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El caso de presunta corrupción en contratos de miles de millones de dólares otorgados por exfuncionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sexenio de Enrique Peña Nieto a la desconocida empresa estadounidense WhiteWater Midstream, avanza en Estados Unidos, de acuerdo con el diario El País.
El medio español, en 2021 expuso por primera vez el caso en una investigación en donde revelaba los lazos entre Guillermo Turrent y Javier Gutiérrez, exfuncionarios de CFE en el extranjero, y los ejecutivos de Whitewater para dar a ésta contratos irregulares para el suministro de gas y la construcción de gasoductos, publica hoy que un Juez estadounidense rechazó las solicitudes de los dos exejecutivos de la empresa estatal de electricidad mexicana.
Según una transcripción de la audiencia celebrada el 17 de marzo en una Corte federal de Houston, Texas, obtenida por El País, los abogados que representan a Turrent y Gutiérrez argumentaron que ha pasado demasiado tiempo desde que se adjudicaron los contratos entre 2016 y 2018 y sugirieron que la CFE debió haber realizado una “exhaustiva debida diligencia” para detectar irregularidades antes.
No obstante, la nota de El País, firmada por los periodistas Isabella Cota y Adam Williams, destaca que este argumento no convenció al Juez de que detuviera el caso civil que CFE abrió en su contra, además de que el Juez desestimó la petición de suspensión del proceso.
La transcripción de la audiencia a la que tuvo acceso El País detalla que Turrent y Gutiérrez “precomprometieron tres importantes contratos que están en cuestión con WhiteWater Midstream sin participar en ningún proceso de licitación competitiva y sin revelarlo a la junta”.
De acuerdo con El País, la CFE acusa que Turrent y Gutiérrez “realizaron concursos de licitación falsos para dar una falsa apariencia de equidad y competencia, manipularon la evaluación de las ofertas que surgieron de esos concursos y mintieron a la junta y a los abogados externos sobre lo que estaban haciendo”.
De acuerdo con la presunta trama de corrupción, WhiteWater Midstream, una empresa de gas natural, comenzó a ganar contratos con la CFE a tan solo unos meses después de su creación en 2016. La empresa estatal tiene siete casos en tres tribunales estadounidenses, mientras que la Fiscalía General de la República también abrió expedientes contra Turrent y Gutiérrez.
En julio de 2021, la Comisión Federal de Electricidad informó que la empresa WhiteWater, con la que celebró contratos millonarios entre 2016 y 2017, era investigada en México y Estados Unidos por corrupción, al igual que exfuncionarios.
“Tal empresa [WhiteWater] se encuentra un proceso de investigación, tanto en México como en Estados Unidos, por entrega de contratos bajo sospecha de corrupción, abuso de confianza y tráfico de influencias, dado que es una empresa de reciente creación, que no contaba con activos, experiencia en el sector ni solvencia financiera y, a quien se entregaron contratos multimillonarios por parte de CFE”, informó la CFE.
También detalló que los contratos los habría celebrado entre 2016 y 2017 con la empresa WhiteWater Midstream y sus filiales denominadas WWM Logistics, LLC y Waha Connector, por lo que exfuncionarios están siendo investigados.
La dependencia explicó que existía un Contrato de Gasoducto en Estados Unidos que fue signado sin un proceso de licitación transparente y era “innecesario” para las necesidades de la empresa mexicana.
“Tal contrato por miles de millones de dólares y por más de 20 años, no fue aprobado por los órganos de gobierno de la CFE, y no contó con el visto bueno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública”, expuso la CFE.
Además, la Comisión Federal de Electricidad, a través de su filial en Estados Unidos CFE Internacional, celebró dos contratos de suministro de gas natural con WhiteWater con cláusulas “no equilibradas” que, por ejemplo, le impiden a la empresa mexicana terminar un contrato de gas por 15 años.
La dependencia liderada por Manuel Bartlett denunció que estos contratos tampoco le permiten penalizar a WhiteWater bajo situaciones de incumplimiento en el suministro.
