La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al general en retiro Rafael Hernández Nieto, quien presuntamente está involucrado en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la Policía Federal Ministerial fue la que llevó a cabo la detención del militar en la colonia Villa Posadas, Puebla al mediodía del pasado jueves.
El general en retiro Hernández Nieto fue el comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, durante los hechos del 26 de septiembre de 2014, donde desaparecieron los 43 estudiantes normalistas.
Hernández Nieto, en primera instancia, fue puesto a disposición de un juez federal en la Fiscalía General de Puebla.
Ahora el general se encuentra recluido en el Campo Militar No 1-A, en la Ciudad de México, aunque a disposición de la juez del fuero civil de Almoloya, Estado de México, que fue quien ordenó su captura.
Este jueves el Presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó su rueda de prensa matutina hablando sobre el desfalco que se realizó en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el cual calificó como el único caso y el más escandaloso de corrupción que ha enfrentado su administración.
AMLO fue claro al mencionar que su gobierno no permitirá, tolerará, ni dará impunidad a la corrupción, por lo que anunció un informe respecto al caso y los procesos penales que hay.
“Es un hecho muy lamentable, es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos enfrentado durante nuestro Gobierno (…) Nos dolió mucho este fraude cuando me informaron di la instrucción de que se presentara la denuncia en la Fiscalía, desde el inicio. Y me dolió porque se trata de un sistema que creamos para establecer los precios de garantía”.
Mencionó
#ConferenciaPresidente | @lopezobrador_ dijo que quien es nombrado para ocuparse de este sistema, Ignacio O’Valle, se confía y comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos, lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos pic.twitter.com/YNUTVDsjP0
El primer mandatario declaró que Ignacio Ovalle, señalado en el fraude y ahora coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, cometió el error y fue engañado por gente con malos antecedentes y corruptos.
“Es un programa muy bueno, mucho muy bueno. Quien es nombrado para ocuparse de este sistema, Ignacio Ovalle, se confía, comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos, y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos, pagando sobreprecios (…) Pero también estos funcionarios, como era antes, empiezan a colocar dinero público en bonos, como casas de bolsas donde supuestamente les ofrecían más intereses por tener ahí el dinero cuando eran empresas creadas para robar, así no solo en el caso de Segalmex sino en el caso de Gobiernos de estatales que colocaron dinero en este tipo de instrumentos y pues hubo un desfalco. Hay ya detenidos, gente prófuga, pero no vamos a dejar el tema, vamos a aclarar, que se conozca bien”.
Agregó
Opinión pública infló cantidades del desfalco, señala titular de la SFP
Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), detalló que la cifra que se menciona en medios de comunicación, que ascienden presuntamente a 15 mil millones de pesos, ni es precisa ni tiene fundamentos.
#ConferenciaPresidente | Roberto Salcedo, secretario de la Función Pública, dice que la cifra de 15 mil millones por presuntas irregularidades en el caso Segalmex “no es precisa y no tiene fundamento”. hay auditorías y refiere que Segalmex Diconsa y Liconsa están recabando datos. pic.twitter.com/rDSqKM8ocH
“La cifra de 15 mil millones de pesos que se ha manejado recientemente en la opinión pública como los presuntos montos de irregularidades no es precisa ni tiene fundamento (…) Como se informó en agosto de 2022, los actos de fiscalización dieron lugar a observaciones relacionadas con 9 mil 5 millones de pesos, de los cuales 6 mil fueron señaladas por la Función Pública y 3 mil 500 por la Auditoría Superior de la Federación”.
Explicó el funcionario federal.
Van 87 denuncias por caso Segalmex, precisa Fiscalía
Arturo Medina, procurador fiscal de la federación, señala ante AMLO que en el caso de fraude en Segalmex se intentó ocultar información para impedir denuncias y que al momento van 87 denuncias en totaly los montos ascienden a 4 mil 900 millones de pesos.
También se ha procedido penalmente contra servidores públicos por diversas operaciones irregulares, como la colocación de los recursos de Segalmex en operaciones bursátiles y compras irregulares, mientras que la FGR investiga 100 denuncias penales.
#ConferenciaPresidente | El presidente @lopezobrador_ señaló que sobre el fraude en Segalmex: “Lo vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias, porque el prestigio de este gobierno no se va a manchar”. Lo que estimamos más importante en nuestra vida es la honestidad. pic.twitter.com/QuAf4yo9Cf
Al momento van 26 personas detenidas por el caso de fraude y se han girado 22 órdenes de arresto contra ex funcionarios por operaciones irregulares de azúcar y leche.
Finalmente AMLO señaló que sobre el fraude en Segalmex, éste se llevará hasta las últimas consecuencias porque el prestigio de este gobierno no se va a manchar, destacando que los más importante en su vida es la honestidad.
