Grupo Elektra, dirigido por Ricardo Salinas Pliego, enfrenta un duro revés legal. La empresa perdió su tercer juicio fiscal en dos meses, ahora por 4 mil 916 millones de pesos.
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó la legalidad del crédito por impuestos omitidos en 2011. Esta decisión se suma a otras dos pérdidas recientes por deudas fiscales de mil 603 millones y 2 mil 4 millones de pesos.
Elektra ha impugnado estas sentencias ante la Suprema Corte de Justicia. La empresa denuncia “presiones políticas” contra los magistrados involucrados en los fallos. Sin embargo, la realidad es que la justicia sigue su curso.
Ricardo Salinas Pliego, conocido por su estilo controvertido, deberá afrontar las consecuencias de estas decisiones. La comunidad observa con atención cómo se desarrollan estos casos.
Este golpe legal representa una victoria en la lucha contra la evasión fiscal. Los ciudadanos esperan que se haga justicia y que las empresas cumplan con sus obligaciones. La situación de Elektra pone de relieve la importancia de la transparencia y el cumplimiento en el ámbito empresarial.
El sector inmobiliario en México y Estados Unidos es un terreno fértil para el lavado de dinero y la evasión fiscal. Cada año, se ocultan 34 mil 996 millones de pesos en México.
Un estudio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) revela que, entre 2018 y 2023, el quebranto al fisco alcanzó 174 mil 980 millones de pesos. Este crecimiento en la industria incluye lujosos departamentos vacíos que distorsionan los precios del mercado.
Puerto Vallarta es un claro ejemplo de esto. Los precios de los departamentos han aumentado 176.6 por ciento desde 2021. El 13 de agosto, el Departamento del Tesoro de EE.UU. Sancionó a varias empresas en la zona por fraude y lavado de dinero.
Maribel Vázquez, experta en prevención de lavado de dinero, explica que las transacciones inmobiliarias suelen involucrar montos altos. Esto facilita la introducción de grandes sumas de dinero ilícito.
La inversión de mexicanos en el sector inmobiliario de EE.UU. también crece. En el último año, la inversión alcanzó 4 mil 400 millones de dólares, con casi la mitad pagada en efectivo.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. Reconoce que entre el 20 y 30 por ciento de las compras inmobiliarias no cumplen con las regulaciones antilavado. Esto podría afectar los precios de las viviendas.
Las redes criminales evaden controles usando empresas fachada y compras fraccionadas. La cooperación entre México y EE. UU. Se vuelve esencial para combatir este problema.
El lavado de dinero en el sector inmobiliario es un desafío que requiere atención. La lucha contra estas prácticas ilegales debe ser un esfuerzo conjunto entre países.
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ha tomado una decisión importante al resolver que Grupo Elektra debe pagar aproximadamente 2 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Esta resolución, que se deriva de la omisión en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio 2012, marca un paso significativo en la lucha contra la evasión fiscal.
Después de cinco años de batalla legal, la unanimidad de los tres magistrados del tribunal subraya la determinación del sistema judicial para hacer cumplir la ley. A pesar de los intentos de la empresa por frenar la resolución con escritos de último minuto, el tribunal desechó esos recursos. Los magistrados consideraron que no aportaban elementos nuevos y solo buscaban dilatar el proceso.
Esta decisión no solo representa una victoria para el SAT, sino también un mensaje claro sobre la importancia de la transparencia y la responsabilidad fiscal. La justicia fiscal es fundamental para garantizar un sistema equitativo y sostenible.
Grupo Elektra, que continúa enfrentando otros litigios contra resoluciones del SAT, aún tiene la opción de solicitar la revisión del fallo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). No obstante, la admisión de este caso dependerá de su interés constitucional.
Con esta resolución, el sistema judicial reafirma su compromiso con la justicia y la legalidad. Las decisiones como esta generan confianza en la sociedad y promueven un entorno más justo y equitativo para todos.
La ministra Lenia Batres Guadarrama enfrenta un nuevo obstáculo en su carrera judicial. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió impedir su participación en un juicio de amparo. Este caso involucra a Grupo Elektra, que busca evadir el pago de un crédito fiscal de 1,431 millones de pesos.
La decisión se tomó este 21 de mayo de 2025, a petición de la empresa. El voto fue de cuatro a uno a favor de la medida. Elektra argumenta que la ministra Batres tiene una aversión personal hacia su dueño. Sin embargo, ella asegura que esta afirmación carece de fundamento.
El crédito fiscal en cuestión se impuso a Elektra por omitir declarar ganancias derivadas de la venta de acciones de sus propias empresas en 2008. La empresa argumenta que no debería pagar impuestos sobre estos ingresos. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda no está de acuerdo.
