El temor a los cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos y un posible aumento de hasta 135% en el costo de la visa ha desatado un verdadero boom de renovaciones entre los mexicanos, quienes incluso han adelantado el trámite uno o dos años antes de su vencimiento.
De acuerdo con una investigación de Excélsior, la prisa se alimenta dante casos recientes de cancelaciones a artistas, políticos y funcionarios, así como del anuncio de las nuevas reglas consulares: a partir del 2 de septiembre, todos los solicitantes, incluidos niños menores de 14 y adultos mayores de 79 años, deberán presentarse a una entrevista presencial, y sus redes sociales podrán ser revisadas en búsqueda de señales de “hostilidad” hacia Estados Unidos. Aunque México aún no está incluido en el programa de fianzas que exige depósitos de hasta 15 mil dólares, el miedo y los rumores han generado alerta entre los solicitantes.
La demanda acelerada también responde al temor a un incremento de tarifas, de 185 a 435 dólares, y a la percepción de que mantener la visa vigente es vital para viajes frecuentes y oportunidades en el país vecino. Algunos gestores advierten sobre los riesgos de recurrir a intermediarios informales, que cobran hasta 10 mil pesos y pueden provocar fraudes o robo de identidad, y destacan la importancia de cumplir correctamente con el formulario D-160 y demostrar arraigo familiar y laboral.
Quienes obtienen la visa suelen cumplir un perfil universitario, con ingresos estables y viajes previos al extranjero; los rechazos se dan por falta de empleo estable, insuficiente arraigo familiar o social, o por inconsistencias en la información. Para muchos mexicanos la visa se ha convertido en un documento más valioso que el pasaporte o la credencial de elector, indispensable para trabajo, educación y viajes frecuentes a Estados Unidos.
En medio de esta carrera contrarreloj, la recomendación de los expertos es renovar o solicitar la visa con anticipación, acudir a gestores profesionales de confianza y mantener toda la documentación en regla.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y México Evalúa han recibido millones de dólares y pesos de Estados Unidos y empresarios mexicanos, posicionándose como actores clave en la oposición a reformas como la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Industria Eléctrica, según informó Contralínea en una investigación.
México Evalúa obtuvo más de 2.1 millones de dólares de USAID entre 2022 y 2024 para fortalecer gobiernos locales y supervisar el sector justicia. Además, recibió financiamiento de fundaciones como Open Society, Hewlett y la controvertida Atlas Foundation, vinculada a procesos de desestabilización en América Latina.
Entre 2020 y 2024, México Evalúa manejó recursos superiores a 250 millones de pesos, con aportaciones de grandes empresarios, incluyendo al Consejo Mexicano de Negocios y Fundación Coppel. Parte de esos recursos se destinó a financiar otras organizaciones civiles.
El IMCO también fue financiado por USAID y reportó ingresos por casi 194 millones de pesos en el mismo periodo, con donativos nacionales e internacionales. Entre sus financiadores destacan la Fundación Kaluz, el Consejo Mexicano de Negocios y Fundación Coppel.
Ambas organizaciones han criticado la política energética del gobierno mexicano, respaldadas por recursos empresariales y fundaciones extranjeras que defienden la política privatizadora, que implicó pérdidas en producción, reservas y soberanía energética.
IMCO y México Evalúa conforman una red de influencia respaldada por Estados Unidos y la burguesía mexicana, que busca moldear la agenda política y oponerse a reformas clave con recursos millonarios y alianzas estratégicas.
Estados Unidos distribuirá 1.600 millones de dólares para promover propaganda anti-China, con el objetivo de contrarrestar la influencia económica de el gigante asiático en el mundo.
De acuerdo con el análisis realizado por Marcus Stanley para Responsible Statecraft, el pasado lunes la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley “HR 1157”, para financiar a los medios de comunicación y Organizaciones No Gubernamentales, para detener la “maligna influencia de China”.
Ante su decadencia hegemónica y la pérdida de la batalla de las ideas, el congreso estadounidense autorizó que el millonario recurso sea utilizado por el Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Intencionalidad(USAID por sus siglas en inglés).
Otro problema planteado por la legislación propuesta es la posibilidad de que la propaganda antichina financiada por este programa regrese al espacio de los medios de comunicación estadounidenses e influya en las audiencias estadounidenses, sin que se revele su fuente inicial de financiación.
Indica Marcus Stanley.
En ese sentido, Marcus Stanley señaló que el gobierno de Estados Unidos pretende resaltar el “impacto negativo de la inversión económica y de infraestructura china en un país estranjero”.
Además, de que los medios y la “sociedad civil” tendrían una facilidad de acceso a los recursos estadounidense, así como no tendrían la necesidad de transparentar la utilización de los mismos.
