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  • Ernestina Godoy presenta ambiciosas reformas para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas

    Ernestina Godoy presenta ambiciosas reformas para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas

    La asesora Jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy Ramos, presentó este lunes en Palacio Nacional, los objetivos y principales acciones de las reformas a dos leyes clave en materia de desaparición de personas en México. Las reformas tienen como propósito reforzar el marco legal e institucional que rige los procesos de búsqueda, identificación e investigación de casos de personas desaparecidas, con un enfoque centrado en la tecnología, la coordinación interinstitucional y el respeto a los derechos humanos.

    Las modificaciones abarcan la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y proponen una transformación estructural sin precedentes.

    Objetivos de las reformas:

    • Crear un sistema de intercambio de información en tiempo real entre autoridades, instituciones y particulares.
    • Involucrar a la ciudadanía en los procesos de búsqueda, permitiendo que la sociedad aporte datos o reportes útiles.
    • Emitir alertas nacionales inmediatas en cuanto se denuncie la desaparición de una persona.
    • Fortalecer a las fiscalías estatales para agilizar las investigaciones y evitar demoras al iniciar la búsqueda.
    • Hacer más eficiente la localización de personas mediante herramientas tecnológicas y coordinación institucional.
    • Garantizar el derecho a la identidad, usando la CURP de forma generalizada como fuente oficial de identificación.

    Acciones clave de las reformas:

    Entre las medidas más relevantes presentadas por Ernestina Godoy destacan:

    • Creación de la Plataforma Única de Identidad, basada en la CURP de todas las personas mexicanas y extranjeras con estancia regular en el país.
    • La CURP se convertirá en el mecanismo oficial de identidad, incorporando fotografía y huellas dactilares, con capacidad de consultas en tiempo real.
    • Obligación de usar la CURP en todos los trámites administrativos realizados por personas físicas en los tres niveles de gobierno.
    • Sanciones a servidores públicos que no generen, actualicen o compartan la información relacionada con personas desaparecidas.
    • Creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
    • Obligatoriedad de alimentar y actualizar el Banco Nacional de Datos Forenses, bajo responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR), con la participación de fiscalías y tribunales locales.

    Godoy detalló que “todas las autoridades y particulares que generen o resguarden información útil para la búsqueda de personas deberán habilitar sistemas de consulta en tiempo real, conectados a la Plataforma Única de Identidad”.

    Además, se establece que las fiscalías deberán abrir una carpeta de investigación de manera inmediata al recibir una denuncia por desaparición, sin esperar el plazo de 72 horas. También será obligatoria la publicación mensual de cifras de desapariciones por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

    Fortalecimiento de fiscalías y tecnología aplicada:

    Las fiscalías estatales estarán obligadas a crear y operar:

    • Unidades Especializadas de Investigación
    • Áreas de análisis de contexto, búsqueda inmediata y de larga data
    • Áreas enfocadas en delitos cibernéticos y atención a víctimas

    Los perfiles del personal serán definidos por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en apego a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. También se promoverá el uso de tecnología como imágenes satelitales y sistemas de videovigilancia para apoyar las tareas de búsqueda.

    Banco Nacional de Datos Forenses y nuevo sistema de alerta:

    La reforma contempla la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, a cargo de la FGR, que deberá estar conectado en tiempo real con la Plataforma Única de Identidad para permitir cruces efectivos con otros sistemas.

    Finalmente, se establece el Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas, el cual:

    • Emitirá fichas de búsqueda oficiales.
    • Permitirá detectar coincidencias entre todos los sistemas de información disponibles, incluidos los asociados a la CURP.

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  • Citlalli Hernández informa los avances en la protección de los derechos de las mujeres con reformas clave a leyes secundarias

    Citlalli Hernández informa los avances en la protección de los derechos de las mujeres con reformas clave a leyes secundarias

    Durante la conferencia matutina, Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, destacó las reformas constitucionales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, que buscan fortalecer los derechos de las mujeres en México. Entre los principales ejes de estas reformas están la promoción de la igualdad sustantiva, la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas públicas, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y la erradicación de la brecha salarial por razones de género.

