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  • Sheinbaum anuncia investigación internacional contra empresarios de EUA por huachicol fiscal

    Sheinbaum anuncia investigación internacional contra empresarios de EUA por huachicol fiscal

    La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México investiga a empresarios estadounidenses por su posible participación en el tráfico ilegal de combustible. Las autoridades mexicanas y estadounidenses trabajan en conjunto para frenar esta problemática que afecta a ambos países.

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su gobierno profundiza las investigaciones contra quienes participan en el huachicol fiscal, y en especial, contra empresarios de Estados Unidos. Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum afirmó que existen varias carpetas abiertas en la Fiscalía General de la República (FGR) en las que se involucra a ciudadanos y empresas norteamericanas.

    Sheinbaum explicó que no resulta creíble que el combustible entre ilegalmente desde Estados Unidos sin que haya participación o conocimiento de alguien en ese país, por lo que aseguró ya hay órdenes de aprehensión en proceso, y que las investigaciones apuntan a involucrados estadounidenses en el tráfico de combustible.

    “Hay varias carpetas abiertas en la Fiscalía relacionadas con este tema. Algunas ya están en fase de solicitar órdenes de captura”, afirmó Sheinbaum. Además, destacó que Estados Unidos también investiga estas operaciones, lo que facilita la cooperación bilateral para detener el flujo ilegal.

    La presidenta resaltó que, si bien la cantidad de combustible que entra de Estados Unidos ha disminuido, el ingreso ilegal aún persiste. Esto refuerza la necesidad de coordinar los esfuerzos entre ambos países, para detener a todos los responsables y desmantelar las redes que trafican hidrocarburos.

    En julio pasado, las autoridades mexicanas decomisaron más de 15 millones de litros de huachicol en Coahuila en un operativo en el que arrestaron a cuatro empresas, dos mexicanas y dos estadounidenses, las cuales supuestamente formaban una red para transportar y esconder combustible ilegal. Entre ellas se encuentran Lambrucar, con sede en Houston, y Belar Fuels, ubicada en Corpus Christi.

    Lambrucar, que tiene sucursales en Monterrey, San Luis Potosí y Querétaro, aparece entre las empresas investigadas. Belar Fuels, responsable de facilitar el ingreso del combustible por la aduana de Nuevo Laredo, también forma parte de las indagatorias. La red, de acuerdo a las investigaciones, almacenaba y movía grandes volúmenes de gasolina, diésel y otros derivados, todos con sellos falsificados o ilegales.

    El caso refleja la gravedad del problema y la necesidad de una colaboración internacional efectiva. Sheinbaum dejó claro que las investigaciones seguirán hasta desmantelar las redes que afectan la seguridad y economía de México y Estados Unidos. La lucha contra el huachicol fiscal llega ahora a un nivel binacional, con la esperanza de acabar con estas prácticas ilícitas de raíz.

  • FGR impugna amparo concedido a Ramón Sosamontes, ex colaborador de Rosario Robles

    FGR impugna amparo concedido a Ramón Sosamontes, ex colaborador de Rosario Robles

    El ex jefe de Comunicación Social de Sedesol es investigado por uso indebido de atribuciones y desvío de más de 353 millones de pesos durante el sexenio de Peña Nieto.

    La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el amparo otorgado a Ramón Sosamontes Herreramoro, ex jefe de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y uno de los colaboradores más cercanos de Rosario Robles Berlanga, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

    El amparo, concedido por el magistrado Alberto Torres Villanueva del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia penal, ordenaba dejar sin efecto la vinculación a proceso contra Sosamontes por su presunta responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, derivado del desvío de recursos públicos.

    La FGR interpuso un recurso de revisión para revertir la decisión, por lo que otro tribunal analizará el caso y determinará si confirma, modifica o revoca la resolución del magistrado.

    En febrero de este año, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación había ratificado el auto de vinculación a proceso dictado en octubre de 2023 por un juez del Reclusorio Norte. Sin embargo, la defensa del exfuncionario impugnó el fallo, y Torres Villanueva resolvió de manera unilateral a su favor, al considerar que el tribunal anterior no fundamentó ni motivó adecuadamente su decisión.

