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Etiqueta: FGR

  • Defensa de García Luna apela sentencia de 38 años por presuntas violaciones al debido proceso

    Defensa de García Luna apela sentencia de 38 años por presuntas violaciones al debido proceso

    La defensa acusa uso de testigos falsos, ocultamiento de pruebas clave y una sentencia desproporcionada impuesta en Nueva York.

    La defensa de Genaro García Luna presentó una apelación formal contra el juicio y la sentencia de 38 años de prisión dictada en Estados Unidos, al sostener que el proceso estuvo marcado por graves irregularidades que vulneraron el derecho al debido proceso. El recurso fue ingresado el 18 de diciembre, fecha límite otorgada por la Corte de Apelaciones.

    En un documento de 78 páginas, acompañado de 22 apéndices con más de 4 mil 600 fojas, los abogados César de Castro y Valerie Gotlib argumentan que el juicio quedó “irremediablemente contaminado”, por lo que solicitan su anulación o reposición.

    Uno de los ejes centrales es el uso de testimonios presuntamente falsos. La defensa afirma que dos testigos clave incurrieron en perjurio, entre ellos Francisco Cañedo Zavaleta, quien relató un supuesto secuestro de García Luna por el grupo de los Beltrán Leyva. Los abogados aseguran que existe evidencia documental que demuestra que ese día el exfuncionario se encontraba en un hospital privado, lo que desacreditaría el relato.

    También cuestionan el testimonio de Héctor Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila, al señalar inconsistencias cronológicas y afirmaciones imposibles, como la exhibición de tecnología que aún no había sido adquirida por el Estado mexicano.

    Otro punto clave es el ocultamiento de evidencia exculpatoria. La defensa sostiene que la fiscalía no transparentó documentos que acrediten revisiones de antecedentes, contactos con agencias estadounidenses y pruebas de confianza que no generaron alertas sobre García Luna.

    Además, acusan que el juez Brian Cogan limitó indebidamente el contrainterrogatorio de testigos cooperantes, vulnerando el derecho a confrontación, y permitió un “mini juicio patrimonial” con imágenes de bienes sin vínculo probado con los delitos imputados, lo que habría influido de forma prejuiciosa en el jurado.

    Finalmente, la apelación impugna la sentencia y la multa de dos millones de dólares, al considerarlas desproporcionadas frente a otros casos similares y basadas en hechos no probados. La Corte deberá resolver tras la respuesta de la fiscalía y una última réplica de la defensa.

    Con información de Milenio. 

  • Dictan prisión preventiva a ex operadora de García Luna por desvío millonario de recursos públicos

    Dictan prisión preventiva a ex operadora de García Luna por desvío millonario de recursos públicos

    La FGR señala que la empresa Nunvav, Inc. fue clave para el presunto saqueo de más de 5 mil millones de pesos durante el sexenio de Felipe Calderón.

    Una jueza federal dictó prisión preventiva justificada contra María Vanesa “N”, ex colaboradora y apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc., firma presuntamente utilizada por Genaro García Luna para el desvío de más de 5 mil millones de pesos de recursos públicos destinados al sistema penitenciario federal.

    La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a la acusada los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, por lo que permanecerá privada de la libertad mientras se define, el próximo miércoles, si es vinculada a proceso.

    De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), María Vanesa “N” habría tenido un papel clave como representante legal de Nunvav, Inc., una de las empresas utilizadas para canalizar ilegalmente recursos del Organismo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, durante la gestión de García Luna como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

    El caso forma parte de una indagatoria iniciada hace más de seis años, en la que se han librado órdenes de aprehensión contra al menos 60 personas, incluidos familiares cercanos del ex funcionario, varios de los cuales ya han sido detenidos e imputados por su presunta participación en la red financiera.

    María Vanesa “N” fue detenida el lunes pasado en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Por determinación judicial, fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos.