Asimismo, el especialista sostuvo que China se estaría enfrentando a una campaña combinada, así como a una intensa agitación laboral para contrarrestar la presencia del gigante asiático en diversos países extranjeros, en donde ha mostrado intereses para invertir.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que en el mes de julio pasado realizó el embargo precautorio de un millón 401 mil 491 piezas provenientes de China, entre las que se encontraban pantuflas, sandalias, ventiladores, mochilas, entre otros, cuyo valor aproximado es de 418 millones de pesos.
La mercancía ingresó a territorio nacional sin acreditar su legal estancia y por el volumen de productos, se considera que podría tratarse de uno de los mayores distribuidores de este tipo de mercancías en el país.
Esto se suma a diversas acciones emprendidas por el SAT en lo que va del año. De enero a junio de 2024, se realizaron 181 revisiones, con un valor estimado de mercancía embargada de mil 600 millones de pesos, de las cuales 62 consistieron en visitas domiciliarias rápidas, con embargos de mercancías de los sectores de embarcaciones, maquinaria, muebles, calzado, electrónicos, textiles, automotriz, entre otros, con un valor aproximado de mil 190 millones de pesos.
Las 119 revisiones restantes constaron en operativos MoviSAT en carreteras, embargando mercancías con un valor de 420 millones de pesos de los sectores de maquinaria, calzado, confección, electrónicos, textiles, juguetes, automotriz y metalurgia.
Como parte de estas acciones, contempladas en el Plan Maestro 2024, el SAT instaló 91 puntos de verificación en las principales carreteras del país en las que se ha identificado el mayor flujo de mercancía extranjera, lo que genera presencia fiscal en 53 por ciento del territorio nacional y ha permitido el embargo de mercancías por un valor estimado de 2 mil millones de pesos en lo que va de 2024.
Con estas acciones, el SAT reafirma su compromiso para erradicar los patrones de evasión, elusión y defraudación fiscal mediante el fortalecimiento de sus actos de fiscalización, con el objetivo de combatir la introducción de mercancías de procedencia extranjera de manera ilegal al territorio nacional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido señalada por sus excesos en hacer compras y adquisiciones millonarias para varios servicios. Asimismo, por otorgar facilidades para los ministros y empleados favorecidos por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Esta investigación destaca cómo la SCJN gastó millones del erario público en torneos deportivos, compra de insumos médicos, pensiones para automóviles y hasta servicios de plataformas con consorcios en Nueva York, Estados Unidos, y Dublín, Irlanda.
Ciudad de México (Los Reporteros Mx).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre 2019 y 2024, contrató servicios a sobreprecio para ministros y trabajadores. Estos beneficiaron a empresas nacionales, extranjeras y particulares. De acuerdo con esta investigación, estos documentos, consultados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), suman 26 millones 172 mil 207 pesos.
Entre ellos, 5 contratos fueron celebrados entre la SCJN y Mauricio Guadalupe Castró Picón, quien, de acuerdo con los registros en la PNT, vendió servicios a la corte para organizar eventos deportivos. En total, esta persona recibió 500 mil 302 pesos, entre 2016 y 2023; sus servicios los adquirió la SCJN bajo adjudicación directa.
Dependencia
Empresa
Actividad
Contrato
Fecha
Monto
SCJN
Mauricio Guadalupe Castró Picón
Torneo de tochito
4516002778
13/09/2016
$49,184
SCJN
Mauricio Guadalupe Castró Picón
Torneo de voleibol
4519001066
12/06/2019
$77,604
SCJN
Mauricio Guadalupe Castró Picón
Torneo de tochito
PA/DGRM/DPC/033/2019
21/11/2019
$49,954
SCJN
Mauricio Guadalupe Castró Picón
Torneo de fútbol
AD/MIN/DGRM/252/2022
18/08/2022
$145,208.80
SCJN
Mauricio Guadalupe Castró Picón
Torneo de fútbol
AD/MIN/DGRM/063/2023
10/03/2023
$182,352.00
Información elaborada con base en la Plataforma Nacional de Transparencia
Existen otros documentos del 2016, expedidos por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF), donde se indica que Castró Picón recibió 186 mil 667 pesos, por concepto de subsidio para organizar eventos deportivos.
Se tiene registrado que la SCJN hizo gastos excesivos en servicios de lavandería y tintorería. Los contratos revisados para esta investigación indican que, el proveedor de servicios fue Horacio López Balderas, quien presuntamente es dueño del negocio Súper Nova Lavandería y Planchaduría, localizada en la alcaldía Azcapotzalco.
Por ejemplo, el contrato AD/DGRM/DPC/013/2023, del 11 de abril de 2023, entre esta persona y la SCJN, fue por un monto de 1 millón 286 mil 61 pesos, para lavar, desde manteles y tortilleros, hasta pantalones de servicio (sic).
