En un hecho sin precedentes, México y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento para enfrentar la crisis ambiental y sanitaria que azota desde hace años la cuenca del río Tijuana-San Diego, afectada por derrames de aguas residuales y el colapso de infraestructura hídrica.
Este es el primer acuerdo binacional bajo las administraciones de Claudia Sheinbaum y Donald Trump, con la meta de cumplir, entre 2025 y 2027, una serie de obras clave: la rehabilitación de colectores, interceptores y plantas de tratamiento como Arturo Herrera, La Morita y la expansión de la planta de San Antonio de los Buenos, que permitirá detener el flujo de aguas negras hacia territorio estadounidense.
Con pleno respeto a nuestras soberanías, firmamos con @epaleezeldin el primer acuerdo entre Estados Unidos y México por instrucciones de la presidenta @Claudiashein El Memorándum refuerza la colaboración para atender desafíos ambientales y de salud de la frontera norte. pic.twitter.com/XVAg7WQAVK
La secretaria mexicana de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, afirmó que el objetivo es resolver por completo la contaminación transfronteriza, mientras que el titular de la EPA, Lee Zeldin, recalcó que el tema ha sido prioridad en sus diálogos con Trump.
En la reunión estuvieron también representantes de la CILA, CONAGUA y la Embajada de EE.UU. en México, consolidando un frente común para restaurar el equilibrio ecológico y sanitario en la región fronteriza.
México y Estados Unidos acordaron 17 proyectos binacionales para el saneamiento del río Tijuana, una de las cuencas más importantes en la frontera. El plan contempla una inversión conjunta de 693 millones de dólares, con 600 mdd aportados por EE. UU. y 93 mdd por parte de México.
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, informó que ya se han concluido 5 obras prioritarias, mientras que 13 siguen pendientes. Por su parte, Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), mencionó que entre los trabajos en marcha destacan la ampliación del tratamiento de aguas residuales, la rehabilitación de colectores y el fortalecimiento de plantas clave como Arturo Herrera, La Morita y San Antonio de los Buenos.
El acuerdo también incluye acelerar el cumplimiento del Acta 328, que permitirá canalizar más recursos y concluir las obras en 2028; priorizar la conducción de agua tratada aguas arriba para evitar descargas contaminantes en la frontera; solicitar financiamiento al Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN); y explorar la ampliación de la planta San Antonio de los Buenos para aumentar su capacidad de tratamiento.
Las 5 obras ya concluidas representan una inversión de 1,129 millones de pesos e incluyen la Planta de bombeo CILA, Planta de bombeo Los Laureles I, Rehabilitación del Colector Oriente, Rehabilitación del Colector Internacional Fase 1 y la construcción de la Planta de Tratamiento San Antonio de los Buenos.
Cubana revela el terror que padecen migrantes en cárcel de Trump.
El sueño americano se ha transformado en una pesadilla de detención y deportación bajo el yugo de una política antimigrante.
LA ODISEA DE SAILY
La historia de Saily Vázquez, migrante cubana, es una crónica desgarradora, entre las miles de travesías desesperadas que cruzan las fronteras en busca de un mejor futuro.
Lo que inició el 23 de septiembre de 2023 como un viaje de 10 meses desde Cuba con la esperanza de acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, terminó transformándose en una lucha por la supervivencia ante las durísimas políticas migratorias de Estados Unidos.
Con solo 800 dólares y una mochila, Saily se embarcó en una odisea que la llevó a atravesar Centroamérica y México, pagando a “coyotes” y enfrentando una constante zozobra.
Ahora, en Miami, su destino pende de un hilo, sujeto a la voluntad del gobierno de Donald Trump, un presidente abiertamente antimigrante.
LA TRAVESÍA: UN LABERINTO DE RIESGOS Y PAGOS
Saily y su esposo salieron de Cuba en avión hacia República Dominicana, para luego volar a Nicaragua, donde un “coyote” los esperaba.
La ruta, que fue una combinación de caminatas extenuantes y autobuses que operan de forma irregular, los llevó por Honduras y Guatemala, pagando sobornos en cada frontera.
“Nos llevaron en autobús por unas montañas que yo no había visto en mi vida”, relata a ReporterosMx Saily con la voz quebrada por el miedo y el cansancio.
Ya en México, en Tapachula, Chiapas, la pareja se encontró con otra dura realidad: para llegar a la Ciudad de México, donde esperaban aplicar al programa CBP One, debían desembolsar mil 200 dólares por persona.
Como no contaban con ese dinero, decidieron arriesgarse y continuar su camino vía terrestre.
Sin embargo, el viaje de 18 horas hasta la capital mexicana se convirtió en una auténtica pesadilla. Saily nos asegura que tuvieron que pasar por 32 retenes policiales.