Alejandro Irarragorri Gutiérrez, presidente de la Junta Directiva de Grupo Orlegi, está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente defraudar al gobierno por 17 millones 69 mil 865 pesos en impuestos.
Funcionarios de Hacienda confirmaron que la Procuraduría Fiscalía Federal (PFF) interpuso la denuncia contra el empresario porque es probable que a base de engaños, no pagó el Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre los salarios de los jugadores del Club Santos Laguna de enero a julio de 2017.
La FGR abrió la carpeta de investigación FED/FECOC/UEIDFF-COAH/0000859/2023 a finales de marzo con base en esta denuncia.
Según información recabada por Reforma, Santos Laguna S.A fue demandada por una organización afiliada al Ministerio de Hacienda. de C.V. Asimismo, Irarragorri, en su calidad de titular de la junta directiva, y José Alfredo Jiménez Tejeda, socio del club y representante general.
El club de fútbol pagó a 26 jugadores y miembros del cuerpo técnico un total de 54 millones 22 mil 690 pesos el año pasado, y los depósitos realizados durante ese tiempo fueron objeto de una investigación por parte de la PFF.
La autoridad fiscal asevera que los gerentes idearon un plan para evitar la deducción o pago del ISR sobre estos depósitos al calificarlos como primas de compensación por riesgo del trabajo, las cuales están exentas del impuesto conforme a la ley.
De acuerdo con el contrato colectivo de trabajo que firmó en noviembre de 2013 con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Hotelera, Similares y Afines de la República Mexicana, la denuncia alega que Santos realizó pagos a su personal.
El Fideicomiso Número 111592-6, que también fue establecido por el club en Banamex ese año, brindó fondos para el cuerpo técnico y los jugadores.
Según la PFF, estos depósitos fueron realizados por el contribuyente sin que los trabajadores estuvieran bajo la presunción de que estaban en riesgo de sufrir un accidente o enfermedad por razón de su giro laboral.
“De todo lo anteriormente expuesto, se tiene que los pagos realizados a los jugadores de futbol (trabajadores) por concepto de ‘primas indemnizatorias de riesgo de trabajo’ en cantidad total de 54 millones 22 mil 690.19 en realidad corresponden a pago de salarios”, dice el organismo fiscal.
Otro caso que se sumaría al Cártel del Gol
Esta investigación se sumaría a muchas más que se expusieron en el reportaje de Amir Ibraham “El Cártel del Gol”, donde reveló una red de corrupción que impera en la Federación Mexicana de Fútbol y La Liga MX, en donde están involucrados tanto empresarios como políticos mayoritariamente de la derecha, quienes han creado sistemas para evadir impuestos, repartir moches entre otras irregularidades, todo a costa del verdadero talento deportivo que hay en México y de la afición.
En su investigación, el comunicador explicó que el fútbol representa un gran negocio, ya que al año llega a mover solo en México alrededor de 2 mil 800 millones de pesos, de los cuales la Federación Mexicana de Fútbol puede llegar a abarcar hasta la mitad, incurriendo en malas prácticas como lo son la corrupción y la evasión fiscal.
Se ha informado que la madrugada del 25 de junio se logró la detención de Gualberto Ramúrez Gutiérrez, ex jefe antisecuestro de la SEIDO durante el periodos en que se cometió el crimen de estado de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
“La madrugada del 25 de junio @FGRMexico detuvo a Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex titular de la Unidad Antisecuestros de la SEIDO durante la desaparición de los 43 normalistas de #Ayotzinapa, acusado de Desaparición forzada de personas, Tortura y Coalición de servidores públicos”, señaló en su cuenta de Twitter, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
Registros del centro nacional de detenciones dejan ver que elementos de la Policía Federal Ministerial realizaron la aprehensión a las 11:15 de la mañana en la zona conocida como Ojo de Agua en el municipio de Tecámac, de donde fue trasladado al Reclusorio Sur.
La madrugada del 25 de junio @FGRMexico detuvo a Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex titular de la Unidad Antisecuestros de la SEIDO durante la desaparición de los 43 normalistas de #Ayotzinapa, acusado de Desaparición forzada de personas, Tortura y Coalición de servidores públicos.
Gualberto Ramírez Gutiérrez contaba con una orden de aprehensión por el presunto delito de desaparición forzada derivado del caso Ayotzinapa y en julio de 2020, un juez federal ordenó la aprehensión Gualberto Ramírez Gutiérrez, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, uno de los sicarios de Guerreros Unidos que participó en la desaparición de los 43 normalistas.
Cabe mencionar que ahora Ramírez Gutiérrez es señalado de los delitos de desaparición forzada, coalición de servidores públicos y tortura y la orden de aprehensión la otorgó un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.
Al extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien había pedido su libertad a través de un juicio de amparo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, esta le fue negada una vez más.
