En un exitoso operativo, autoridades aseguraron una bodega de almacenamiento de drogas sintéticas en Baja California. Este esfuerzo se llevó a cabo por la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en colaboración con varias instituciones.
El operativo se realizó en el municipio de Playas de Rosarito. Gracias a trabajos de inteligencia, las autoridades lograron identificar un inmueble vinculado a un grupo delictivo que opera en la región. Durante el cateo, encontraron 10 vehículos modificados para el transporte de material ilícito y 10 cartuchos útiles.
La coordinación entre la Semar, la Secretaría de Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fue clave. Este enfoque interinstitucional busca desmantelar células delictivas que afectan la seguridad de las familias mexicanas.
Los objetos asegurados fueron entregados al Ministerio Público para iniciar la carpeta de investigación correspondiente. Esta acción forma parte de las operaciones de vigilancia que la Semar realiza en el país. Las autoridades continúan trabajando para inhibir la delincuencia y garantizar la seguridad en México.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la detención de tres hombres en una operación conjunta en Monterrey. Esta acción, encabezada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.
Los operativos resultaron en el aseguramiento de 64 armas de fuego, más de 3,500 cartuchos útiles, 115 cargadores y maquinaria para fabricar cartuchos. También se confiscó dinero en efectivo, cuyo monto aún se está contabilizando, y tres vehículos, uno de ellos con reporte de robo.
Las autoridades llevaron a cabo dos cateos en predios identificados como almacenes de armas. Los lugares de intervención se ubicaron en la calle Francisco I. Madero en la colonia Mitras Centro y en la calle Paseo Churubusco, colonia Cumbres Primer Sector. Las vigilancias discretas permitieron reunir pruebas suficientes para que un juez de control autorizara las órdenes de cateo.
En total, los agentes implementaron un dispositivo de seguridad que incluyó vigilancia fija y móvil, así como la colaboración de más de 50 elementos de las distintas fuerzas de seguridad. Los tres detenidos se encuentran actualmente a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones. Los inmuebles asegurados han sido sellados y permanecen bajo resguardo policial.
Esta operación impidió que un arsenal completo llegara a las calles, contribuyendo así a reducir la capacidad de fuego de grupos delictivos en la región. Según datos de la SSPC, estas acciones forman parte de una estrategia integral para disminuir la violencia en Nuevo León, un estado que ha enfrentado un aumento en la actividad criminal en los últimos años.
Las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirmaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para combatir la violencia en la entidad. El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, presentó los resultados de esta operación, que consistió en dos acciones simultáneas encabezadas por la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.
La Fiscalía General de la República (FGR), realizó su Primera Sesión Ordinaria 2025, de las Zonas Noreste y Noroeste de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ).
El encuentro fue encabezado por Germán Castillo Banuet, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, quien acudió en representacióndel presidente de la CNPJ, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
En la reunión, presentaron un proyecto de reformas legales, el cual acordaron enriquecer, con el objetivo de combatir la impunidad, no sin antes presentarlo de manera oportuna ante la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Esto estuvo en manos de los titulares de las instituciones de procuración de justicia de Coahuila de Zaragoza, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas, Durango, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Chihuahua.
En esta Primera Sesión Ordinaria 2025, también avalaron la propuesta de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley de Amparo y buscan presentar propuestas a la Secretaría Técnica de la CNPJ para fortalecerlo.
Se compartió la actualización del instrumento de registro, clasificación y reporte de los delitos y de las víctimas, aprobada mediante el acuerdo 11/L/2024 de la L Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
De igual forma, reafirmaron su compromiso de sumar información a los registros nacionales que alimentan el Banco Nacional de Datos Forenses y se informaron los avances en la integración del Registro Criminal de Armas de Fuego.
Al rededor de las 10 de la mañana y en un operativo seguro y conforme a la ley, la Fiscalía General de la República detuvo a Lambertina Galeana Marín, exministra de Guerrero y expresidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), pues se le acusa de destruir pruebas relacionadas a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En la detención también participaron elementos de la Comisión Nacional Antisecuestros y de la Agencia de Investigación Criminal, quienes también contaban con una ambulancia y paramédicos, debido a que la implicada sufre hipertensión a sus 80 años de edad. La detención se realizó en Chilpancingo, Guerrero, en un domicilio entre las calles de Abasolo y la SCT, de la colonia Ruffo Figueroa.
🚨 #Alerta | 📹 #Vídeo | Elementos de la Fiscalía General de la República detienen en Chilpancingo, Guerrero a Lambertina Galeana Marín, ex magistrada federal señalada de haber ordenado la destrucción de videos y evidencia del caso Ayotzinapa. pic.twitter.com/6ZXp4BQsNg
Se detalló que durante la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, del año 2022, se señaló a Lambertina Galeana por dar la presunta orden de destruir videos de la noche del 26 de septiembre de 2014, provenientes de cámaras exteriores del Palacio de Justicia de Iguala, cuando desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa, y de las que dijo “no obtener imágenes claras por problemas técnicos”, y por ello ordenó destruirlos.
