La segunda vinculación a proceso contra Jesús Murillo Karam se da por la acusación de tortura contra “El cepillo”, un presunto implicado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Jesús Murillo Karam, exprocurador en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sumó otra vinculación a proceso por los delitos de desaparición forzada y tortura por el caso Ayotzinapa. Un juez federal determinó este sábado tras una audiencia privada de más de 10 horas en el Reclusorio Sur vincular a proceso al exprocurador.
Así, el Ministerio Público imputó a Murillo Karam por formar parte de lo que llamó una empresa criminal en la que se basó la llamada “verdad histórica” en tortura y desaparición forzada.
La primera vinculación a proceso contra Murillo Karam fue determinada el año pasado por delitos contra la administración de la justicia, tortura y desaparición forzada, por lo que se encuentra en el Reclusorio Norte desde el 19 agosto de 2022.
Murillo Karam fue acusado de las presuntas torturas a Felipe Rodríguez Salgado alias “El cepillo”, señalado de ser sicario de Guerreros Unidos y de estar implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De acuerdo con la acusación citada de algunos medios, Murillo Karam concedió torturas contra “El cepillo” en las instalaciones que administrativamente dependían de su cargo como Procurador General de la República (PGR).
Los informes médicos mencionados en la acusación indican que “El cepillo” tenía 31 lesiones tras ser detenido
Citlalli Hernández Mora, Secretaria General de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ha compartido en su perfil de Twitter un vídeo que data del 26 de noviembre de 2016, cunado la entonces Senadora de la República, Layda Sansores encaró al presidente Enrique Peña Nieto, exigiendo que se esclarezca lo sucedido con los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
El clip ha sido “revivido” para mostrar como es que la oposición, en ese entonces el partido que hoy gobierna, encaraba a primer mandatario sin necesidad de gritar, insultar, agredir o hacer el ridículo, tal y como hizo Lilly Téllez la tarde de ayer durante una ceremonia en el Senado de la República.
Mira @LillyTellez, cuando eres oposición en defensa del pueblo y no gritona sin argumentos, así se puede ser enérgica y tener una postura política firme.
En el viral vídeo de ve como la ahora gobernadora de Campeche pide a un desconcertado Peña Nieto que la medalla Belisario Dominguez se entregue a una persona indígena en 2017 y que se aclare donde están los 43 estudiantes, esto pese a que el priista trató de huir de los cuestionamientos de Sansores, sin embargo, fue retenido hasta que terminó el diálogo.
No hay punto de comparación entre Téllez y Sansores, señalan
De inmediato, usuarios de redes sociales comentaron el video, señalando que no hay punto de comparación entre Layda Sansores y Lilly Téllez, que ayer demostró una vez más lo agresiva que puede ser como al parecer sufre de desprendimientos de la realidad, llegando a generar preocupaciones sobre el estado de su salud mental.
Amo a Layda Sansores. Y sí, no hay punto de comparación.
— Tania (Fría y sin corazón) Orve 🇲🇽 (@TaniaOrVe) April 20, 2023
“Jamás la señora Lilly Téllez podrá comportarse a la altura, pierde los estribos va e intimada a las personas gritando, que bueno Citlalli que le muestras un claro ejemplo de cómo conducirse. La Tía Layda es un mujerón en toda la extensión de la palabra”.
Explicó @nayeli786
Jamás la señora Lilly Téllez podrá comportarse a la altura, pierde los estribos va e intimada a las personas gritando, que bueno Citlalli que le muestras un claro ejemplo de cómo conducirse. La Tía Layda es un mujerón en toda la extensión de la palabra.
La Fiscalía General de la República (FGR), investiga a 23 ex funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por ocasionar daño patrimonial por más de 15 millones de dólares durante el contrato a Consorcio Isolux.
Lo reclamado por la CFE es la omisión de haber cobrado una indemnización al proveedor por el incumplimiento del contrato y pagos injustificados, suministros que no fueron entregados, trabajos adicionales y servicios de deuda.
Dentro de la ejecución del contrato, se reveló que los pagos que fueron realizados durante el finiquito no eran debidamente soportados de acuerdo con las condiciones establecidas dentro del contrato.
Esto conlleva a deficiencias que repercute en daños al patrimonio de la CFE por 15 millones 929 mil 61 dólares.
