Kimberly Ávila, quien fuera víctima de un intento de feminicidio hace tres años, ha expresado su preocupación debido a que la carpeta de investigación no ha sido judicializada y existe el riesgo de que el presunto autor intelectual, identificado como Leonel N, sea liberado. Además, Ávila denuncia que el delito de violación ha sido retirado y solo se le acusa de violencia familiar.
En una declaración realizada frente a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, Ávila acusó al juez Juan Pérez Soto de querer liberar al presunto agresor, insinuando que podría existir un acuerdo o influencia indebida. Según sus palabras, el hecho de que Leonel N. afirme ser nieto del ex presidente Luis Echeverría, le ha permitido evadir la acción de la justicia hasta ahora.
Ávila, quien sobrevivió a siete disparos el pasado 15 de septiembre de 2020, presentó denuncias por tentativa de feminicidio, violación y violencia familiar. Sin embargo, el delito de violación fue retirado y la carpeta de investigación por tentativa de feminicidio no ha avanzado en el proceso judicial. Esta situación ha generado preocupación en la víctima, quien teme por su vida y afirma que ha tenido que vivir escondida.
En este contexto, Ávila responsabiliza al juez José Juan Pérez Soto de cualquier daño que pueda sufrir en caso de que el presunto agresor sea liberado. Según sus declaraciones, existe un peligro inminente para su vida y esto se debe a supuestas irregularidades y protección por parte del Poder Judicial.
Es importante destacar que este caso pone en evidencia la necesidad de una pronta y eficaz respuesta de las autoridades judiciales para garantizar la seguridad y justicia para las víctimas de violencia de género.
Este domingo, la agencia de Investigación de Homicidios de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato presentó cargos por feminicidio contra Miguel de Jesús Octavio ‘N’, en relación al trágico asesinato de Milagros Montserrat Meza.
La solicitud de extender el plazo constitucional de 144 horas por parte de la defensa buscó dilucidar la situación legal del detenido. Este permanecerá bajo prisión preventiva hasta la venidera audiencia, agendada para el 18 de agosto. En ese momento, el juez tomará la decisión de vincularlo o no a un proceso penal.
En caso de ser encontrado culpable del feminicidio, Miguel de Jesús podría enfrentar una condena de entre 30 y 60 años de privación de libertad, en conformidad con el Código Penal del estado mexicano de Guanajuato.
El presunto responsable del feminicidio de Milagros Montserrat confesó el acto delictivo y expresó su arrepentimiento. La solicitud de prórroga en el término constitucional, junto con la continuación de la prisión preventiva, establecerán un marco para el proceso judicial que se avecina, en el que el juez determinará la viabilidad de presentar cargos formales.
En relación al cruel asesinato de Milagros Montserrat, de 40 años de edad, ocurrido en la mañana del 10 de agosto mientras se dirigía a su empleo, las cámaras de seguridad en las cercanías del lugar del crimen capturaron imágenes que revelaron el ataque. Un hombre la persiguió por una calle solitaria alrededor de las 06:30, alcanzándola para apuñalarla repetidamente.
El impacto de este incidente ha desencadenado una respuesta contundente de indignación por parte de la sociedad, que demanda acciones concretas por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la persistente crisis de violencia feminicida que afecta al país.
El Colectivo Justicia para Ari y amigos de Ariadna Fernanda, víctima de feminicidio, exigieron que se investigue a Israel Hernández Bistre, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Morelos, y a José Luis Urióstegui Salgado, alcalde de Cuernavaca, por haber encubierto el delito.
Exigieron durante una protesta realizada frente a Palacio Nacional y la Suprema Corta de Justicia que el caso de la joven no quede en la impunidad y que se proteja a sus familiares de posibles represalias luego de que la acusación del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, se relacionara con la caso.
La investigación por el feminicidio de Ariadna Fernanda, ocurrido en octubre del año pasado, se habría visto entorpecida por su posible implicación en el delito de demora de justicia, según la vinculación de un juez de control la mañana del pasado domingo.