En total, los contratos, vía adjudicación directa, entre Súper Nova Lavandería y Planchaduría y la SCJN suman un total de 1 millón 483 mil 300 pesos.
SCJN
Horacio López Balderas
Lavandería
AD/MIN/DGRM/018/2023
25/01/2023
$52,380.96
SCJN
Horacio López Balderas
Lavandería
AD/MIN/DGRM/087/2023
16/03/2023
$66,608.36
SCJN
Horacio López Balderas
Lavandería
AD/DGRM/DPC/013/2023.
11/04/2023
$1,286,061.84
SCJN
Horacio López Balderas
Lavandería
AD/MI N/DGRM/005/2024
18/01/2024
$78,251.28
Información elaborada con base en la Plataforma Nacional de Transparencia
El concurso público con número de folio CPSI/DGRM/006/2023, del 2 de marzo de 2023, emitido por el PJF y la SCJN, indican que el proveedor Horacio López Balderas incurrió en ciertas omisiones e irregularidades para poder ofrecer sus servicios.
Por ejemplo, el Dictamen Técnico Resolutivo remarcó que no fue favorable, por no haber entregado las partidas 2 y 3 para el concurso Estas corresponden con documentos para la Dirección General de Servicios Médicos y el Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes.
Por su parte, la Coordinación de la Oficina de la Presidencia señaló que el proveedor “no [cumplió] con la totalidad de los entregables solicitados”. Entre otras cuestiones, el folio CPSI/DGRM/006/2023 destacó las siguientes inconsistencias del proveedor:
No cumple con la propuesta técnica del proveedor, solo se hace referencia a los servicios indicados en la Partida 1. La constancia de Obligaciones fiscales presenta opinión negativa y no presentó las constancias de seguridad social.
Oficio CPSI/DGRM/006/2023
Relativo a servicios de lavandería, la SCJN adquirió, vía adjudicación directa, los servicios del proveedor Grupo Europro S.A. de C.V. Esto fue con base en el contrato AD/MIN/DGRM/ 082/2021, del 7 de mayo de 2021, por un monto de 94 mil 922 pesos.
Cabe señalar que, de nuevo, el oficio CPSI/DGRM/006/2023 indicó que esta razón social presentó, ante el concurso público para proveedores, constancias de seguridad social vencidas.
Entre las personas físicas beneficiadas por la SCJN con diversos contratos se conoce el caso de Rubén González Aranzolo, quien vendió relojes receptores de documentos, por un monto de 101 mil 152 pesos. Esto fue a través de los contratos AD/MIN/DGRM/172/2021, AD/MIN/DGRM/078/2022 y AD/MIN/DGRM/215/2022. Parte de estas compras fueron para la oficina del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
También se conoce que la SCJN contrató el servicio de camiones escolares, con el particular Jorge Luis Morales, por un monto de 1 millón 147 mil 936 pesos. Estos contratos fueron los siguientes: CPSM/DGRM/019/2023 y AD/DGRM/DPC/012/2024.
Compras de la SCJN a empresas extranjeros
Se conoce que la corte contrató los servicios de Universal Music Publishing MGB S.A. de C.V., empresa extranjera con sucursal en la Ciudad de México, a través del folio CPSM/DG M/068/2022, por la cantidad de 290 mil pesos. Este servicio consistió en una “licencia no exclusiva de sincronización y uso de máster para explotación de obras musicales”.
Por su parte, también contrataron los servicios de Shutterstock, Inc., para la suscripción de esta plataforma, que tiene servicio para descargar material fotográfico y videográfico. El contrato es el DGCS/CA-0194-2021 y se le pagaron 41 mil 119 pesos. Esta empresa tiene su sede en el Empire State, número 350 de la Quinta Avenida en Nueva York.
Por último, Shopify International Limited firmó con la SCJN el contrato DGTI/414 y 467/2021, por un monto de 13 mil 456 pesos, por el servicio de acceso a plataformas de comercio digital. Esta compañía tiene su sede en Dublín, Irlanda.
La SCJN y los millones para estacionamientos
La base de datos de la PNT indica que la empresa Corsa Parking, S.A. de C.V. fue beneficiada con contratos vía adjudicación directa, por un monto de 14 millones 841 mil 259 pesos, por brindar servicios de estacionamiento a la SCJN.
Por su parte, la SCJN y Corsa Parking S.A. de C.V., celebraron el contrato AD/ESP/DGRM/147/2021, del 21 de diciembre de 2021, por un monto de 12 millones 830 mil 655 pesos. Además, otro contrato, del 14 de diciembre de 2022, solo cuenta con el número 51220810, correspondiente a la orden de pago, por un monto de 2 millones 10 mil 604 pesos. Ambos servicios fueron contratados por un lapso de 12 meses.