  • Morena exige reabrir expediente contra Ricardo Gallardo; FGR de Gertz congeló la investigación

    Morena exige reabrir expediente contra Ricardo Gallardo; FGR de Gertz congeló la investigación

    La investigación por más de 700 millones de pesos fue congelada durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, pese a alertas de la UIF desde 2020.

    Una investigación de Dulce Olvera para Sin Embargo reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene congelada desde hace años una investigación contra el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, por el presunto desvío de más de 700 millones de pesos, denunció Agustín de la Rosa, cofundador de Morena en la entidad, quien exigió que el caso sea reabierto de inmediato bajo la nueva titularidad de Ernestina Godoy.

    El expediente fue integrado con información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada entonces por Santiago Nieto, que en agosto de 2020 alertó a la FGR sobre transferencias irregulares por al menos 724 millones de pesos de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí hacia empresas privadas vinculadas a la familia Gallardo, entre 2012 y 2019.

    De la Rosa acusó que, durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, la investigación quedó en el archivo muerto, lo que permitió que Gallardo no solo llegara a la gubernatura, sino que ahora impulse reformas legales para heredar el poder a su esposa, la senadora Ruth González, a través de la polémica llamada “Ley Ruth”.

    El Congreso local aprobó en fast track una reforma que obligaría a que la candidatura a la gubernatura en 2027 sea exclusivamente para una mujer. La votación fue avalada por legisladores del PVEM, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, apenas días después de que el gobernador ofreciera una posada a diputados con regalos, rifas y hasta camionetas, hecho que ha sido señalado como una muestra de corrupción política descarada.

    Morena votó en contra y anunció que buscará impugnar la ley por inconstitucional, al considerar que se trata de un intento por consolidar un cacicazgo familiar y una forma de nepotismo que choca frontalmente con los principios de la Cuarta Transformación.

    “El expediente no puede seguir durmiendo. O hay delito o no lo hay, pero la Fiscalía debe decirlo ya”, advirtió De la Rosa. El caso Gallardo se ha convertido en un símbolo de impunidad, y su reactivación sería una prueba clave para medir si la FGR realmente rompió con la política de encubrimiento del pasado.

    Con información de Dulce Olvera para Sin Embargo.

  • FGR captura a Vanessa “N”, exasesora de García Luna, por lavado de dinero y crimen organizado

    FGR captura a Vanessa “N”, exasesora de García Luna, por lavado de dinero y crimen organizado

    La detención de María Vanessa “N” refuerza las investigaciones contra la red financiera que operó durante y después del sexenio de Felipe Calderón.

    La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a María Vanessa “N”, exasesora del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, como parte del entramado financiero ligado al exfuncionario hoy preso en Estados Unidos por vínculos con el Cártel de Sinaloa.

    De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la detenida habría fungido como apoderada legal de la empresa Nunvav Inc., utilizada presuntamente para fondear recursos de origen ilícito, desviar fondos públicos y operar esquemas fraudulentos a través del sistema financiero mexicano. Las investigaciones apuntan a que los beneficiarios finales de estas operaciones incluían a García Luna y miembros de su familia.

    La FGR informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ubicaron a María Vanessa “N” en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, integrado por la SSPC, la Defensa, la Marina y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Tras su detención, le fueron leídos sus derechos constitucionales y fue trasladada para su certificación médica.

    Posteriormente, la exasesora fue puesta a disposición de una autoridad judicial en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, donde el Ministerio Público Federal solicitará la audiencia inicial para formular la imputación correspondiente.

    Las indagatorias señalan que Nunvav Inc. forma parte de una red de empresas vinculadas a contratos irregulares con dependencias federales, entre ellas el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y la Tesorería de la Federación, tanto durante la gestión de García Luna como después de su salida del cargo.

    La captura de María Vanessa “N” se suma a los procesos en curso que buscan desmantelar la estructura financiera que operó desde el poder público y que hoy mantiene a García Luna sentenciado en EUA, marcando un nuevo avance en el combate a la corrupción y la impunidad del pasado reciente.