Debido al rechazo del Primer Tribunal Colegiado de Apelaciones, el exfuncionario federal continuará su proceso judicial en el Reclusorio Norte, donde está vinculado al caso desde el 3 de noviembre de 2021.
Antes de que se presentara el recurso de defensa del exjefe paraestatal, el dictamen del sentenciador solo confirmó lo ya decidido el 26 de enero de 2022 por José Artemio Ziga, juez de control del Reclusorio Norte, quien se había negado a modificar la prisión preventiva solicitada en el caso Odebrecht.
Cabe recordar que el exempleado apeló la decisión del Primer Tribunal Colegiado de Apelaciones en su resolución del 10 de abril al reafirmar la sentencia de enero el 3 de mayo.
Si bien en su momento un juez local accedió a la solicitud de suspensión provisional de Lozoya Austin para garantizar su libertad, un magistrado federal rechazó su pedido de medida cautelar argumentando que violaría el principio de contradicción que subyace en el proceso penal acusatorio.
Los abogados del exdirector de la petrolera mexicana han manifestado en numerosas ocasiones que el proceso penal que lleva su cliente ante las autoridades mexicanas es impropio porque la denuncia fue presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) y no por la Fiscalía.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo 16 órdenes de aprehensión en contra de 16 militares quienes presuntamente están involucrados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre del 2014.
Las órdenes de aprehensión a militares por sospecha de delincuencia organizada y desaparición forzada fueron emitidas por la jueza federal Raquel Duarte Cedillo del Segundo Distrito en el Proceso Penal Federal de Toluca.
El coronel Rafael Hernández Nieto, quien dirigía el Batallón de Infantería 41 en Iguala, Guerrero, es una de las personas buscadas para ser interrogadas. Las demás son empleados de la Sedena que están asociados a los batallones del 41 y 27 de Infantería.
Según los informes, tres soldados han sido detenidos por personal de la Policía Ministerial y enviados al Campamento Militar Número 1 en la Ciudad de México, asimismo un soldado más fue puesto a disposición de las autoridades pertinentes, aunque actualmente se desconocen los detalles de su captura.
Uno más fue finalmente detenido el 20 de junio cuando aún vestía su uniforme militar.
Las órdenes de aprehensión fueron emitidas inicialmente a partir del 19 de agosto de 2022, pero fueron revocadas a pedido expreso de la propia Fiscalía. El exfiscal Especializado en el Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, renunció como consecuencia de la cancelación de estas órdenes.
Sin embargo, cuando se solicitó su cancelación, cuatro personas —el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el segundo teniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa— no fueron liberadas y actualmente se encuentran bajo custodia con orden formal de prisión.
La Fiscalía General de la República (FGR), presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal contra el Juez de Control de Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Oaxaca, Álvaro Niño Cruz, al detectar en al menos cinco casos, irregularidades en su actuación que favorecieron a imputados relacionados con investigaciones del caso Nochixtlán, narcotráfico y de incumplimiento a resoluciones de amparo.
En noviembre de 2022, la FGR imputó a dos exmandos de la entonces Policía Federal que participaron en el operativo de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, que dejó seis civiles fallecidos y 27 personas heridas por disparo de armas de fuego y a pesar de que debían permanecer en prisión preventiva, el Juez Álvaro Niño Cruz determinó que continuarían su proceso penal en libertad, fijándoles únicamente una garantía de 20 mil pesos a cada uno, contraviniendo la Constitución Federal y las reglas del procedimiento penal.
En junio de este año, el Juez Niño Cruz, nuevamente decidió no imponer alguna medida que restringiera la libertad contra el encargado del Segundo Agrupamiento de la División de Gendarmería que también participó en esos hechos, a quien se le imputó el delito de lesiones por disparo de armas de fuego, pese a la solicitud de la Fiscalía de imponer prisión preventiva, por lo que únicamente le señaló la obligación de presentarse mensualmente ante el órgano jurisdiccional durante su proceso penal.
En esa misma audiencia, dicho juzgador no vinculó a proceso a uno de los policías estatales implicados en la masacre de Asunción Nochixtlán, quién fue señalado por el homicidio de una de las personas que participaban en las protestas de la Sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así como de una persona más, durante la continuidad del operativo de ese 19 de junio de 2016, al considerar que no había pruebas suficientes, contrario a lo señalado y probado por la Fiscalía.
A principios del mes de noviembre de 2022, elementos de la Secretaría de Marina – Armada de México, detuvieron a cuatro personas en la costa de Huatulco, quienes poseían en una embarcación cerca de 600 kilos de cocaína, solicitando la Fiscalía General de la República al Juez Álvaro Niño Cruz, sometiera a proceso penal a los implicados, sin embargo determinó dejarlos en libertad, argumentando excesos en su detención.