Con el apoyo de cartulinas y pancartas de color morado, donde se leía la palabra “Justicia”,“No más impunidad”,“No al fuero” y “Ni una más”, exigieron que se le de la pena máxima.
La fiscal capitalina, Ernestina Godoy, afirmó, que Carmona “tenía conocimiento de todas las evidencias contenidas en su indagatoria con respecto al feminicidio y aún así, decidió culpar a la joven por su propia muerte”, al informar que murió a causa de una broncoaspiración generada por una congestión alcohólica.
La fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos dio a conocer que Uriel “N”, fiscal de Morelos, vinculado a proceso por obstrucción de la justicia en la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda, no cuenta con impunidad procesal.
“El servidor público imputado no cuenta con inmunidad procesal para los delitos contenidos en esta causa penal, así lo determinó de manera expresa la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando señaló que el fuero constitucional del Fiscal General de Morelos sólo es aplicable para el caso de delitos federales, en términos del artículo 111, párrafo quinto de nuestra Constitución Federal, y no así para delitos del fuero común, como el que nos ocupa”, detalló Ernestina en el Informe Semanal sobre los resultados de la Alerta de Género
Asimismo, enfatizó que debido a que la ley fue respetada en todo momento del proceso penal, ninguno de los amparos dictados a Uriel “N” invalidó su detención ni la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
“Todas nuestras actuaciones están apegadas a la ley y son revisadas por el poder judicial. Quiero ser enfática: ni violamos la constitución, ni violamos el Estado de Derecho. Combatimos la impunidad y buscamos justicia para Ariadna Fernanda. Quien sostenga lo contrario, está mal informado o busca defender lo indefendible”, apuntó Godoy Ramos.
¿Cómo va el caso de Uriel “N”?
El 4 de julio, el fiscal de Morelos fue detenido en su domicilio y acusado de obstrucción a la justicia en relación con el feminicidio de Ariadna Fernanda.
Un juez de la Corte Superior de Justicia de la Ciudad de México le dio una orden de prisión preventiva justificada.
A la investigación complementaria también se le dio una ventana de 30 días, por lo que continuará dentro del Reclusorio Sur.
Una vez más la Corte salvando a los delincuentes, en esta ocasión la titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia penal, María del Carmen Sánchez Cisneros logró evitar la extradición del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien está acusado del delito de obstrucción de la justicia en caso del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda.
“Se concede de oficio la suspensión de plano para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan, esto es, que no se ejecute el acto reclamado”, se lee en el amparo 690/2023 emitido por Sánchez Cisneros, detenido apenas el viernes pasado en Cuernavaca.
La extradición la concedió la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al gobierno de Estados Unidos.
Por lo que, tras esto, Uriel Carmona quedará “bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad a cuya disposición se encuentre, quien deberá tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto”.
Carmona es señalado por presuntamente tener estrecha coordinación con las autoridades norteamericanas para cometer movimientos financieros irregulares y adquisición de propiedades en ese país.
La tarde de este viernes, agentes de la policía de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en coordinación con la Semar aprehendieron al fiscal de Morelos, Uriel “N”, por su probable participación en Delitos Cometidos Contra la Procuración y Administración de Justicia.
La captura se dio gracias al operativo que se implementó este mismo día en las inmediaciones de su vivienda en el municipio de Amatitlán, en el estado de Morelos, por lo que las autoridades ya contaban con una orden de aprehensión en contra del servidor público. Sin embargo, este a través de medios de comunicación dio a conocer que no sabía el motivo del operativo y aseguró que era algo “impensable” ya que cuenta con “fuero constitucional”.
La orden de captura derivó del caso de Ariadna Fernanda López, la joven que fue asesinada en la Ciudad de México y cuyo cuerpo fue localizado en el municipio de Tepoztlán, en el Estado de Morelos. Se presume que el fiscal trató de encubrir el feminicidio por presuntos nexos con el responsable.
Por otra parte la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo denunció ante la FGR de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, asimismo, la Semar mediante un informe, indicó que Uriel Carmona tiene nexos con el grupo delictivo “Los Rojos”.