Este viernes, en la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre lo que se ha dicho de su gobierno, de promover fraudes electorales.
“Todo esto es un pretexto, para atacarnos, la mayor parte”, aseguró el mandatario.
A su vez afirmó que, durante su administración nadie de gobierno ha participado en la organización de las elecciones ni mucho hemos se han promovido fraudes electorales.
“En el tiempo que yo llevo aquí no hemos participado en las organización de las elecciones, ni hemos promovido fraude electorales”, puntualizó López Obrador.
Por otra parte recordó cuando en los sexenios pasados si intervino el gobierno, por lo que pisotearon la libertad de los mexicanos. Ante esto un reportero dijo que el mandatario, anteriormente, había dicho que el gobierno de Peña Nieto había sido respetuoso, a lo que Obrador contestó que si, pero en las elecciones presidenciales, antes no.
“En la elección presidencial, pero antes no, aquí mismo lo dije, en la elección del Estado de México este participó Narro y todos los secretarios como delegados del PRI, en la elección del 17”, subrayó.
Asimismo, añadió que Peña no es igual a Fox, ya que este hasta se “afanó” de haber cometido fraude durante las elecciones en que fue presidente, recordando que López Obrador era una amenaza para el pueblo.
“A que me refiero cuando le reconozco al presidente Peña de que no se metió en la elección presidencial, es que Fox ya lo vimos, hasta se afana de haber participado en el fraude, Fox desplegó todo el gobierno y su consigna era que por ningún motivo, bueno el mismo lo expresa, que yo era un peligro para México, que por ningún motivo iba yo a ser presidente, pero no solo fue eso, cooperaron también mando a los secretarios”, finalizó
Mexicanos, víctimas de los fraudes electorales
López Obrador aseguró que millones de mexicanos ya habían sido víctimas de fraudes electorales, por lo que su gobierno no había lo mismo.
“De los fraudes electorales fuimos víctimas como millones mexicanos, y sería una incongruencia de que llegando al gobierno actuáramos como lo hizo Fox”, aseguró.
También mencionó que actualmente existe una lucha entre dos proyectos distintos, el de los conservadores y el del gobierno actual. Siendo así, recalcó que la reforma que propone no busca afectar a los ciudadanos ni la democracia, pero gracias a los medios de comunicación la información ha cambiado de contexto.
“Esta reforma no significa afectar en nada a los ciudadanos, a la democracia, lo han usado de bandera y con el apoyo de los medios de información, porque ese es el otro problema que tiene el país, a la mayoría de los medios están al servicio de las mafias del poder”.
En ese mismo contexto, el mandatario agregó que los medios están vendidos o alquilados, pues nunca se habían expuesto tanto como ahora.
“La mayoría de los medios o está vendido, o está alquilado o son propiedad de los oligarcas, la mayoría, es una vergüenza, nunca se habían expuesto tanto como ahora”, finalizó.
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Rosario Robles, extitular de la Sedesol y la Sedatu en el sexenio de Enrique Peña Nieto, salió en libertad este viernes después de haber estado tres años en prisión preventiva por el caso de La Estafa Maestra.
María del Rosario Robles Berlanga nació el 17 de febrero de 1956, en la Ciudad de México cursó la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de México (UNAM) y una Maestría en Desarrollo Rural, en la Universidad Autónoma de México, campus Xochimilco.
La Estafa Maestra es uno de los fraudes más escandalosos en la historia de México, el cual comprende 11 dependencias federales que supuestamente fueron usadas para desviar millones durante el gobierno del priísta Enrique Peña Nieto.
La Estafa Maestra fue producto de una investigación periodística publicada por Animal Político en colaboración con la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, y reveló una red estratégica de desvío de recursos públicos.
