En su nuevo libro, la presidenta Claudia Sheinbaum revela el apoyo de AMLO en su misión de combatir la inseguridad en México.
Claudia Sheinbaum Pardo ha compartido momentos importantes en su libro “Diario de una Transición Histórica”. En este relato, la presidenta destaca la confianza que Andrés Manuel López Obrador depositó en ella para enfrentar los desafíos de la seguridad en el país.
Durante un viaje a Nuevo Laredo, ambos líderes discutieron la problemática de la inseguridad. Sheinbaum recuerda cómo López Obrador criticó la falta de responsabilidad en el manejo del tema durante la administración de Felipe Calderón. También habló sobre la corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto y la necesidad de enfocarse en los jóvenes.
En sus palabras, López Obrador le aseguró que ella tenía la capacidad para manejar la situación. “Confío en que vas a poder”, le dijo. Esta frase se convirtió en un eco constante en la mente de Sheinbaum mientras asumía su rol de jefa de Gobierno en la Ciudad de México. Logró reducir en un 60% los delitos de alto impacto y eso le otorgó más confianza.
Además, ambos conversaron sobre el papel del Ejército y la Guardia Nacional en la seguridad del país. Esto muestra que la búsqueda de soluciones debe ser un esfuerzo conjunto. También reflexionaron sobre la reforma al Poder Judicial, priorizando la participación ciudadana.
Sheinbaum no solo recuerda su camino hacia la presidencia, también señala que López Obrador la vio como posible secretaria de Gobernación. Sin embargo, su verdadero anhelo siempre fue competir por la Ciudad de México.
Este libro no solo narra anécdotas, sino también aspiraciones y desafíos. La historia de Sheinbaum es un testimonio de liderazgo y compromiso con su país. Su trabajo continuará marcando la pauta en la política mexicana.
Entre 2000 y 2013, los recursos del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales ran liberados hasta 120 días después de las emergencias, dejando a miles de familias sin ayuda inmediata y en medio de escándalos de corrupción.
Durante la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, denunció los graves retrasos y la corrupción histórica en la administración del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) entre los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Entre 2000 y 2009, explicó Buenrostro, la burocracia en la liberación de recursos del Fonden provocaba que las emergencias se atendieran hasta 120 días después del desastre, afectando directamente a las familias damnificadas. Como ejemplo citó a Carmen Segura Rangel, titular de Protección Civil en la era Fox, involucrada en compras con sobreprecios de hasta 374% en medicamentos y materiales de curación. La funcionaria fue inhabilitada 10 años, aunque las sanciones fueron anuladas en 2006 por la entonces Segob.
Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, señaló que durante el gobierno de Vicente Fox (@VicenteFoxQue) hubo desvíos millonarios. En la administración de Felipe Calderón (@FelipeCalderon), tras la inundación de Veracruz en 2011, el FONDEN autorizó 7.4… pic.twitter.com/wpt5aJuU2p
Durante el gobierno de Felipe Calderón, víctimas de inundaciones en Veracruz en 2010 enfrentaron meses de espera para recibir apoyo. El Congreso local autorizó casi 5 millones de pesos para reconstrucción que no se ejercieron, mientras que el Fonden había aprobado casi 8 millones, lo que resultó en un desvío y auditorías que documentaron más de 531 millones de pesos sin justificar.
Con Enrique Peña Nieto, los huracanes Ingrid y Manuel en 2013 pusieron en evidencia nuevas fallas: 29 comités de daños demoraron entre 119 y 161 días en iniciar la atención y comprobar el gasto de los recursos, con casos de sobreasignación durante el año electoral 2018, cuando 46 de 57 declaratorias fueron por olas de calor.
“El Fonden nació para atender emergencias, pero se convirtió en un mecanismo opaco y político, con desvíos, sobreprecios y obras inconclusas”, afirmó Buenrostro Sánchez. La secretaria destacó que actualmente los recursos se entregan más rápido, con menor burocracia y ayuda directa a los afectados.
La Presidenta afirmó que ya se estableció una mesa de trabajo para que la empresa finalmente cumpla con la construcción de hospitales, laboratorios y pruebas a la población afectada desde 2014.
