El FBI ha cerrado su investigación sobre la iglesia La Luz del Mundo tras más de cuatro años de indagaciones sobre denuncias de abuso sexual infantil y otros delitos graves.
Naasón Joaquín García, líder de la iglesia, fue uno de los principales investigados, y las averiguaciones incluyeron el secuestro de una denunciante en México y el asesinato de una fiel en Guadalajara.
Aunque el caso se ha dado por concluido, la agencia no reveló detalles sobre otras denuncias que hayan surgido durante la investigación, por lo que quedan una gran cantidad de víctimas sin respuestas e inquietudes en el público ante la situación.
La decisión del FBI ha generado controversia y planteado preguntas sobre la protección de las denuncias y la seguridad de los fieles. Los seguidores de La Luz del Mundo, y la comunidad en general, esperan claridad sobre este caso.
El presidente Donald Trump impulsa un incremento sin precedentes del control militar en Estados Unidos, acercando al país a un régimen policial a gran escala. Tras militarizar Washington D.C., amenaza con usar tácticas similares en otras ciudades mientras el Pentágono planifica una “Fuerza de Reacción Rápida ante Disturbios Civiles Nacionales”, con cientos de efectivos de la Guardia Nacional listos para intervenir en cualquier ciudad estadounidense, según información recopilada por MPR21.
Trump justifica la medida alegando que la capital está tomada por “bandas violentas y criminales”, pese a que las cifras del Departamento de Justicia muestran que la delincuencia violenta está en su nivel más bajo en 30 años. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, cuestiona la legalidad de usar al ejército contra ciudadanos.
El despliegue incluye 800 soldados de la Guardia Nacional, apoyando a la policía y a agencias federales como el FBI, ATF, DEA y Servicio de Alguaciles, además de planes para incorporar otras unidades militares bajo la supervisión directa del presidente. Esta estrategia busca someter a la capital a la autoridad federal, invocando la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia.
La táctica de Trump ya se ha reproducido en ciudades como Los Ángeles y San Francisco, y ha desplegado más de 20 mil tropas en varios estados, incluidas operaciones en la frontera sur con Arizona, California, Florida, Nuevo México y Texas. Expertos advierten que estos despliegues violan el principio de “posse comitatus”, que prohíbe el uso de fuerzas militares para funciones policiales dentro del país.
El plan del Pentágono contempla una fuerza de 600 soldados listos para despliegue rápido, lo que preocupa a analistas sobre la normalización del uso militar en la vida civil. Activistas y legisladores alertan que la medida podría erosionar libertades fundamentales y convertir la Guardia Nacional en un instrumento de represión interna.
El embajador de EE.UU. en México, Ronald Johnson, aplaudió la detención de 27 presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Aguascalientes.
Así es como las naciones soberanas aliadas logran resultados: mediante una fuerte colaboración, conseguimos comunidades más seguras y garantizamos que los criminales enfrenten la justicia. Felicidades al @GobiernoMX por la exitosa detención de 27 integrantes del CJNG en un… pic.twitter.com/Fsnjwgbnaz
Johnson calificó la operación como “de alto riesgo” y destacó la colaboración entre ambos países. Afirmó que este tipo de trabajo conjunto crea comunidades más seguras y lleva a los criminales ante la justicia.
La embajada de EE.UU. informó que esta acción fue posible gracias a la capacitación proporcionada por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y el FBI.
Durante el operativo, las autoridades estatales y federales lograron arrestar a los miembros del CJNG, designados como una Organización Terrorista Extranjera. La operación resalta el compromiso de México en la lucha contra el crimen organizado.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que al menos tres altos funcionarios de Pemex recibieron sobornos de hasta 150 mil dólares por parte de los empresarios Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga para favorecer licitaciones de contratos en Pemex Exploración y Producción (PEP).
El Tribunal de Distrito de Texas detalla que, entre junio de 2019 y octubre de 2021, los empresarios ofrecieron efectivo, artículos de lujo y otros objetos de valor a cambio de influir en decisiones sobre contratos energéticos. Los funcionarios están identificados únicamente como “funcionario extranjero 1, 2 y 3”.
De acuerdo con información recopilada por La Jornada, el expediente incluye mensajes de WhatsApp que evidencian la corrupción: en junio de 2019, Ávila Lizárraga escribió al “funcionario extranjero 1”: “Una vez que paguen, veremos cómo repartir los dulces”. En julio de ese año, el funcionario recibió un reloj Hublot con valor de 12 mil 500 dólares y, en octubre, un bolso Louis Vuitton, según los registros de EE. UU.
El Departamento de Justicia indica que los sobornos también se entregaron en el sur de Texas y en México, e involucraron al menos a seis empresas del sector energético ligadas a Rovirosa Martínez y Ávila Lizárraga, así como a otros tres cómplices que colaboraron en el acto.
Las autoridades estadounidenses precisan que los funcionarios ejercieron influencia sobre otros empleados de Pemex, aunque no se confirma si estos últimos recibieron beneficios también. Esta investigación expone la magnitud de la corrupción existente en la empresa petrolera estatal y las redes de sobornos entre funcionarios y empresarios.
La embajada de Estados Unidos en México anunció la devolución de un manuscrito firmado por Hernán Cortés. Este documento había sido robado entre los años 80 y 90.
El FBI entregó el manuscrito este 13 de agosto, destacando la colaboración entre México y EE.UU. para su repatriación. La embajada subrayó el trabajo conjunto del FBI, la policía de Nueva York y el gobierno mexicano.
