En su nuevo libro, la presidenta Claudia Sheinbaum revela el apoyo de AMLO en su misión de combatir la inseguridad en México.
Claudia Sheinbaum Pardo ha compartido momentos importantes en su libro “Diario de una Transición Histórica”. En este relato, la presidenta destaca la confianza que Andrés Manuel López Obrador depositó en ella para enfrentar los desafíos de la seguridad en el país.
Durante un viaje a Nuevo Laredo, ambos líderes discutieron la problemática de la inseguridad. Sheinbaum recuerda cómo López Obrador criticó la falta de responsabilidad en el manejo del tema durante la administración de Felipe Calderón. También habló sobre la corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto y la necesidad de enfocarse en los jóvenes.
En sus palabras, López Obrador le aseguró que ella tenía la capacidad para manejar la situación. “Confío en que vas a poder”, le dijo. Esta frase se convirtió en un eco constante en la mente de Sheinbaum mientras asumía su rol de jefa de Gobierno en la Ciudad de México. Logró reducir en un 60% los delitos de alto impacto y eso le otorgó más confianza.
Además, ambos conversaron sobre el papel del Ejército y la Guardia Nacional en la seguridad del país. Esto muestra que la búsqueda de soluciones debe ser un esfuerzo conjunto. También reflexionaron sobre la reforma al Poder Judicial, priorizando la participación ciudadana.
Sheinbaum no solo recuerda su camino hacia la presidencia, también señala que López Obrador la vio como posible secretaria de Gobernación. Sin embargo, su verdadero anhelo siempre fue competir por la Ciudad de México.
Este libro no solo narra anécdotas, sino también aspiraciones y desafíos. La historia de Sheinbaum es un testimonio de liderazgo y compromiso con su país. Su trabajo continuará marcando la pauta en la política mexicana.
Entre 2000 y 2013, los recursos del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales ran liberados hasta 120 días después de las emergencias, dejando a miles de familias sin ayuda inmediata y en medio de escándalos de corrupción.
Durante la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, denunció los graves retrasos y la corrupción histórica en la administración del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) entre los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Entre 2000 y 2009, explicó Buenrostro, la burocracia en la liberación de recursos del Fonden provocaba que las emergencias se atendieran hasta 120 días después del desastre, afectando directamente a las familias damnificadas. Como ejemplo citó a Carmen Segura Rangel, titular de Protección Civil en la era Fox, involucrada en compras con sobreprecios de hasta 374% en medicamentos y materiales de curación. La funcionaria fue inhabilitada 10 años, aunque las sanciones fueron anuladas en 2006 por la entonces Segob.
Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, señaló que durante el gobierno de Vicente Fox (@VicenteFoxQue) hubo desvíos millonarios. En la administración de Felipe Calderón (@FelipeCalderon), tras la inundación de Veracruz en 2011, el FONDEN autorizó 7.4… pic.twitter.com/wpt5aJuU2p
Durante el gobierno de Felipe Calderón, víctimas de inundaciones en Veracruz en 2010 enfrentaron meses de espera para recibir apoyo. El Congreso local autorizó casi 5 millones de pesos para reconstrucción que no se ejercieron, mientras que el Fonden había aprobado casi 8 millones, lo que resultó en un desvío y auditorías que documentaron más de 531 millones de pesos sin justificar.
Con Enrique Peña Nieto, los huracanes Ingrid y Manuel en 2013 pusieron en evidencia nuevas fallas: 29 comités de daños demoraron entre 119 y 161 días en iniciar la atención y comprobar el gasto de los recursos, con casos de sobreasignación durante el año electoral 2018, cuando 46 de 57 declaratorias fueron por olas de calor.
“El Fonden nació para atender emergencias, pero se convirtió en un mecanismo opaco y político, con desvíos, sobreprecios y obras inconclusas”, afirmó Buenrostro Sánchez. La secretaria destacó que actualmente los recursos se entregan más rápido, con menor burocracia y ayuda directa a los afectados.
El Fonden no fue un fondo de ayuda, sino un latrocinio institucionalizado con sello de gobierno.
Por Ricardo Sevilla
Desde su creación, el Fonden representó auténticos actos de latrocinio institucionalizado.