Su detención puede ser clave en el avance del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, porque, con hipertensión o no, la implicada ordenó la destrucción de pruebas que podían ser importantes y necesarias para dar lo mínimo que merecen los desaparecidos y sus familias; lo que han buscado por más de 10 años: JUSTICIA.
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México presentó este viernes un nuevo corte de los resultados obtenidos por la Operación Frontera Norte, desplegada desde el 5 de febrero pasado, y que ha golpeado de forma contundente las operaciones del crimen organizado en la zona norte del país.
Hasta el 1 de mayo, las autoridades reportan la detención de 2,922 personas, el decomiso de 2,495 armas de fuego, más de 398 mil cartuchos, 12 mil cargadores, así como 30 toneladas de droga, incluyendo 163 kilos de fentanilo, una sustancia altamente letal. Además, fueron asegurados 2,344 vehículos y 375 inmuebles utilizados por los grupos criminales.
Los operativos han sido contundentes en distintos puntos del país. En Ensenada, Baja California, se retiraron 11 cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente por células delictivas, se detuvo a cinco personas y se decomisaron drogas, armas y vehículos.
En Coahuila, las fuerzas federales detuvieron a ocho personas en dos acciones distintas: se aseguraron más de 90 kilos de cocaína, un inmueble y un vehículo.
En Nuevo León, en el municipio de Anáhuac, la captura de dos personas —una extranjera— permitió incautar un arsenal: ocho armas largas, cientos de cartuchos, chalecos balísticos, ponchallantas y vehículos utilizados por el crimen organizado.
Uno de los mayores golpes se dio en Culiacán, Sinaloa, donde fueron localizadas e inhabilitadas tres zonas de acopio de precursores químicos para la elaboración de metanfetamina. Se aseguraron más de 2,200 litros de sustancias químicas, con un daño económico estimado de 48 millones de pesos a las organizaciones criminales.
En Los Ayales, también en Sinaloa, se incautó un vehículo blindado, una ametralladora, otras siete armas largas, más de 3 mil cartuchos, radios, ponchallantas y equipo táctico completo.
En Sonora, tres personas fueron detenidas con armas, drogas y chalecos tácticos. En Puerto Peñasco, se retiraron ocho cámaras instaladas de forma irregular, usadas para vigilar movimientos de autoridades.
El Gobierno Federal enfatizó que todas las acciones forman parte de una estrategia que se realiza en apego al Estado de derecho y con respeto pleno a los derechos humanos. La presencia táctica de las fuerzas federales tiene como objetivo restablecer la paz, recuperar territorios y debilitar las finanzas del crimen organizado sin vulnerar a la población.
La orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, fue frenada en seco, ya que un Tribunal Federal la declaró improcedente pues “carecía de legitimación jurídica para presentar el recurso de queja”.
Silvano Aureoles enfrenta cargos por presunta corrupción en la compra de cuarteles para la Guardia Civil en Michoacán, incluyendo acusaciones de malversación de fondos, abuso de poder, asociación delictiva y manejo de recursos ilícitos.
El secretario Winyber Jiménez Navarrete del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, expuso que la Fiscalía General de la República (FGR) presentaba una queja infundada y carente de legitimación jurídica, por lo que mantiene la suspensión del ex gobernador y lo protege de la detención, así sea dictaminada prisión preventiva justificada.
La Fiscalía General de la República ha indicado que Aureoles y cuatro excolaboradores suyos están implicados en un presunto daño financiero al Estado por más de 3.400 millones de pesos, debido a la compra sobrevalorada de cuarteles en varias localidades, como Apatzingán, Jiquilpan, Uruapan, entre otras. En marzo pasado, fueron vinculados a proceso los cuatro exfuncionarios, por su presunta culpabilidad en estos temas de corrupción.
Aún con ello, Aureoles Conejo deberá comparecer voluntariamente ante la jueza de control del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Oriente, en un plazo de tres días hábiles, no sin antes haber pagado una garantía de 52 mil pesos que, en caso de no realizarse, dicha suspensión sería revocada.
Tras la rueda de prensa de la Fiscalía General de la República (FGR) en torno al Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles que es necesario conocer toda la verdad sobre el caso y escuchar a las madres buscadoras.
“La Fiscalía es autónoma, yo conocí de la investigación de los resultados igual que todos los mexicanos, por la comunicación que hizo ayer el fiscal Gertz. Esperemos todavía más información que se nos pueda dar para poder conocer con mayor detalle”, expresó durante la conferencia del pueblo.
📹 #Vídeo | La Presidenta Claudia fue clara, se seguirá atendiendo a las víctimas y siempre se buscará la verdad, no las verdades históricas. pic.twitter.com/9eswS97bqz
La mandataria subrayó que es fundamental atender los señalamientos de las familias que buscan a sus desaparecidos, y se pronunció por despejar cualquier duda que pueda interpretarse como encubrimiento.