Las tres dependencias que presuntamente participaron en los desvíos fueron la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), encabezada por Rosario Robles, el Banco Nacional de Obras (BANOBRAS) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), dirigido por Emilio Lozoya Austin.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), detectó que el gobierno federal entregó 73 convenios a 186 empresas por 7 mil 670 millones de pesos, de las cuales 128 no tenían infraestructura ni personalidad jurídica para proporcionar los servicios para los que fueron contratadas o simplemente no existen.
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La Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido un comunicado en sus redes sociales en donde aseguró que procederá penalmente en contra del juez federal Roberto Omar Paredes Gorostieta, quien hace algunos minutos exoneró a Rosario Robles del caso de la Estafa Maestra.
“Información en desarrollo…”La ley señala que cuando hay una conducta prevista en dos leyes, cada una de esas leyes se aplica independientemente de la otra; y así lo dice la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 118, donde dice que las sanciones establecidas en esta Ley son independientes de las sanciones civiles, mercantiles, políticas y penales, y al respecto establece”.
La Fiscalía Federal explicó que las sanciones e indemnizaciones a que se refiere esta Ley se impondrán y exigirán con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal, administrativo o civil que, en su caso, lleguen a determinarse por las autoridades competentes.
“Ahora, en el caso de la determinación tomada este día por el Juez Federal Roberto Omar Paredes Gorostieta y Femat del Reclusorio Sur, de sobreseer la causa a favor de Rosario “R”, con la misma se está actuando en contra de la ley y en contra de las constancias de autos; razón por la cual se inicia no solo la queja administrativa, sino el procedimiento penal correspondiente”.
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El diputado federal por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Manuel Alejandro Robles, dio a conocer que se procederá contra Josefina Vázquez Mota, excandidata del PAN, a la presidencia de México en 2012, debido a presuntas irregularidades dentro del manejo de recursos públicos dentro de la fundación Juntos Podemos A.C.
De igual manera, los activistas Juan José Corrales, presidente de la organización pro inmigrante Iniciativa Migrante, y Marco Antonio Valladolid, presidente de la Asociación Mexicana de Illinois, detallaron que la actual senadora recibió, por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, 20 millones de dólares, dinero que se pensaba utilizar para ayudar a la comunidad mexicana que vive en Estados Unidos.
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Sin embargo, casi no se reportaron beneficiarios de Juntos Podemos en EEUU, por lo que presumieron que ese dinero se lo quedó Josefina, su fundación o alguna de las empresas filiales que se responsabilizaron para realizar la dispersión de recursos (Asociación de Empresarios Mexicanos y Parents Alliance Inc). Motivo por el cual actuarán contra la abanderada del Partido Acción Nacional (PAN) ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante una conferencia de prensa celebrada este miércoles 22 de febrero, Robles Gómez sostuvo que “no hay nadie que comente que fue beneficiario” de los recursos destinados por el gobierno de Peña Nieto a la comunidad migrante a través de la fundación de Vázquez Mota, por ello señaló que lo ocurrido en el sexenio pasado entre el PRI y el PAN fue “una burla para la comunidad migrante”.
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Este miércoles, Morena CDMX dio una conferencia de prensa en donde habló de diversos temas, entre ellos del juicio que se lleva a cabo en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien desempeñó su cargo en el sexenio de Felipe Calderón.
El presidente del partido, Sebastián Ramírez Mendoza dijo que si en el PAN tienen vergüenza y un poco de decencia, los que tuvieron algún vínculo con Genaro García Luna deben hablar y decir qué saben sobre las operaciones ilícitas del “Super Policía” durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto.
“Hacerle una invitación, conminar al Partido Acción Nacional, a sus militantes, a sus dirigentes, sobre todo a los que han tenido un espacio de representación, a que hablen, a que entreguen información que tengan respecto de Genaro García Luna. Consideramos que lo que en estas semanas hemos visto de la Corte de Nueva York evidencia un agravio, un daño a la Nación”.
Asimismo el presidente de Morena exigió a los panistas dejar de trivializar sobre García Luna e indicó que todos aquellos que hoy se sabe tuvieron alguna relación el exsecretario, tienen la responsabilidad moral de denunciar.