Y, en su momento, la ASF Mexico señaló el mal uso de los recursos de ese fideicomiso.
Aquí unos ejemplos, para la derecha vil y desmemoriada.
En 2012, la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 12-0-06100-02-0388, presentada en el Informe de la Cuenta Pública 2012, la ASF documentó un posible daño patrimonial por 74.19 mdp en Tabasco, por cancelación de obras, reducción de metas de obras y otros remanentes no reportados al Comité Técnico del Fonden.
Y no fue todo. En esa misma auditoría, la ASF Mexico identificó un posible daño patrimonial por 107.59 mdp, puesto que, en lugar de utilizar los recursos en acciones de reconstrucción, el dinero fue desviado para el pago de servicios en dependencias del gobierno del estado.
En esa ocasión, el dinero del Fonden se utilizó, entre otras cosas, para el pago de líneas telefónicas, compra de vales de despensa, alquiler de equipo e incluso compra de material de limpieza.
A esos desvíos se sumaron 27 millones 094 mil pesos por remanentes no reportados adecuadamente; y 15 mdp más por contratos cancelados y no reintegrados al Fonden.
Otro caso: En 2013, la ASF revisó la comprobación de recursos del Fonden aplicados en el estado de Guerrero, a causa de la “Tormenta Manuel”. Esta auditoría es la número 13-0-04100-07-0131. En este evento hubo más de 300,000 personas afectadas, en 73 municipios de dicho estado.
A pesar de que en esa auditoría se determinó que la entrega de apoyos del Fonden fue oportuna, una auditoría subsecuente financiera y de cumplimiento, la número 13-0-06100-02-0135, determinó que, “respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Nacional del Agua no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”.
Al revisar el Informe de la ASF, nos damos cuenta de que el Fonden “no acreditó el cumplimiento del plazo de ejecución de las obras establecido en 52 contratos”, “la SEDATU inició obras y acciones con atrasos entre 113 y 119 días” y que de los “Apoyos Parciales Inmediatos” que autorizó el Fonden a la CONAGUA, por 289 millones 800 mil pesos, el fideicomiso no ejerció 99 millones 408 mil pesos, es decir: el 34.3 por ciento.
Antes, en 2006, diputados locales y federales señalaron, en varias ocasiones, el mal uso del presupuesto para resarcir los daños ocasionados por lluvias del “Huracán Stan” en Chiapas. En específico, denunciaron que mil 800 millones de pesos no fueron utilizados en la reconstrucción de las zonas afectadas.
Veracruz también fue campeón en las declaratorias de emergencia. Sin embargo, los gobernantes solían utilizar dichas declaratorias de emergencia para desviar o robarse el dinero.
En 2014, la auditoría practicada al gobierno de Veracruz se determinó un probable daño patrimonial por más de 531 millones de pesos por recursos no ejercidos del Fonden.
En el Informe de la Cuenta Pública 2014 relativo al Fonden, se señala tajantemente: “Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 4,413,747.09 pesos (cuatro millones cuatrocientos trece mil setecientos cuarenta y siete pesos 09/100 M.N.), sin IVA, incluyendo los rendimientos financieros por concepto de pago de obra no ejecutada, del contrato núm. SC-OP-PF-047/2013-DVCYSA-F7-181, con cargo al Fonden”.
El Fonden, que nació en 1996 con el pretexto de servir como programa del gobierno federal para atender los efectos generados por desastres naturales, siempre fue cuestionado (y con pruebas y datos duros) por la falta de transparencia y desvío del presupuesto.
Infelizmente, la corrupción, incluso cuando se trata de desastres naturales, nunca se ha detenido.
El comediante, haciendo gala de sarcasmo, pretendió ironizar sobre el viaje que el hijo del expresidente hizo aTokio. Y mientras su sketch se volvía viral, usuarios en redes sociales le recordaron al actor el pasado judicial de su tío, Ernesto Derbez, excanciller en el sexenio de Vicente Fox.
Eugenio Derbez desató polémica en redes sociales con un sketch en el que parodia el viaje a Japón de Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En el video, el comediante recrea el check-out de un hotel en Tokio, sorprendiéndose por una cena de 374 mil yenes (más de 47 mil pesos) cargada a la cuenta de su hijo José Eduardo Derbez, quien justifica el gasto alegando que “pasear también cansa, ir de compras también cansa”.