Cabe recordar que el pasado 12 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los fiscales estatales si cuentan con el privilegio del fuero, sin embargo, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió un comunicado como respuesta a lo que determinó la Corte, en donde se advierte que se cuentan con pruebas en contra del fiscal, así como la aclaración de que el fuero no aplica para delitos que no sean federales y se indicó que si se podía proceder legalmente en contra de Uriel Carmona.
La periodista Sandy Aguileradenunció que un fiscal de Naucalpan aceptó un soborno para poder liberar a una persona acusada de feminicidio.
Sandyaguilera, como se llama en la red social, compartió un video en el que se ve como dos hombres suben a un vehículo negro mientras conversan.
“La corrupción no tiene límite en Fiscalía de Naucalpan. El MP subiendo al auto, del familiar del acusado de feminicidio para que lo deje libre Se necesita que la @FiscaliaEdomex corra al fiscal de Naucalpan y fiscal regional, además del MP @lopezobrador_”, escribió en redes.
La usuaria dijo que se trataba de un servidor público quien acompañaba al familiar del acusado de feminicidio. Se presume que hicieron un trato para que el delincuente saliera impune.
En la misma publicación, Aguilera compartió una imagen de una carta que el feminicida escribió antes de amenazar a una empleada con un arma de fuego. Sin embargo, tras el encuentro con el personal del MP, este dijo que perdió la misiva.
El pasado viernes, acompañada por la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad y familiares de víctimas de feminicidio, la defensora de derechos humanos y periodista feminista, Soledad Jarquín Édgar clausuraron simbólicamente las oficinas del Poder Judicial de Oaxaca, en rechazo de que el pasado 10 de julio fue notificada la resolución de la Sexta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado mediante la que desestima la sentencia emitida en primera instancia.
Denuncian que de esta manera se retrocede en el único avance que se tenía respecto al entramado de delitos que fueron cometidos alrededor del feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín. La periodista mencionó que la resolución del Poder Judicial demuestra total parcialidad al posicionarse a favor del delincuente Heliodoro Altamirano Charis. “Descalifica también su grado de culpabilidad al definirla como media – y ya no alta– y no se acredita la existencia de las fotografías de María del Sol, negando así valor a su obra artística”, destacó.
Agregó que el Poder Judicial tuvo en sus manos la posibilidad de enviar un claro mensaje a la sociedad, en el sentido de que la violencia no será tolerada ni permitida, sino que, por el contrario, será sancionada; sin embargo, demuestra hoy el menosprecio a las víctimas y evidencia las redes de complicidades y causas estructurales que permiten la impunidad.
Denuncian que el acusado enfrentó todo el proceso en libertad y fue hasta finales del año 2020 que se llevó a cabo la primera audiencia; en octubre de 2022 fue dictada finalmente sentencia condenatoria a 13 años 4 meses, sin embargo el sentenciado continuó disfrutando de su libertad, y se amparó contra la resolución.
Al respecto, la integrante del equipo directivo de Consorcio Oaxaca, Yésica Sánchez Maya, afirmó que hay una falta de seriedad y claridad por parte del Consejo de la Judicatura para revisar la actuación de Jueces y Magistrados. “Esta resolución tiene que ver con un tema de complicidad, no hay un criterio para juzgar con perspectiva de género; un criterio que se le ha venido demandando al Tribunal desde hace muchos años”, recriminó.
“Queremos denunciar públicamente al magistrado Arturo de León Vega, Ángel Alejo Torres, y Elizabeth Roxana López Luna que sin duda alguna tendrían que ser sometidas por parte de este Consejo de la Judicatura a revisión de sus actuaciones e investigación inmediata porque realmente es absurda la forma en la que echaron hacía atrás una resolución que pintaba como de avanzada y que dejaba bien al Poder Judicial del Estado”.
Puntualizó que “lo que está diciendo el Tribunal es: maten, asesinen, roben, comentan ilícitos y no va a pasar nada; el nivel de compadrazgo que tienen los actores involucrados en el feminicidio y demás delitos con nexos que se cometieron en el caso de María del Sol son evidentes”.