Durante este evento, el dirigente en compañía de la secretaria general de Morena CDMX y diputada local, Lourdes Paz dio a conocer los lazos de diversos panistas y simpatizantes de ese partido tuvieron con García Luna.
Vicente Fox, fue del primero quien se habló, ya que en el periodo en que fue presidente de México, Luna trabajó director de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI). Tras el juicio a Luna, hoy se sabe que, desde ese entonces, García ya protegía a los narcotraficantes.
Xóchitl Gálvez fue compañera de gabinete de García Luna. La hoy senadora panista fungía como comisionada nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
En el periodo de Felipe Calderón el “Súper Policía”, como fue nombrado por el expresidente, ascendió al puesto de secretario de Seguridad Pública.
En el juicio de García Luna se dio a conocer que Calderón estaba al tanto de las operaciones ilícitas se su subalterno e incluso participó en algunas de ellas.
“Declararon un llamada guerra, el peor proceso de violencia desde la Revolución Mexicana, miles de mexicanos han perdido la vida después de la mal llamada Guerra contra el Narco. Hoy sabemos que todo era una ficción, una simulación porque públicamente hablaban de guerra […] y en realidad ahora sabemos que arriba estaban coludidos con la mafia, que en la realidad era una estrategia para beneficiar a uno de los grupos del narcotráfico”, dijo.
Más adelante, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El exsecretario de Seguridad Pública logró hacer grandes negocios con el gobierno federal a través de sus empresas.
En ese momento Lía Limón desempeñaba como subsecretaria de Derechos Humanos de la dependencia, por lo que es primordial que la alcaldesa de Álvaro Obregón de a conocer si tuvo vínculos con García Luna.
Por último, Sebastián Ramírez dijo que Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, es elemental ya que es difícil creer que no estuviera enterada de las actividades de su esposo y su relación con el narcotráfico.
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La construcción del Nuevo Aeropuerto de México (NAIM) cuenta con 17 expedientes congelados por posibles daños patrimoniales, de mil 982 millones 41 mil 546.88 pesos, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Según Milenio, el expresidente priísta pagó millones a empresas que obtuvieron contratos para la obra del aeropuerto, sin embargo las tareas se entregaron “a medias” “mal hechas” y retrasos.
“Además, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) gastó recursos indebidamente a causa de malos cálculos en los materiales y servicios relacionados con la obra y hasta por compras no autorizadas”, reveló el periódico.
Dicho proyecto cuenta con un total de 111 expedientes de irregularidades por más de 9 mil millones de pesos, los cuales canceló el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mientras 17 de estos se mantienen “congelados”, los demás sí han sido denunciados administrativamente, pero no han llegado ante la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de “recuperar el dinero o sancionar a quienes hicieron mal uso de esos recursos”.
Ante las irregularidades en la construcción del NAIM, la ASF mantiene una investigación por el contrato con la firma FP-FREE, S. De R.L. de C.V., representante del consorcio formado por Servicios Smart FREE a tu Nivel, S.A. de C.V. y Foster + Partners Limited.
Esta empresa era la encargada del diseño arquitectónico e ingeniería de detalle de: edificio de pasajeros, vialidades de acceso, estacionamientos, torre de control y centros de control de operaciones del NAIM.
Sin embargo, entre 2016 y 2017 el consorcio solo entregó informes de avances parciales y no el diseño de 11 áreas de la terminal, como lo señalaba el contrato, pero sí cobró 704 millones 155 mil 801.30 pesos.
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Esta mañana, durante la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, dio a conocer que Genaro García Luna gozó de hasta 20 años de impunidad. En suma, reveló que su red de corrupción operó incluso en el sexenio de Enrique Peña Nieto, esto a pesar a que ya no era funcionario público.
En este sentido, el titular de la UIF, Pablo Gómez detalló que García Luna consiguió que un conglomerado de 44 empresas obtuvieron 30 contratos, donde se extrajeron 745 millones 879 mil 384.87 dólares provenientes de recursos públicos. Además, señaló que sigue el examen de otras operaciones.