Para este proyecto, Consorcio Isolux se conformó por lsolux de México, lsolux Ingeniería y Grupo lsolux Corsán.
Debía construir en Nuevo León y Tamaulipas 3 líneas de transmisión con voltaje de 400 kilovoltios y una longitud total de 441.8 kilómetros, así como 2 subestaciones con voltajes de 400 kilovoltios, con 195.3 Megavoltamperios reactivos (MVAr) y 3 alimentadores de potencia.
La CFE a cargo de Manuel Bartlett denunció ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) que a principios de 2016 la contratista abandonó la primera obra y, en octubre del mismo año, dejó en su totalidad el proyecto, con un avance del 44 por ciento.
Acusó que, en lugar de iniciar una rescisión administrativa, el 16 de diciembre de ese año la CFE formalizó de manera “improcedente” un convenio de terminación forzosa por 410 días. La rescisión de todas formas ocurrió más tarde.
“El procedimiento de rescisión administrativa del contrato fue iniciado el 27 de febrero de 2018, es decir, 495 días posteriores al 20 de octubre de 2016, fecha en la que el contratista abandonó la totalidad de las obras”, denuncia la Comisión.
“La CFE, en lugar de llevar a cabo el proceso de rescisión administrativa del con trato, habiendo transcurrido 57 días del abandono total de las obras y 312 días del abandono de la primera obra, el 16 de diciembre de 2016 formalizó con el contratista, de manera improcedente, el Convenio Número Seis de cumplimiento forzoso, con el cual se reprogramaron los eventos de ‘Fecha Programada de Aceptación Provisional’ respectivos a cada una de las obras”.
Para la CFE, no sólo fue inoportuno iniciar la rescisión un año y cuatro meses después de abandonada la obra, sino también contrario a la Ley Obra Pública y Servicios, que señala que no son modificables en monto o en plazo los convenios a precio alzado.
Un aspecto que recrimina la denunciante es que los funcionarios responsables de licitar este proyecto omitieron solicitar a los participantes la acreditación de su capacidad financiera.
En septiembre de 2018, Isolux de México se declaró en concurso mercantil y una jueza resolvió que estaba en insolvencia; apenas el 24 de enero pasado concluyó el procedimiento concursal con un convenio con los acreedores.
La denuncia ante la FGR se basa en una visita de inspección a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI), para verificar el contrato PIF-024/2014 a Isolux.
Cabe decir que en el periodo al que se refieren, el presidente era Enrique Peña Nieto por que a años del termino de su periodo se sigue revelando la corrupción que existía en las dependías de gobierno en ese tiempo, lo cual fue permitido por el priista.
Tras 10 años de la reforma de telecomunicaciones, el mercado sigue concentrado en un solo operador, por lo que operadores móviles de AT&T y Movistar exhortaron a las autoridades a generar mayor competencia en la industria y propiciar mejor conectividad en beneficio de la población.
La reforma de telecomunicaciones se originó en 2013, en el sexenio del entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dentro del marco de los acuerdos y compromisos establecidos en el Pacto por México.
Daniel Ríos, vicepresidente adjunto de Asuntos Externos y Sustentabilidad de AT&T México señaló que tras diez años de la reforma, no importa cómo se mida el mercado de telefonía móvil, tiene el mismo tamaño y las medidas implementadas no han logrado que haya más competencia.
“En los últimos diez años, tenemos un sólo agente que consolida, prácticamente, tres cuartas partes de los ingresos del mercado y no hemos logrado cambiar eso en diez años, por eso es particularmente importante revisar, al final es un problema de estructura”, dijo en el panel “Políticas Públicas para conectividad y competitividad digital”.
En el marco del evento Conecta México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) aseguró que está revisando las medidas asimétricas del agente económico preponderante y trabaja en implementar las medidas para mejorar las condiciones del mercado.
“El instituto está trabajando en la mejora de las medidas asimétricas del preponderante. La tarea del instituto como regulador es muy importante porque somos una parte también relevante en cuestiones de competencia”, indicó el comisionado del Ifetel, Ramiro Camacho.
Añadió que una parte crucial del trabajo del Ifetel es lograr la integración de las políticas públicas con el mercado y aseveró que trabaja en beneficio de todos los actores, “las políticas públicas tienen que estar muy enfocadas en la participación del sector privado y de los gobiernos locales”, apuntó.
