“Es ratificar, no ractificar” así fue como el Dr. Ulises Lara López me corrigió con respecto al término ratificación, tras expresar mi admiración hacia el trabajo de Ernestina Godoy, quien ejerciera el cargo de titular de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). La primera vez que oí de él, fue mediante una entrevista con los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela en mayo del 2023, en ese entonces Coordinador de Asesores y Vocero de la FGJCDMX, comentó respecto a los avances en las investigaciones en contra del llamado Cartel Inmobiliario, nombre que le dio la fiscalía a aquellos casos de corrupción que vinculan al Partido Acción Nacional (PAN) y empresas del sector inmobiliario para otorgar de manera ilícita permisos para facilitar la construcción de viviendas y oficinas, principalmente en la alcaldía Benito Juárez. Pero no fue hasta noviembre de ese año cuando coincidimos en un curso organizado por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena (INFP), en la que tuvimos una breve conversación sobre el combate al Cartel Inmobiliario y la corrección del término “ratificación”. ¿Qué se necesita para una buena administración de justicia?
El pasado 8 de enero, durante una sesión extraordinaria en el Congreso de la Ciudad de México, se llevó a cabo la propuesta de ratificación de Godoy Ramos al frente de la dependencia para un segundo periodo de cuatro años. El resultado de la votación quedó de la siguiente manera: con 41 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones. En otras palabras, Morena y sus aliados no alcanzaron la mayoría calificada o las dos terceras partes de los sufragios para mantener a la ex fiscal en el cargo. Derivado de la decisión del Congreso, el Dr. Lara López asumió el cargo de Coordinador General de Investigación Territorial, es decir, la suplencia de la persona titular de la fiscalía a partir del pasado 10 de enero hasta que se designe a un nuevo o nueva titular de esta institución.
En los últimos días han ocurrido una serie de acontecimientos relacionados con la administración de justicia los cuales conciernen a la vida política y pública del país y el resto del mundo. El caso de Ernestina Godoy ha sido un extraordinario y fuerte caso de cacería de corrupción política en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sin necesidad de recurrir a la vigilancia de registros telefónicos, mensajes de textos, o datos de localización de más de una decena de funcionarios y políticos mexicanos destacados, publicado en un artículo periodístico del New York Times, en el que afirmaban que la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA) ha utilizado en diversas ocasiones el programa espía Pegasus para vigilar a periodistas, defensores de los derechos humanos e incluso altos funcionarios de su propio gobierno a pesar que el presidente López Obrador haya dicho que la SEDENA realiza labores de inteligencia y no de espionaje para saber cómo enfrentar a la delincuencia organizada.
Por otra parte, Marko Cortés, presidente nacional del PAN, reclamó en sus redes sociales a Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, su incumplimiento de un “acuerdo pactado” entre ambos partidos, en el que negociaron que al blanquiazul le tocaría definir 6 notarías, direcciones de universidades, del instituto de transparencia y oficinas de recaudación. Esto desató una ola de duras críticas hacia el dirigente panista, como las del senador panista Damián Zepeda afirmó que Cortés “cometió un error, lo debe de aceptar y se debe disculpar, porque el partido no representa eso”.
Antonio Gramsci dijo una vez “lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer”. Existen resistencias al cambio de régimen, por parte de las élites empresariales gracias a sus nexos empresariales, mediáticos, académicos y judiciales. El Plan C facilitaría un cambio por la vía electoral, no sólo para deslindar al sector empresarial de imponer políticas públicas y garantizar el rescate de los más pobres, sino para confiar en la designación de los magistrados por medio de una elección popular y no dejar en manos de aquellos que facilitan la impunidad, la corrupción, la creación de empresas fantasmas o la falsificación de escrituras.
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