La Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN) catearon la madrugada de este lunes una propiedad en la exclusiva zona “Lomas del Castillo” en Campeche, vinculada al excandidato panista a la gubernatura, Mario “Á”, acusado por Estados Unidos de participar en un esquema de sobornos millonarios en Pemex.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU., Mario “Á” y el empresario Ramón Alejandro Roviroza Martínez habrían pagado 150 mil dólares a funcionarios de Petróleos Mexicanos y PEP entre 2019 y 2021 para manipular licitaciones y obtener contratos por millones de dólares.
El operativo federal, que comenzó a la medianoche y terminó a las 2:00 de la mañana, incluyó el aseguramiento de bolsas negras con documentos y objetos. En el despliegue participaron elementos de la FGR, GN y la Fiscalía General del Estado de Campeche.
Actualmente, la vivienda es habitada por el empresario José G.G.P., mientras que Mario “Á” reside en Estados Unidos.
Mediante un comunicado oficial, las secretarías de Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública y Ciudadana, así como la Guardia Nacional, informaron sobre la detención de cuatro integrantes de una célula delictiva en Sinaloa.
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México señaló que el arresto está relacionado con la elaboración y trasiego de droga, lavado de dinero y homicidios de integrantes de grupos rivales.
Entre los detenidos se encuentra Jesús Miguel “N” o Rosendo “N”, identificado como uno de los principales líderes operativos de un grupo generador de violencia en la región. De acuerdo con las líneas de investigación, las autoridades obtuvieron información sobre la zona de movilidad de dos de los integrantes, quienes se trasladaron a la colonia Loma Dorada.
A través de herramientas tecnológicas y recorridos de vigilancia, se localizaron dos vehículos de alta gama en los que viajaban varios hombres armados. Al percatarse de la presencia de los elementos de seguridad los sospechosos aceleraron la marcha, lo que derivó en una persecución finalizada en Culiacán.
Tras marcarles el alto los efectivos realizaron una revisión de seguridad, asegurando así cuatro armas largas, un paquete de cocaína envuelto en cinta canela, cartuchos, cargadores y uno de los vehículos, que contaba con reporte de robo.
Los detenidos, de 28, 38, 40 y 48 años, después de leídos sus derechos, fueron informados del motivo de su captura, y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal e integrará la carpeta de investigación.
Las investigaciones preliminares confirmaron de esta manera que los cuatro forman parte de, como mencionamos al principio, la facción de un grupo delictivo generador de violencia, vinculado con el narcotráfico, lavado de dinero y homicidios en la región.
Los casos por huachicol en Tamaulipas se dispararon casi 300% en tres años, al pasar de 129 carpetas de investigación en 2021 a 500 en 2024, según una investigación de El Sol de México, con datos de la Fiscalía General de la República (FGR). En 2025, la tendencia sigue al alza con 224 investigaciones solo en el primer semestre, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La crisis alcanzó su punto crítico el 4 de agosto, cuando Ernesto Vásquez Reyna, delegado de la FGR en Tamaulipas, fue víctima de un atentado con arma de fuego y granada en plena vía pública. El ataque, vinculado a una represalia por un operativo contra el huachicol, dejó su camioneta incendiada y conmocionó a las autoridades.
Pocos días antes, el 27 de julio, la Fiscalía decomisó 1.8 millones de litros de huachicol en Reynosa, además de maquinaria y vehículos usados para el robo y transporte ilegal de combustible. La FGR atribuye este decomiso a un golpe duro contra la delincuencia organizada en la región.
El 8 de agosto se detuvo a Jared Roberto H., presunto responsable del atentado, vinculado al grupo criminal Los Metros, brazo del Cártel del Golfo, señalado como uno de los principales grupos dedicados al robo y venta ilegal de combustible en Tamaulipas.
Actualmente, Tamaulipas es la sexta entidad con más casos de huachicol en México en 2025, solo detrás de Puebla, Estado de México, Nuevo León, Hidalgo y Baja California, mientras las investigaciones por el ataque al delegado continúan en curso.
La Fiscalía General de la República capturó a Jaret Roberto “H”, señalado como uno de los responsables del asesinato de Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna.
El arresto se llevó a cabo en un centro de rehabilitación en Reynosa, donde el detenido se ocultaba. Las autoridades encontraron dos armas largas, cartuchos y droga en el lugar.