En el mismo foro, la directora de Asuntos Públicos, Regulación y Mayorista Telefónica Movistar México, Ana de Saracho O ́Brien, aseguró que el mercado de telefonía móvil tiene fallas muy importantes y una solución sería la compartición de infraestructura y buscar los mecanismos para llevar mayor conectividad a la población.
Ante esta situación, mencionó que algunos mecanismos para beneficiar a los usuarios tienen que ver con innovación financiera, otros modelos de negocios, mejorar la regulación e incentivar la colaboración.
“Tenemos que tratar que las voluntades se incentiven, que tengan todos los incentivos para que entre actores y quienes quieran venir a ser parte de esto tengan todos los incentivos que se necesitan para acordar y hacer cosas que valgan la pena”, comentó la directiva de Telefónica Movistar.
Agregó que también se necesita liberar los recursos para impulsar las inversiones, lo que requiere ver políticas recaudatorias, pero también ver la regulación, ya que involucra costos que limitan mejorar la conectividad.
El Presidente López Obrador explicó que existen varias denuncias contra empresas factureras, sin embargo, el Poder Judicial poco ha avanzado en los procesos, por lo que ha instruido a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Atención Tributaria (SAT), intervenir en el caso y explicar cuantas denuncias hay.
AMLO aclaró que estas prácticas crecieron durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, pero se acrecentaron en el siguiente, con Enrique Peña Nieto, momento en que fueron “muy socorridas” las empresas factureras.
“Hizo mucho daño lo de las facturas falsas, se extendió como práctica desde Calderón”, explicó el Presidente López Obrador.
El líder del Ejecutivo federal detalló que el modus operandi para desviar recursos es crear factureras de empresas que no existen y las registraban con domicilios en Unidades Habitacionales, así como en colonias populares.
Pablo Gómez entra al juego
Detalló que la gente que vivía en esos lugares desconocía que su domicilio era usado para estas prácticas ilegales, pues no saben que sus casas son usadas como la sede de una empresa facturera fantasma.
En el mismo contexto, señaló que aunque existen denuncias contra empresas factureras, poco se ha avanzado en estos casos, pues el Poder Judicial no ha hecho nada al respecto.
“El Poder Judicial no está comprometido con la justicia ni con el combate a la corrupción, el Poder Judicial debe reformarse, jueces, magistrados, ministros”.
AMLO
Puebla, paraíso de empresas factureras
Cabe mencionar que 2014 a 2018, durante los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, Servicios de Salud del Estado de Puebla desvió al menos 124 millones 179 mil 135 pesos pagando facturas de supuestos servicios que resultaron emitidas por empresas fantasmas.
Igualmente en 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la actualización de su lista de empresas que simulan operaciones emitiendo facturas, también llamadas “fantasma”, con 116 nombres, entre ellos seis con domicilio fiscal en el estado de Puebla.
Este jueves el Presidente Andŕes Manuel López Obrador volvió a tocar el tema de Vicente Fox Quesada, ex presidente panista que usó sus influyentismos para obtener de manera irregualr permisos para comercializar con derivados de cannabis, esto a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto.
AMLO reiteró que es reprobable que un ex mandatario haya usado su poder para dedicarse a la venta de productos de marihuana y comentó que ya se investigan los permisos entregados al ex panista por parte de Cofepris.
“Pienso que es totalmente reprobable que quien ocupó el cargo como presidente de México decida dedicarse a un negocio de esa naturaleza. Una cosa es el consumo, el que una persona de manera libre y si lo permite la ley pueda consumir mariguana”.
AMLO
El primer mandatario explicó que apenas unos días después de que se entregaron los permisos, un funcionario fue dar una conferencia al rancho de Vicente Fox sobre la despenalización de la marihuana para usos recreativos.
El primer mandatario también detalló como es que desde antes de este sexenio, ya existía una alianza entre el PAN y PRI, en el sentido de que Fox decidió darle la espalda a Josefina Vázquez Mota en 2012, para pedir el voto a favor de Peña Nieto, quien terminó haciéndose del poder.
El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió que la industria minera de México este en peligro por buscar cuidar el medio ambiente para las futuras generaciones, por lo que aclaró esto se hará de forma autentica y no con doble moral.
