Este viernes, tras su regreso a las conferencias matutinas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el caso de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos durante el sexenio de Enrique Peña NIeto, y señaló que el ex funcionario deberá delatar a quienes lo presionaron para cometer actos de corrupción, si es que quiere llegar a un acuerdo.
En la conferencia mañanera rechazó nuevamente la propuesta de que el acuerdo económico sea por 10.7 millones de dólares, sin embargo, mencionó que concretarlo será una decisión de las dependencias involucradas como la UIF, Pemex y la Fiscalía General de la República.
“Sí es testigo protegido, criterio de oportunidad, se hace por dos cosas, a partir de dos elementos, uno que devuelvan, que ese para mí es el más importante y dos que dé más información sobre los actos de corrupción, en este caso quién le ordenó lo de nitrogenado, quiénes fueron los que participaron junto con él porque él sí tiene responsabilidad era el director de Pemex y quién compra esta empresa chatarra es Pemex, pero quién le ordenó comprar. Él puede decir quién hizo el trato, si intervino Salinas, si intervino Peña, si fue un negocio en las alturas, pero él sabe”.
Fue ayer, el abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros, aseguró que en un periodo de 15 días se podría concretar la firma de un acuerdo reparatorio entre el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con lo que el ex funcionario quedaría en libertad.
AMLO también consideró que 10.7 millones de dólares como reparación del daño es poco, siendo esta la cifra que ofreció la defensa de Emilio Lozoya.
“Eso lo tienen que ver los funcionarios, pero 10 millones se me hace muy poco, es que 10 millones son 200 millones de pesos, cuánto entregó a los legisladores, fue muchísimo más que eso y de dónde salió ese dinero, entonces que hagan bien las cuentas, cuánto fue el pago extra o excedente en la compra de Agronitrogenados”.
La defensa de Emilio Lozoya alcanzó un diálogo con la Fiscalía General de la República (FGR), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre la reparación del daño en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
En una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte y que encabezó el juez Gerardo Genaro Alarcón López, los representantes de la FGR, la UIF y Pemex se manifestaron a favor de suspender la audiencia intermedia en el caso Agronitrogenados, a fin de llegar a un acuerdo con Emilio Lozoya.
Emilio Lozoya Austin seguirá en prisión, dentro del Reclusorio Norte, hasta que se formalice el convenio de reparación del daño con UIF y Pemex y el criterio de oportunidad con la Fiscalía y se avale judicialmente.
Durante la diligencia, la defensa del ex director de Pemex hizo un recuento de los momentos que ha vivido la negociación que permitirá el retiro de los cargos y que mantienen en prisión desde noviembre de 2021 a Lozoya Austin.
El abogado Miguel Ontiveros Alonso mencionó que desde enero de 2022 estuvieron en posibilidad de formalizar ante la autoridad judicial el acuerdo que concedería el criterio de oportunidad y el pago exigido por Pemex y UIF.
Para esto también dijo que “Emilio Lozoya no reconoce responsabilidad penal ni se considera culpable en ninguno de los dos casos”. Hay ánimo y voluntad para proceder con la firma del acuerdo.
El litigante pidió a los representantes del gobierno federal que tienen que participar en la negociación que se mantengan dos condiciones, la primera de ellas que se mantengan los montos repositorios solicitados por Pemex y UIF y que ascienden en total en ambos procedimientos penales a 10 millones 736 mil 351 dólares.
La segunda petición consistió en que se beneficien de estos acuerdos, su madre, Gilda Austin, su esposa, Marielle Heckes, y su hermana, Gilda Susana.
Explicó que al igual que hace un año el monto exigido como reparación del daño se garantizará con diversos inmuebles.
En su exposición, Ontiveros Alonso mencionó que durante la conferencia de prensa en esta mañana en Palacio Nacional el secretario de gobernación, Adán Augusto López, mencionó que Emilio Lozoya tiene derecho a un acuerdo reparatorio.
En su oportunidad los representantes de las instituciones federales señalaron que llegaron a esta audiencia con la instrucción de no oponerse al diferimiento de la diligencia y restablecer las negociaciones.
Los integrantes del Ministerio Público Federal dijeron “no existe oposición en caso de que las partes lleguen a un acuerdo reparatorio”.
