La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró cerca de 129 mil pastillas y 150 kilos de presunto fentanilo, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua.
Derivado de un mandamiento judicial, los agentes federales realizaron un cateo a un inmueble, en el que se aseguraron estas drogas químicas almacenadas en costales, cubetas y garrafas, así como se confiscó alrededor de 480 kilos de dos sustancias distintas y objetos diversos.
Este operativo estuvo bajo la conducción del Ministerio Público de la Federación (MPF), de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en su Delegación de Chihuahua.
Las sustancias aseguradas y así como la vivienda fueron puestas a disposición de la FGR, para que continúe con las diligencias y peritajes correspondientes, así como la integración de la carpeta de investigación.
Elementos de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Civil estatal de Michoacán, aseguraron fusiles de asalto, cargadores y cartuchos útiles, dentro de una camioneta con reporte de robo.
El personal militar, federales y estatales fueron atacados por tres sujetos que portaban armas e iban a bordo de una camioneta, durante un recorrido de seguridad y prevención del delito sobre el tramo carretero Nueva Italia-Lombardía, en las inmediaciones del municipio de Múgica, Michoacán.
Los agresores al notar la presencia de las unidades oficiales, realizaron detonaciones en contra los representantes de la autoridad, sin que se registraran heridos, al tiempo que emprendieron la huida a pie, dejando abandonado el vehículo.
Por su parte, los elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Guardia Civil, inspeccionaron la camioneta, percatandose de que el vehículo tenía reporte de robo vigente y localizaron en su interior 3 armas largas,19 cargadores y 380 cartuchos útiles.
Luego del aseguramiento del material bélico fueron puestos a disposición en la Agencia del Ministerio Público de la Federación en la entidad para continuar las investigaciones correspondientes.
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Alejandro Chávez Carmona, fiscal regional de la zona oriente y al coordinador de ministerios públicos de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Daniel Solís.
En un operativo conjunto entre elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), elementos de la Marina y agentes de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) se realizaron diligencias de cateo en en los domicilios ubicados en los municipios de Cuernavaca y Jojutla.
Como resultado, se logró la detención de Alejandro “N” fiscal regional Zona Oriente de la Fiscalía General del Estado (FGE) y a Daniel “N”, coordinador de Ministerios Públicos de la misma institución. Asimismo, se aseguró a una persona más, quien se desempeña como policía municipal.
Indicó el Gobierno de Morelos en un comunicado.
Asimismo,el gobierno estatal informó que también fue detenida una persona más, quien se desempeñaba como policía municipal.
Participa @CES_Morelos en diligencias de cateo en Cuernavaca y Jojutla
Los detenidos fueron puestos a disposición de la FEMDO de la FGR, por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Hasta el momento, la FGE que encabeza Uriel Carmona Gándara no ha emitido pronunciamiento alguno sobre la detención del fiscal de la zona oriente de Morelos y el coordinador de ministerios públicos.
La Fiscalía General de la República (FGR), destruyó más de cinco millones de patillas de fentanilo, junto a 27 toneladas de precursores químicos y otros narcóticos, asegurados en el norte del país.
Foto: FGR.
El organismo autónomo federal detalló que se destruyeron cinco millones cuatro mil 622 pastillas de fentanilo, 10 mil 158 unidades de pastillas de hidrocodona, oxicodona y plantas de marihuana; asimismo, 120 objetos del delito, como centrifugadoras, básculas, maletas y chalecos tácticos.
Foto: FGR.
Asimismo, informó quea la par se destruyó un conjunto de 27 toneladas 304 kilos 597 gramos 314 miligramos y 25 mil 26 litros 527 mililitros de narcóticos, sustancias y precursores, como fentanilo, clorhidrato de metanfetamina, marihuana, clorhidrato de cocaína, diacetilmorfina, metanfetamina, ácido tartárico, acetato de plomo, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, manitol, acetato de sodio, entre otros.
Foto: FGR.
La destrucción de los narcóticos y precursores químicos se realizó en las instalaciones de una empresa especializada en Culiacán, Sinaloa y con asistencia del Ministerio Público de la Federación, peritos especializados en química forense, así como la supervisión del Órgano Interno de Control de la FGR.
La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que no devolverá la casa asegurada al ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya, pese al ordenamiento de una juez federal.