  • Sheinbaum designa a Esthela Damián como nueva consejera jurídica del Ejecutivo Federal

    Sheinbaum designa a Esthela Damián como nueva consejera jurídica del Ejecutivo Federal

    La abogada sustituye a Ernestina Godoy, quien asumió la titularidad de la FGR, y refuerza el enfoque de derechos humanos y legalidad en la Presidencia.

    La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nombró a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica del Ejecutivo Federal, en relevo de Ernestina Godoy, quien dejó el cargo tras asumir la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR). La designación fortalece el equipo jurídico presidencial con una funcionaria de amplia trayectoria técnica, legislativa y en políticas públicas.

    Esthela Damián es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y maestra en Educación, con una formación sólida que ha orientado su desempeño en el servicio público. Su perfil se caracteriza por un enfoque integral del derecho, con experiencia práctica en Derecho Parlamentario, Fiscal, Administrativo, Electoral y Derechos Humanos, así como en la protección de niñas, niños y juventudes.

    Su preparación académica incluye capacitación continua en Derecho Electoral, Derechos Humanos y Derecho Administrativo, con énfasis en normatividad impositiva, cobranza coactiva y participación fiscal. Además, ha participado como ponente en foros nacionales e internacionales sobre reformas fiscales, fiscalización, transparencia, rendición de cuentas, políticas públicas y ética gubernamental, fortaleciendo una visión jurídica aplicada al diseño institucional.

    En su trayectoria reciente, se desempeñó como secretaria particular de la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y fue directora general del DIF-CDMX y secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, desde donde impulsó políticas de protección integral y transversalización de derechos. Hasta su nombramiento, fungía como subsecretaria de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encargada de la estrategia de atención a las causas, modelo que articula prevención social con visión jurídica y de derechos humanos.

    Con este relevo, la Presidencia asegura continuidad institucional tras la salida de Ernestina Godoy a la FGR y consolida un marco legal robusto para la agenda del Ejecutivo.

  • FGR entrega a dos narcotraficantes a EUA

    FGR entrega a dos narcotraficantes a EUA

    La Fiscalía General de la República concretó la entrega de dos presuntos líderes del narcotráfico a autoridades de EUA, acusados de tráfico de metanfetamina, heroína y cocaína, tras procesos de extradición avalados por cortes federales estadounidenses.


    La Fiscalía General de la República (FGR) entregó al gobierno de EUA a dos personas requeridas en procesos penales distintos por asociación delictuosa y delitos contra la salud. La entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como parte de la cooperación bilateral en materia de justicia.

    En el primer caso, Jesús Alcaza Reyes fue solicitado por la Corte Federal del Distrito de Idaho, identificado como líder de una organización criminal dedicada al tráfico de metanfetamina y heroína, además del manejo de recursos ilícitos. Fue detenido en marzo pasado en Sinaloa.

    El segundo extraditado, Jesús Rauda Ávila, era requerido por la Corte Federal del Distrito Este de Virginia. Las autoridades lo vinculan con una red criminal responsable del trasiego de cocaína desde Colombia hacia EUA. Su detención ocurrió en febrero de 2024, en la Ciudad de México.

    De acuerdo con la FGR, ambos procesos se concretaron tras las gestiones legales correspondientes y con la autorización del gobierno estadounidense, formalizando así su traslado para enfrentar cargos en cortes federales.

  • Arrestados por el atentado de Coahuayana

    Arrestados por el atentado de Coahuayana

    Seis personas cayeron en Colima. Las autoridades creen que participaron en el ataque con coche bomba que dejó seis muertos en Michoacán.

    El 15 de diciembre, militares y policías arrestaron a seis hombres en Colima. Ellos podrían estar detrás del violento ataque con coche bomba en Coahuayana, Michoacán. Este atentado ocurrió el 6 de diciembre.