Gómez Álvarez explicó que, para lavar el dinero, el dinero era enviado a Estados Unidos a través de paraísos fiscales, principalmente en Barbados. Asimismo, acotó que compraban inmuebles para mantener el dinero como los 44 autos adquiridos, entre ellos algunos de lujo como Rolls Royce o Ferrari.
A su vez, puntualizó que también se está investigando por la misma trama de corrupción a Luis Cárdenas Palomino, extitular de la División de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal y una de las manos derechas del exsecretario de Seguridad Pública.
Detalló que en México, la UIF bloqueó a García Luna cuentas por 29.9 millones de pesos y al menos 10 empresas ligadas a él. “Hay 10 empresas que fueron bloqueadas por el Gobierno de México a través de la UIF, cuyo monto bloqueado solamente fue de 4 millones y medio de pesos”, inidicó
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Quien fue Secretaria de Desarrollo Social durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, obtuvo un amparo con el fin de que un Juez vuelva a revisar su proceso penal por la “Estafa Maestra“, con lo que se abre la posibilidad de cancelarlo.
Fue el Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito el que otorgó la protección a Robles Berlanga, como parte de la causa penal 314/2019, en el que la funcionaria en el gobierno de Enrique Peña Nieto solicitaba el sobreseimiento de dicho delito como parte de la llamada “Estafa Maestra”.
En su resolución, el tribunal federal ordenó, dejar sin efectos la resolución del 4 de febrero del 2022, en la que se declaró improcedente dictar el sobreseimiento en favor de Rosario Robles, y citar a una nueva audiencia en la que el Juez de Control deberá verificar los argumentos planteados por la defensa de la exfuncionaria.
Lo anterior a fin de determinar cuál es la norma que resulta aplicable en el caso de Rosario Robles, y resolver «si la conducta es constitutiva de delito o sólo causa de responsabilidad administrativa, para así se tenga la certeza de una verdadera taxatividad que pide la defensa de la quejosa”.
Tras permanecer 3 años en prisión, Rosario Robles, autora de la “Estafa Maestra”, es liberada
La noche del pasado 19 de agosto del 2022, la Procuraduría General de la República, informó, que Rosario Roble Berlanga, ex titular de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), hoy Secretaría del Bienestar, sería liberada, para seguir su proceso en libertad y con medidas cautelares para que no salga de México.
Lla FGR explicó que la puesta en libertad se debe a la edad de la exfuncionaria y a diversos padecimientos de salud, que la quejan desde hace algunos años, los cuales Robles usó como solicitud para su libertad.
“El pasado 17 de agosto del año en curso, la señora Rosario “R”, presentó ante la FGR, una solicitud de cambio de medidas cautelares, para poder seguir su juicio en libertad, con la imposición de las restricciones que la ley señala para estos casos, en razón de que diversas enfermedades le aquejan y por motivo de su edad”, señaló la dependencia.
Cabe recordar que en octubre del año pasado, el Juez Augusto Augusto Octavio Mejía Ojeda negó un amparo a Rosario Robles Berlanga en el que pedía la prescripción del delito de ejercicio indebido del servicio público que se le imputó por el presunto desvío de más de cinco mil millones de pesos relacionado con el caso de la “Estafa Maestra”.
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En el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, la Oficina de la Presidencia repartió entre sus trabajadores cientos de tarjetas electrónicas y vales de papel para recargar gasolina y otros combustibles. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las autoridades correspondientes no han podido comprobar la legalidad de dichos gastos, aunque a la fecha no hay denuncias.
En 2018, el último año de la Presidencia de Enrique Peña Nieto, su oficina, que comandaba Francisco Guzmán, gastó más del doble de lo que tenía previsto. Fue a través de contratos fantasma, gastos sin comprobar de gasolina y pagos sin sustento a trabajadores adscritos al Estado Mayor Presidencial, dejó un posible desfalco de más de 33 millones de pesos que, cinco años después, no ha sido denunciado ni penal ni administrativamente.
