La UNAM aplicará este año un presupuesto que registra una disminución real frente al presupuesto anterior, lo que obligará a ajustar el uso de recursos bajo un entorno de crecimiento académico y presiones financieras.
La Universidad Nacional Autónoma de México aprobó para este año un presupuesto que implica una caída en comparación con el periodo previo. Dicho presupuesto es de 59 mil millones de pesos autorizados, por lo que la institución enfrentará una disminución de 1.6%, lo que representa el recorte más severo en los últimos años y una señal “preocupante” para su operación cotidiana.
Casi 90% del presupuesto otorgado depende del subsidio federal, en cuanto al resto son por ingresos propios. El Consejo Universitario avaló el presupuesto, normalizando un ajuste que implica llevar un desarrollo con casi mil millones de pesos menos.
La contradicción se hace presente cuando la UNAM plantea ampliar matrículas y mantener programas de becas, mientras admite que habrá recortes en equipamiento e infraestructura. La expansión académica se hará a cambio de laboratorios, tecnología y condiciones materiales, es decir, más alumnos, más responsabilidades pero menos espacios adecuados para la docencia y la investigación.
El rector, Leonardo Lomelí Gallegos, asegura que el control del gasto hará posible superar el panorama complicado sin afectación alguna. Sin embargo, el discurso suena a resignación, puesto que, la escasez que enfrenta no es una estrategia de crecimiento.
Cuando se trata de defender su autonomía, la UNAM parece conformarse con un presupuesto que la obliga a reducirse. Al aceptar un recorte sin tener una postura pública no sólo debilita su capacidad académica, sino que también deja de lado el encabezar una defensa del financiamiento a la educación superior pública en México.