Y en cada uno de ellos, la extorsión era la norma. Les exigían, de acuerdo con Saily, entre 100 y 200 pesos para evitar que los bajaran del autobús.
“Si no pagabas, te bajaban del autobús a mitad de carretera”, recuerda Saily. La mujer de origen cubano estima que, en ese trayecto, gastaron más de “dos mil pesos por cada uno” en sobornos.
Al llegar a la Ciudad de México, la pareja fue trasladada a una casa en Chalco, en el Estado de México, donde permanecieron encerrados durante tres meses junto a otras 30 personas, y donde, además, estuvieron obligadas a pagar un alquiler de 4 mil pesos mensuales cada uno.
Desde luego, la incertidumbre y el miedo los siguió a todas partes como una sombra siniestra.
No obstante, y a pesar de haber padecido experiencias durísimas, incluyendo la detención de Saily en un Centro de Detención en Texas, la mujer se niega a renunciar a su sueño, al que le ha apostado su vida y, hasta el momento, más de 10 mil dólares.
EL SUEÑO AMERICANO EN LA CUERDA FLOJA
En julio de 2024, Saily finalmente consiguió una cita para presentarse en la garita de Ciudad Juárez.
Cruzó el puente internacional pagando solo cinco pesos mexicanos. Acto continuo fue entregada a la policía estadounidense, sin imaginar el calvario que le esperaba.
Fue llevada a un campamento, luego a una “mazmorra” y, finalmente, a un centro de detención en Texas, donde pasó 40 días incomunicada.
Sus familiares y un abogado de migración lograron su libertad provisional, enviándola a Miami con un brazalete de monitoreo.
Desde finales de 2024, Saily ha vivido con un brazalete electrónico, esperando la indulgencia de la ley estadounidense.
Sin embargo, el panorama se ha oscurecido con la reelección de Donald Trump y sus políticas antimigrantes.
El programa CBP One, bajo el cual Saily y otros 919 mil migrantes lograron cruzar a Estados Unidos, fue abolido por orden ejecutiva de Trump a finales de enero de 2025.
Desde entonces, cientos de miles de migrantes, en su mayoría venezolanos, centroamericanos, cubanos y mexicanos, han sido repatriados a sus países de origen o recluidos en centros de detención.
El próximo 13 de agosto, Saily debe comparecer ante las autoridades migratorias para solicitar su residencia, una posibilidad remota a menos que pueda demostrar que su vida corre peligro en Cuba, algo que, si bien es cierto para gran parte de la población cubana (cerca del 90% vive por debajo del umbral de pobreza), no es una realidad exclusiva de Saily ni una justificación fácilmente aceptada por las autoridades migratorias.
Saily no sabe si será deportada nuevamente a Cuba. Pero de lo que sí está segura es que, si eso ocurre, “volverá a intentarlo en algunos años”.
La detención de Saily en Texas y el uso del brazalete de monitoreo son tácticas que buscan ejercer control absoluto sobre los cuerpos de los migrantes, despojándolos de su libertad y dignidad.
Estas acciones no solo ignoran las causas estructurales de la migración, sino que exacerban el sufrimiento humano, empujando a los migrantes a rutas más peligrosas y a caer aún más en manos de la criminalidad organizada.
Sin duda, la historia de Saily es un llamado urgente a rehumanizar el debate migratorio y a que los gobiernos busquen y ofrezcan soluciones que aborden las raíces de la migración y la desigualdad global.
El administrador de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA), Lee Zeldin, viaja este jueves a la Ciudad de México para cerrar un acuerdo clave sobre la crisis del río Tijuana, una problemática de contaminación transfronteriza que ha afectado por décadas a comunidades de México y California.
Desde su cuenta oficial de X, Zeldin afirmó que se ha logrado un “progreso tremendo” con el objetivo de alcanzar una “solución total al 100%” para acabar con la descarga de aguas residuales que ha dañado costas, poblaciones locales y ecosistemas marinos.
I am on my way to Mexico City, Mexico, where tremendous progress has been made in negotiations to finalize a 100% solution to urgently and permanently end the decades-long Tijuana River Sewage Crisis.
“El objetivo es acabar de una vez por todas con esta crisis sanitaria y ambiental”, subrayó. Aunque los detalles del acuerdo aún no se han revelado, Zeldin adelantó que este mismo día se hará un anuncio relevante, que podría incluir compromisos financieros, nuevas obras de infraestructura y cooperación binacional.
El viaje y las negociaciones representan un paso decisivo en la búsqueda de una respuesta estructural y duradera a uno de los problemas ambientales más persistentes en la frontera entre ambos países.