El presupuesto de la Oficina de la Presidencia en 2018, modificó en casi 105%: de los mil 797 millones de pesos que se le habían autorizado gastar para ese año, terminó desembolsando 3 mil 682 millones.
Por ejemplo, en noviembre de 2018, a unos días de dejar el poder y entregárselo al equipo de Andrés Manuel López Obrador, la Oficina de la Presidencia solicitó una ampliación al presupuesto de la partida 35501 denominada “Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales”, que ese año tuvo una de las carteras más abultadas, con recursos por más de 300 millones de pesos, por 33.5 millones de pesos.
De esos 33.5 millones, el 92.89%, es decir, 31.1 millones de pesos, se repartieron en otras partidas, como la de “material de apoyo informativo”, “gastos en actividades de seguridad y logística del Estado Mayor Presidencial” o “maquinaria y equipo industrial”, áreas que, a decir de las auditorías, no tenían una necesidad real de gasto. Sin embargo, ese incremento injustificado en el uso de los recursos en el último año del sexenio, no fue señalado como irregular ni como daño al erario.
Entre el cúmulo de documentos que la ASF revisó a partir de 2019 en la Oficina de la Presidencia, los auditores encontraron 19 contratos firmados en 2018 para la adquisición de diversos bienes y servicios que sumaban un total de 75 millones 728 mil 100 pesos.
Sin embargo, nunca se pudo comprobar la recepción de esos bienes y servicios establecidos en 14 contratos por un monto de 27 millones 61 mil pesos, por lo que ese pago se consideró un presunto daño patrimonial, que a la fecha no ha sido reclamado. En suma, a esos 27 millones de desfalcos en la Oficina de la Presidencia se agrega un monto de un millón 788 mil 598.68 pesos por huachicoleo cometido por servidores públicos que trabajaban junto al presidente.
La ASF revisó cómo se usaron los recursos de dos partidas relacionadas con la compra de combustibles para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, entre las que se ejercieron 130 millones 270 mil 500 pesos durante 2018.
En su auditoría, la ASF identificó que de 563 tarjetas electrónicas que se repartieron entre servidores públicos para pagar gasolinas y combustibles de los vehículos oficiales de la Presidencia, no se pudo comprobar a qué vehículos se les suministró gasolina a través de 23 tarjetas por un monto de 725 mil 800 pesos y de vales de papel por un monto de 279 mil 300 pesos.
Además, en la revisión, los auditores detectaron que nueve de los vehículos a los que se les suministraron 52 mil 130 litros de gasolina, equivalentes a 783 mil 500 pesos, no formaban parte de las flotillas de la Presidencia ni de otras dependencias, por lo que sumó ese otro monto al presunto daño patrimonial.
La ASF también reportó otro presunto desfalco relacionado con el pago a trabajadores eventuales adscritos al Estado Mayor Presidencial por 4 millones 921 mil 400 pesos por inconsistencias entre los pagos reportados en la nómina del personal y los informes del ejercicio del presupuesto, entre los que hubo excesos en las primas vacacionales, asignaciones adicionales al sueldo y remuneraciones al personal eventual.
Sin embargo, la contratación de trabajadores eventuales adscritos al Estado Mayor Presidencial fue otra manera de desviar recursos desde la Oficina de la Presidencia que, aunque fue identificada por la ASF, no la sumó al monto de daño al erario.
De igual forma, la ASF encontró que 115 personas que habían sido contratadas como eventuales o por honorarios por la Oficina de la Presidencia para el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, trabajaban en realidad en otros lugares, públicos y privados, pero los 56 millones de pesos que la Presidencia les pagó como sueldos, no se reportaron como daño patrimonial por la ASF.
Cabe destacar que la ASF sólo revisó la mitad del presupuesto ejercido por la Presidencia.
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