Finalmente, en el mes de mayo de este año, el Juez Álvaro Niño Cruz resolvió negar a la Fiscalía Federal vincular a proceso al Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Registro Civil y Director del Registro Civil de Oaxaca, quienes fueron señalados por incumplir la resolución de un Juez de amparo de ese estado, a quienes les instruyó permitieran la inscripción de tres personas en los registros respectivos para que pudieran obtener copia certificada de sus actas de nacimiento.
La Secretaría de Defensa Nacional informó que se cumplimentaron 16 órdenes de aprehensión en contra del personal militar involucrado en los hechos registrados el 18 de mayo del presente año en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por lo que no habrá impunidad.
A través de un comunicado, la dependencia detalló que el Juzgado Primero de Control de la Primera Región Militar fue el encargado de otorgar las órdenes por presuntamente configurarse delitos contrarios a la disciplina militar, las cuales se cumplimentaron con el “absoluto respeto al debido proceso y a los derechos humanos de los imputados”, se lee en el documento.
Asimismo, se informó que el 9 de junio de este año, los detenidos fueron vinculados a proceso habiéndoseles dictado por parte del juez militar la medida cautelar de prisión preventiva, la cual cumplirán en la Prisión Militar de la Primera Región Militar, ubicada en el interior del Campo Militar Número 1-A, Ciudad de México.
Dichas acciones, son independientes a la investigación que realiza la Fiscalía General de la República, con la que colabora la Secretaría de Estado, a fin de que se determinen las responsabilidades correspondientes en el orden federal.
Por último, la Sedena rectifico su compromiso con el pueblo de México de actuar en todo momento en el cumplimiento de sus misiones, con estricto apego de los derechos humanos.
AMLO confirma que militares quedarán a disposición de la FGR
El presidente Andrés Manuel López Obrador habló este miércoles sobre el video que se dio a conocer donde militares dispararon a civiles en Nuevo Laredo.
Resaltó que al parecer militares ajusticiaron a cinco civiles señalados como delincuentes en el estado de Tamaulipas, hecho captado en video y difundido por dos medios extranjeros.
Asimismo, añadió que esto no se ordenó desde arriba; “estos son casos aislados y cuando se dan se castigan” y los atribuyó que fue un exceso de violencia.
La Fiscalía General de la República (FGR) pidió 82 años de cárcel para Jesús Murillo Karam por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia, en su papel de exprocurador general de la república en el caso Ayotzinapa.
Esta pena es la más alta que se ha propuesto contra un funcionario por los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, por la desaparición de 43 normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
La pena propuesta por la FGR son: 60 años por desaparición forzada, 12 años por tortura y 10 años por administración de la justicia.
La sanción también incluye el pago de 20 mil días de multa que equivalen a un millón 792 mil 400 pesos.
La FGR ha presentado como parte de la acusación 177 datos de prueba que incluyen 69 testimonios, 43 peritajes y 65 documentales
Cabe recordar que Jesús Murillo Karam fue procesado en agosto de 2022 y actualmente se encuentra en el Reclusorio Norte.
Cuando fue detenido los motivos fueron por desaparición forzada y actualmente se contemplan 60 años de cárcel, aunque en 2014 la ley vigente contemplaba 40, no obstante, se señala que el delito está vigente hasta que las personas pudieran aparecer.
El presidente Andrés Manuel López Obrador habló este miércoles sobre el video que se dio a conocer donde militares dispararon a civiles en Nuevo Laredo.
El presidente resaltó que al parecer militares ajusticiaron a cinco civiles señalados como delincuentes en el estado de Tamaulipas, hecho captado en video y difundido por dos medios extranjeros.
“Al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir (…) Ya están a punto de ponerse a disposición (capturar) a los responsables”, dijo el primer mandatario.
#ConferenciaPresidente | "La propia @SEDENAmx está recomendando que se actúe por el presunto delito de ejecución extrajudicial", informó el presidente @lopezobrador_ acerca de los hechos ocurridos el 18 de mayo en Nuevo Laredo, en donde murieron cinco personas. pic.twitter.com/zwy9LVJzsm
Asimismo, añadió que esto no se ordenó desde arriba; “estos son casos aislados y cuando se dan se castigan” y los atribuyó que fue un exceso de violencia.
“La propia Sesena está recomendando que se actúe por el presunto delito de ejecución extrajudicial, si, es la Fiscalía la que va a hacer su trabajo, pero no hay encubrimiento porque nosotros no toleramos la violación de los derechos humanos y repito, no somos iguales”, dijo.
En este mismo contexto añadió el caso de Ayotzinapa y los demás, en donde exista una violación a los derechos humanos.
“Además siempre he sostenido y esa es una convicción que ya hay en los mandos, de que la actitud indebida o delitos cometidos por miembros de una institución no deben encubrirse para no manchar a la institución”, aseguró el mandatario.