    Un operativo de la Sedena desmanteló un campamento. Lo hallaron en la comunidad de Chamila, Ixtlahuacán. Esta zona limita entre Colima y Michoacán. Los seis individuos estaban allí.

    El gobierno de Colima confirmó los arrestos. Elementos militares de la V Región y la 20ª Zona lideraron la acción. La Guardia Nacional y autoridades estatales los apoyaron.

    Incautaron armas cortas y largas. También encontraron cartuchos útiles y drogas. Hallaron equipo táctico y otras pruebas. Todo lo ligaron a actividades criminales.

    Esta operación forma parte del Plan Michoacán. El gobierno de México lo anunció hace semanas. Colima y las autoridades federales colaboran en él.

    Los detenidos y lo incautado están con las autoridades ministeriales. Ellos seguirán con las investigaciones. Quieren saber qué hacían en el campamento. También buscan aclarar su vínculo con el ataque en Coahuayana.

    El Horror del Coche Bomba

    El ataque con coche bomba sacudió a Coahuayana. Una camioneta con explosivos estalló. Sucedió frente a la comandancia de la Policía Comunitaria.

    La explosión del 6 de diciembre fue terrible. Generó una fuerte onda expansiva. Causó daños a casas y negocios. También afectó el hospital comunitario. El pánico se apoderó de los vecinos.

    Autoridades federales confirmaron las víctimas. El ataque mató a seis personas. Entre ellas, policías comunitarios. También murieron dos ocupantes del vehículo bomba. Varios heridos recibieron atención en hospitales.

    La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta. Investiga por delincuencia organizada. Quince peritos y once policías federales llegaron al lugar. Analizaron los restos y el vehículo.

    Al principio se habló de terrorismo. Después, la investigación cambió su rumbo. La Secretaría de Marina (Semar) reforzó la seguridad. Esto ocurrió en Coahuayana y municipios cercanos. Ayudaron a los heridos y protegieron a la gente.

    El vehículo era una camioneta Dodge RAM Dakota negra. No tenía reporte de robo. La habían vendido meses antes del atentado. Las autoridades creen que venía de Colima. Este dato fue clave para la investigación.

  • Red de García Luna: 61 órdenes de captura y casi 746 millones de dólares desviados

    Red de García Luna: 61 órdenes de captura y casi 746 millones de dólares desviados

    Las autoridades mexicanas intensificaron el cerco judicial contra la red de corrupción ligada a Genaro García Luna, con 61 órdenes de aprehensión por desvío de recursos públicos, lavado de dinero y delincuencia organizada, en un caso que involucra a familiares, empresarios y operaciones financieras en México y el extranjero.

    La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la emisión de 61 órdenes de aprehensión por delitos como peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, derivados de una compleja red que operó durante la gestión de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública federal.

    Las investigaciones establecieron que la estructura corrupta funcionó durante más de 20 años, incluso después de que el exfuncionario dejara el cargo, mediante contratos con dependencias de seguridad que permitieron el desvío de 745.9 millones de dólares del erario. Parte de esos recursos fue enviada al extranjero utilizando esquemas de ocultamiento financiero y paraísos fiscales.

    La Secretaría de Hacienda y Crédito Público documentó que un conglomerado empresarial familiar, bajo el auspicio de García Luna, obtuvo al menos 30 contratos públicos, cuyos beneficios terminaron en la adquisición de propiedades y bienes en Florida, EUA, entre otros destinos. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastreó la ruta del dinero y bloqueó a los involucrados desde finales de 2019.

    En paralelo al proceso penal que García Luna enfrenta en Brooklyn, Nueva York, el gobierno mexicano promovió una demanda civil en Miami-Dade para recuperar los activos adquiridos con recursos públicos desviados. Hasta ahora, 19 propiedades del exfuncionario y de sus presuntos cómplices permanecen aseguradas.

    Entre las personas señaladas figuran familiares directos de García Luna, empresarios ligados al grupo Weinberg y operadores financieros vinculados a empresas fachada. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para localizar y procesar a todos los implicados, mientras continúan las detenciones en México y el extranjero.