“Él fue muy explícito en muchos de los temas, nuestro respeto a la FGR y el trabajo que desarrolla, y también hay que escuchar a las madres buscadoras, y ver este tema en particular que están planteando, de qué no se analizó y por qué está esta situación”, dijo Sheinbaum, quien reiteró su compromiso con la verdad.
“Nosotros siempre lo hemos dicho: siempre vamos a estar del lado de las víctimas y buscar que no haya estas contradicciones, sino que se resuelvan. Lo importante es la verdad siempre, que no haya nada que quede en la oscuridad como si se estuviera tapando algo, tiene que salir la verdad”, enfatizó.
En una rueda de prensa a medios, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), presentó los avances de la investigación en el caso del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, aclarando que no existe una sola prueba de que en ese predio hubiera un centro de cremación clandestina.
“Se encontraron zanjas, agujeros y fogatas, pero no existen osamentas completas o parciales que demuestren que fuera un sitio de cremación,” afirmó el fiscal. Además, explicó que entre los hallazgos se encuentra una vasija con pequeños fragmentos de huesos, mismos que fueron enviados para análisis detallados.
🔴 #ÚltimaHora⚡| 📹 #Vídeo | Otro montaje de la derecha que se derrumba: el Fiscal Alejandro Gertz Manero informó que no hay evidencia de que el rancho Izaguirre haya sido un crematorio.
Confirmó que fue un centro de reclutamiento, adiestramiento y de operación del CJNG. pic.twitter.com/X9oVBeMTRF
La FGR solicitó a los laboratorios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizar estudios científicos sobre las piedras, materiales de construcción y evidencias recolectadas en el sitio. De acuerdo con Gertz Manero, los resultados de estos análisis confirmaron que el Rancho Izaguirre funcionaba como un centro de reclutamiento, adiestramiento y operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Está probado por confesionales, testimoniales y documentales. La amplitud de esta información es absolutamente indudable,” subrayó Gertz.
Respecto a la apertura del predio para la búsqueda de personas desaparecidas, el fiscal aseguró que “la zona debe quedar abierta para la investigación de madres y familiares, de forma bien establecida y bajo protocolos adecuados.”
Entre los resultados concretos, el titular de la FGR destacó:
Se han iniciado 14 procesos penales por delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.
Se aseguraron bolsas con ropa que ya se están periciando para su posterior identificación en compañía del área de derechos humanos.
Se sigue trabajando para establecer toda la cadena de responsabilidades, incluyendo la posible complicidad de autoridades locales.
“Continuaremos las investigaciones para llegar hasta el último responsable, sea del crimen organizado o del sector público,” finalizó Gertz Manero.
La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la suspensión provisional que impidió la ejecución de la orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, señalado por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero, en relación con la compra a sobreprecio de cuarteles de la Guardia Civil.
De acuerdo con la resolución, el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal deberá decidir en un plazo de 48 horas si confirma, modifica o revoca la medida que mantiene protegido a Aureoles Conejo. El 22 de abril, el Juzgado Decimoprimero de Distrito en materia Penal, a través de su secretario en funciones de juez, José Alberto Rodríguez Rivera, concedió la suspensión provisional, con una garantía de 52 mil pesos, la cual ya fue pagada.
Mientras la suspensión esté vigente, la FGR no podrá detener al exmandatario, incluso si llegara a imponerse prisión preventiva justificada. No obstante, Aureoles Conejo debe cumplir aún con el requisito de comparecer ante el juez que lo requiere en un plazo de tres días hábiles; de no hacerlo, la protección judicial quedaría sin efecto.
La Fiscalía sostiene que Silvano Aureoles y cuatro de sus excolaboradores provocaron un daño patrimonial estimado en 3 mil 400 millones de pesos, mediante la adquisición irregular de cuarteles de la Guardia Civil en municipios como Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
En marzo pasado, una jueza federal vinculó a proceso a los cuatro exfuncionarios, quienes fueron imputados también por el presunto desfalco que afectó tanto al erario federal como al estatal, en una operación que se perfila como una de las más graves de los últimos años en Michoacán.
Un golpe de más de 50 millones de pesos al crimen organizado fue lo que lograron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República, tras destruir dos laboratorios clandestinos en Durango.
“Con esta acción se afecta la capacidad financiera de organizaciones criminales y se evita que miles de dosis de esta droga afecten la salud de nuestros jóvenes”, escribió en X el titular de Seguridad, Omar García Harfuch.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el operativo tuvo lugar en el poblado El Tastito, en el municipio de Tamazula, Durango.
Como resultado, también fueron asegurados 150 kilos de metanfetamina, así como 11,850 litros y 360 kilos de precursores químicos y material diverso.
La operación fue notificada al Ministerio Público y se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad, según detalló la dependencia en un comunicado conjunto.