Contrataciones a sobreprecio de la SCJN
Entre los insumos adquiridos por la SCJN, esta investigación localizó el contrato CPSI/DGRM/048/2021, vía adjudicación directa, del 20 de octubre de 2021, con la Editorial Limusa S.A. de C.V. En esta ocasión, la corte compró libros a sobreprecio, por un total de 141 mil 964 pesos.
Otra empresa beneficiada en este rubro fue Guimark Total Quality, S.A. de C.V., para el servicio de impresión de obras, de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis. En su portal digital, esta empresa se presenta como una agencia de publicidad con varios servicios.
La SCJN y esta empresa firmaron el contrato LPN/SCJ N/DGRM/006/2022, del 31 de diciembre de 2022, por un monto de 522 mil 754 pesos.
Asimismo, los contratos celebrados entre la SCJN y otros particulares fueron para adquirir insumos médicos, batas de cirujano, gel antibacterial, dispensadores para este producto y hasta servicios de ambulancias para cuidados intensivos y emergencias.
Se conoce que la SCJN adquirió 120 batas para cirujano y 18 mil cubrebocas KN95, para prevenir el SARS-CoV-2, con la empresa Med Evolution S.A.P.I. de C.V. El contrato LPN/SCJN/DGRM/003/2022, del 30 de mayo de 2022, fue por un monto de 363 mil 625 pesos.
Cabe señalar que la empresa Solinteli, S.A. de C.V., también vendió cubrebocas KN95 a la corte. Esto se consolidó con base en el contrato AD/MIN/DGRM/385/2022, por un total de 49 mil 880 pesos.
Otras compras de la SCJN, relacionada con materiales para prevenir la Covid-19, fue la adquisición de dispensadores de gel antibacterial. Este contrato, vía adjudicación directa y con número de folio AD/ESP/DGRM/058/2021, del 7 de mayo de 2021, se firmó con la empresa Intercomza, S.A. de C.V., por un monto de 83 mil 500 pesos.
Además, la misma razón social firmó con la SCJN el contrato AD/ESP/DGRM/001/2022, del 31 de mayo de 2022, por la entrega de 450 cajas para recargas de gel antibacterial. Entre mayo y noviembre de 2022, la corte recibió, por mes, 50 cajas de este producto. Este contrato fue por un total de 1 millón 827 mil pesos.
Los trabajadores, personal de la corte y ministros hasta fueron beneficiados con la adquisición de galletas, café y sustituto de azúcar. Fue el particular Raúl Rojas Jiménez quien proveyó a la corte de estos insumos. Esto fue de acuerdo con el contrato AD/MI N/DGRM/042/2024, por un monto de 113 mil 585 pesos.
Durante la conferencia matutina de hoy, Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reveló que un total de 227,112 mexicanos residentes en el extranjero están habilitados para votar en las elecciones de 2024, buscando un significativo aumento en comparación con los 181,873 votantes de 2028.
La funcionaria detalló que las modalidades de voto para los mexicanos en el extranjero han sido diversificadas para facilitar su participación en el proceso electoral. En 2024, el 23% de los votos se esperan por correo postal, mientras que un notable 70% se realizará de manera electrónica, y el 7% de manera presencial.
En la información presentada, se observa que el 97% de los votantes están registrados en Estados Unidos, por lo que podrán emitir su voto en 23 de las entidades estadounidenses, incluyendo Chicago, Nueva York y Los Ángeles. Destacó que el INE y la SRE han estado facilitando la credencialización y los registros de los mexicanos residentes en el extranjero. Aclaró que los mexicanos que presentan irrugularidades en sus registros y no quieran solicitar ninguna aclaración, podrán acudir de manera prrsencial a una de las 23 sedes dispuestas.
#ConferenciaPresidente | @aliciabarcena, titular de la @SRE_mx, informó que 227,112 mexicanos residentes en el extranjero podrán votar este 2024, mientras que en 1028 sólo 181,873 mexicanos que vivían en el extranjero tuvieron ese derecho.
Para aquellos que prefieren votar presencialmente, se han establecido 22 sedes en diversos consulados en Estados Unidos, facilitando así el acceso al voto en uno de los países con mayor número de mexicanos residentes. Además, se han dispuesto tres sedes adicionales en Montreal, Canadá; Madrid, España; y París, Francia, para cubrir las necesidades de los mexicanos residentes en otras partes del mundo.
Este aumento en la cantidad de votantes y las opciones de voto subraya el compromiso del Gobierno Federal por asegurar la participación democrática de los mexicanos no importa dónde se encuentren, destacando el interés y la importancia del voto en el extranjero en las políticas democráticas de México.