En consecuencia, se dicta una nueva resolución parcial que disminuye la pena de 13 a 9 años con 7 meses, desestima la gravedad de la culpabilidad y niega valor a la obra artística contenida en el equipo de trabajo robado.
El 2 de junio de 2018, María del Sol Cruz Jarquín, quien fungía como jefa de Comunicación Indígena Intercultural de la entonces Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado, fue víctima de feminicidio en Juchitán de Zaragoza, lugar en donde se encontraba, obligada por quien era su jefe, Francisco Montero López, a cubrir la campaña electoral de su hermano Hageo Montero López.
El entonces funcionario de la Secretaría de Asuntos Indígenas, Heliodoro Altamirano Charis, sabiendo ya del asesinato de María del Sol, se presentó en el hotel donde ella estaba hospedada y se apoderó ilegalmente de su computadora, cámara fotográfica y de video.
“Una vez más se demuestra que en Oaxaca se asesina la justicia. Seguiremos exigiendo justicia y evidenciando el actuar del Poder Judicial del Estado y de las demás autoridades que tienen la obligación de atender a las mujeres en situación de violencia”, subrayó la defensora de derechos humanos Soledad Jarquín Édgar.
Cabe destacar que en el marco de la clausura simbólica, se registró una acción de intimidación por parte del Estado al enviar patrullas de Protección Federal y de la Guardia Nacional a circular justamente enfrente de donde se llevaba a cabo la actividad.
Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los fiscales estatales sí cuentan con fuero; lo que incluye a Uriel Carmona Gándara, fiscal de Morelos, por lo que la Fiscalía está impedida para proceder penalmente en su contra
La Primera Sala del alto tribunal aprobó el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien propuso declarar fundada la controversia constitucional que promovió el Congreso de Morelos e invalidar la resolución de la Cámara de Diputados, por medio del cual declaró que el fiscal morelense no gozaba de fuero constitucional.
A pesar de que Uriel Carmona cuenta con fuero, ha sido señalado de haber incurrido presuntamente en diferentes delitos de distintas índoles.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo denunció ante la FGR en marzo de 2021, debido a que lo acusó de realizar supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según información de la UIF, el funcionario de Morelos, habría cometido dichas faltas a la ley por sus nexos con grupos delictivos implicados con el tráfico de drogas.
Al respecto, un informe filtrado de la Secretaría de Marina señala que Uriel Carmona Gándara, estaría vinculado con el grupo criminal que es conocido como “Los Rojos”.
Además, a finales del 2022, la ex jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, acusó que el fiscal de Morelos incurrió en encubrimiento en el feminicidio de Ariadna Fernanda.
En la conferencia matutina del día de hoy 3 de julio, el periodista Hans Salazar cuestionó al Presidente Andrés Manuel López Obrador acerca del presunto feminicidio de Estefania, la hija de Mauricio González. Destacó qué ya ha pasado más de un año sin que se haga justicia ya qué declararon la muerte de Estefania como un presunto suicidio en junio del 2022, sin embargo, Mauricio González se pronunció en redes afirmando qué fue la ex pareja y el hermano de este quienes terminaron con la vida de su hija e hicieron pasar el delito como un suicidio.
El Presidente comentó que se realizará una investigación y de lo sucedido, se verificará como van los avances y se comentara con el Gabinete de Seguridad.
Poco después de la interrogación, Mauricio González hizo un agradecimiento para el periodista Hans Salazar mediante su cuenta de Twitter por haber hecho mención del caso nuevamente y pedir una solución al Presidente, así como mencionar que la Fiscalia General del Estado de Querétaro no le ha querido proporcionar la carpeta del investigación al padre de la víctima.
“La justicia en México está al servicio de quien pueda pagarla, yo por desgracia no pertenezco a ese grupo de gente que tenga influencias, apellido, o dinero para ello.”
Expresó Mauricio González
El Presidente afirmó qué se seguirá dando seguimiento del caso. Asimismo Mauricio González además de agradecerle a Hans Salazar, también le agradeció a otros periodistas, amigos y compañeros por ayudarle a “buscar la verdad”.