A través de un comunicado la FGR, sostuvo que dicho inmueble fue adquirido ilegalmente con recursos “provenientes de lavado de dinero”, por lo que “sigue asegurado y no será devuelto”.
El organismo autónomo federal consideró como “inaceptable”, el criterio expresado por la Jueza Federal Ana Lilia Osorno Arroyo, esto al negar la aplicación obligatoria de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y alegar una retroactividad que es contraria a la misma.
Emilio Lozoya, director de PEMEX durante el sexenio de Peña Nieto. foto: antenanoticias.com.mx
La Jueza determinó que como la Ley Nacional de Extinción de Dominio fue aprobada en 2019 y la casa adquirida por Lozoya Austin en 2012, el inmueble debería de ser devuelta, de acuerdo con Osorno Arroyo, por el principio de retroactividad.
Ley Nacional de Extinción de Dominio establece, con toda contundencia, que ningún acto jurídico sobre bienes afectos a extinción de dominio puede ser legitimado, y que son legales y válidos los procedimientos de extinción que se hayan iniciado a partir de la entrada en vigor de la misma, con independencia de que el hecho ilícito haya sucedido con anterioridad.
Se lee en el comunicado de la FGR.
El pasado viernes, durante su conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador, criticó la determinación de la Jueza Federal de Segundo Distrito en Materia de Extinción de Dominio al ordenar a la FGR devolver la lujosa mansión de Emilio Lozoya, que se encuentra valorada en 38 millones de pesos.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Foto: Gobierno de México.
Es una decisión de un juez, como las tenemos, lamentablemente casi a diario, de jueces que deciden liberar estos bienes y cosas peores, dejar en libertad, presuntos, delincuentes y siempre con argumentos o mejor dicho con excusas o pretextos legaloides, porque no son capaces de ir al fondo y de entender que se trata de justicia.
Indicó el presidente López Obrador.
La FGR informó que el recurso de apelación correspondiente se está presentando dentro del plazo legal, también reveló que la lujosa mansión de Lozoya Austin se encuentra legítimamente asegurada en otro procedimiento penal diferente a éste, por delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), logró la vinculación a proceso en contra de Ramón Sosamontes, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
La FGR señala al ex colaborador de Rosario Robles de haber contratado indebidamente servicios con recursos públicos con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), ocasionando con su actuar un detrimento a la Hacienda Pública Federal por la cantidad de 203 millones 477 mil 367.63 pesos, ya que el Estado no obtuvo las mejores condiciones en la contratación del servicio.
Rosario Robles ex titular de la SEDESOL y Ramón Sosamontes, jefe de oficina de Comunicación Social.
Esta vinculación a proceso se da después de que el Ministerio Público Federal interpusiera un recurso de apelación contra el auto de no vinculación a proceso que el ¿ Juez de Control, Gustavo Aquiles Villaseñor, le había concedido a esta persona en febrero de 2023.
Entre 2012 a 2015, Ramón Sosamontes ocupó la oficina de Comunicación Social de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y de la Secretaría de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano (SEDATU), periodo en el que se otorgaron contratos por un monto superior a los 5 mil millones de pesos a universidades públicas y empresas fantasma, conocida como la “Estafa Maestra”.
La FGR destacó que esta vinculación es de una causa penal distinta a otro proceso que también enfrenta Ramón Sosamontes.
Durante su conferencia de prensa de este martes, el Presidente López Obrador volvió a mencionar el caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), acusando que en realidad fue creado durante el sexenio del panista Vicente Fox Quesada para simular que había algo de transparencia, cuando servía para todo lo contrario.
El primer mandatario mencionó que lo primero que mantiene en secreto el INAI son los datos de los empresarios que habían sido beneficiados con la condonación de impuestos, sumado a que el órgano “autónomo” resolvió mantener en secreto el expediente del caso Odebrecht.
“Fueron instituciones creadas para solapar la corrupción, a cambió de recibir prebendas, de recibir sueldos elevadísimos”, mencionó el mandatario al ser cuestionado sobre el uso de tarjetas corporativas para fines personales.
AMLO también mencionó que no es necesaria la existencia del INAI para garantizar el acceso a la información, ya que existe la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación del Poder legislativo.
“Si hay necesidad de pedir información, todos estamos obligados a aportar información”, refirió el líder del Ejecutivo federal y pidió a quien lo suceda que se encargue de las reformas necesarias para desaparecer los organismos como el INAI, ya que cuestan mucho dinero y hay duplicidad de funciones.