La FGR identificó un vehículo utilizado por los agresores. Un análisis del teléfono móvil de Jaret Roberto confirmó su participación en el homicidio.
El detenido será presentado ante un juez federal. Las investigaciones continúan para localizar a otros implicados en el crimen.
Elementos del Gabinete de Seguridad federal y fuerzas locales asestan un duro golpe a la delincuencia organizada con la incautación de 900 kilogramos de metanfetamina en un narcolaboratorio clandestino en Palenque, Chiapas.
Además, en Culiacán, Sinaloa, fue desmantelado otro laboratorio con precursores químicos y reactores para la producción de drogas sintéticas, afectando al crimen en más de 400 millones de pesos.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en el sitio de Palenque también se aseguraron vehículos, armas y material para la elaboración de narcóticos. En Sinaloa, el Ejército aseguró además 750 litros de sustancias químicas valuadas en 15 millones de pesos.
Paralelamente, en Baja California, un operativo conjunto detuvo a cinco presuntos miembros del Cártel del Pacífico, incluyendo a Alfonso “Cabo 13” Villa Briones, uno de los principales operadores de tráfico de fentanilo y foco de violencia en la región. Durante los cateos en Tijuana se aseguraron armas, cargadores, cartuchos y droga.
Las autoridades de Tamaulipas han asegurado más de 15 millones de litros de combustible ilegal en 2025. Este esfuerzo se enmarca en la Operación Frontera Norte.
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a 19 personas relacionadas con el robo y tráfico de combustible. El delegado Ernesto Vázquez fue asesinado, lo que intensificó la lucha contra el huachicol.
En marzo, las autoridades incautaron 10 millones de litros de diésel en un predio de Altamira. Este hallazgo surgió tras inspeccionar un buque que transportaba aditivos.
En julio, las operaciones aumentaron y se decomisaron más de cinco millones de litros. También se registraron importantes aseguramientos en Nuevo Laredo.
El Cartel Jalisco Nueva Generación, liderado por César Morfín, ha sido vinculado con el robo de combustible en la región. Las autoridades continúan trabajando para desmantelar estas redes delictivas.
Este 7 de agosto, en Tijuana, Baja California, personal de la Secretaria de Seguridad, Defensa, Secretaría de Marina y Fiscalía General avanzaron con operativos donde se incautaron armas de fuego y droga, además de realizar arrestos a los delincuentes que portaban los estupefacientes.
Las labores de inteligencia e investigación llevadas a cabo permitieron la identificación de dos domicilios que eran focos rojos del crimen. Después de un periodo de vigilancia en las colonias Hacienda Los Laureles y Las Américas se reunieron las pruebas para intervenir las viviendas.
En un primer inmueble ubicado en la Calle Hacienda San Bruno en la colonia Hacienda los Laureles, las fuerzas públicas capturaron una pareja, a los cuales les encontraron 85 cartuchos útiles y una bolsa de plástico con marihuana.
Por otro lado, en la calle Privada el Aguacaliente, en la colonia Las Américas, los agentes arrestaron a tres personas, que portaban cuatro armas cortas, partes de armas de fuego, siete cargadores de arma corta, cartuchos útiles y una bolsa con cristal.
Los cinco detenidos fueron informados sobre sus derechos de ley, y junto con lo asegurado fueron trasladados ante el Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica. Los inmuebles fueron sellados.
El Gobierno de México ha sumado recursos y esfuerzos para cumplir su promesa de reducir los índices de violencia e inseguridad en el país con el despliegue de elementos de la Fuerza Pública, en Estados con mayor impacto delictivo. Son acciones que aportan a la desarticulación del crimen organizado el cual se mueve entre fronteras visibles e invisibles.
En México, hay aproximadamente unas 16 millones de armas de fuego en manos de civiles. Además, 74% de las armas utilizadas por los carteles mexicanos tienen procedencia de los EE.UU, las cuales llegan principalmente a través de la frontera norte.
Otros datos, estiman que los cárteles de drogas mexicanos controlan aproximadamente un 70 % del tráfico de drogas que entra ilegalmente a Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha entablado diálogos con el presidente Donal Trump y han planteado estrategias binacionales para combatir el tráfico ilícito de armas y drogas con operativos en puntos clave de la frontera.