Tras más de una década de incumplimientos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la creación de una mesa de trabajo con Grupo México para que la empresa responda por el derrame de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi en 2014.
“Queremos que cumplan con lo que dejaron pendiente”, señaló Sheinbaum, recordando que aún están pendientes compromisos como un hospital, un laboratorio y pruebas permanentes a la población afectada, elementos básicos que la empresa ha ignorado por años.
En la mesa participan las secretarías de Gobernación, Trabajo, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Economía, y el gobernador de Sonora, aunque Sheinbaum aclaró que todavía no hay un acuerdo público y que la intención es presentar los compromisos finales a la población.
La mandataria criticó que durante el sexenio de Peña Nieto se creó un fideicomiso de 2 mil millones de pesos, del cual se regresaron casi 979 millones, y parte del dinero fue recibido por personas ajenas a la zona, mientras la remediación ambiental quedó incompleta.
El gobierno federal mantiene la demanda contra Grupo México, buscando que la empresa finalmente cumpla con lo que prometió y resarza los daños que hasta ahora ha ignorado, dejando a los habitantes del río Sonora en un limbo por más de 10 años.
El ex jefe de Comunicación Social de Sedesol es investigado por uso indebido de atribuciones y desvío de más de 353 millones de pesos durante el sexenio de Peña Nieto.
La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el amparo otorgado a Ramón Sosamontes Herreramoro, ex jefe de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y uno de los colaboradores más cercanos de Rosario Robles Berlanga, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El amparo, concedido por el magistrado Alberto Torres Villanueva del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia penal, ordenaba dejar sin efecto la vinculación a proceso contra Sosamontes por su presunta responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, derivado del desvío de recursos públicos.
La FGR interpuso un recurso de revisión para revertir la decisión, por lo que otro tribunal analizará el caso y determinará si confirma, modifica o revoca la resolución del magistrado.
En febrero de este año, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación había ratificado el auto de vinculación a proceso dictado en octubre de 2023 por un juez del Reclusorio Norte. Sin embargo, la defensa del exfuncionario impugnó el fallo, y Torres Villanueva resolvió de manera unilateral a su favor, al considerar que el tribunal anterior no fundamentó ni motivó adecuadamente su decisión.
De acuerdo con las investigaciones de la FGR, en 2014 Sosamontes contrató de forma irregular servicios con Radio y Televisión de Hidalgo por 353 millones de pesos, recursos que nunca se aplicaron, lo que provocó un daño al erario federal.
El caso forma parte de las indagatorias relacionadas con la llamada “Estafa Maestra”, una red de desvío de fondos públicos mediante convenios con universidades y entes estatales. La revisión del amparo definirá si Sosamontes continúa o no vinculado a proceso penal por estos hechos.
Hace ocho años, Peña Nieto propuso a los damnificados reconstruir sus casas mediante “tandas” comunitarias; hoy, ante las lluvias que afectan varios estados, el gobierno entrega apoyos directos y enseres básicos a familias afectadas.
En 2017, tras el sismo de septiembre en Chiapas, el entonces presidente Enrique Peña Nieto se presentó con una idea que bien podría haber salido de una junta de vecinos, no de un plan de reconstrucción nacional: la famosa “tanda”.
El jefe del ejecutivo, en lugar de desplegar recursos masivos y directos, sugirió a los damnificados que se organizaran en “tandas” comunitarias para levantar sus casas. La mecánica, según él, era que cuatro familias se unían, construían una casa, la sorteaban, y repetían el proceso hasta que a todos les tocara su vivienda.
Cómo olvidar el PRI daba solución a estas tragedias. Organícense y hagan TANDAS, hagan TANDAS. Esas sí eran grandes políticas de gobierno y alcanzaban para robarse completo el FONDEN. https://t.co/6nmUR5kY91pic.twitter.com/UdJNiKMVQJ
Peña Nieto, con una sonrisa optimista, explicaba que esta “joya de la autogestión” era una de tres opciones. Básicamente: se hacían arquitectos y albañiles, contrataban a “empresas sociales” o se metían a la tanda vecinal.