    El caso se consolida como uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país, tanto por el monto desviado como por el alcance internacional de la red financiera que operó durante décadas.

    Con información de Infobae.

  • Caso María Amparo Casar se frena en Reclusorio Oriente; FGR deberá seguir acusación en el Norte

    Caso María Amparo Casar se frena en Reclusorio Oriente; FGR deberá seguir acusación en el Norte

    La jueza federal canceló la audiencia inicial y ordenó archivar el trámite, al confirmar que otro juez ya conocía la carpeta de investigación.

    La audiencia inicial contra María Amparo Casar Pérez, prevista para este martes en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, fue cancelada por la jueza de control Diana Selene Medina Hernández, quien determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá continuar la acción penal ante un juez de Distrito del Reclusorio Norte.

    La juzgadora explicó que la FGR le informó, mediante dos escritos presentados en la primera semana de diciembre, que un juez del Reclusorio Norte ya tenía conocimiento de la carpeta de investigación FED/FEMCC/FEDHCAE-CDMX/0000221/2024, relacionada con la presunta pensión irregular en Petróleos Mexicanos (Pemex), por la cual se pretende imputar a Casar el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

    De acuerdo con el reporte ministerial, ese juez autorizó previamente técnicas de investigación, por lo que la jueza Medina Hernández consideró improcedente que el asunto continuara en el Reclusorio Oriente. En consecuencia, ordenó dejar sin efectos la audiencia del 16 de diciembre y archivar administrativamente el caso, sin impedir que la Fiscalía prosiga el proceso ante la autoridad competente.

    En su resolución, la jueza también reprendió a la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal, Liliana Cárdenas Tapia, por programar la audiencia sin verificar previamente si otro juez había intervenido, conducta que calificó como “contumaz” y que, advirtió, podría derivar en la intervención del Órgano de Administración Judicial si se repite.

    La determinación judicial no cancela la acusación, pero redefine el cauce legal del proceso, obligando a la FGR a retomar el caso ante el juez que ya conocía los hechos, a fin de evitar duplicidad de actuaciones y violaciones al debido proceso.

  • Fuerzas federales decomisan más de 82 mil litros de combustible en Tepeaca, Puebla 

    Fuerzas federales decomisan más de 82 mil litros de combustible en Tepeaca, Puebla 

    El operativo coordinado permitió asegurar pipas, vehículos e inmuebles presuntamente usados para el robo y almacenamiento ilegal de hidrocarburo.

    En un fuerte golpe contra el robo de combustible en Puebla, la Guardia Nacional (GN) y el Ejército Mexicano, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Estatal, aseguraron 82 mil 735 litros de hidrocarburo en el municipio de Tepeaca, una zona identificada por actividades ligadas al huachicol.

    De acuerdo con información oficial, el operativo se realizó tras labores de inteligencia e investigación, que permitieron ubicar un inmueble presuntamente utilizado para actividades ilícitas relacionadas con el manejo ilegal de combustible. Con estos datos, las fuerzas de seguridad reforzaron los patrullajes y reconocimientos terrestres, estableciendo un perímetro de seguridad para apoyar a la FGR en el cumplimiento de una Orden Técnica de Investigación.

    Durante la intervención, las autoridades lograron el aseguramiento de 25 vehículos cisterna, además de tres vehículos adicionales, diversa herramienta especializada para la habilitación de tomas clandestinas y dos inmuebles, los cuales presuntamente operaban como centros de resguardo y distribución ilegal de hidrocarburo.

    Todo lo decomisado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que será el encargado de determinar la situación jurídica de los bienes asegurados y dar continuidad a las investigaciones periciales correspondientes. Este aseguramiento representa una acción relevante dentro de la estrategia federal para combatir el robo de combustible, delito que genera pérdidas millonarias al Estado y riesgos graves para la población.