Una investigación interna del Partido Acción Nacional (PAN) concluyó que la política de seguridad del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) resultó profundamente fallida, ya que generó una espiral de violencia sin precedente en México.
De acuerdo con información recopilada por Néstor Jiménez para La Jornada, el documento detalla que, aunque Calderón logró capturar líderes criminales y debilitar algunas estructuras del narcotráfico, su estrategia basada en militarización sin control provocó violaciones a derechos humanos y fragmentación de los cárteles, lo que generó organizaciones más pequeñas y violentas. Como resultado, los homicidios casi se triplicaron durante su sexenio.
Sobre el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), el PAN señaló que subestimó el problema del narcotráfico y careció de una estrategia integral, mientras que la Agencia Federal de Investigación (AFI) creada en su mandato fue rápidamente corrompida por lo que perdió credibilidad.
En cuanto al mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se menciona que su estrategia de seguridad no representó un cambio real respecto a la de Calderón. La violencia resurgió en estados como Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, mientras la corrupción entre gobernadores, policías y cárteles debilitó los esfuerzos de seguridad.
La investigación también reconoce que, aunque durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se registraron los máximos niveles de ciertos delitos, el incremento más significativo en violencia y homicidios ocurrió bajo el gobierno de Calderón, como consecuencia de su guerra contra el narcotráfico.
El PAN concluyó que la estrategia militarizada sin protocolos claros, la fragmentación de cárteles y la corrupción sistemática marcaron un ciclo de violencia que aún impacta a México.
Durante la conferencia mañanera de este 29 de agosto, Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, reveló la existencia de casos aislados de extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro y PEMEX que reciben pensiones que superan el millón de pesos mensuales. En total, 14 mil extrabajadores de Luz y Fuerza concentran 28 mil millones de pesos, mientras que, por otro lado, en Pemex decenas perciben entre 260 mil y 340 mil pesos al mes.
La funcionaria señaló que estas pensiones equivalen en promedio a 39 veces el salario de un trabajador promedio, por lo que se realizan mesas de trabajo con IMSS, ISSSTE, INDEP, PEMEX, CFE, SHCP y SABG para revisar la legalidad y regular los requisitos del pase de supervivencia y los expedientes de pensionados.
Además, se firmarán convenios con RENAPO y registros civiles estatales para agilizar la información y fortalecer el control de las pensiones millonarias.
En paralelo, Buenrostro destacó que los sobornos en Pemex realizados por algunos empleados, identificados en investigaciones de EE.UU., son actos individuales y fuera de la ley. Para impedoir esto ya se promueven medidas preventivas para que incumplir la ley sea más costoso que cumplirla.
El gobierno hace un llamado a denunciar irregularidades de manera gratuita y anónima en side.buengobierno.gob.mx o a los teléfonos 01 800 1128 700 y 2000 2000/2000 3000, extensión 2164.
La Presidenta Claudia Sheinbaum indicó que las pensiones exorbitantes de trabajadores de Pemex y Luz y Fuerza del Centro fueron otorgadas en los periodos de mandato de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, pero ya se están revisando otros casos de pensiones millonarias de exfuncionarios del periodo neoliberal.
Es oficial: Ismael “El Mayo” Zambada se ha declarado culpable de 14 cargos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos. El gobierno estadounidense quería su cabeza con la pena de muerte y, a cambio de una declaración, Zambada consiguió oxígeno para alargar su vida. Tras el juicio y sentencia de Joaquín “El Chapo” Guzmán, han sido 14 los narcotraficantes que decidieron pactar con el gobierno estadounidense. Sin embargo, el caso de Zambada es único, no solo por tratarse del narco que se creía intocable —que pensaba morir en libertad e impunidad—, sino por la pieza de ajedrez en la que se convirtió para los gobiernos de México y Estados Unidos.
Zambada fue secuestrado por Estados Unidos con ayuda de los hijos de Guzmán. La sustracción ilegal del narcotraficante marcó un antes y un después en la relación bilateral. Cabe resaltar que el secuestro no sucedió bajo la administración de Trump, sino en la de Biden. Da igual si la Casa Blanca está pintada de azul o de rojo: Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses.