Los representantes de Pemex y de la UIF se manifestaron a favor del diferimiento para “llevar acabo las pláticas conciliatorias” y se llegue a un acuerdo reparatorio.
En respuesta la defensa del ex director de Pemex se manifestó a favor de que esto se alcance con los montos ya convenidos con anterioridad y se formalice el criterio de oportunidad, y aunque solicitaron que los representantes gubernamentales se comprometieran a los puntos con los defensores, el juez Alarcón López les respondió que la sola manifestación de esa voluntad en la audiencia no tendría ninguna obligatoriedad pues tiene que establecerse en el convenio que alcance.
Ante esta situación, Lozoya participó en la audiencia y declaró: “Ya llevamos muchos años cooperando y hemos accedido a las peticiones de la FGR y de las otras partes, ello no refleja que esté de acuerdo con las acusaciones o con que acepte alguna responsabilidad en los cargos”.
“Es sorprendente que sigan echando largas para este acuerdo mientras que otro coacusado, el señor Alonso Ancira, logró el acuerdo que no se me ha permitido. Yo le pediría que no se utilice la prisión preventiva o la persecución de mujeres para intentar un incremento en los montos de la reparación del daño, ello va contra mis derechos”.
Ontiveros Alonso agregó que se requiere el compromiso de las instituciones federales que hasta ahorita no tienen garantías objetivas “para que se mantenga el monto que se determinó con peritaje y que constan en las actuaciones realizadas en el poder judicial”.
Sin embargo, los defensores de Lozoya señalaron estar a favor “de un acuerdo justo, establecido en las constancias judiciales” y que tanto Lozoya Austin como su familia “han aceptado pagar el 100 por ciento de lo que ellos han pedido”.
La próxima audiencia para revisar si ya hubo un acuerdo o continúa el proceso de Agronitrogenados contra Lozoya Austin se fijó para el próximo 18 de julio a las 12:30 horas.
Este jueves, el abogado de Emilio Lozoya, Miguel Ontiveros dio a conocer que alcanzó un dialogo con la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la reparación de daños en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
En este mismo contexto dijo que en cuanto a las acusaciones contra el ex presidente Enrique Peña Nieto, existen las condiciones para que sea extraditado desde España a México y responda sobre lo que se le acusa.
#Vídeo I Abogado de Emilio Lozoya asegura que hay condiciones para que Enrique Peña Nieto sea extraditado de España a México.
“Hay suficientes condiciones para que sea extraditado desde España. Que vuele desde el campo de golf al AIFA y hasta este centro de justicia para que… pic.twitter.com/bWi5gtPJxN
“También en este caso hay sus condiciones para que el ex presidente México, Enrique Peña Nieto sea extraditado desde España y vuele directamente del campo de golf al AIFA y directamente a este centro de justicia para que reforme en torno a las acusaciones formuladas por Emilio Lozoya”, dijo el abogado a periodistas.
Asimismo añadió que la denuncia que presentó es pública y sólida, tal como lo indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“La denuncia que es pública y que creemos que es sólida tal y como lo confirmó el Sr. Presidente de México, en el sentido de que esta probado que senadores, diputados y otros actores recibieron sobornos en efectivo para la aprobación de la reforma energética”, aseguró la defensa de Emilio Lozoya.
Este jueves en la conferencia matutina, el periodista Hans Salazar cuestionó a Adán Augusto López Hernández sobre si tenían conocimiento de la investigación que realizan las autoridades de Andorra contra el ex presidente de México, por usar las aeronaves del preso, Juan Collado.
“Al menos en la Secretaría de Gobernación no tenemos conocimiento de alguna investigación del gobierno de Andorra en contra del ex presidente Peña Nieto, lo que si le puedo decir es que derivado de un proceso en contra del Sr Juan collado, hay una cantidad de dinero de su propiedad, son varios millones de euros que están en proceso de congelamiento, así lo solicitó la institución financiera de Andorra y desde luego que hay una investigación en contra del Sr. Juan Collado”, aclaró el titular de las relaciones interiores de México.
Asimismo, dijo que el Sr. Collado se encuentra detenido en México por diversos delitos y que si existiera una investigación general, México sería respetuoso con el trabajo tanto de la FGR como de las fiscalías de otros países.