Hoy, los tiempos han cambiado. Ante las intensas lluvias que azotan el país, especialmente en San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro, la presidenta Claudia Sheinbaum informó la entrega de apoyos directos.
La funcionaria detalló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) distribuirá un paquete con los siguientes enseres a los domicilios afectados: refrigerador, vajilla, estufa, ventilador y colchón.
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, enfatizo que “vamos a llegar a todas las viviendas las comunidades que aún están incomunicadas, hasta la última vivienda en cuanto pueda haber acceso, y si podemos entrar a pie, lo vamos a hacer”.
La presidenta Sheinbaum añadió que con base en los Censos del Bienestar también se analizará la posibilidad de reubicar las viviendas de las personas damnificadas en otros lugares.
Las y los damnificados palpan el apoyo, y no la sugerencia de unirse a un esquema de ahorro popular para no quedarse sin techo. Un progreso, sin duda, en la forma en que el gobierno asume su rol.
El Fonden no fue un fondo de ayuda, sino un latrocinio institucionalizado con sello de gobierno.
Por Ricardo Sevilla
Desde su creación, el Fonden representó auténticos actos de latrocinio institucionalizado.
Y, en su momento, la ASF Mexico señaló el mal uso de los recursos de ese fideicomiso.
Aquí unos ejemplos, para la derecha vil y desmemoriada.
En 2012, la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 12-0-06100-02-0388, presentada en el Informe de la Cuenta Pública 2012, la ASF documentó un posible daño patrimonial por 74.19 mdp en Tabasco, por cancelación de obras, reducción de metas de obras y otros remanentes no reportados al Comité Técnico del Fonden.
Y no fue todo. En esa misma auditoría, la ASF Mexico identificó un posible daño patrimonial por 107.59 mdp, puesto que, en lugar de utilizar los recursos en acciones de reconstrucción, el dinero fue desviado para el pago de servicios en dependencias del gobierno del estado.
En esa ocasión, el dinero del Fonden se utilizó, entre otras cosas, para el pago de líneas telefónicas, compra de vales de despensa, alquiler de equipo e incluso compra de material de limpieza.
A esos desvíos se sumaron 27 millones 094 mil pesos por remanentes no reportados adecuadamente; y 15 mdp más por contratos cancelados y no reintegrados al Fonden.
Otro caso: En 2013, la ASF revisó la comprobación de recursos del Fonden aplicados en el estado de Guerrero, a causa de la “Tormenta Manuel”. Esta auditoría es la número 13-0-04100-07-0131. En este evento hubo más de 300,000 personas afectadas, en 73 municipios de dicho estado.
A pesar de que en esa auditoría se determinó que la entrega de apoyos del Fonden fue oportuna, una auditoría subsecuente financiera y de cumplimiento, la número 13-0-06100-02-0135, determinó que, “respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Nacional del Agua no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”.
Al revisar el Informe de la ASF, nos damos cuenta de que el Fonden “no acreditó el cumplimiento del plazo de ejecución de las obras establecido en 52 contratos”, “la SEDATU inició obras y acciones con atrasos entre 113 y 119 días” y que de los “Apoyos Parciales Inmediatos” que autorizó el Fonden a la CONAGUA, por 289 millones 800 mil pesos, el fideicomiso no ejerció 99 millones 408 mil pesos, es decir: el 34.3 por ciento.
Antes, en 2006, diputados locales y federales señalaron, en varias ocasiones, el mal uso del presupuesto para resarcir los daños ocasionados por lluvias del “Huracán Stan” en Chiapas. En específico, denunciaron que mil 800 millones de pesos no fueron utilizados en la reconstrucción de las zonas afectadas.
Veracruz también fue campeón en las declaratorias de emergencia. Sin embargo, los gobernantes solían utilizar dichas declaratorias de emergencia para desviar o robarse el dinero.
En 2014, la auditoría practicada al gobierno de Veracruz se determinó un probable daño patrimonial por más de 531 millones de pesos por recursos no ejercidos del Fonden.
En el Informe de la Cuenta Pública 2014 relativo al Fonden, se señala tajantemente: “Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 4,413,747.09 pesos (cuatro millones cuatrocientos trece mil setecientos cuarenta y siete pesos 09/100 M.N.), sin IVA, incluyendo los rendimientos financieros por concepto de pago de obra no ejecutada, del contrato núm. SC-OP-PF-047/2013-DVCYSA-F7-181, con cargo al Fonden”.