¿Por qué Estados Unidos no ofrece información a México sobre El Mayo Zambada? Porque, ante los ojos de nuestros vecinos, México cometió una ofensa imperdonable: detener y expulsar a los agentes de la DEA que se paseaban en nuestro país como “Juan por su casa”. Fue el PRI quien les abrió la puerta, y el gran problema de las potencias es que, una vez que entran, ya no quieren salir.¿Quién le apostó a la soberanía y autodeterminación para combatir el narcotráfico? Andrés Manuel López Obrador. La DEA y el gobierno estadounidense guardan un enorme recelo hacia el tabasqueño por su política antiintervencionista. De hecho, expulsar a los agentes de la DEA ni siquiera fue la mayor ofensa, sino exhibir en la mañanera el expediente contra el Gral. Salvador Cienfuegos. Washington aseguraba que contenía pruebas contundentes para encarcelarlo; al mostrarlo, López Obrador los humilló, pues no había una sola evidencia sólida. Desde entonces juraron que algún día se la cobrarían a AMLO, y ese día llegó con el secuestro de Zambada.
En su declaración de culpabilidad, Zambada afirmó que incursionó en el narcotráfico en 1969, con apenas 19 años de edad. Reconoció ser fundador del Cártel de Sinaloa y haber traficado más de un millón de kilogramos de cocaína en el mundo. Pero lo más relevante fue su confesión de haber sobornado y corrompido a policías, militares y políticos mexicanos para operar con impunidad.
Para Estados Unidos, aquello se presentó como si hubieran descubierto el “hilo negro”. Para los mexicanos, no fue más que la confirmación de lo sabido: siempre hemos estado gobernados por políticos aliados al crimen. La gran omisión fue no revelar nombres. Sin identidades, su confesión solo alimenta la narrativa estadounidense del “narco-Estado” sin señalar a los responsables.
Ahora bien, si Zambada asegura que sobornó durante 30 años a políticos y militares, y considerando que su arresto ocurrió en 2024, basta retroceder tres décadas. Aunque resulta inverosímil que sus sobornos a gran escala empezaran en 1994, supongamos que así fue:
Carlos Salinas de Gortari (1988–1994): más de un periodista y narcotraficante han evidenciado los nexos de Raúl Salinas, el “hermano incómodo”, con el crimen organizado. Bajo Salinas, el neoliberalismo se consolidó… y el narcotráfico también. ¿Se tocó al Cártel de Sinaloa? No.
Ernesto Zedillo (1994–2000): las grabaciones del Gral. Gutiérrez Rebollo exhibieron que la esposa de Zedillo, Nilda Patricia Velasco, tenía vínculos con el Cártel de Colima. Presidencia no solo colaboraba con el narco, era el narco. ¿Se tocó al Cártel de Sinaloa? No.
Vicente Fox (2000–2006): bajo su mandato se fugó El Chapo Guzmán, socio de Zambada. El Cártel de Sinaloa se fortaleció como nunca. ¿Se les combatió? No: fueron aliados.
Felipe Calderón (2006–2012): el juicio de Genaro García Luna en Nueva York dejó en claro la complicidad del gobierno federal con el Cártel de Sinaloa.
Enrique Peña Nieto (2012–2018): capturó a Guzmán solo para que se fugara de nuevo. Finalmente lo entregó a Trump como “gesto de buena voluntad”. ¿Se tocó a Sinaloa? No, siguió operando.
Andrés Manuel López Obrador (2018–2024): con él sí hubo un choque frontal. El “Culiacanazo” de 2019 fue la prueba. Después, en 2023, la captura de Ovidio Guzmán intensificó la guerra interna entre las facciones de Zambada y los Chapitos.
En resumen: de los 30 años de sobornos que reconoce Zambada, 24 corresponden a gobiernos del PRI y del PAN, y solo 6 a Morena. Pero sin nombres, todo queda en especulación. Su abogado, Frank Pérez, declaró que “la información del Mayo se queda con el Mayo”.
Posdata: Estados Unidos y Zambada pactaron un pago de 15 mil millones de dólares (unos 270 mil millones de pesos), casi todo el presupuesto anual del Estado de México. Ese dinero debería corresponderle a México, pues aquí quedaron la sangre y el dolor. Al final, es un asunto de colores: México puso el rojo y Estados Unidos se lleva el verde.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la histórica reducción de la pobreza en México: 13.4 millones de personas salieron de esta condición entre 2018 y 2024. Esto, calificó, es tanto un logro como una “hazaña de la Cuarta Transformación” y una muestra del “funcionamiento del humanismo mexicano”.