La Presidenta Claudia Sheinbaum informó este jueves que el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos ha disminuido un 50% desde octubre de 2024 —cuando inició su gobierno—, gracias a la actual estrategia de seguridad, lo cual ha sido reconocido incluso por autoridades estadounidenses.
“Se incauta más fentanilo en México y ya no cruza a Estados Unidos”, explicó durante la mañanera de este jueves, señalando que la reducción no se debe solo al combate al Cártel de Sinaloa, sino a diversas acciones coordinadas en el territorio nacional, que también han impactado la producción de otras drogas como las metanfetaminas.
De acuerdo con Sheinbaum, en lo que va de su mandato se han destruido 1,193 laboratorios de metanfetaminas, lo que representa una afectación económica de más de 43 mil millones de pesos al crimen organizado, además de importantes decomisos y detenciones.
La mandataria subrayó que la colaboración con Estados Unidos es clave, pero advirtió que también corresponde a ese país combatir la distribución y consumo de fentanilo dentro de sus fronteras. “Tiene que haber confianza mutua, respeto a las soberanías y coordinación sin subordinación”, remarcó.
Sobre el caso de Ismael “El Mayo” Zambada, quien habría sido sustraído contra su voluntad hace un año, Sheinbaum confirmó que México sigue exigiendo información a Washington, al tiempo que reiteró la disposición de su gobierno para mantener una cooperación bilateral sin injerencias.
Autoridades de Estados Unidos rastrean una red criminal que trafica gasolina y diésel robados desde México, en una operación que podría estar causando pérdidas de más de 200 millones de pesos semanales al erario mexicano, según reportes obtenidos por medios estadounidenses.
Una investigación de Milenio reveló que agencias como el FBI, la DEA y HSI investigan la ruta del huachicol que atraviesa la frontera por Tamaulipas —específicamente Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo— donde más de mil autotanques por semana cruzan cargados de combustible robado a Pemex, oculto como aceite mineral para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
La propia DEA alertó en su informe anual sobre narcóticos sobre una nueva organización criminal aliada con el Cártel de Sinaloa, CJNG, La Familia Michoacana y el Cártel del Golfo, dedicada al robo de hidrocarburos que son vendidos ilegalmente en territorio estadounidense.
En respuesta, Washington puso en marcha el operativo “Top Fuel” (o “Muerte Líquida”), con el que ya ha detenido a una familia de empresarios multimillonarios de Utah —los Jensen— acusados de haber contrabandeado 300 millones de dólares en crudo mexicano en colaboración con el CJNG. El juicio contra James y Maxwell Jensen comenzará en 2026 y será el primero en su tipo.
Además, se preparan nuevas órdenes de arresto contra cómplices en ambos lados de la frontera, debido a que esta red se ha convertido en una fuente clave de financiamiento para los cárteles mexicanos. En paralelo, el gobierno de México intensificó sus acciones contra el huachicol. Tan solo entre octubre de 2024 y julio de 2025, la Semar aseguró más de 14 millones de litros de combustible robado, 328 tomas clandestinas y casi 87 mil litros más en altamar.
El 29 de junio, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció el desmantelamiento de una de las redes más grandes de tráfico de combustible en el país. 32 personas fueron detenidas, incluyendo presuntos líderes identificados como Cirio Sergio “N” y Luis Miguel “N”, con operaciones en Edomex, Querétaro, Hidalgo y CDMX.
Una semana después, en Coahuila, autoridades incautaron 15 millones de litros de combustible robado, en uno de los mayores aseguramientos de este tipo en la historia del país.
El Departamento de Justicia creará una nueva unidad especializada en delitos comerciales para procesar penalmente a empresas e individuos que intenten evitar el pago de tarifas mediante prácticas fraudulentas.
Según un reporte de Bloomberg, los fiscales federales están sentando las bases para presentar cargos penales, dejando atrás la política de sanciones civiles o acuerdos económicos. Ahora, los casos graves podrán terminar en prisión.
Las autoridades buscan frenar estrategias como falsificar el país de origen de productos, clasificar erróneamente mercancías para pagar menos impuestos y subvaluar las importaciones para reducir los aranceles.
“Cuando los importadores hacen trampa, están evitando el costo real de llevar mercancías a Estados Unidos”, explicó Matthew Galeotti, director de la división penal del Departamento de Justicia.
La ofensiva legal se enmarca en la política comercial de Donald Trump, quien desde su retorno a la Casa Blanca impuso un arancel universal de 10% y aplicó gravámenes más altos al acero, aluminio y autos, afectando a decenas de países. A partir del 1 de agosto, varias naciones enfrentarán alzas exponenciales.