“Acá en México se encuentra detenido por otros delitos el Sr. Collado, y no tenemos porque además las fiscalías están obligadas a la secrecía, pero en el marco de una investigación general se preguntan sobre el tema que usted menciona, nosotros somos respetuosos tanto de la autonomía de la Fiscalía General de la República como de las investigaciones en otros países que pueden hacerse”, añadió Adán Augusto.
En este mismo contexto, el periodista Hans Salazar agregó el cuestionamiento de que si en el caso de la Segob solicitará información por ese caso se las pudieran proporcionar.
Antes esto, López Hernández dijo que cuando un gobierno, una institución judicial solicita información se puede llevar a cabo de diversas maneras.
El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, fue imputado en el caso del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 40 personas muertas.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó cargos contra el funcionario federal por ejercicio ilícito del servicio público.
La imputación se realizó en una audiencia llevada a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez.
El Ministerio Público Federal apuntó que Francisco Garduño omitió de sus funciones la atribución que tenía para desempeñar protocolos de actuación contra incendios y hacinamientos.
Alegó también que el comisionado del INM tenía conocimiento de un informe que advertía de la falta de condiciones para operar de la estación migratoria de Ciudad Juárez.
El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió justicia en el caso y señaló que una vez que concluya la investigación de la FGR tomará la decisión de destituir, o no, a Francisco Garduño como comisionado del INM.
A pocos días de que se cumpla un mes del incendio en la estación de Ciudad Juárez del Instituto Nacional de Migración, suman ocho detenidos y encarcelados por la muerte de 40 migrantes y lesiones de 27 más.
Los detenidos son: Salvador González Guerrero, jefe en Chihuahua de la Oficina de Representación del INM quien el fin de semana fue vinculado a proceso y recluido en el Cereso 3. Además, están detenidos un guardia de seguridad de la empresa privada, de nombre Omar P.V. y el migrante venezolano Jeison Daniel C, además de Eduardo A.M., jefe de Recursos Materiales del INM en Chihuahua y Juan Carlos M., jefe de Grupo Beta, así como Daniel G., Rodolfo C. y Gloria Liliana R.
Personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a 35 personas, asegurándoles hidrocarburo, armamento, vehículos, 1 inmueble y tomas clandestinas en el Estado de México.
Como resultado de los trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional para fortalecer el Estado de derecho en el país y detectar organizaciones criminales con presencia en citada entidad, personal militar y de la Guardia Nacional, en coordinación con CENFI-CNI y la FEMDO de la FGR, localizaron un inmueble en la colonia San Bartolo, municipio de Huehuetoca, en el que se tenía conocimiento que se almacenaba hidrocarburo de manera ilícita.
Al arribar el personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, establecieron un perímetro de seguridad, lo que permitió que las autoridades cumplimentaran una orden técnica de investigación en citado inmueble, deteniendo a 35 individuos, además de asegurar lo siguiente:
56,000 litros de hidrocarburo.
13 armas (9 largas y 4 cortas).
14 cargadores.
142 cartuchos.
21 vehículos.
4 motocicletas.
Diverso equipo táctico.
1 inmueble.
3 tomas clandestinas.
Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, con el objeto de que se realicen las investigaciones y acciones periciales que permitan determinar su situación legal.
Estas acciones se llevaron a cabo con estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.
De esta manera, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y el CENFI-CNI, reafirman la decisión del gobierno federal por detener las actividades de la delincuencia organizada, en coordinación con la FEMDO de la FGR, atendiendo las necesidades que la sociedad demanda; asimismo, refrendan su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, garantizando la paz y seguridad de la población.
Este viernes 21 de abril un juez dio la orden de no vincular a proceso al exsubsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Enrique González Tiburcio, quien se encuentra relacionado con los desvíos de La Estafa Maestra.
Cabe recordar que la Fiscalía General de la República (FGR), buscaba la medida de prisión preventiva por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
La FGR señaló durante la audiencia inicial en el Reclusorio Sur a González Tiburcio por supuestos malos manejos, los cuales estaría directamente relaciones con un convenio general de colaboración firmado con la Universidad Indigenista de México del Estado de Sinaloa. También se detalla un convenio específico suscrito por Aída Marina Arvizu Rivas, entonces directora general adjunta para la Igualdad de Género.