El Fonden, que nació en 1996 con el pretexto de servir como programa del gobierno federal para atender los efectos generados por desastres naturales, siempre fue cuestionado (y con pruebas y datos duros) por la falta de transparencia y desvío del presupuesto.
Infelizmente, la corrupción, incluso cuando se trata de desastres naturales, nunca se ha detenido.
El ex funcionario de Sedesol logra suspender el proceso que lo señalaba por uso indebido de recursos públicos por más de 353 millones de pesos.
Ramón Sosamontes Herreramoro, ex jefe de comunicación social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el sexenio de 2012 a 2015 y cercano a Rosario Robles, obtuvo un amparo federal que deja sin efecto su vinculación a proceso por presunto uso indebido de atribuciones y facultades relacionado con la llamada ‘Estafa Maestra’.
El pasado 13 de febrero, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación ratificó la vinculación dictada por un juez de control en el Reclusorio Norte en octubre de 2023. Según la Fiscalía General de la República (FGR), en 2014 Sosamontes habría contratado servicios con Radio y Televisión de Hidalgo con recursos públicos, los cuales nunca se realizaron, lo que significó un perjuicio al erario federal por 353 millones de pesos.
Sin embargo, la defensa del ex funcionario impugnó la decisión ante el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal, donde el magistrado Alberto Torres Villanueva resolvió otorgarle la protección de la justicia federal. Esta medida obliga al Segundo Tribunal Colegiado a dejar insubsistente la resolución del 13 de febrero en el toca penal 819/2023 y emitir un nuevo fallo que considere los agravios planteados por la defensa.
El magistrado Torres Villanueva señaló que el tribunal anterior no fundó ni motivó adecuadamente su determinación al ratificar la vinculación a proceso, por lo que la protección otorgada garantiza que Sosamontes pueda defenderse con plena libertad de jurisdicción.
Con este amparo, Ramón Sosamontes ha quedado temporalmente fuera del proceso judicial que lo vinculaba a la Estafa Maestra, mientras el tribunal emite su nueva resolución.
A 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Iguala, Guerrero, la justicia parece moverse lentamente. Algunos responsables se esconden, otros descansan, algunos enfrentan juicios livianos y varios permanecen impunes.
El 26 de septiembre de 2014, los 43 normalistas fueron atacados mientras intentaban tomar autobuses para participar en la marcha del 2 de octubre. Policías municipales, en coordinación con otras corporaciones y civiles vinculados al crimen organizado, dispararon contra ellos y detuvieron a 43 jóvenes que desaparecieron.
Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, construyó la llamada “Verdad Histórica” durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, asegurando que los estudiantes habían sido asesinados y cremados por el grupo “Guerreros Unidos” en el basurero de Cocula. Tras revelarse un video donde Tomás Zerón de Lucio, entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal, torturaba a “El Cepillo” para obtener confesiones, Murillo Karam fue vinculado a proceso por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia. Actualmente se encuentra en prisión domiciliaria en Lomas de Chapultepec, mientras su juicio de amparo avanza en la Suprema Corte.
José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, detenido desde 2014, logró recientemente suspender la ejecución de su condena de 92 años por el secuestro de siete activistas. Su esposa, María de los Ángeles Pineda, también acusada en el caso, permanece en el Penal Federal Femenil de Amacuzac. La suspensión de Abarca impide que se cumpla la sentencia mientras se revisa su caso en tribunales.
Tomás Zerón de Lucio sigue prófugo en el extranjero. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México ha solicitado reiteradamente a Israel su extradición, pero hasta ahora no ha sido concedida.
Por su parte, Enrique Peña Nieto, exmandatario federal, enfrenta investigaciones por presuntos sobornos de 25 millones de dólares relacionados con contratos públicos, incluyendo la adquisición del software Pegasus, según reportó el diario israelí The Marker. Mientras tanto, vive cómodamente en España, mientras los familiares de los normalistas continúan luchando por justicia.