“La reducción de la pobreza demuestra que nuestro modelo funciona: incrementamos el salario mínimo, impulsamos programas de bienestar y garantizamos derechos”, afirmó Sheinbaum, resaltando los resultados de sus políticas sociales.
Según el INEGI, la pobreza pasó del 41.9% en 2018 al 29.6% en 2024, la mayor baja en cinco sexenios. En contraste, durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, la cifra se mantuvo entre 49 y 55 millones de personas, mientras que con López Obrador, pese a la pandemia, descendió de 51.9 a 38.5 millones.
La presidenta @Claudiashein destaca la reducción de la pobreza en el país; 13.4 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Es una hazaña de la Cuarta Transformación; hoy se distribuye mejor la riqueza y… pic.twitter.com/AqO5hz4VR4
La pobreza extrema también mostró una notable reducción, al pasar de 12.3 millones en 2008 a 7 millones en 2024, incluso tomando en cuenta el crecimiento poblacional. Este descenso refleja un esfuerzo sostenido por garantizar derechos básicos y apoyar a los sectores más vulnerables del país.
En este marco Sheinbaum presentó el Plan Lázaro Cárdenas, dirigido a Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla y Estado de México, con especial atención en la Mixteca oaxaqueña. El plan incluye mejoras en escuelas y centros de salud, apoyo a artesanos, plantas de tratamiento de agua y obras carreteras, con más de 3 mil millones de pesos destinados en 2025 para reducir rezagos y facilitar el acceso a servicios esenciales.
A la memoria de mi gran amigo y compañero Christian López-Vega
El ex presidente Enrique Peña Nieto ha reaparecido para hablar sobre la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, para el documental Texcoco. La decisión del Presidente, el cual se puede ver en el canal de YouTube del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. “Se ha dicho que era faraónico, que hubo malversación de recursos, pero a la postre no ha quedado acreditado, ni probado, ni evidenciado, que haya habido un manejo no acorde con las mejores prácticas en términos de transparencia y combate a la corrupción” dijo el ex mandatario en su participación.
En un artículo publicado por El Financiero, el nuevo aeropuerto pretendía ser el tercero más grande del mundo con una capacidad para 70 millones de pasajeros al año y conectaría con distintos países, tanto en el norte como del sur del continente americano. Sus impulsores emplearon como argumento, que se trataba de una “trascendental inversión en infraestructura con gran impacto en el crecimiento económico”. No obstante, omitieron la consideración de los efectos negativos mencionados, la seguridad y los derechos humanos de la población local y de que se trataba de una inversión exagerada, para un país con las carencias que tiene México.
En el libro Hacia una economía moral deLópez Obrador, aparte de señalar todos los costos que implicó rescindir los contratos pendientes con las empresas involucradas, menciona algunas de las razones para cancelar la construcción del aeropuerto, “en ese sitio la terminal aérea habría estado condenada a sufrir hundimientos; se evitó la destrucción del lago Nabor Carrillo, asiento de aves migratorias; no se cerrarán ni el actual aeropuerto ni el de Santa Lucia, como estaba previsto en el proyecto de Texcoco, dada la tarea en que se trazaron las nuevas pistas y por la invasión del espacio aéreo; la saturación del actual aeropuerto se resolverá en tres años, que será menos tiempo que el que nos habría tomado concluir la obra de Texcoco, con una solución de largo plazo, de mejor calidad, sin corrupción, con cinco pistas en vez de tres y con un ahorro de más de 100 000 millones de pesos para el pueblo de México. Con este propósito, estamos avanzando en la creación del sistema aeroportuario de la Ciudad de México, que incluye la rehabilitación del actual aeropuerto Benito Juárez, la plena utilización del de Toluca y la construcción del nuevo aeropuerto General Felipe Ángeles en lo que es hoy la base aérea de Santa Lucía”.