“No hay ningún problema, es lo mismo, es buscar que se cuiden los recursos naturales, que se cuide el futuro de las nuevas generaciones, no se trata de destruir el territorio, cuidar el medio ambiente, pero de manera autentica, no de forma simulada, no de manera hipócrita o como un doble discurso”, dijo el mandatario.
#ConferenciaPresidente | @lopezobrador_ apuesta por conservar los recursos naturales y preservar el medio ambiente “de manera auténtica, no de forma hipócrita”. Acusó que en el periodo neoliberal se entregaron concesiones mineras “a diestra y siniestra” pic.twitter.com/FTdrTjuiR1
López Obrador resaltó que con la reforma a la Ley Minera se podrían ir la mitad de los concesionarios que hay en la industria, sin embargo, con esos alzaría para explotar la minería muchísimo tiempo.
“En el caso de la minería, vamos a suponer, de que con esta iniciativa se fueran la mitad de los concesionarios que hay en la industria minera, que se cancelaran la mitad de las concesiones, con esa mitad alcanzarían para explotar la industria minera más de mil años”, expresó.
Asimismo, recordó que en el periodo neoliberal, de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, se otorgaron concesiones a “diestra y siniestra”.
“Todavía no saben los propietarios de la tierra, sean ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios que ya lo que esta debajo de sus tierras ya fue concesionado”, puntualizó López Obrador.
AMLO busca reformar Ley Minera
El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma a las leyes Minera, de Aguas Nacionales y de Equilibrio Ecológico, entre otras, para reducir de 50 a 15 años el término de las concesiones y establecer que podrá ser programable por una sola ocasión hasta por un lapso igual.
“Las concesiones mineras tendrán una duración de 15 años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Minería. Se podrán prorrogar, por una sola ocasión, por igual término cuando sus titulares no hubieran incurrido en cualquiera de las causales de cancelación”, se menciona en la propuesta de reforma del artículo 15 de la Ley Minera.
La iniciativa propone el esquema de otorgamiento de concesiones para que únicamente mediante concurso público se otorguen éstas, pero bajo condiciones mínimas que aseguren las mejores condiciones económicas.
Liz Vilchis, titular de la sección “Quien es quien en las Mentiras”, desmintió al ex presidente de México, Vicente Fox, quien niega sus negocios con la Cannabis.
“Vamos a desmentir al presidente Fox que fue exhibido con sus negocios con la CANBIS, el lo niega, pero hay pruebas irrefutables”, dijo Vilchis.
El día de ayer, en conferencia de prensa, López Obrador anunció que se realizaran investigaciones sobre el caso de los permisos emitidos por Cofepris en el sexenio de Enrique Peña Nieto que beneficiarían a la familia del ex presidente Vicente fox.
“Se trata de 65 autorizaciones emitidas a favor de productos de Canabis (marihuana) correspondiente a 11 empresas que ingresaron a Cofepris entre el 03 y el 03 de noviembre de 2018, dichas autorizaciones para comercializar productos derivados de la marihuana fueron otorgadas inmediatamente 5 días antes de terminar la administración del priista Peña Nieto”, dijo Liz Vinchis.
En este mismo contexto, Vilchis añadió que ayer Fox, a través de sus redes sociales, dijo que eso era una mentira
“López una mentira más, no tengo licencia de cannabis, eres un pinocho, nariz larga y mentiroso, revisa Cofepris, es tu propia información”, recordó Vilchis lo que escribió Fox en su cuenta de twitter.
Tras esto, Liz Vilchis mostró los documentos de la empresa que obtuvo los permisos, de la cual Vicente Fox es parte de la Junta Directiva.
“Sin embargo Fox no dice la verdad, cabe aclarar que es miembro de la Junta Directiva de la empresa “Cuida Life”, la cual obtuvo el permiso de Cofepris en 2018 para comercializar suplementos alimenticios con cannabis”, puntualizó.
Banco del Bienestar no suspendió servicio de remesas por lavado de dinero
Otra nota que se habló en la “mañanera” fue una que público el diario Reforma: “Alerta que Banbienestar pudo servir para lavado”, donde afirman que un supuesto estudio de una asociación afirmó que es “posible” que existió lavado de dinero en la institución.
Según la nota de Reforma, el banco del Bienestar decidió ya no ofrecer el servicio de remesas porque estaba siendo usado para lavado de dinero, tras esto Vilchis aclaró que se desmintió días antes de su publicación.