A más de una década del crimen, la impunidad persiste y la memoria de los 43 normalistas sigue reclamando respuestas.
Mientras México recuerda la tragedia de los 43 normalistas, el expresidente Enrique Peña Nieto se deja ver en un torneo de golf en San Lorenzo de El Escorial
A 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el país sigue esperando respuestas, mientras que Enrique Peña Nieto parece haber encontrado tiempo para perfeccionar su swing en España. El expresidente completó 18 hoyos en el campo de La Herrería, demostrando que mientras la memoria de Ayotzinapa sigue viva en México, él se concentra en otros desafíos… con club en mano.
En paralelo, Peña Nieto reiteró su postura sobre Ayotzinapa en el documental PRI: Crónica del fin, reconociendo que los hechos fueron una tragedia, aunque defendió la controvertida “verdad histórica” presentada en 2015 por el entonces procurador Jesús Murillo Karam. El exmandatario afirmó: “Lo hecho, hecho está. Para mí fue una tragedia. Todos o algunos, no lo sé. Seguramente hubo participación de algunos (autoridades municipales, el Estado y el Ejército), pero no pongas el nombre de la Institución”.
Con la misma “sinceridad” comentó sobre su paso por la presidencia: “Como no hay escuela para ser Presidente de la República, cobras noción y dimensión de la responsabilidad hasta que estás ahí”. Sin embargo, surgen dudas sobre qué tanto de esa lección se tradujo en acción.
A su vez, la Fiscalía General de la República sigue indagando presuntos actos de corrupción y la compra ilegal del software Pegasus durante su sexenio, recordando que los pendientes judiciales y éticos aún alcanzan al expresidente… incluso más allá de las fronteras.
Entre fairways, eventos benéficos y reapariciones, Peña Nieto demuestra que algunos descansan… mientras otros siguen buscando a sus familiares y justicia. Porque la tragedia de Ayotzinapa no es un juego, aunque algunos juegan mientras la justicia aún no llega.
Después de 11 años, se recuerda la investigación del GIEI que reveló inconsistencias, tortura y ocultamiento de información que derrumbanron la versión oficial sobre la desaparición de los 43 normalistas.
Han pasado más de 11 años desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y la llamada “verdad histórica” sigue siendo un símbolo de impunidad y manipulación. Presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, esta versión aseguraba que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, por integrantes del cártel Guerreros Unidos. Sin embargo, el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desmontó esta versión, al revelar un entramado de irregularidades y encubrimientos que involucran desde autoridades municipales hasta el Ejército y la Marina.
Entre los hallazgos clave del GIEI, destacan siete puntos que desmantelan la “verdad histórica”:
No hubo cremación en el basurero de Cocula: Los peritajes independientes, incluido el del experto José Torero, demostraron que no existía suficiente combustible ni tiempo para incinerar 43 cuerpos.
Motivo del ataque: Los normalistas no fueron atacados por boicotear un evento, sino que los autobuses fueron confundidos y vinculados al tráfico de heroína hacia Estados Unidos, una línea de investigación ignorada por la PGR.
Participación del Ejército y policía federal: La colusión de autoridades quedó evidenciada, antes de que el gobierno de AMLO reconociera un posible crimen de Estado.
Tortura: Muchos testimonios utilizados por la PGR fueron obtenidos mediante golpizas, amenazas y descargas eléctricas.
Ocultamiento de información: El Ejército y la PGR escondieron datos clave sobre la presencia de militares la noche de la desaparición.
La Marina: Archivos secretos revelaron que la Marina manipuló pruebas en el basurero de Cocula durante siete años.
CISEN: El extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional seguía los movimientos de los estudiantes y registró sus actividades antes y durante la desaparición, información que nunca se incluyó en la versión oficial.
El GIEI, creado en 2014 por un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno y las familias de los normalistas, fue clave para exponer estas irregularidades. A pesar de sus informes y recomendaciones, la justicia sigue pendiente: solo tres de los 43 estudiantes han sido identificados y el paradero del resto permanece desconocido. La “verdad histórica” quedó desmentida, pero el reclamo de las familias continúa, por lo que exigen respuestas y justicia real tras más de una década de impunidad.