La escena concluye con una cuenta total de 177 mil pesos, cifra que coincide con los señalamientos mediáticos sobre los gastos de López Beltrán en el país asiático.
Ante esto, usuarios en X (antes Twitter) le recordaron a Luis Ernesto Derbez Bautista, tío del comediante y exsecretario de Relaciones Exteriores en el sexenio de Vicente Fox, quien enfrenta acusaciones de fraude y desvío de más de 100 millones de pesos ligados a la Fundación Mary Street Jenkins y a la rectoría de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
Cabe recordar que Luis Ernesto Derbez fue rector de la UDLAP hasta 2021, cuando un juez de Puebla giró una orden de aprehensión en su contra por presunto fraude.
Aunque en enero de 2024 aseguró que los procesos judiciales en su contra habían sido desestimados, versiones judiciales señalan que el exfuncionario habría huido a Panamá tras la intervención de la universidad ordenada por el fallecido exgobernador Miguel Barbosa.
Las redes sociales aprovecharon el momento para contrastar la sátira de Eugenio con la trayectoria de su tío.
Frases como “Derbez haciendo reír, su tío haciendo fraudes” y comparaciones con otros políticos prófugos, como Felipe Calderón, se volvieron tendencia.
Al final, parece que el tío Luis Ernesto sigue acumulando “experiencia internacional” a su manera… unos en hoteles de lujo, otros en tribunales y, claro, en Panamá. La familia Derbez, siempre en en el ojo de la polémica.
Banamex revela que la Presidenta mantiene más de 70% de aprobación, superando a AMLO, Fox, Calderón, Peña y Zedillo, mientras los mexicanos aseguran sentirse defendidos ante las amenazas de Donald Trump.
Claudia Sheinbaum se consolida como la Presidenta con mayor aprobación en la historia reciente de México, de acuerdo con un análisis del área de estudios económicos de Banamex, que la coloca por encima de sus cinco antecesores en el mismo periodo de gobierno.
El banco detalló que Sheinbaum registra más del 70% de aprobación ciudadana, un nivel récord que ningún mandatario había alcanzado desde que existen mediciones comparables a partir del sexenio de Ernesto Zedillo. En contraste, presidentes como Andrés Manuel López Obrador, Vicente Fox y Felipe Calderón promediaban alrededor del 60%, mientras que Enrique Peña Nieto y Zedillo se mantenían por debajo del 50%.
El estudio subraya que Sheinbaum “está por cerrar su primer año de gobierno con el mayor nivel de popularidad de los últimos sexenios”, lo que constituye un hito en la serie de encuestas elaboradas por firmas como Buendía & Márquez, Mitofsky y Enkoll.
Según Banamex, la mandataria capitaliza una percepción ciudadana que la describe como “preparada, honesta, con carácter y cercana a la gente”, atributos que coinciden con sus altos índices de popularidad. Sin embargo, el banco precisó que la inseguridad sigue siendo el aspecto más criticado de su gestión.
En el plano internacional, el informe resaltó que los mexicanos se sienten respaldados frente a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, quien recientemente firmó una orden para combatir a los cárteles incluso dentro del territorio mexicano. Frente a ello, Sheinbaum ha reiterado que “México no aceptará injerencias”, aunque mantiene la cooperación bilateral en distintos frentes, incluida la seguridad.
El documento concluye que, pese a la preocupación que genera la política de Trump hacia México, existe un amplio respaldo social a la manera en que Sheinbaum maneja la relación con Estados Unidos, lo que fortalece su imagen tanto a nivel interno como en el escenario internacional.
El expresidente del IFE que avaló el fraude de 2006 se ha convertido en un consultor político con contratos millonarios con PRI y PAN, y ahora es promovido como “experto imparcial” en la reforma electoral.
Luis Carlos Ugalde, recordado por legitimar la imposición de Felipe Calderón en 2006 y negarse al recuento voto por voto, transformó su polémica trayectoria en un negocio lucrativo. Tras dejar el IFE, fundó Integralia Consultores, empresa que ha recibido más de 13 millones de pesos entre 2022 y 2025 de gobiernos y partidos del PRI y PAN, sin licitaciones públicas ni resultados comprobables, de acuerdo con una investigación de César Huerta para Polemón.