La tarde de este domingo, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a un conductor de un tractocamión que transportaba 40 mil litros de combustible, no pudo acreditar el origen legal del hidrocarburo.
Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 036+000, en la carretera Reynosa-Monterrey, en las inmediaciones del municipio de Cadereyta Jiménez, donde los guardias nacionales realizaban patrullajes de seguridad y prevención del delito.
Guardias Nacionales detienen a conductor y aseguran 40 mil litros de combustible, en Cadereyta, Nuevo León. Foto: Guardia Nacional.
Los agentes federales observaron un tráiler acoplado a un semirremolque tipo tanque, que circulaba sin los rótulos de la razón social de la compañía a la que pertenece, infringiendo con ello el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.
Los elementos de la Guardia Nacional solicitaron al conductor detenerse para poder realizar una inspección, al acercarse percibieron un fuerte olor a hidrocarburo y pidieron al operador la documentación que acredite la legal posesión del combustible, pero ésta presentó inconsistencias, motivo por el cual fue detenido.
El conductor y el tractocamión fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Federación de Nuevo León, para continuar las investigaciones correspondientes.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, cumplimentó una tercera orden de aprehensión contra Gualberto Ramírez Gutiérrez, el primer funcionario en encargarse de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Esta nueva orden de aprehensión liberada por un juez de control de la Ciudad de México es por los delitos de falsificación de documento agravado, contra la administración de la justicia y asociación delictuosa, de acuerdo con información obtenida de La Jornada.
Las otras dos órdenes de aprehensión, una tiene que ver con la presunta manipulación de indicios para acusar a Ana Patricia Moller Vuilleumier de narcotráfico y perjudicarla en su proceso de divorsio. La segunda orden tiene que ver con el caso de tortura de Felipe Rodriguez Salgado.
Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas manifestándose en la CDMX. Foto: El Economista/ Eric Lugo.
Gualberto Ramírez Gutiérrez se desempeñaba como titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), cuando iniciaron las investigaciones sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y uno de los principales creadores de la ya desmentida Verdad Histórica.
También Ramirez Gutiérrez estuvo presente en el interrogatorio que realizó Tomás Zerón de Lucio, en el que se torturó a Felipe Rodríguez Salgado, alías “El Cepillo” identificado como presunto integrante de los Guerreros Unidos.
El pasado 25 de junio, Gualberto Ramírez Gutiérrez, fue detenido en el municipio de Tecámac, Estado de México y trasladado al Reclusorio Sur en la Ciudad de México.
La Fiscalía General de la República (FGR), obtuvo nuevas órdenes de aprehensión en contra de siete ex servidores públicos de Veracruz, tres personas son ex secretarios de Gobierno y otras cuatro fueron colaboradores cercanos del ex gobernador, Javier Duarte de Ochoa.
El organismo autónomo federal, señaló que brindó todos los elementos necesarios para lograr que un Juez de Distrito en la residencia de Xalapa de Enríquez, Veracruz, obsequiara el mandamiento judicial por la probable responsabilidad en el delito de peculado y por la presunta realizaron de 17 transferencias irregulares por más de mil millones de pesos en 2013.
#FGR, logró de un Juez de Distrito orden de aprehensión contra siete ex servidores públicos de #Veracruz, probables responsables del delito de peculado por más de mil millones de pesos durante 2013.
Entre los indiciados se encuentran Tomás José Ruiz González, Salvador Manzur Díaz y Fernando Charleston Hernández, todos ellos fueron titulares de la Secretaría de Finanzas de Veracruz en el gobierno de Duarte Ochoa.
Así como, Carlos Aguirre Morales, ex subsecretario de Egresos y Gabriel Deantes Ramos, ex subsecretario de Finanzas, José Francisco Díaz Valenzuela y Carolina Estrada Acosta, ex subdirectores de Operación Financiera de Veracruz.
La FGR detalló que, entre el 31 de enero al 19 de diciembre del 2013, realizaron transferencias irregulares, por un monto de mil 79 millones 200 mil pesos a cuentas aperturadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz.
Agregando que, dicha concentración de recursos que carecían de autorización para el manejo de los recursos públicos del Programa denominado Fondo de Aportación Múltiples.
La FGR sostuvo que dará continuidad con el proceso correspondiente para llevar a las personas implicadas ante la justicia competente.