A pesar de estos señalamientos, el juez Juan José Hernández Leyva consideró dictó la no vinculación a proceso luego de considerar como fundamental un peritaje presentado por la defensa del exfuncionario, que determinaba que las supuestas firmas de González Tiburcio en estos convenios eran falsificadas.
De esta manera, González Tiburcio libró el quinto intento de la FGR por abrir un proceso penal en su contra por este caso, sin embargo, la propia fiscalía podría hacer su propio peritaje para seguir con su intención de procesarlo.
La noche de este domingo 16 de abril fue detenido el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, Salvador González Guerrero, luego de que fuera puesta sobre él una orden de aprehensión por el incendio de una estación migratoria en Ciudad Juárez que cobró la vida de 40 personas.
El Ministerio Público Federal (MPF) lo relaciona directamente con el caso, debido a que varios testigos indican que González Guerrero fue quien ordenó no abrir la estación migratoria cuando dio inicio el incendio el pasado 27 de marzo.
Fue capturado en la avenida Tecnológico, en la colonia Jardines del Aeropuerto de Ciudad Juárez, se espera que una vez que sea presentado ante el juez que lo requiere se ordene la prisión preventiva, ya que se le acusa de homicidio y lesiones.
Además, el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua aprobó el llamado que hizo la FGR al Francisco Garduño, comisionado del INM, para llevar a cabo la audiencia inicial de imputaciones, se espera que dicho funcionario acuda el 21 de abril a la cita.
Hasta el momento cinco personas fueron vinculadas a proceso, entre ellas están personal de migración, un trabajador de la empresa de seguridad que custodiaba el edificio y un migrante, quien al parecer provocó el fuego.
“Se les acusa de los delitos de homicidio y lesiones, ambos dolosos, como autores materiales por comisión por omisión: los agentes de migración Daniel ‘N’, Rodolfo ‘N’, Gloria ‘N’; el guardia de seguridad privada, Alan ‘N’, quienes quedaron sujetos a proceso penal en su siguiente etapa complementaria”.
La Fiscalía General de la República informó que un juez de control obtuvo una orden de aprehensión en contra de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM).
A través de un comunicado, la FGR dio a conocer que los responsables de la dependencia de gobierno tuvieron una vinculación directa con los lamentables hechos ocurridos el 27 de marzo en una estación migratoria de Ciudad Juárez, el cual ocasionó la muerte de 40 migrantes.
#FGRInforma | #FGR obtuvo de Juez de Control en #CdJuárez, órdenes de aprehensión contra funcionarios del @INAMI_mx, y citación para audiencia de imputación para Antonio “N” y Francisco “N”, el 20 y 21 de abril, respectivamente.
Por lo anterior, el Centro de Justicia Penal en el Estado de Chihuahua con residencia en Ciudad Juárez, concedió a la Fiscalía su solicitud de citación, que contempla la Ley, para llevar a cabo las audiencias iniciales de formulación de imputación de Antonio “N” y Francisco “N” señalando como fechas el 20 y 21 de abril próximos, respectivamente.
Siendo así, en dichas audiencias se conocerán las imputaciones y los datos de prueba que ha obtenido la FGR.
Hasta el momento es todo lo que se sabe, por lo que en cuanto existan nuevos informes, se dará a conocer.
Un juez de control federal vinculó a proceso este martes 12 de abril a cuatro militares por su posible participación en el asesinato de cinco jóvenes el pasado 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El juzgador, Eduardo Javier Sáenz Torres, ordenó mantener a los militares sujetos a prisión preventiva oficiosa, por lo que deberán permanecer en el campo militar número 1, donde se encuentran recluidos desde marzo pasado luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) los procesó por el delito de desobediencia.
Se trata de los militares identificados como Agustín, Juan Carlos, Bernardo y Jorge Nicolás.
¿Qué pasó?
Los hechos por los que ahora los militares enfrentan proceso penal ocurrieron en Nuevo Laredo el pasado 26 de febrero, cuando Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y Gustavo Ángel Suárez Castillo, este último ciudadano estadunidense, viajaban de regreso a sus casas en compañía de otros dos jóvenes.
Al transitar por la colonia Cavazos Lerma se cruzaron con un convoy de cuatro camionetas militares, el cual comenzó a seguirlos y más adelante abrieron fuego en su contra; fallecieron los primeros cinco jóvenes, otro resultó herido y el séptimo resultó ileso.