    De acuerdo con las investigaciones de la FGR, en 2014 Sosamontes contrató de forma irregular servicios con Radio y Televisión de Hidalgo por 353 millones de pesos, recursos que nunca se aplicaron, lo que provocó un daño al erario federal.

    El caso forma parte de las indagatorias relacionadas con la llamada “Estafa Maestra”, una red de desvío de fondos públicos mediante convenios con universidades y entes estatales. La revisión del amparo definirá si Sosamontes continúa o no vinculado a proceso penal por estos hechos.

    Con información de César Arellano para La Jornada

  • Detienen a “El Chesman” por asesinato del padre Marcelo en Chiapas

    Detienen a “El Chesman” por asesinato del padre Marcelo en Chiapas

    Héctor “N”, conocido como “El Chesman”, fue arrestado en Chiapas por su presunta participación en el asesinato del padre Marcelo Pérez, ocurrido hace un año. La justicia aún busca a otros implicados y exige una investigación independiente.

    En Chiapas, la policía detuvo a Héctor “N”, alias “El Chesman”, presunto líder de una banda delictiva y considerado responsable del asesinato del padre Marcelo Pérez. La captura ocurrió en coordinación con la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, en el marco del primer aniversario del crimen. La comunidad y familiares del sacerdote celebraron la noticia, pero también expresaron su frustración por la impunidad que aún prevalece.

    El padre Marcelo, defensor de los derechos humanos y líder espiritual, fue asesinado el 20 de octubre de 2024. La comunidad indígena tsotsil lo recuerda como un símbolo de paz y lucha por la justicia. La noticia de su muerte generó tristeza y movilizó a organizaciones sociales que exigen que el caso no quede impune.

    El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que Héctor “N” está vinculado a la investigación en la Fiscalía General de la República (FGR). Se le acusa no solo del homicidio del sacerdote, sino también de delitos como pandillerismo y atentados contra la paz y la seguridad de la comunidad. El 7 de octubre de 2023, el acusado y un grupo armado intimidaron a transeúntes y comerciantes, exigiéndoles dinero y causando temor en la localidad.

    La fiscalía detalló que ya existe una orden de aprehensión de carácter federal. Héctor “N” se encuentra bajo custodia y enfrentará el proceso judicial para definir su situación legal. Hasta ahora, solo Edgar “N” fue condenado a 20 años de prisión por ser el autor material del asesinato.

    El Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello lamentó que, a un año del crimen, aún no exista justicia plena. La organización denunció que el asesinato del padre Marcelo forma parte de una estrategia de terror, alimentada por la impunidad y la complicidad de autoridades. La ONG exige una investigación independiente y que el caso se reconozca como un crimen de lesa humanidad.

    El legado del padre Marcelo sigue vivo en la lucha por la justicia y los derechos humanos. La comunidad y organizaciones sociales continúan exigiendo que se esclarezca por completo el crimen y que se castigue a todos los responsables. Solo así, aseguran, se podrá avanzar hacia una verdadera paz en Chiapas.

  • Otorgan suspensión definitiva a “El Aleluyo”, implicado en el caso Cruz Azul

    Otorgan suspensión definitiva a “El Aleluyo”, implicado en el caso Cruz Azul

    Federico Sarabia Pozo, identificado como cercano a “Billy” Álvarez, obtuvo una suspensión definitiva contra la prisión preventiva que se le había impuesto; la FGR podría impugnar la resolución para llevar el caso ante un tribunal colegiado.


    Federico Sarabia Pozo, alias “El Aleluyo”, obtuvo una suspensión definitiva contra la medida de prisión preventiva que le fue impuesta por un juez de control del Reclusorio Sur el pasado mes de septiembre. No obstante, la resolución aún puede ser impugnada por la Fiscalía General de la República (FGR), que podría llevar el caso ante un tribunal colegiado para determinar si se confirma, modifica o revoca la sentencia de primera instancia.

    El excolaborador de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, expresidente de la Cooperativa La Cruz Azul, promovió el juicio de amparo el 24 de septiembre ante el Juzgado Noveno de Distrito en materia penal de la Ciudad de México. En su recurso, impugnó la resolución emitida el 1º de septiembre de 2025, en la que se le impuso la prisión preventiva justificada. Actualmente, permanece en el Reclusorio Sur.