Entre los contratos más cuestionados destaca el del Gobierno de Chihuahua, donde la administración panista de Maru Campos destinó 9.4 millones de pesos a la empresa de Ugalde para “consultoría legal y análisis de riesgos políticos”. Resultado: derrota estrepitosa ante Morena en 2024, con Claudia Sheinbaum obteniendo 885 mil votos en el estado, muy superior a su competidora Xóchitl Gálvez.
El PRI también le pagó 3.7 millones de pesos por asesorías políticas y 109 mil por una conferencia titulada “Los desafíos del PRI”, que coincidió con su peor elección presidencial. Por su parte, el PAN ha cubierto conferencias de Ugalde con pagos que superan los 300 mil pesos, además de gastos de hospedaje y alimentación, en temas donde carece de experiencia técnica, como nearsourcing.
A pesar de su historial, la oposición lo promueve ahora como “experto imparcial” para opinar sobre la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Los hechos, sin embargo, revelan que Ugalde es un operador del PRIAN, sin imparcialidad ni credenciales técnicas que respalden su papel.
El expresidente del IFE nunca rindió cuentas por su papel en 2006 ni reconoció el daño causado a la democracia mexicana. En lugar de eso, convirtió su polémico legado en un negocio de consultoría política, asesorando a los mismos partidos responsables de aquella imposición. Hoy, con total cinismo, pretende volver a ser árbitro de la política electoral que ayudó a distorsionar.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió este 3 de septiembre con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, en un encuentro que marca un hito en la política de seguridad México-Estados Unidos. El diálogo estableció los lineamientos del “Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley”, un mecanismo binacional enfocado en combatir el crimen organizado, el tráfico de drogas y armas, y la migración irregular.
Sheinbaum destacó que la cooperación se sustenta en cuatro principios clave: reciprocidad, respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y confianza mutua. Rubio reconoció la “cooperación histórica en materia de seguridad” y reafirmó la prioridad de enfrentar juntos los grupos delictivos transnacionales que representan una amenaza para ambas naciones.
De acuerdo con un análisis de Nataly Romero y Erick Moctezuma para El Universal, este acuerdo sigue la línea de colaboración histórica que inició con la Iniciativa Mérida (2008-2020) durante el sexenio de Felipe Calderón, que incluyó donaciones de equipos, capacitación y apoyo a las fuerzas de seguridad mexicanas, sin involucrar presencia militar estadounidense en territorio nacional. A pesar de su magnitud, estudios señalan que la Iniciativa Mérida tuvo limitaciones para reducir la violencia y la corrupción institucional.
En 2021, el Entendimiento Bicentenario, impulsado por Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, reemplazó a la Iniciativa Mérida, incorporando un enfoque integral que combina seguridad, justicia, salud pública y desarrollo social. Este plan busca proteger a la ciudadanía, prevenir la delincuencia transfronteriza y desmantelar redes criminales, actuando como socios iguales.
El programa prioriza medidas preventivas, como la reducción de homicidios, control de tráfico de armas y drogas, protección de comunidades y combate al financiamiento ilícito. Además, refuerza la cooperación en inteligencia y capacitación para instituciones de seguridad de ambos países.
Actualmente, el Entendimiento Bicentenario sigue vigente en la administración de Sheinbaum, sin cambios anunciados, aunque expertos y organizaciones como WOLA alertan sobre los desafíos de superar los errores del pasado, en especial la violencia persistente y la corrupción estructural que afectan la seguridad en México.
Guanajuato se ha convertido en un símbolo de violencia sostenida desde que Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico. Los homicidios dolosos se dispararon 192.8% durante su sexenio y 59% con Enrique Peña Nieto, muestra del impacto de políticas de seguridad militarizadas.
De acuerdo con la investigación de Aníbal García Fernández para Contralínea, la Iniciativa Mérida canalizó recursos estadounidenses a México para reforzar la seguridad, modernizar el Poder Judicial y financiar proyectos locales. Uno de los más relevantes fue el Proyecto Escudo, aprobado en 2012, que destinó más de 2 mil 700 millones de pesos a infraestructura y tecnología de vigilancia en Guanajuato.
