La jueza Kathleen Williams rechazó la solicitud del Gobierno de Estados Unidos de suspender su propio fallo que ordenaba el cierre progresivo del centro de detención de inmigrantes en los Everglades, conocido como Alligator Alcatraz, de acuerdo con información recopilada por El País. La decisión llega mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) apela formalmente la orden.
El pasado jueves, Williams determinó que la población del centro debía reducirse en 60 días, por lo que debían trasladar a los internos a otras instalaciones y desmontar cercas, torres de luz y generadores. Ambientalistas y la tribu Miccosukee, que presentaron la demanda, celebraron la resolución debido a los impactos medioambientales y culturales que implicaba el centro.
El Gobierno defendió la operación de Alligator Alcatraz, alegando que su cierre afectaría la seguridad pública y el control fronterizo. Sin embargo, organizaciones ambientales y legisladores como Maxwell Frost señalaron que la instalación alberga apenas 300-350 personas, a pesar de contar con capacidad para 2 mil, y calificaron a los argumentos oficiales de ser exagerados e infundamentados.
Paralelamente, varias demandas de derechos civiles han denunciado irregularidades graves y condiciones inhumanas: detenciones prolongadas sin cargos, obstáculos al acceso legal, condiciones precarias como inundaciones, plagas y exposición a la intemperie, y deportaciones forzadas con firmas de salida voluntaria sin representación legal.
El caso de Alligator Alcatraz refleja la creciente tensión en la política migratoria de Florida. Mientras la batalla legal continúa, la Administración DeSantis planea abrir un segundo centro, llamado Deportation Depot, en una prisión estatal del norte del Estado.