El impedimento contra Batres se basa en publicaciones de redes sociales. Elektra presentó estas publicaciones como evidencia de una supuesta animadversión. Sin embargo, la ministra sostiene que sus opiniones no afectan su objetividad. A lo largo de su carrera, ha expresado la importancia de que las empresas paguen impuestos.
La importancia de la elección del Poder Judicial cobra mayor relevancia, ya que este caso podría sentar un precedente. Sería el primero que resuelva el Tribunal de Disciplina Judicial y plantea interrogantes sobre la objetividad en la SCJN. La decisión de la Primera Sala contrasta con criterios previos; en otros casos, se ha permitido a ministros opinar sin que esto afecte su imparcialidad.
Lenia Batres sigue defendiendo su posición. Asegura que el conflicto de interés debe ser evaluado con criterios claros. La lucha contra la evasión fiscal es un asunto crucial en México. A medida que este caso avanza, la atención pública se centrará en sus implicaciones. La transparencia y la justicia fiscal están en juego.
El Gobierno de Javier Milei ha lanzado un nuevo plan de blanqueo de capitales, presentándolo como una solución a la informalidad económica. Manuel Adorni, vocero presidencial, afirmó que “tus dólares son tu decisión”. Sin embargo, esta afirmación plantea serias preocupaciones sobre la transparencia y la legalidad.
La criminalización del ahorro: Un legado de desconfianza
Durante años, los argentinos han sido tratados como delincuentes por ahorrar. Las políticas de control han criminalizado el ahorro, empujando a muchos a guardar su dinero “bajo el colchón”. Esta situación ha generado un círculo vicioso que ha alimentado la informalidad. La promesa de Milei de cambiar esta narrativa suena atractiva, pero las implicaciones son preocupantes.
¿Un paso hacia la libertad o un abismo de inseguridad?
El plan de Milei busca eliminar controles sobre el uso de dólares no declarados. Esto, según los críticos, podría abrir la puerta al lavado de dinero y a la evasión fiscal. Las declaraciones de funcionarios sobre la necesidad de confiar en la gente son, en el mejor de los casos, ingenuas. El riesgo de permitir que grandes sumas de dinero circulen sin supervisión es inminente.
La desregulación: Un juego peligroso
Las nuevas medidas incluyen la eliminación de la obligación de informar sobre transacciones importantes y la reducción de montos mínimos para transferencias sin regulación. Este enfoque desregulado podría facilitar aún más la evasión de impuestos. En lugar de promover la confianza, el Gobierno parece estar creando un entorno propicio para la ilegalidad.
Una estrategia a corto plazo con consecuencias a largo plazo
Aunque el Gobierno sostiene que el blanqueo podría inyectar miles de millones en la economía, los críticos advierten sobre los peligros de una estrategia tan arriesgada. La dependencia de la informalidad solo puede agravar los problemas económicos existentes. Además, la promesa de crecimiento del 6% al 8% anual es más una ilusión que una realidad.
La oposición alza la voz: Una llamada a la responsabilidad
La oposición ha expresado su preocupación por las implicaciones de este plan. Argumentan que, en su afán de estimular la economía, el Gobierno está ignorando las lecciones del pasado. La falta de regulación podría tener consecuencias devastadoras para la estabilidad económica y social del país.
Un futuro incierto para Argentina
El blanqueo de capitales propuesto por el Gobierno de Milei plantea más preguntas que respuestas. Si bien la idea de liberar a los argentinos de la criminalización del ahorro es atractiva, la falta de controles adecuados podría resultar en un desastre financiero. La economía de Argentina merece una estrategia más responsable y menos arriesgada. La pregunta es: ¿está el Gobierno dispuesto a escuchar?
Amir Ibrahim, director general de Los Reporteros MX, reveló en entrevista con Manuel Pedrero los vínculos de Alejandro Irarragorri —dueño del Santos Laguna y socio de Ricardo Salinas Pliego— con una red de evasión fiscal y desvío de fondos públicos. El empresario enfrenta una orden de aprehensión por adeudos millonarios al SAT.
Fondos públicos y un equipo fantasma
Irarragorri compró en 2016 el Club Delfines, franquicia incautada a Amado Yáñez (exdueño de Oceanografía), por 12.8 millones de pesos mediante TM Sports Club. Durante el gobierno panista de Francisco García de Vaca en Tamaulipas, el equipo recibió 58 millones de pesos anuales del erario.
“El Gobierno de García de Vaca le entregó dinero hasta de la Secretaría de Seguridad Pública. Morena cortó el flujo y el equipo desapareció”, denunció Ibrahim.
Jerarquía del poder: Salinas y Azcárraga arriba
Ibrahim ubicó a Irarragorri como el tercer eslabón en la estructura de corrupción del fútbol mexicano, detrás de Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca) y Emilio Azcárraga (Televisa). “Alejandro es pieza clave. Es el prestanombres de Salinas”, aseguró.