El plan incluyó arcos detectores, cámaras, fibra óptica, centros de emergencia municipales y el C5i, además de servicios especializados como 911, SIAM 0-7-5 y atención en inglés y japonés. La empresa Seguritech ejecutó los contratos mediante adjudicación directa, lo que acumuló más de 12 mil millones de pesos solo en Guanajuato.
Expertos advierten sobre la “norteamericanización de la seguridad”, donde la militarización y la vigilancia tecnológica predominan sobre estrategias integrales que atiendan las causas del crimen. Aunque, por un lado, la infraestructura ha mejorado la supervisión, por el otro, la violencia continúa elevada en el estado.
El caso de Guanajuato también revela un monopolio en la videovigilancia nacional y la importancia del aval estadounidense en la ejecución del Proyecto Escudo, un factor clave que muchos medios omiten al analizar los nexos con exgobernadores y empresas de seguridad.
Una investigación interna del Partido Acción Nacional (PAN) concluyó que la política de seguridad del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) resultó profundamente fallida, ya que generó una espiral de violencia sin precedente en México.
De acuerdo con información recopilada por Néstor Jiménez para La Jornada, el documento detalla que, aunque Calderón logró capturar líderes criminales y debilitar algunas estructuras del narcotráfico, su estrategia basada en militarización sin control provocó violaciones a derechos humanos y fragmentación de los cárteles, lo que generó organizaciones más pequeñas y violentas. Como resultado, los homicidios casi se triplicaron durante su sexenio.
Sobre el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), el PAN señaló que subestimó el problema del narcotráfico y careció de una estrategia integral, mientras que la Agencia Federal de Investigación (AFI) creada en su mandato fue rápidamente corrompida por lo que perdió credibilidad.
En cuanto al mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se menciona que su estrategia de seguridad no representó un cambio real respecto a la de Calderón. La violencia resurgió en estados como Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, mientras la corrupción entre gobernadores, policías y cárteles debilitó los esfuerzos de seguridad.
La investigación también reconoce que, aunque durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se registraron los máximos niveles de ciertos delitos, el incremento más significativo en violencia y homicidios ocurrió bajo el gobierno de Calderón, como consecuencia de su guerra contra el narcotráfico.
El PAN concluyó que la estrategia militarizada sin protocolos claros, la fragmentación de cárteles y la corrupción sistemática marcaron un ciclo de violencia que aún impacta a México.
Durante la conferencia mañanera de este 29 de agosto, Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, reveló la existencia de casos aislados de extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro y PEMEX que reciben pensiones que superan el millón de pesos mensuales. En total, 14 mil extrabajadores de Luz y Fuerza concentran 28 mil millones de pesos, mientras que, por otro lado, en Pemex decenas perciben entre 260 mil y 340 mil pesos al mes.
La funcionaria señaló que estas pensiones equivalen en promedio a 39 veces el salario de un trabajador promedio, por lo que se realizan mesas de trabajo con IMSS, ISSSTE, INDEP, PEMEX, CFE, SHCP y SABG para revisar la legalidad y regular los requisitos del pase de supervivencia y los expedientes de pensionados.
Además, se firmarán convenios con RENAPO y registros civiles estatales para agilizar la información y fortalecer el control de las pensiones millonarias.
En paralelo, Buenrostro destacó que los sobornos en Pemex realizados por algunos empleados, identificados en investigaciones de EE.UU., son actos individuales y fuera de la ley. Para impedoir esto ya se promueven medidas preventivas para que incumplir la ley sea más costoso que cumplirla.
El gobierno hace un llamado a denunciar irregularidades de manera gratuita y anónima en side.buengobierno.gob.mx o a los teléfonos 01 800 1128 700 y 2000 2000/2000 3000, extensión 2164.
La Presidenta Claudia Sheinbaum indicó que las pensiones exorbitantes de trabajadores de Pemex y Luz y Fuerza del Centro fueron otorgadas en los periodos de mandato de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, pero ya se están revisando otros casos de pensiones millonarias de exfuncionarios del periodo neoliberal.