¿Cómo se conceptualiza la infraestructura? A menudo, implica la producción de bienes públicos o procesos de producción. Genera beneficios colectivos difíciles de restringir, y su uso simultaneo por múltiples personas no disminuye significativamente su disponibilidad, salvo en situaciones de saturación. Aparte, genera un efecto positivo en la calidad de vida, al mejorar el acceso a servicios de salud, educación, vivienda, movilidad. Durante el neoliberalismo en México, se redujo drásticamente la inversión pública en infraestructura, lo cual profundizo las brechas territoriales entre norte y sur. Más aún, que se promovió la participación del sector privado, en la construcción de supuestas obras orientadas a la exportación, en beneficio de este sector. Así, por ejemplo, el caso de la participación de la empresa brasileña Odebrecht con Petróleos Mexicanos (Pemex), bajo la dirección de Emilio Lozoya, para la construcción de obras, incluyendo gasoductos y modernización de refinerías, a menudo con sobreprecios y adjudicaciones directas. No obstante, todo formaba parte de un esquema criminal diseñado y ejecutado por corruptos empleados públicos y empresarios en perjuicio de Pemex y la economía nacional, para llevar a cabo financiamiento ilegal de campañas políticas.
El objetivo es que el Estado debe liderar la inversión en infraestructura, garantizando su función como motor de equidad y desarrollo. Así mismo, la inversión pública busca reducir las desigualdades y conectar con las regiones marginadas. Con Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum se invirtió 2.5 veces más que en el último año del sexenio de Peña Nieto. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es un proyecto integral para detonar el desarrollo en el norte del Valle de México, ya que contribuye a descongestionar el sistema aeroportuario y requilibrar el desarrollo metropolitano. Más aún, el Corredor Interoceánico busca activar el potencial productivo del sur-sureste, reducir desigualdades, así trasformando al Istmo de Tehuantepec en un eje logístico, productivo y social.
La inclusión de las comunidades es una prioridad para la toma de decisiones, ya que todo proyecto de infraestructura tiene un impacto ambiental. Las consultas indígenas para la construcción del Tren Maya cumplieron con lo establecido en la Constitución y los estándares internacionales, así como la protección del patrimonio histórico y antropológico mexicano. Gracias a las labores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se logró la preservación de ocho zonas arqueológicas y se realizaron hallazgos significativos en las ciudades mayas de Cansacbé, Calakmul de Tenabo, Sacamukuy, Pocboc y Santa Cruz N, un sitio identificado y registrado por primera vez, bajo ese nombre clave.
A pesar que el modelo neoliberal en México abandonó la inversión en infraestructura estratégica, la decisión política y económica de cancelar el NAIM representó un acontecimiento importante en el que los grandes proyectos deben de ajustarse a los requisitos que marca la Constitución y a las necesidades, los recursos y los intereses de la Nación. La Cuarta Transformación tiene la tarea de seguir con su cambio estructural para superar las desigualdades territoriales para el crecimiento económico del país con equidad e inclusión.
Así como en las películas de terror donde las personas muertas siempre vuelven a hacer atrocidades, así regresan los expresidentes neoliberales que ya dañaron mucho al pueblo de México, regresan a opinar y querer incidir políticamente en nuestro país. Volvió Peña Nieto, era el que nos faltaba regresara. De esto conversamos poquito aquí.
Noche neoliberal
Debemos tener siempre memoria histórica, venimos de un periodo neoliberal comenzado en 1982 donde destruyeron a nuestro país, lo entregaron a empresas extranjeras, eliminaron sindicatos combativos, acabaron con conquistas sociales, privatizaron empresas y servicios públicos, cometieron fraudes electorales, se robaron millones de pesos, reprimieron y asesinaron a miles de personas, sumieron a muchas otras en la pobreza extrema y un largo etc.
Y si bien los responsables principales son las grandes empresas transnacionales, los gobiernos mexicanos encarnados en sus presidentes de la república fueron los operadores de todo lo malo que nos azotó y que casi termina con todas y todos.
Vuelven y vuelven
Con ese breve contexto los expresidentes abandonaban la vida pública y ya no volvían, pues les daban un retiro económico mensual de miles de pesos para que ya no dijeran ni pió.
Todo eso termina con la 4T en 2018 y los expresidentes fueron regresando al debate público, los panistas y loquitos Fox y Calderón regresaron a querer incidir sin mayor éxito, luego Salinas De Gortari desde las sombras ha querido continuar con sus líneas políticas siendo derrotado siempre.