“Las remesas serían administradas por la financiera del bienestar debido a que en cumplimiento de la ley no se pueden duplicar funciones en la administración pública federal”, aclaró.
Asimismo aclaró que la empresa que realizó el supuesto estudio, “Signos vitales”, está conformada por los opositores: Mario Amparo Cazar, Federico Ries Eroles, Jorge Suarez, Julio Fried y María Elena Morena.
El caso de presunta corrupción en contratos de miles de millones de dólares otorgados por exfuncionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sexenio de Enrique Peña Nieto a la desconocida empresa estadounidense WhiteWater Midstream, avanza en Estados Unidos, de acuerdo con el diario El País.
El medio español, en 2021 expuso por primera vez el caso en una investigación en donde revelaba los lazos entre Guillermo Turrent y Javier Gutiérrez, exfuncionarios de CFE en el extranjero, y los ejecutivos de Whitewater para dar a ésta contratos irregulares para el suministro de gas y la construcción de gasoductos, publica hoy que un Juez estadounidense rechazó las solicitudes de los dos exejecutivos de la empresa estatal de electricidad mexicana.
Según una transcripción de la audiencia celebrada el 17 de marzo en una Corte federal de Houston, Texas, obtenida por El País, los abogados que representan a Turrent y Gutiérrez argumentaron que ha pasado demasiado tiempo desde que se adjudicaron los contratos entre 2016 y 2018 y sugirieron que la CFE debió haber realizado una “exhaustiva debida diligencia” para detectar irregularidades antes.
No obstante, la nota de El País, firmada por los periodistas Isabella Cota y Adam Williams, destaca que este argumento no convenció al Juez de que detuviera el caso civil que CFE abrió en su contra, además de que el Juez desestimó la petición de suspensión del proceso.
La transcripción de la audiencia a la que tuvo acceso El País detalla que Turrent y Gutiérrez “precomprometieron tres importantes contratos que están en cuestión con WhiteWater Midstream sin participar en ningún proceso de licitación competitiva y sin revelarlo a la junta”.
De acuerdo con El País, la CFE acusa que Turrent y Gutiérrez “realizaron concursos de licitación falsos para dar una falsa apariencia de equidad y competencia, manipularon la evaluación de las ofertas que surgieron de esos concursos y mintieron a la junta y a los abogados externos sobre lo que estaban haciendo”.
De acuerdo con la presunta trama de corrupción, WhiteWater Midstream, una empresa de gas natural, comenzó a ganar contratos con la CFE a tan solo unos meses después de su creación en 2016. La empresa estatal tiene siete casos en tres tribunales estadounidenses, mientras que la Fiscalía General de la República también abrió expedientes contra Turrent y Gutiérrez.
En julio de 2021, la Comisión Federal de Electricidad informó que la empresa WhiteWater, con la que celebró contratos millonarios entre 2016 y 2017, era investigada en México y Estados Unidos por corrupción, al igual que exfuncionarios.
“Tal empresa [WhiteWater] se encuentra un proceso de investigación, tanto en México como en Estados Unidos, por entrega de contratos bajo sospecha de corrupción, abuso de confianza y tráfico de influencias, dado que es una empresa de reciente creación, que no contaba con activos, experiencia en el sector ni solvencia financiera y, a quien se entregaron contratos multimillonarios por parte de CFE”, informó la CFE.
También detalló que los contratos los habría celebrado entre 2016 y 2017 con la empresa WhiteWater Midstream y sus filiales denominadas WWM Logistics, LLC y Waha Connector, por lo que exfuncionarios están siendo investigados.
La dependencia explicó que existía un Contrato de Gasoducto en Estados Unidos que fue signado sin un proceso de licitación transparente y era “innecesario” para las necesidades de la empresa mexicana.
“Tal contrato por miles de millones de dólares y por más de 20 años, no fue aprobado por los órganos de gobierno de la CFE, y no contó con el visto bueno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública”, expuso la CFE.
Además, la Comisión Federal de Electricidad, a través de su filial en Estados Unidos CFE Internacional, celebró dos contratos de suministro de gas natural con WhiteWater con cláusulas “no equilibradas” que, por ejemplo, le impiden a la empresa mexicana terminar un contrato de gas por 15 años.
La dependencia liderada por Manuel Bartlett denunció que estos contratos tampoco le permiten penalizar a WhiteWater bajo situaciones de incumplimiento en el suministro.