Sin embargo, los esfuerzos pueden parecer insuficientes ante las políticas del gobierno estadounidense, que sugirió reducir el presupuesto y personal de la ATF, la agencia encargada de la regulación de armas, además, son escasas las acciones en relación al control de la fabricación de estupefacientes.
La raíz delincuencial es grande y los factores que la alimentan son muchos, pero se puede debilitar este gran flagelo en acciones conjuntas y constantes.
Autoridades federales detuvieron a Arturo Gómez Marín, conocido como “El Vampiro”, en Centro, Tabasco. Es el tercero al mando del grupo delictivo La Barredora.
La captura se llevó a cabo por elementos de la Defensa, Marina, SSPC, Guardia Nacional, FGR y autoridades locales. El Vampiro enfrenta acusaciones por extorsión y homicidio.
Durante su detención, los agentes encontraron un arma de fuego larga con 20 cartuchos. La operación se realizó tras un seguimiento de inteligencia que identificó su ubicación.
Los agentes marcaron el alto a El Vampiro cuando manipulaba el arma. Ahora, lo han puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal. La detención representa un avance en la lucha contra el crimen organizado en la región.
Arturo “N”, alias “El Vampiro”, fue detenido en Tabasco por su presunta participación en actividades de extorsión y cobro de piso como uno de los líderes del grupo criminal La Barredora, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La captura se realizó en el municipio de Centro, Tabasco. Durante el operativo, elementos de la SSPC, Sedena, Guardia Nacional y la Fiscalía Genera de la República le aseguraron un arma larga con 20 cartuchos útiles, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Fue puesto a disposición del Ministerio Público.
La Barredora ha sido señalada por operar con la presunta protección de exfuncionarios del gobierno estatal, como Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad, hoy prófugo tras girarse orden de aprehensión en su contra.
Esta detención se suma a las recientes capturas de otros integrantes del grupo: “El Caiser” el 30 de julio y “El Pinto” el 23 de julio, ambos vinculados a delitos como secuestro, huachicol, trasiego de drogas y asociación delictuosa.
Con estos golpes, las autoridades buscan desarticular una red criminal que no solo extorsionaba a comerciantes, sino que presuntamente tejió alianzas con estructuras políticas en el estado.
Tras casi dos décadas en prisión preventiva, Israel Vallarta fue absuelto por un tribunal federal que evidenció graves irregularidades procesales, pruebas contaminadas y violaciones a derechos humanos. La sentencia, de 425 páginas, desglosa siete razones clave que fundamentaron su liberación.
De acuerdo con Milenio, que tuvo acceso al expediente, la jueza Mariana Vieyra Valdés concluyó que la detención de Vallarta fue ilegal y que su presentación ante los medios como parte de un montaje contaminó la evidencia desde el inicio. El caso fue transmitido por televisión, simulando un operativo de rescate que nunca ocurrió. Esta recreación generó un “efecto corruptor” en todo el proceso.
Además, la confesión inicial de Vallarta fue descartada por presunta tortura. Aunque no se ha emitido una sentencia firme sobre los actos de tortura, la Fiscalía General de la República no investigó adecuadamente y eso invalida cualquier declaración extraída bajo ese contexto. La jueza subrayó que los derechos de las víctimas no justifican violar los del acusado.
También se acreditó una ruptura en la cadena de custodia de las armas y cartuchos asegurados. No hubo peritajes concluyentes ni pruebas balísticas que vincularan directamente a Vallarta con esos objetos. Incluso, las diligencias de reconocimiento fueron realizadas en condiciones sugestivas y sin presencia de la defensa, afectando la fiabilidad de los testimonios.
Se suman contradicciones en las declaraciones de al menos diez testigos clave, cambios de versiones y relatos que se ajustaban conforme avanzaba el caso. Además, no se probó su pertenencia a un grupo criminal organizado, ni que existiera estructura, permanencia o roles definidos que configuraran el delito de delincuencia organizada.
Finalmente, parte de las pruebas provienen de cateos ilegales. Ingresos a inmuebles como el rancho Las Chinitas y otros predios se realizaron sin orden judicial, violando flagrantemente la Constitución. Por lo tanto, todo lo recolectado carece de valor probatorio.
La jueza determinó que no era posible emitir una sentencia condenatoria sobre la base de pruebas obtenidas de forma ilícita, lo que llevó a la absolución definitiva de Israel Vallarta, tras más de 19 años privado de su libertad sin sentencia.