    Hernández Mora informó que ya se han aprobado modificaciones a siete leyes secundarias fundamentales, las cuales representan un paso significativo hacia la igualdad de género. Entre las normativas reformadas destacan la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Estas modificaciones buscan garantizar que las mujeres accedan a la justicia de manera efectiva, con medidas de protección claras y contundentes en contra de la violencia de género.

    En el caso de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se redefinió la brecha salarial como la diferencia de retribución económica basada en el género. Además, se ordena que las políticas públicas se dirijan a garantizar la igualdad en todos los ámbitos de la vida, desde el cuidado familiar hasta la participación política, cultural y laboral. Un avance destacado es la creación del Certificado de Igualdad de Género y No Discriminación, una herramienta que permitirá evaluar los esfuerzos del Estado y del sector privado para erradicar las desigualdades salariales.

    La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia también sufrió modificaciones importantes. Por primera vez, se establece como reglamentaria del artículo 4° constitucional en materia de protección para mujeres, niñas y niños, garantizando medidas inmediatas como la salida del agresor del hogar en casos de violencia familiar. Además, se creó el Registro Nacional de Medidas y Órdenes de Protección, un sistema que permitirá a las autoridades locales y federales implementar acciones rápidas y efectivas para proteger a las víctimas.

    En cuanto al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se incluyeron disposiciones para la protección de mujeres, adolescentes y niñas durante los procesos jurisdiccionales en el ámbito familiar. Además, se definió de manera específica la violencia vicaria, lo que abre camino a una atención más efectiva en casos donde la violencia afecta a las mujeres a través de terceros, como los hijos.

    La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, exhortó a los congresos locales a acelerar la armonización de sus constituciones y legislaciones con las reformas federales, enfatizando la necesidad de que los derechos de las mujeres se protejan en todos los niveles del país.

    Estas reformas, que abarcan tanto la legislación laboral como la penal y de seguridad pública, representan un cambio histórico en la protección y promoción de los derechos de las mujeres. Con estas medidas, se busca no solo garantizar la igualdad jurídica, sino también transformar las condiciones estructurales que perpetúan la desigualdad y la violencia de género en México.

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  • Se presentan tres nuevas leyes para transformar el Poder Judicial; Erenestina Godoy y Arturo Zaldívar detallan avances

    Se presentan tres nuevas leyes para transformar el Poder Judicial; Erenestina Godoy y Arturo Zaldívar detallan avances

    Durante su conferencia matutina conocida como La Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre el envío de tres iniciativas clave al Congreso para fortalecer el andamiaje jurídico de la Reforma Judicial. Estas propuestas buscan reorganizar y modernizar las estructuras del Poder Judicial de la Federación, según explicó Ernestina Godoy, Consejera Jurídica de la presidencia.

    Tres leyes para un nuevo Poder Judicial

    Godoy detalló que las iniciativas presentadas son fundamentales para redefinir el funcionamiento y la ética del sistema judicial en México:

    1. Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial: Reorganiza las funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y define las nuevas atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial.
    2. Ley de Carrera Judicial: Establece un marco para fortalecer la formación de jueces, magistrados y ministros mediante una Escuela Nacional de Formación Judicial.
    3. Ley de Responsabilidades Administrativas: Estipula procedimientos claros para sancionar faltas y garantizar transparencia en el interior del Poder Judicial.

    Estas leyes forman parte de un proyecto integral para reforzar la imparcialidad y profesionalización de las instituciones judiciales en México.

    Proceso de selección para nuevos juzgadores

    Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno, destacó que se están llevando a cabo procesos innovadores para seleccionar a los nuevos jueces, magistrados y ministros que serán electos democráticamente como parte de la reforma. Según Zaldívar, se han registrado ya más de mil aspirantes en el Comité Evaluador del Poder Ejecutivo, a través del sitio web habilitado para este fin: registroelecciónjudicial.adyt.gob.mx.

    El proceso contempla evaluar a 5,410 perfiles iniciales, que serán reducidos a 1,793 mediante un proceso de insaculación para su inclusión en las boletas del proceso electoral judicial.