El periodista recordó la foto de ambos jugando golf durante las investigaciones: “Eran cínicos. Actuaban como si nada pasara”.
La ruta de la evasión
La comercializadora Innovadora Monterrey SAS —dedicada a instalación de redes— vendió la franquicia a TM Sports. Ibrahim vinculó el caso con prácticas recurrentes: “La evasión en el fútbol es común. Lo documenté desde el caso del cártel del gol”.
La UIF y el SAT investigan si los 58 millones otorgados en Tamaulipas se usaron para lavar dinero o eludir impuestos. La desaparición del equipo tras el cambio de gobierno en 2022 profundiza las sospechas.
El empresario, accionista del Atlas y Puebla, evade a la justicia. Su fuga expone los lazos entre el poder político y dueños de clubes, un cáncer que Ibrahim resume: “Salinas y Azcárraga controlan el fútbol. Los demás son sus socios o cómplices”.
Ricardo Salinas Pliego, empresario y dueño de TV Azteca, ha cambiado drásticamente su discurso sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Su reciente ataque al gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum plantea serias dudas sobre su integridad.
Inicialmente, Salinas Pliego alabó el AIFA como un aeropuerto de clase mundial. Sin embargo, su repentina preocupación por pagar impuestos ha transformado su tono, ahora criticando la obra que antes elogiaba. Este giro parece más un intento de desviar la atención de sus obligaciones fiscales que una evaluación honesta de la infraestructura.
TV Azteca, en un reciente reportaje, tachó al AIFA de estar “incomunicado” y de no cumplir con las promesas de modernidad. Esta crítica resulta irónica, dado que el mismo Salinas Pliego anteriormente se mostró deslumbrado por la obra, afirmando que “los reportajes y fotos no le hacen justicia”. Parece que sus palabras estaban más alineadas con sus intereses que con la realidad.
Las redes sociales han estallado en respuesta. Charlie Trejo compartió un video donde Salinas Pliego elogia el AIFA, pero ahora su postura parece guiada por su malestar por las obligaciones fiscales. Otro usuario, joechapu77, no se contuvo al señalar que su patrón, Salinas Pliego, debería “PAGAR” en lugar de criticar.
La usuaria @al_lev también se unió al debate, preguntando si el empresario está “enojado” porque ahora enfrenta la realidad de sus impuestos. Su crítica se suma a un creciente sentimiento de que Salinas Pliego utiliza su plataforma mediática para encubrir sus propios intereses.
Este episodio revela la hipocresía de un empresario que, en lugar de asumir sus responsabilidades, prefiere atacar a un gobierno que busca regular y fiscalizar a quienes han prosperado en el país. La pregunta persiste: ¿hasta dónde llegará Salinas Pliego para proteger sus intereses personales.
En un importante fallo que resuena con fuerza en la lucha por la justicia fiscal en México, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó que la ministra Lenia Batres Guadarrama es plenamente competente para resolver el amparo interpuesto por el magnate de la usura y la evasión fiscal, Ricardo Salinas Pliego.
Esta resolución no solo refuerza la independencia del poder judicial, sino que también sienta un precedente en la defensa del estado de derecho frente a las prácticas de evasión fiscal.
Ricardo Salinas, dueño de Grupo Salinas, ha sido señalado por sus prácticas de usura y evasión fiscal, cuestionamientos que han llevado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a solicitar acceso a su información bancaria desde 2012.
En un intento de eludir esta revisión que podría revelar delitos financieros, el empresario argumentó que su derecho al secreto bancario estaba siendo vulnerado. Sin embargo, la decisión de la SCJN deja claro que la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales en una sociedad democrática.
La ministra Lenia Batres, con su firmeza y compromiso con la justicia, se ha convertido en un baluarte contra las artimañas legales de quienes buscan protegerse detrás de la opacidad, en la que no permitirá que el poder económico influya en la justicia.
El juez Décimosexto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México ya había declarado inconstitucionales los artículos que permitían a la UIF acceder a información bancaria sin autorización judicial.
La decisión de la SCJN de retomar este caso y desestimar el impedimento planteado por Salinas Pliego resalta la importancia de que la UIF cuente con las herramientas necesarias para llevar a cabo su labor de supervisión y control financiero.
La decisión unánime de la Primera Sala de la SCJN refuerza la lucha contra la evasión fiscal y la usura en el país
La SCJN, con el respaldo de la ministra Lenia Batres, está enviando un mensaje claro: la justicia debe prevalecer sobre los intereses de aquellos que, a través de la usura y el abuso, buscan evadir su responsabilidad ante la sociedad.
La unanimidad de sus colegas en la Primera Sala es un testimonio del respaldo institucional a la lucha contra la corrupción y la impunidad.