    Sarabia Pozo es señalado como líder de uno de los grupos que disputan el control de la planta cementera de Cruz Azul en Tula, Hidalgo, y enfrenta acusaciones por secuestro de la planta, venta irregular de bienes y enriquecimiento ilícito. Su captura ocurrió a finales de agosto por parte de elementos federales que lo trasladaron a la capital del país.

    La jueza Viridiana Berenice Quiroz Ángel otorgó primero la suspensión provisional y posteriormente la definitiva contra los actos reclamados. Hasta el momento, sólo se ha dado a conocer el sentido del fallo, sin publicarse los efectos específicos del mismo en el expediente judicial.

    Cabe recordar que en 2020, “El Aleluyo” se autonombró presidente del consejo de administración de la cooperativa Cruz Azul durante una asamblea considerada irregular. Dicho nombramiento fue posteriormente anulado por diversos tribunales de la Ciudad de México y otros estados, al confirmarse irregularidades en su designación.

    Con esta suspensión definitiva la defensa de Sarabia Pozo busca evitar su permanencia en prisión mientras continúa el proceso penal, aunque la FGR podría impugnar la decisión en los próximos días para que sea revisada por una instancia superior.

  • FGR investiga a policías de Baja California por robo de 180 kg de cocaína

    FGR investiga a policías de Baja California por robo de 180 kg de cocaína

    Agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana presuntamente colaboraron con el Cártel de los Arellano Félix en el desvío de droga en Tijuana.

    La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación contra agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) de Baja California por su presunta participación en el robo de 180 kilogramos de cocaína en el municipio de Tijuana, ocurrido el pasado 4 de octubre en la zona conocida como Ojo de Agua.

    La fiscal general de Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez, confirmó que los indicios apuntan directamente a miembros de la FESC, quienes, según investigaciones de inteligencia, habrían operado para desviar el cargamento en colaboración con el Cártel de los Arellano Félix (CAF).

    “El secretario de Seguridad Ciudadana, General Laureano Carrillo Rodríguez, señaló que esta acusación recae directamente sobre agentes de la FESC. Si alguien anda en malos pasos, tiene que pagar”, subrayó Andrade Ramírez, quien enfatizó que las consecuencias podrían ser la cárcel o incluso la muerte, según la gravedad de los hechos.

    El caso coincide con recientes ataques a instalaciones de la FGE y bloqueos con drones en Tijuana y Ensenada, que habrían sido detonados en represalia o como muestra de fuerza de grupos criminales ante la investigación en curso.

    Durante el robo, se detectó que los agentes involucrados habrían intentado trasladar la droga “por la libre”, sin pagar a ningún cártel rival, lo que generó la intervención y seguimiento por parte de las autoridades federales. Además, Andrade Ramírez aclaró que las narcomantas recientes en la región no estaban dirigidas en su contra, sino que forman parte del clima de advertencia y presión generado por estas organizaciones criminales.

    La fiscal reiteró que su dependencia mantiene vigilancia sobre todas las corporaciones policiales para evitar que casos como este empañen el trabajo de la mayoría de los elementos que cumplen con la ley.

    Con información de Benjamín Pacheco para Proceso

  • Demanda colectiva contra Philips por ventiladores defectuosos usados durante pandemia de COVID-19

    Demanda colectiva contra Philips por ventiladores defectuosos usados durante pandemia de COVID-19

    Philips enfrenta una acción civil y penal en México por presunta responsabilidad en muertes y daños causados por ventiladores que, según la FDA, liberaron gases tóxicos y partículas cancerígenas.


    La empresa Philips México enfrenta una demanda colectiva por su presunta responsabilidad en muertes y afectaciones a la salud derivadas del uso de ventiladores defectuosos durante la pandemia de COVID-19.

    Los equipos, donados y distribuidos en hospitales públicos y privados, fueron señalados por la FDA de liberar sustancias tóxicas debido a la degradación de su espuma interna.

    Durante la emergencia sanitaria, Philips donó dos mil ventiladores E30 al Gobierno federal y colocó tres mil 500 más mediante la distribuidora Healthcare Systems. En 2021, la FDA clasificó el retiro de estos dispositivos como Clase I, la categoría más grave, al representar riesgo de lesiones severas o muerte. A diferencia de otros países, en México los aparatos continuaron en uso hospitalario pese a las alertas internacionales.