    Zaldívar también proyectó un video invitando a la ciudadanía a participar en la convocatoria, cuyo plazo finaliza el próximo 24 de noviembre. “Construyamos entre todas y todos el nuevo Poder Judicial que exige y merece el pueblo de México”, enfatizó.

    Avances hacia un cambio estructural

    Sheinbaum subrayó que la transformación del Poder Judicial es prioritaria para garantizar que la justicia esté alineada con los intereses del pueblo mexicano. Los avances en la elaboración de leyes procesales complementarán estas iniciativas, permitiendo una operación más eficaz y transparente.

    La Reforma Judicial representa un paso significativo hacia una justicia más accesible, equitativa y confiable en México.

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  • Senado dictamina que la Reforma Judicial no sea eliminada del DOF

    Senado dictamina que la Reforma Judicial no sea eliminada del DOF

    Con 81 votos a favor y 36 en contra, el Senado de la República determinó que la Reforma Judicial no se elimine del Diario Oficial de la Federación (DOF), como pidió la jueza Nancy Juárez.

    Con esto se le da una respuesta a la consulta de la consejera Jurídica Ernestina Godoy, en la que “respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum carece de atribuciones para eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación”.

    El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, fue quién presentó al pleno la solicitud de consulta de Ernestina Godoy, quien consideró la solicitud de la jueza Nancy como “violatoria de las facultades”.

  • Ernestina Godoy solicita a la SCJN y al CJF intervenir ante suspensión inconstitucional de la Reforma Judicial por jueza federal

    Ernestina Godoy solicita a la SCJN y al CJF intervenir ante suspensión inconstitucional de la Reforma Judicial por jueza federal

    La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, envió un oficio formal dirigido a Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en el que señala una serie de irregularidades cometidas por la jueza federal Nancy Juárez, quien ordenó frenar la promulgación de dicha reforma.

    Godoy Ramos destaca que el Congreso de la Unión ya había emitido el decreto correspondiente a la Reforma Judicial, reformando diversas disposiciones de la Constitución Política en materia del Poder Judicial de la Federación. En concordancia con lo estipulado en el artículo 89 de la Carta Magna, el Ejecutivo Federal cumplió con su deber de enviar el decreto para su publicación en el DOF. Sin embargo, la jueza Juárez, titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Veracruz, intervino emitiendo una orden que bloquea temporalmente su promulgación.

    La Consejería Jurídica considera esta decisión una “flagrante violación” de las competencias exclusivas del Congreso y el Constituyente Permanente, al interferir en un proceso legislativo que ya había sido aprobado por ambas cámaras y refrendado por el Ejecutivo. Ernestina Godoy recalca que no existe facultad alguna en el Poder Judicial para obstaculizar una reforma constitucional, lo que convierte el fallo en un acto fuera de la ley.

    Violación a la soberanía legislativa

    En el oficio, Godoy advierte que la resolución de la jueza Juárez vulnera gravemente la soberanía del Poder Legislativo y del Constituyente Permanente, quienes tienen la potestad exclusiva para reformar la Constitución. Además, señaló que este tipo de intervenciones judiciales no solo interfieren en el proceso de gobernabilidad, sino que también sientan un precedente peligroso que podría permitir que jueces de distrito entorpezcan reformas futuras.

    Godoy solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que actúen en consecuencia para prevenir futuras acciones similares por parte del Poder Judicial. También insta a la Cámara de Diputados a evaluar el impacto de estas resoluciones en la estructura democrática del país.

    El impacto de la Reforma Judicial

    La Reforma Judicial propuesta introduce cambios significativos en la estructura y funcionamiento del sistema judicial mexicano. Entre sus puntos centrales se encuentra la reorganización del proceso de selección de jueces y magistrados, un área considerada clave para la independencia y eficiencia de la justicia en el país. La reforma también tiene como objetivo aumentar la transparencia y combatir la corrupción en el Poder Judicial, un tema que ha generado amplio debate en el ámbito político y judicial.