La lucha contra la evasión fiscal y la usura debe continuar, y la SCJN, bajo el liderazgo de figuras como Lenia Batres, está demostrando que la justicia no tiene precio y que la ley se aplica por igual a todos, sin importar su fortuna o poder.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, confirmó la imposición de una multa a Elektra, empresa del magnate Ricardo Salinas Pliego, debido a los múltiples obstáculos que ha interpuesto para evitar el pago de sus millonarias deudas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al pueblo de México.
La ministra Lenia Batres Guadarrama informó en redes sociales que, durante la sesión privada del pleno de la SCJN del lunes 10 de febrero, se acordó ejecutar la sanción con base en los artículos 59 y 250 de la Ley de Amparo, los cuales castigan las estrategias legales dilatorias con multas económicas.
En la sesión privada del pleno de la SCJN celebrada ayer, lunes, se acordó ejecutar las multas señaladas en los artículos 59 y 250 de la Ley de Amparo.
Grupo Salinas ha promovido 15 impedimentos, para cuyo trámite ha presentado 19 recursos de reclamación. Asimismo, han… pic.twitter.com/S3AxBJRp8X
Batres Guadarrama denunció que Grupo Salinas ha promovido quince impedimentos y presentado diecinueve recursos de reclamación, además de cuatro conflictos competenciales, lo que ha generado 39 medios de impugnación que han retrasado la resolución de cuatro expedientes clave: tres de índole fiscal y uno financiero.
De esta serie de maniobras, hasta ahora solo se han resuelto tres impedimentos y ocho recursos de reclamación, mientras que los cuatro conflictos competenciales fueron desechados. Sin embargo, aún quedan pendientes 27 procedimientos, lo que evidencia el uso sistemático de tácticas para evadir sus responsabilidades fiscales.
La deuda millonaria de Salinas Pliego con el SAT
El conflicto legal de Grupo Elektra con el SAT surge de un adeudo acumulado de 63 mil millones de pesos, de los cuales:
Más de 53 mil millones de pesos corresponden a juicios fiscales previos.
Más de 10 mil millones de pesos derivan de créditos fiscales emitidos en la administración actual.
El jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, explicó recientemente que, tras auditorías realizadas entre 2008 y 2018, inicialmente se calculó una deuda de 38 mil millones de pesos. Sin embargo, este monto aumentó debido a recargos y ajustes inflacionarios.
Además, el 90% del adeudo proviene de la consolidación fiscal, un esquema que permitía a las grandes corporaciones evadir el pago de impuestos y que fue impulsado por las administraciones neoliberales y eliminado con la llegada de la Cuarta Transformación en 2018.
Durante la conferencia matutina presidida por Claudia Sheinbaum, el director de Los Reporteros MX, Amir Ibrahim, participó con una impactante revelación sobre una investigación que ha estado realizando en torno a las empresas factureras y su modus operandi de evasión fiscal.
Ibrahim detalló cómo operan las empresas fantasma en colaboración con empresas concentradoras para desviar grandes sumas de dinero. Según su investigación, dos empresas principales, Regio Operadores de Capitales y Transvamex, manejan conjuntamente más de 5,500 millones de pesos en desvíos fiscales mensuales. Estos desvíos representan el 10% del mercado de evasión fiscal en México, involucrando una red de aproximadamente 70 empresas que facilitan este tipo de operaciones ilícitas.
📹 #Vídeo | La Presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) responde a cuestionamientos del periodista Amir Ibrahim (@AmirIbrahimQRoo); la mandataria aclaró que se combatirá la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Amir Ibrahim explicó que el esquema consiste en que un cliente real compra una factura falsa de una empresa fantasma, la cual transfiere el dinero a una empresa concentradora, que finalmente devuelve el efectivo al cliente original. En su investigación, mencionó que Regio Operadores de Capitales, encabezada por Claudio César Rojas Salazar, desvía alrededor de 4 mil millones de pesos al mes, mientras que Transvamex, de Andrés Noriega Rivera, maneja aproximadamente 1,500 millones mensuales.
Respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum
Frente a estas acusaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó su compromiso en el combate a la evasión fiscal y recordó que la condonación de impuestos está prohibida por la Constitución. Sheinbaum señaló que, bajo su administración, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que seguirá a cargo de Pedro Gómez, han estado trabajando para detectar y erradicar este tipo de prácticas, con la colaboración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sheinbaum aseguró que se investigarán los casos mencionados por Ibrahim y que los datos serán revisados en conjunto con las autoridades competentes. La presidenta indicó que cualquier hallazgo relevante será tratado de manera administrativa y, de ser necesario, las denuncias se canalizarán a la Fiscalía General de la República.
Finalmente, Claudia Sheinbaum solicitó a Ibrahim que entregue su investigación a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para darle el seguimiento necesario.