    La demanda colectiva, presentada el 6 de octubre de 2025 ante tribunales federales del Estado de México y la FGR, incluye 43 víctimas, de las cuales 27 son familiares de fallecidos. Los abogados denunciaron que los ventiladores siguen en hospitales, y que Philips no garantizó su retiro total.

    En su defensa, Philips alegó haber realizado un retiro voluntario, aunque reconoció no tener trazabilidad de los equipos, y atribuyó la falta de control a su exdistribuidora, Healthcare Systems, con quien mantiene un litigio comercial.

    Los demandantes exigen una reparación integral del daño conforme a la Ley General de Víctimas, que incluya compensación económica, rehabilitación y medidas de no repetición. El caso fue admitido por tribunales federales, y se encuentra en la fase previa de notificación y conciliación.

    Con información de Sugeyry Gándara para Sin Embargo.

  • Decomisan 6 mil litros de Gas LP por comercialización ilícita en Hidalgo

    Decomisan 6 mil litros de Gas LP por comercialización ilícita en Hidalgo

    La FGR aseguró cisternas y dinero en efectivo en un operativo contra el mercado ilegal de hidrocarburos en Actopan, Hidalgo. 

    La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró aproximadamente 6 mil litros de gas licuado de petróleo (L.P.) durante un cateo en una gasera ubicada en la comunidad de Chicavasco, municipio de Actopan, como parte de una investigación por comercialización ilícita de hidrocarburos, delito considerado grave por la ley.

    El operativo se llevó a cabo por agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) y personal de Servicios Periciales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), bajo una orden judicial emitida por una jueza de Distrito especializada en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Durante la diligencia, se aseguraron dos tanques cisterna utilizados presuntamente para el almacenamiento y distribución ilegal del combustible, así como dinero en efectivo y otros objetos relacionados con la actividad ilícita.

    Las autoridades informaron que todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación, encargado de integrar la carpeta de investigación y deslindar responsabilidades, con miras a proceder penalmente contra los responsables.

    El personal de la FGR permanece en custodia del inmueble, debido a que la comercialización ilegal de Gas LP no solo constituye un delito federal, sino que representa un riesgo para la seguridad de la población y afecta la economía local.

    Este decomiso se suma a los esfuerzos del Gobierno federal por combatir el mercado negro de hidrocarburos y garantizar la legalidad en la distribución de combustibles en el país.

  • Agencia Nacional de Aduanas reporta más de 7 mil carpetas de investigación por huachicol fiscal

    Agencia Nacional de Aduanas reporta más de 7 mil carpetas de investigación por huachicol fiscal

    La Agencia Nacional de Aduanas de México ha recuperado más de 225 mil millones de pesos, pero la evasión fiscal y el contrabando de combustibles persisten en el sector petrolero.

    El huachicol fiscal, considerado un “cáncer” que no se ha logrado erradicar, sigue afectando a la industria petrolera en México. Según informó Rafael Marín Mollinedo, director de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), se han abierto más de 7 mil carpetas de investigación por este delito, que involucra a gasolineros, transportistas, agentes aduanales, empresarios e incluso elementos de la Marina.

    El funcionario señaló que estas acciones han permitido recuperar más de 225 mil millones de pesos y reducir significativamente los embarques de combustible de contrabando en cruces fronterizos, aunque aclaró que la práctica persiste y requiere vigilancia constante.

    Marín Mollinedo explicó que muchas de las irregularidades se detectaron gracias a coordinación con autoridades de Estados Unidos, quienes proporcionan información sobre cargamentos de combustible. “Venían bien los documentos desde Estados Unidos, pero al llegar a México se modificaban los pedimentos y fracciones arancelarias para evadir impuestos”, indicó.

    El titular de ANAM calificó el huachicol fiscal como un problema sistémico que persiste desde administraciones pasadas, y reconoció que las aduanas han sido históricamente vistas como un botín: “Por un peso dejaban pasar miles”, comentó. En este contexto, se han solicitado órdenes de aprehensión y se investigan a administradores, subdirectores y personal civil y militar relacionado con el contrabando.