    Posibles consecuencias legales

    El documento finaliza advirtiendo sobre las implicaciones legales y políticas de permitir que un juez de distrito suspenda una reforma de tal magnitud. La Consejería Jurídica del Ejecutivo subraya que se trata de un acto inconstitucional que debe ser corregido de manera urgente para proteger la soberanía del Constituyente Permanente y garantizar la correcta implementación de la Reforma Judicial.

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  • Consejería Jurídica pide a la Suprema Corte actuar contra jueza que suspendió reforma judicial

    Consejería Jurídica pide a la Suprema Corte actuar contra jueza que suspendió reforma judicial

    La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que inicie un proceso contra la jueza federal Nancy Juárez, luego de que esta ordenara suspender la publicación de la Reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La solicitud de Godoy, hecha pública a través de un documento difundido por la periodista Azucena Uresti, subraya que la decisión de la jueza no tiene sustento legal y representa una interferencia indebida en el proceso constitucional.

    Choque de competencias: jueza versus constituyente

    La Consejería Jurídica argumenta que el Poder Judicial carece de facultades para detener o invalidar una reforma constitucional, lo que convierte la suspensión ordenada por la jueza Juárez en una “extralimitación de sus competencias”. Según Godoy, la única entidad con autoridad para modificar la Constitución es el Constituyente Permanente, formado por el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales. En este sentido, la intervención judicial es vista como un ataque directo a la soberanía legislativa.

    La polémica surgió cuando la jueza Juárez bloqueó la publicación de una reforma promovida por el Ejecutivo Federal que propone cambios profundos en el Poder Judicial. Entre estos cambios destacan la reestructuración del proceso de selección de jueces y magistrados, una medida que, según el gobierno, busca mayor transparencia y eficacia en el sistema judicial. La suspensión de esta reforma ha generado un conflicto institucional, ya que para el Ejecutivo, esta acción judicial es un precedente peligroso que permitiría que jueces interfieran en procesos legislativos clave.

    Consecuencias institucionales

    En su oficio dirigido a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, la Consejera Jurídica insta a que se tomen medidas urgentes para evitar que jueces de distrito sigan bloqueando la aplicación de reformas constitucionales. Godoy destaca la importancia de limitar este tipo de resoluciones, que considera fuera del ámbito de competencia del Poder Judicial. Asimismo, solicita activar el Sistema de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Poder Judicial para investigar si la jueza Juárez cometió alguna falta administrativa con su decisión.

    Peligros del precedente judicial

    Godoy advirtió que permitir este tipo de resoluciones judiciales podría sentar un precedente peligroso, en el que jueces de distrito puedan intervenir en la implementación de reformas aprobadas legítimamente por el Congreso. Según la Consejería Jurídica, esta práctica podría desvirtuar el equilibrio de poderes en México, interfiriendo con la labor del Constituyente Permanente, que tiene la exclusividad en la aprobación y modificación de la Carta Magna.

    Finalmente, la Consejería Jurídica hizo un llamado a la SCJN y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para que implementen mecanismos que garanticen que los jueces se abstengan de tomar decisiones que paralicen reformas constitucionales. Esta acción busca evitar futuras suspensiones y mantener la autonomía del proceso legislativo frente a injerencias judiciales que puedan afectar la estabilidad institucional del país.

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  • Ernestina Godoy y Artura Zaldívar anuncian que se buscarán sanciones para los fallos improcedentes e irregulares contra la Reforma Judicial

    Ernestina Godoy y Artura Zaldívar anuncian que se buscarán sanciones para los fallos improcedentes e irregulares contra la Reforma Judicial

    Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, y el ministro en retiro Arturo Zaldívar, explicaron los fundamentos legales que sostienen la improcedencia de los amparos interpuestos contra la reciente reforma al Poder Judicial. Ambos señalaron que los jueces que han otorgado suspensiones en contra de la reforma están excediendo sus competencias y actuando al margen de la Constitución.

