A pesar de que se ha dado a conocer que Lili B., era reconocida por sus múltiples víctimas a través de la trata de personas, explotación laboral y violencia física, la mujer señalada quedó en libertad luego de una primera audiencia con un Juez de Control.
Presuntamente la defensa legal de Lili, habría señalado que durante la aprehensión de su clienta se habrían quebrantado protocolos de actuación y derechos humanos, actos que se constataron y obligaron a la autoridad judicial a calificar como ilegal la detención de la presunta tratante de personas.
En consecuencia, el Juez de Control otorgó su libertad a Lili B, no obstante, no se ha esclarecido si habría sido exonerada de los ilícitos antes mencionados.
La Fiscalía inició un juicio de extinción de dominio contra tres inmuebles a nombre de Marielle Helene Eckes, ex esposa de Lozoya en el marco del proceso penal que se le sigue en México por el caso Odebrecht.
Se trata de tres propiedades ubicadas en Ixtapa- Zihuatanejo del estado de Guerrero, de las cuales solo una estaba asegurada por efecto de proceso penal que se le sigue al ex director de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, por los presuntos sobornos que recibió en el caso Odebrecht.
A solicitud de la Fiscalía, un juzgado en materia de extinción de dominio concedió a las autoridades ministeriales “la medida provisional de anotación preventiva” de la demanda ante el Registro Público de Guerrero, así como el aseguramiento cautelar de los tres inmuebles.
El aseguramiento provisional fue concedido a la FGR por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con sede en la Ciudad de México y competencia a nivel nacional el pasado 30 de enero, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de febrero.
Las propiedades sujetas a extinción de dominio se encuentran relacionadas entre sí en el condominio Quinta Mar de la zona turística de Ixtapa-Zihuatanejo.
La primera propiedad es la construcción que se identifica con el número interior 4, escriturada el 31 de julio del 2013 con el número de folio 13,939, operación que se hizo al amparo de un fideicomiso del que es beneficiaria Marielle Helene Eckes.
El segundo inmueble es el área privativa del condominio turístico Quinta Mar marcado con el número 5 en la zona de Las Brisas de Ixtapa-Zihuatanejo, con escritura pública 39,339 y poder especial a nombre de la demanda.
Finalmente, el tercer bien del que se demanda la extinción de dominio es el inmueble marcado con el número 4 del condominio Quintamar, el cual ya era objeto de aseguramiento en el marco de la indagatoria relacionada con el caso Odebrecht.
De acuerdo con la página web de dicho fraccionamiento, los precios actuales de un lote con construcción en el lugar van de los 350 mil dólares a los 390 mil dólares.