Además, Trump anunció que Estados Unidos está por cerrar un nuevo acuerdo comercial con China y evalúa reducir aranceles a la Unión Europea si el bloque abre su mercado a empresas estadounidenses. Con esta nueva unidad, el mensaje es claro: Estados Unidos no solo cobrará más; ahora castigará penalmente a quien intente evadir.
El Departamento de Estado de Estados Unidos autorizó la venta a Ucrania de sistemas de misiles HAWK Phase III, vehículos de combate Bradley, y equipos relacionados, por un valor total de 322 millones de dólares, según información de Reuters. La Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa informó que esta operación incluye mantenimiento y equipamiento para dichos sistemas.
Este paquete de defensa, que contempla 172 millones para el sistema de misiles HAWK y 150 millones para vehículos Bradley, busca reforzar la capacidad de Ucrania para enfrentar amenazas actuales y futuras, mejorando su autodefensa y seguridad regional.
La venta fue solicitada por el gobierno ucraniano y ahora está bajo revisión del Congreso estadounidense para su aprobación final. Esta acción es la segunda venta de armas desde que Donald Trump retomó la presidencia en enero, y ocurre tras una breve suspensión en los envíos militares, a pesar de los intensos ataques con misiles y drones rusos sobre Ucrania.
Además, mientras continúan las tensiones, este miércoles Rusia y Ucrania concluyeron una tercera ronda de negociaciones en Estambul sin avances para poner fin al conflicto, aunque acordaron un nuevo canje de prisioneros.
Bajo la administración Biden, Estados Unidos ha comprometido más de 65 mil millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, un apoyo que no ha continuado Trump.
La última venta anunciada fue en mayo, por 310 millones de dólares, destinada al entrenamiento y mantenimiento de aviones F-16.
En un nuevo revés para el presidente Donald Trump, un tribunal federal de apelaciones en San Francisco declaró inconstitucional su intento de restringir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.
El 9º Circuito de Apelaciones confirmó este miércoles que negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes nacidos en EE.UU. viola la Enmienda 14 de la Constitución, decisión que respalda un fallo previo de un juez en Seattle. La medida fue impugnada por Washington, Arizona, Illinois y Oregón, estados liderados por demócratas.
La orden ejecutiva de Trump, emitida durante su administración, pretendía negar la nacionalidad a bebés nacidos en EE.UU. cuyos padres no tuvieran residencia legal o se encontraran en el país de forma temporal. Aunque la Corte Suprema ya había intervenido en junio limitando la posibilidad de suspensiones judiciales a nivel nacional, los tribunales han seguido bloqueando la orden para proteger a los recién nacidos.
Un juez de New Hampshire incluso aprobó la demanda como colectiva, brindando protección legal a todos los bebés en riesgo bajo esa orden. Por su parte, un tribunal de Massachusetts se prepara para emitir sentencia en una demanda similar impulsada por un grupo más amplio de estados.
La medida de Trump forma parte de su cruzada antiinmigrante, criticada ampliamente por violar principios constitucionales y fomentar la xenofobia. A pesar de que el gobierno alegó que buscaba cerrar una “laguna legal”, los jueces han sostenido que el derecho a la ciudadanía por nacimiento no puede ser anulado por decreto presidencial.
La Embajada de Estados Unidos en México denunció un esquema sofisticado de contrabando de combustibles, operado por cárteles mexicanos, conocido como “huachicol fiscal”, que genera millonarias ganancias ilegales y financia la violencia, corrupción y evasión fiscal.
A través de un video publicado en la red social X (antes Twitter), se reveló que el proceso inicia con el robo de petróleo crudo en México, que es trasladado a Texas, donde es refinado y reingresado ilegalmente al país como si fuera combustible legal.
💡 Seguramente has escuchado sobre el #Huachicol 🛢️, pero ¿sabes qué es el huachicol fiscal? Aquí te lo explicamos y te platicamos las acciones que 🇺🇸 y 🇲🇽 tomamos para frenarlo. ¡Entérate! pic.twitter.com/eaFU5phn29
El crudo robado es transportado mediante camiones o ductos, “blanqueado” por intermediarios, y procesado en refinerías estadounidenses. Luego, el producto refinado regresa a México, muchas veces con documentos falsos o etiquetado de forma incorrecta, y es distribuido en estaciones de servicio, sin que los consumidores detecten su origen ilícito.
“Detrás de cada litro ilegal hay evasión fiscal, corrupción y violencia financiada”, alertó la embajada, al tiempo que afirmó que México y Estados Unidos trabajan juntos para frenar este esquema, mediante operativos en aduanas, sanciones a empresas y bancos, y el desarrollo de mecanismos de control y trazabilidad.
Este modelo de huachicoleo transnacional, además de afectar al erario, alimenta las finanzas del crimen organizado, consolidando una nueva ruta de enriquecimiento ilícito para los cárteles.