    Entre las medidas implementadas, Marín Mollinedo destacó la reducción de decomisos de ferrotanques y buques irregulares, la vigilancia directa en aduanas y la futura Ley de Aduanas, que busca fortalecer controles sobre agentes aduanales, empresas importadoras y esquemas de fomento como IMEX. Además, reiteró la coordinación con la Marina como elemento clave para garantizar seguridad y transparencia en los puertos.

    Pese a los avances, el director de ANAM insistió en que el huachicol fiscal sigue siendo un cáncer en el sector petrolero, y que la vigilancia y combate constante son fundamentales para cerrar redes de corrupción y evasión fiscal.

  • Cancelan audiencia contra el contralmirante Fernando Farías

    Cancelan audiencia contra el contralmirante Fernando Farías

    La jueza federal suspende la audiencia inicial contra Fernando Farías Laguna, acusado de liderar una red de tráfico de combustible. La cita no se realiza por la ausencia del acusado ni de sus representantes legales, y se pospone hasta su captura.

    Este lunes 20 de octubre, la audiencia inicial en el caso del “huachicol” fiscal fue suspendida. La jueza federal encargada del proceso decidió cancelar la cita en los juzgados del Penal Federal del “Altiplano”. La causa principal es que ni el contralmirante Fernando Farías Laguna, ni sus abogados, acudieron a la audiencia.

    Fernando Farías Laguna, sobrino del ex secretario de la Marina Armada de México, Rafael Ojeda Durán, enfrenta acusaciones por liderar una organización dedicada al tráfico ilícito de combustibles. La situación se complicó aún más cuando la jueza revocó el amparo que el militar había solicitado para evitar su captura. Esto significa que, en caso de que no esté detenido aún, puede ser arrestado en cualquier momento.

    Por otra parte, su hermano, Manuel Roberto Farías Laguna, permanece en prisión preventiva. Ambos son señalados por las autoridades como cabecillas de una red que opera en varias regiones del país. La fiscalía general de la República (FGR) también asistió a la audiencia, pero no presentaron representantes. La suspensión de la cita indica que la audiencia solo se realizará cuando Fernando Farías sea detenido.

    Hasta ahora, el militar prófugo sigue sin aparecer. La justicia espera que su captura suceda pronto para poder continuar con el proceso y esclarecer los delitos en los que está involucrado. La situación mantiene en vilo a varias instituciones y a sus familiares, quienes esperan que la ley prevalezca pronto en este caso.

  • Detienen en Chiapas a seis presuntos del Cártel de Sinaloa con arsenal y equipo táctico

    Detienen en Chiapas a seis presuntos del Cártel de Sinaloa con arsenal y equipo táctico

    Entre los detenidos hay cuatro mexicanos y dos guatemaltecos; las autoridades aseguraron armas, miles de cartuchos y equipo táctico en la carretera Tapilula-Rayón.

    Chiapas registró un duro golpe contra el Cártel de Sinaloa, luego de que autoridades federales y estatales detuvieran a seis presuntos integrantes del grupo criminal mientras viajaban en una camioneta Nissan Frontier que transportaba un arsenal completo y equipo táctico. La detención se realizó en el tramo carretero entre Tapilula y Rayón, a la altura del hotel Las Cabañitas, tras un intento de fuga de los sospechosos al detectar la presencia de uniformados.

    Entre los detenidos se encuentran cuatro mexicanos: Juan “N”, Hernán “N”, Eduardo “N” y Luis “N”, así como dos guatemaltecos: Adolfo “N” y Junior “N”. Los sujetos se identificaron como integrantes del Cártel de Sinaloa, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) de Chiapas.

    Durante el operativo se aseguraron 12 armas largas tipo cuerno de chivo, más de mil 800 cartuchos de distintos calibres, 36 cargadores de plástico y 20 metálicos, además de chalecos balísticos, cascos, uniformes tácticos, un marro brechador y 220 poncha llantas metálicos.

    Los seis presuntos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar su situación legal por los posibles delitos cometidos.

    El operativo contó con la participación de la Guardia Estatal Preventiva de la SSP de Chiapas, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército y la Guardia Nacional (GN), quienes destacaron que esta acción representa un golpe importante a la logística delictiva del Cártel de Sinaloa en la región.