    Godoy subrayó que la reforma constitucional es una facultad exclusiva del Constituyente Permanente, como lo establece el artículo 135 de la Constitución, y que esta función es soberana, no sujeta a revisión judicial. Según la consejera, no hay ninguna disposición en el sistema jurídico mexicano que permita al Poder Judicial revisar o anular las decisiones del Órgano Revisor de la Constitución, por lo que los jueces no pueden autofacultarse para invalidar las reformas. Agregó que la actuación de estos jueces implica una “usurpación de atribuciones” que corresponde al poder legislativo.

    Asimismo, Godoy anunció que presentarán una denuncia ante el Consejo de la Judicatura para que se revise el actuar de los jueces de distrito que han otorgado amparos, ya que, según su postura, están contraviniendo la Constitución y sus propios criterios. Señaló que dichos jueces están desafiando la soberanía del pueblo de México y del Congreso, que es el legítimo representante del Poder Reformador.

    Por su parte, Zaldívar recordó que la Constitución también obliga al Poder Judicial a actuar dentro del ámbito de sus competencias. Según el exministro, las suspensiones que se han concedido son “abiertamente contrarias a derecho”, ya que el amparo no procede contra reformas constitucionales ni contra procesos legislativos. De igual manera, explicó que la suspensión no puede tener un efecto restitutivo, es decir, no puede invalidar o retirar una publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Zaldívar fue enfático al señalar que exigirle a la presidenta Claudia Sheinbaum actuar en contra de lo publicado en el Diario Oficial es “jurídicamente imposible”, y sostuvo que los jueces que han otorgado estos amparos están actuando con un claro conflicto de interés, desafiando el orden constitucional al intentar frenar la reforma.

    Ambos funcionarios defendieron que la reforma al Poder Judicial es un acto soberano del Congreso, y que cualquier intento por detenerla vulnera el Pacto Federal y trastoca el equilibrio de poderes en el país.

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  • Ernestina Godoy y Claudia Sheinbaum explican la inicitaiva de reforma enviada al Senado para fortalecer la investigación de delitos de género

    Ernestina Godoy y Claudia Sheinbaum explican la inicitaiva de reforma enviada al Senado para fortalecer la investigación de delitos de género

    En la conferencia matutina de hoy, Ernestina Godoy, vocera presidencial, informó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado al Congreso una iniciativa de reforma con el objetivo de que todas las Fiscalías del país cuenten con fiscalías especializadas en delitos de género, con un enfoque particular en la investigación de feminicidios. Esta medida busca garantizar que cada caso de muerte violenta de mujeres sea catalogado y tratado como feminicidio, salvo que la investigación determine otro motivo.

    La iniciativa también propone la homologación del tipo penal del feminicidio a nivel nacional, con el propósito de unificar los criterios bajo los cuales se investigan estos crímenes de odio. Godoy subrayó que este proceso es esencial para garantizar una mayor efectividad en la persecución de este delito, ya que, actualmente, las razones de género varían entre los estados. La iniciativa está sujeta a la aprobación de los congresos locales, pero se espera que entre en vigor lo antes posible.

    En cuanto al contexto de la iniciativa, Sheinbaum también hizo referencia al caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, subrayando la importancia de que las investigaciones de feminicidio se realicen con una perspectiva clara de género y que se respeten los derechos de las víctimas.

    Sheinbaum remarcó que el feminicidio es un delito grave y comúnmente cometido por personas cercanas a la víctima, lo que resalta la necesidad de medidas preventivas que acompañen esta reforma legal.

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    Ernestina Godoy y Arturo Zaldívar explican a la corrupta SCJN en qué consiste la validez de la Reforma Judicial y cómo se alinea con los procesos actuales
  • Ernestina Godoy y Arturo Zaldívar explican a la corrupta SCJN en qué consiste la validez de la Reforma Judicial y cómo se alinea con los procesos actuales

    Ernestina Godoy y Arturo Zaldívar explican a la corrupta SCJN en qué consiste la validez de la Reforma Judicial y cómo se alinea con los procesos actuales

    Durante la conferencia matutina de hoy, la vocera presidencial, Ernestina Godoy, desmintió categóricamente cualquier confusión sobre la interpretación de la Reforma Judicial, particularmente en lo referente al artículo 94 de la Constitución. Aseguró que este artículo sí fue modificado y que su contenido es claro, sin margen para lecturas ambiguas. Godoy explicó que la reforma establece que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe renovarse cada dos años, lo cual está en completa consonancia con el espíritu del cambio legislativo. En su opinión, cualquier intento de confundir a la ciudadanía responde a una estrategia deliberada por parte de ciertos sectores de la “comentocracia”.

