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Empresarios llegaron al Capitolio para exigir soluciones ante la escasez de trabajadores provocada por las deportaciones masivas. Respaldan la Dignity Act, que permitiría a millones de migrantes trabajar legalmente sin prometer ciudadanía.

Más de un centenar de empresarios de todo Estados Unidos acudieron esta semana al Capitolio para advertir sobre el impacto de las deportaciones masivas ordenadas por la administración de Donald Trump, las cuales, aseguran, están dejando vacíos de millones de empleos esenciales en sectores como la construcción, la agricultura, la hotelería y la salud. Reunidos bajo la iniciativa “Asegurar la mano de obra de América”, los ejecutivos exigieron al Congreso la aprobación de una reforma que brinde permisos de trabajo a los migrantes indocumentados y ayude a frenar la crisis laboral.

La misión empresarial, organizada por la American Business Immigration Coalition (ABIC), reúne a más de 1,700 líderes empresariales de 17 estados. Las estimaciones, existen actualmente más de ocho millones de empleos sin cubrir, lo que ha elevado los costos de producción y los precios al consumidor. “La economía estadounidense no puede crecer sin vías legales para los trabajadores que sostienen sus industrias”, declaró Rebecca Shi, directora ejecutiva de ABIC.

Los empresarios respaldan la llamada Dignity Act, una iniciativa bipartidista impulsada por la congresista republicana María Elvira Salazar y la demócrata Verónica Escobar. La propuesta, presentada por tercera vez en julio, ofrece un estatus de “dignidad” que permitiría residir y trabajar legalmente a migrantes con más de cinco años en el país, sin antecedentes penales, y que paguen una multa de 7 mil dólares, además de aportar 1% de su salario durante siete años. Sin embargo, la iniciativa elimina la posibilidad de una vía hacia la ciudadanía.

Mientras tanto, voces demócratas como la del senador Rubén Gallego, de Arizona, también han reconocido errores en la postura de su partido. Gallego presentó su propia iniciativa migratoria, que combina un mayor control fronterizo con un camino gradual hacia la legalización de ciertos grupos, como los “dreamers”. Aun así, reconoció que ni su propuesta ni la de Salazar tienen perspectivas inmediatas de aprobación, aunque ambos coinciden en la necesidad de un punto medio que evite la parálisis económica.
En tanto, los empresarios aseguran que continuarán presionando al Congreso. El miedo a las redadas migratorias y las deportaciones ha paralizado gran parte del trabajo agrícola, las fábricas y los servicios básicos en varias regiones. “Si no actuamos, el país se va a quedar sin manos para producir”, advirtió uno de los líderes del grupo empresarial.

Imagen realizada con IA

Redacción