Este fin de semana, Ecuador, nuevamente nos demostró que los ánimos de los ciudadanos son susceptibles a cambiar en un breve lapso y que entre las razones que animan este cambio, puede ser, indefectiblemente, el lawfare.
La ciudadanía es responsable de votar y lo hace, el problema principal, en los últimos tiempos, no es la participación democrática, que ha ido incrementando de manera importante. Aquí, lo que en realidad preocupa, -y nos ocupa-, es la preparación de una ciudadanía bien informada y el combate a los ataques que dan pie al descrédito de los gobiernos de izquierda, como ha ocurrido en Latinoamérica en diferentes momentos del nuevo milenio.
De haber ido creciendo en temas de derechos humanos, alfabetización masiva, crecimiento económico y pluriculturalidad en Bolivia, el bloque elitista pudo imponerse militarmente, disminuir el poder democrático del ciudadano y dar el golpe de estado desde dentro del mismo gabinete de gobierno. No fue un nuevo gobierno que pudiera perdurar y la “presidenta” fue encarcelada tan solo unos meses después. Sin embargo, el daño más grande lo sufrió, precisamente, el pueblo: vapuleado, asesinado por defender su derecho a decidir. Pero un pueblo que se resistió a las mentiras de la derecha pudo triunfar y romper la inercia que se gestaba para instalarse en el poder contra el pueblo.
Se avizora la posibilidad de un escenario que redirija al pueblo a la catástrofe, de dejarse tentar por las mentiras con las que el candidato Javier Milei está ascendiendo en las preferencias de la ciudadanía argentina, porque todo eso que promete suena realmente tentador para un pueblo que no ha tenido dos buenas décadas en materia económica, y ése, es un fuerte motivo para convencerlos de que sus planes de “nuevo liberalismo económico” les beneficiarán a cortísimo plazo: que se cambie el peso argentino por el dólar como moneda corriente, para unificar el tipo cambiario; que todas las empresas públicas se privaticen para que dejen de ser una carga para el Estado; que vayan disminuyendo los programas de seguridad social y que las personas se encarguen de su salud por medio de seguros médicos privados; que se cierre el banco central para que la inflación se elimine; que desaparezcan las indemnizaciones laborales; que los padres se hagan cargo de la educación de sus hijos con un sistema de váuchers; que se desregularice el uso de armas; se disminuya la edad para imputar a los menores, prohibir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales y deportación de quienes cometan delitos en suelo argentino e, incluso, está a favor de la venta “regulada” de órganos para que los “posibles donantes” conecten con los que requieren un órgano. Una campaña con promesas despampanantes que pueden seducir a votar por el ultraderechismo, abandonando por completo los derechos humanos.
El expresidente Correa, con tres periodos presidenciales en favor de los derechos humanos, inversión y desarrollo económico, reestructuración de la deuda externa; creación y fortalecimiento de medios públicos de comunicación; reformas legales que dieron mayor control en los ámbitos económico, desarrollo social y educativo, para consumo de productos internos sobre las importaciones; de protección a las infancias y para evitar embarazos adolescentes, e incrementando la oferta educativa. Le dio al pueblo mayor participación democrática por medio de referéndums y consultas populares y al cuestionar sobre reformas que incluyeran la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito, la prohibición de los casinos y juegos de azar, prohibición de espectáculos como peleas de gallos, de perros y la tauromaquia, así como la creación de una ley de comunicación. El sí rotundo fue el motivo por el que la oposición inició una campaña en que lo llamaron dictador e iniciaron las rispideces con las fuerzas armadas, al conminarlos a devolver un presupuesto excedido en la adquisición de un predio que se destinaría a la construcción de un parque; los diversos ataques sobre corrupción a sus funcionarios; espionaje, al haber asilado a Julian Assange en su embajada en Reino Unido; mediáticamente armando supuestos entrenamientos militares para responder violentamente en manifestaciones; políticamente señalándolo de autoritario y antidemocrático y que podía llevar al país a una situación como la de Venezuela, lo que causó, finalmente, que las autoridades ecuatorianas inhabilitaran inconstitucional e ilegalmente a Rafael Correa, para ser candidato a presidente, mediante una ley retroactiva, para impedirle ser presidente y que le sentenció a 8 años de cárcel, si vuelve al país.
La nueva elección presidencial en Ecuador, es resultado de todo cuanto ha desarrollado la oposición como presupuestos para que el pueblo “tenga motivos” para desconfiar del movimiento correísta, por ello, es que la candidata Luisa González, que había quedado en primer lugar en la primera vuelta, ahora quedó detrás, por 4 puntos, del nuevo presidente, el empresario Daniel Noboa, de 35 años, en una votación anticipada por los problemas con la justicia del aún presidente Guillermo Lasso. Esta presidencia corta, que finalizará en 2025, tendrá como protagonista al hijo del banquero más rico del país, sin experiencia política anterior, sin partido político, pero sí con una definición clara hacia el “liberalismo” que promete reducción de impuestos y fomento a la inversión extranjera, como promesas de desarrollo para el pueblo ecuatoriano.
Curioso, que el ala conservadora que atacó a Correa y sus funcionarios, por supuestos nexos en hechos de corrupción de los que han sido exonerados judicialmente, la aparición de la investigación de Lasso en los Pandora Papers fuera enviada a archivar por la Contraloría nacional, por una supuesta falta de indicios de que su patrimonio (hecho como banquero), estuviera resguardado en paraísos fiscales, con apariencia de ser inversiones legítimas en otros países. Este hecho desencadenó la elección anticipada, sí, pero le dio una salida digna y legal, y traspasar el poder “pacíficamente” a un sucesor del mismo bloque ideológico banquero empresarial.
Estas situaciones nos demuestran que bien pronto se pueden achicar los avances de un gobierno humanista que, en bien de los derechos de los muchos, cuando se presentan promesas fáciles pero incumplibles. México no puede permitirse una vuelta en U que le permita a nuestra desastrosa oposición volver para dinamitar el crecimiento y avance que la Cuarta Transformación cimienta así que, para cristalizar el postulado del Presidente de que por el bien de todos, primero los pobres, no puede ser un slogan, sino la convicción de que lo que se hace con esa convicción no puede ser una promesa, sino la realidad que necesitamos por muchos sexenios, con seguridad de que la voz del pueblo será respetada siempre, más allá de los votos electorales.
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