La Secretaría Anticorrupción ha solicitado la suspensión de Javier Tapia Santoyo, secretario de Administración del IPN, en medio de graves acusaciones de corrupción.
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha suspendido temporalmente a Javier Tapia Santoyo. Este movimiento se produce tras la solicitud de la Secretaría Anticorrupción, que busca asegurar el progreso de las investigaciones en su contra. La suspensión entró en vigor el 29 de noviembre, enfocándose en posibles irregularidades en su gestión.
Las acusaciones contra Tapia son serias. La Fiscalía General de la República (FGR) lo investiga por presuntamente otorgar contratos millonarios a una empresa vinculada a su esposa. Según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), esta empresa es considerada “fantasma”. Las denuncias indican que Tapia adjudicó contratos por más de mil 600 millones de pesos a esta firma entre 2012 y 2019.
La situación se complica aún más al revelarse que, a pesar de las advertencias del SAT sobre la empresa, Tapia otorgó tres contratos directos que suman más de 11 millones de pesos en 2018. Además, su conexión personal con la empresa ha generado cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés.
La Secretaría Anticorrupción ha manifestado preocupación por los riesgos de obstrucción en las investigaciones. En este sentido, el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, ha pedido colaboración total para esclarecer los hechos. El IPN se compromete a mantener la transparencia durante todo el proceso.
Las investigaciones también apuntan a irregularidades en otras adjudicaciones. Se han detectado contratos por 2,500 millones de pesos a una empresa cuestionada por supuestas prácticas corruptas. Este escenario plantea un ambiente de preocupación tanto para el IPN como para el gobierno federal.
Javier Tapia Santoyo no es un desconocido en el mundo del servicio público; previamente, fue tesorero en el ISSSTE. Desafortunadamente, su carrera ahora se ve ensombrecida por las acusaciones de enriquecimiento ilícito y la manipulación de pruebas.
El caso de Tapia despierta un interés significativo en la sociedad, sobre todo al considerar la importancia de combatir la corrupción en México. La ciudadanía reclama justicia y espera que esta investigación pueda arrojar luz sobre la opacidad que a menudo envuelve la gestión pública.
