Zedillo apareció desde hace unos meses para atacar a la 4T por terminar con su poder judicial corrupto, y ahora reaparece Peña Nieto también en el ojo público defendiendo su proyecto fraudulento, ecocida y gentrificador del Aeropuerto en Texcoco, en los últimos días ya hasta lo vincularon a fraudes con empresas israelíes por Pegasus y tuvo que ir con su compadre Ciro Gómez Leyva a decir barbaridades.
Son momias, envueltas en vendas de corrupción que buscan volver para que regresen sus privilegios que les quitamos, creen que tienen autoridad moral y política para seguir imponiendo su proyecto, se equivocan.
Nuestro movimiento los sepultó, los metió en un sarcófago que por más magia y hechizos que hagan no podrán salir, se mantienen impunes (aunque con procesos en su contra en trámite) pero el pueblo los juzgó y eso ya no se borra, son los ejemplos claro de los gobiernos que no queremos nunca tener.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto. Esta acción surge tras denuncias de empresarios israelíes sobre un presunto soborno.
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, confirmó que investigan la denuncia relacionada con contratos para el software Pegasus. Gertz Manero indicó que la FGR solicitará formalmente la colaboración del gobierno de Israel.
El fiscal enfatizó la importancia de contar con pruebas claras para avanzar en el caso. También recordó que denuncias anteriores contra Peña Nieto no se consolidaron por falta de pruebas.
Peña Nieto desmintió haber recibido 25 millones de dólares de los empresarios israelíes Avishai Neriah y Uri Ansbacher. A través de sus redes sociales, el exmandatario calificó las acusaciones de “totalmente falsas” y sin fundamento.
Un reciente artículo del diario israelí The Marker reveló detalles sobre las negociaciones entre los empresarios y Peña Nieto. El reportaje destaca cómo estos acuerdos facilitaron operaciones comerciales entre Israel y México relacionadas con el software de ciberseguridad.
La FGR espera avanzar más rápidamente en este caso, dada la gravedad de las acusaciones y la relevancia del tema.
El caso Pegasus vuelve a estar en el centro de la conversación nacional, luego de revelarse en un juicio en Israel que empresarios vinculados al software espía habrían pagado hasta 25 millones de dólares en sobornos para facilitar su entrada a México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Las acusaciones, que ya han sido negadas por el expresidente, abren nuevamente el debate sobre el uso de tecnologías de vigilancia.
Las revelaciones se dan justo en el arranque del nuevo gobierno federal y en medio del análisis del paquete de reformas en seguridad impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque las iniciativas buscan fortalecer las capacidades del Estado en la investigación de delitos, diversas organizaciones de la sociedad civil han llamado a establecer mecanismos claros de supervisión y control.
Durante una reciente conferencia, la presidenta Sheinbaum expresó sorpresa ante lo publicado por medios internacionales, y respaldó que Peña Nieto haya dado su versión. No obstante, colectivos como Artículo 19, R3D y SocialTIC han solicitado una investigación independiente y transparente sobre la adquisición y el uso de Pegasus en administraciones anteriores.
El software fue utilizado durante el sexenio de Peña Nieto para intervenir comunicaciones de periodistas, activistas y figuras de oposición. También existen registros de su uso en los primeros meses del sexenio de López Obrador, pese a declaraciones oficiales que aseguraban lo contrario.
Las reformas en discusión prevén la creación de una Plataforma Central de Inteligencia, la integración de bases de datos públicas y privadas, y el uso de datos biométricos en documentos oficiales. El gobierno federal ha reiterado que cualquier intervención requerirá autorización judicial.
Organizaciones civiles señalan que es fundamental establecer garantías suficientes para evitar abusos. Si bien reconocen la necesidad de herramientas para combatir el crimen, advierten que el respeto a los derechos humanos y la privacidad debe estar en el centro de toda política de seguridad.
El caso Pegasus deja una lección importante: la tecnología debe estar al servicio de la justicia, no de la persecución. Por ello, expertos y defensores piden que el Estado mexicano avance con transparencia, legalidad y rendición de cuentas en el uso de estas herramientas.
