El exgobernador de Chihuahua intenta detener su prisión preventiva y una eventual extradición, mientras jueces federales se declaran incompetentes para resolver su recurso legal.
El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, promovió un nuevo juicio de amparo con el objetivo de frenar su reclusión en el penal del Altiplano y evitar una posible extradición, en el marco del proceso penal que enfrenta por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita.
Actualmente, Duarte permanece bajo prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, luego de que en diciembre pasado una jueza de control federal lo vinculó a proceso, al considerar que existen elementos suficientes para mantenerlo privado de la libertad mientras avanza la investigación.
La nueva demanda de amparo fue presentada ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal, en la Ciudad de México, en contra de María Jazmín Ambriz López, jueza del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. En su escrito, el exmandatario reclamó la orden de aprehensión, la privación de la libertad y la extradición.
No obstante, el juez Adolfo Christian Castro Solís se declaró incompetente para conocer del asunto. De acuerdo con la resolución, el recurso fue tramitado inicialmente ante el Juzgado Décimo de Distrito en Chihuahua, el cual también rechazó asumir competencia y lo turnó a su homólogo capitalino.
El juzgador explicó que los argumentos expuestos apuntan a que el amparo debe resolverse por un juzgado federal con sede en Toluca, por lo que calificó como un error administrativo el envío del expediente a la Ciudad de México y ordenó su remisión al Estado de México. En caso de que persista la falta de acuerdo entre juzgados, será un Tribunal Colegiado el encargado de determinar quién debe resolver el caso.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Duarte habría intentado ocultar más de 73 millones 925 mil pesos, presuntamente desviados del erario estatal durante su gestión como gobernador entre 2010 y 2016, mediante un esquema de lavado de dinero, lo que sustenta la acusación en su contra.