    Por su parte, Arturo Zaldívar, quien funge como coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, respaldó las declaraciones de Godoy al señalar que las supuestas contradicciones que algunos han mencionado no son exclusivas de México y que ocurren en cualquier proceso de reforma constitucional en el mundo.

    Zaldívar subrayó que, cuando se presentan estos aparentes conflictos legales, existe una forma clara de resolverlos: a través de los artículos transitorios. En este caso, el artículo décimo segundo de la reforma establece que “se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto”, lo que elimina cualquier duda sobre su validez.

    Zaldívar explicó que las antinomias, o contradicciones aparentes, son comunes cuando se realizan reformas, pero estas se solucionan mediante principios interpretativos o derogaciones legislativas. Según este razonamiento, cualquier disposición que contradiga la nueva normativa queda automáticamente derogada. En su intervención, destacó que el artículo 97, que no fue modificado por la reforma, estipula que la elección del presidente de la Corte debe realizarse cada cuatro años, pero la disposición ahora queda anulada por la prevalencia del nuevo texto reformado, que fija el plazo en dos años.

    Con estos argumentos, ambos funcionarios defendieron la validez de la reforma y recalcaron que las críticas responden más a intentos por desinformar que a problemas legales de fondo.

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  • Claudia Sheinbaum envía reformas históricas al Senado para concretar la democratización del Poder Judicial

    Claudia Sheinbaum envía reformas históricas al Senado para concretar la democratización del Poder Judicial

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha dado un paso crucial hacia la democratización del Poder Judicial con la firma de dos importantes iniciativas que reformarán la forma en que se eligen jueces, magistrados y ministros. Estas reformas, dirigidas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, buscan garantizar un proceso democrático sin precedentes, en el que la ciudadanía tendrá un rol clave en la elección de figuras del sistema judicial.

    Por su parte, Ernestina Godoy, consejera Jurídica de la Presidencia, detalló que estas reformas permitirán la elección de varios cargos importantes del Poder Judicial en una votación programada para el 1 de junio de 2025. Entre los cargos a elegir figuran ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, así como jueces de distrito y magistrados de los tribunales colegiados de circuito.

    Un proceso democrático inédito para el Poder Judicial

    En este proceso histórico, el Senado de la República emitirá una convocatoria general para que los tres Poderes de la Unión presenten candidaturas de jueces, magistrados y ministros. Cada poder formará un comité de evaluación compuesto por cinco personas reconocidas en el ámbito jurídico, con paridad de género, quienes evaluarán a los aspirantes y realizarán entrevistas públicas.

    Estos comités seleccionarán los mejores perfiles para cada cargo: diez candidatos para ministros de la SCJN, magistrados electorales y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, y seis para jueces de distrito y magistrados colegiados de circuito. Los listados serán remitidos al Senado el 1 de febrero de 2025, donde se aprobarán los candidatos definitivos.

    El papel del INE y las obligaciones de los candidatos

    El Instituto Nacional Electoral (INE) será responsable de varias tareas clave, como la aprobación de las boletas, la distribución del tiempo en medios de comunicación, y la organización de foros de debate entre los candidatos. Asimismo, se asegurará de que los aspirantes no reciban financiamiento privado para sus campañas.

    En cuanto a los candidatos, podrán promover su candidatura a través de redes sociales y medios digitales, siempre y cuando no generen gastos adicionales. Se prohíbe la entrega de materiales utilitarios, y los aspirantes solo podrán difundir su trayectoria, méritos y propuestas para mejorar la justicia.

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