El manuscrito, firmado el 20 de febrero de 1527, detalla el pago de oro para preparar la expedición a nuevas tierras. Este documento ofrece una visión de los planes de exploración en esa época.
En julio de 2023, México ya había recuperado parte de este manuscrito, presentado por el embajador Ken Salazar como un ejemplo de repatriación exitosa. La devolución de este manuscrito es un paso importante en la preservación del patrimonio cultural mexicano.
Este martes 12 de agosto el Gobierno de México extraditó a 26 personas a Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, donde enfrentarán cargos por diversos delitos relacionados con el crimen organizado.
Un video del traslado, que se volvió viral en redes, muestra a los detenidos custodiados por elementos de la Guardia Nacional, bajo estrictos protocolos de seguridad. La FGR y la SSPC confirmaron que todos contaban con órdenes de extradición vigentes y representaban un riesgo para la seguridad pública. La operación se realizó conforme a la ley, respetando el debido proceso y los derechos fundamentales de los extraditados.
Hoy, el @GabSeguridadMX trasladó a EU a 26 personas vinculadas a cárteles, en coordinación bilateral y respeto a la soberanía. Entre ellos, el “Chavo Félix”, yerno del “Mayo” Zambada; “El Jando”; Abigael González Valencia; “El Ricky”; “La Tuta” y “El Flaquito”. pic.twitter.com/IiseT8MGqA
Según informes, el Departamento de Justicia de EE. UU. se comprometió a no solicitar la pena de muerte, un factor clave para concretar la entrega. Entre los capos extraditados destacan: Servando Gómez Martínez “La Tuta”, Abigael González Valencia “El Cuini”, Hernán Domingo Ojeda López “El Mero Mero”, David Fernando Vásquez Bejarano “El Acelerado” y Juan Carlos Sánchez Gaytán “El Mostachón” entre otros.
En el actual panorama de tensión internacional esta acción demuestra la cooperación en el ámbito de seguridad entre México y Estados Unidos, impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum. La Presidenta aseguró que la decisión se tomó por la seguridad de México, de manera soberana y basada en un análisis exhaustivo de seguridad.
En Estados Unidos varios narcotraficantes mexicanos han reducido sus condenas gracias a haber colaborado con las autoridades al proporcionar información clave sobre sus organizaciones. Entre los casos destacan Emma Coronel, Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo” y Jessica Oseguera “La Negra”.
De acuerdo con un análisis de Milenio, cuando un narcotraficante llega a prisión en EE.UU., las opciones son claras: luchar por su inocencia, declararse culpable o convertirse en colaborador, siendo esta última la más efectiva para acortar sus condenas.
Vicente Zambada Niebla, hijo de “El Mayo”, fue testigo clave en el juicio contra El Chapo. Sentenciado a 15 años, salió de prisión antes de cumplir toda la condena y actualmente vive libre en Estados Unidos.
Emma Coronel, esposa de El Chapo, cumplió poco más de dos años tras declararse culpable por narcotráfico y lavado de dinero. Hoy en día se dedica a proyectos de modelaje y fitness.
Jessica Oseguera, hija de “El Mencho”, y Óscar Orlando “Lobo”, ex líder del Cártel del Milenio, también lograron su libertad tras cooperar con las autoridades estadounidenses para reducir sus condenas.
Los casos anteriores muestran cómo la colaboración con la justicia estadounidense les ha permitido a varios narcos mexicanos recuperar su libertad, a cambio de delatar a sus propios socios y familiares dentro del crimen organizado.
La Embajada de EE.UU. en México anunció la detención de 27 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en Aguascalientes.
La Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia informó que las autoridades locales realizaron la detención con ayuda del FBI. La capacitación que recibieron les permitió enfrentar a los criminales armados de manera más eficaz.
Este logro es muestra del resultado de la colaboración entre México y EE.UU. en la lucha contra el narcotráfico. Las autoridades mexicanas continúan trabajando para hacer del territorio nacional un lugar más seguro.
Dos empresarios mexicanos, entre ellos el abogado tabasqueño Ramón Alexandro Rovirosa, fueron acusados en Estados Unidos de sobornar a funcionarios de Pemex para obtener contratos multimillonarios entre 2019 y 2021. Rovirosa, exoperador legal de Omar Vargas, está señalado por usar una red de empresas fantasma con sede en Tabasco, replicando un esquema de corrupción que se remonta al sexenio de Vicente Fox.
De acuerdo con Milenio, la Fiscalía estadounidense detalla que Rovirosa y su socio, Mario Alberto Ávila Lizárraga, exsubdirector de Mantenimiento y Logística en Pemex Exploración y Producción (PEP), operaron desde Texas a través de seis empresas mexicanas, entre ellas Tubular Technology SA de CV y Energy On Shore Services SA de CV, para manipular licitaciones y contratos por más de 30 millones de pesos.
Las investigaciones revelan que ambos sobornaron a funcionarios clave de Pemex, incluyendo a un auditor interno y coordinadores de procuración, ofreciendo desde bolsos de lujo hasta millones de pesos para favorecer auditorías y asegurar pagos pendientes. Estos sobornos permitieron la reducción de multas y la asignación fraudulenta de contratos en mantenimiento de ductos, carreteras, plataformas y servicios de integridad mecánica.
Rovirosa fue arrestado en Texas el 10 de agosto y se declaró no culpable de cuatro cargos por corrupción en el extranjero, enfrentando hasta cinco años de prisión por cada uno. Ávila continúa prófugo. La investigación está a cargo del FBI y el Departamento de Seguridad Interna (HSI), con apoyo federal.
