Etiqueta: Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados

  • Dos empresas inhabilitadas por corrupción

    Dos empresas inhabilitadas por corrupción

    La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sanciona a dos compañías por incumplimiento en contratos públicos, reafirmando su compromiso con la transparencia.

    La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha tomado medidas firmes contra la corrupción al inhabilitar a dos empresas proveedoras del gobierno. Se trata de Grupo Industrial Asad, S.A. de C.V. y Sistematización Itzcoatl, S.A. de C.V. Ambas compañías no podrán participar en nuevas contrataciones con la Administración Pública Federal.

    Grupo Industrial Asad enfrenta una sanción por 791 mil 980 pesos y una inhabilitación de un año y tres meses. Esta acción se debe a la rescisión de varios contratos con diferentes instituciones, como los Centros de Integración Juvenil y el Servicio de Administración Tributaria. En total, se rescindieron cuatro contratos en solo 140 días. Estas decisiones reflejan una clara violación de la Ley.

    Por su parte, Sistematización Itzcoatl también sufrió una dura sanción. Se le impuso una multa de 701 mil 468 pesos y una inhabilitación de un año. La empresa tuvo contratos con el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Colegio de la Frontera Sur, ambos relacionados con la adquisición de ropa quirúrgica y equipo de protección. En este caso, se rescindieron dos contratos en un plazo de 13 meses y 18 días.

    Las sanciones se notificaron el 30 de enero de 2026 y fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, estas empresas figuran en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados. Esto asegura que no podrán participar en futuros procesos de contratación con el Gobierno de México.

    La Secretaría actúa con base en la ley y considera la gravedad de las faltas cometidas. Las empresas tienen derecho a impugnar las sanciones, y en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá firmemente su decisión. Con estas acciones, la dependencia reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad en las compras públicas. Incumplir contratos tiene consecuencias, y estas sanciones son una prueba de ello.

  • Buen Gobierno sanciona a D’sazón por falsear información en contrato con el IMSS

    Buen Gobierno sanciona a D’sazón por falsear información en contrato con el IMSS

    Falsear información en contratos públicos no queda impune. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a la empresa D’Sazón Seguridad Alimentaria con una multa millonaria y un año de inhabilitación por presentar datos falsos.

    La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una sanción económica y administrativa a la empresa D’Sazón Seguridad Alimentaria, S.A. de C.V., tras detectar irregularidades en un proceso de contratación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La medida incluye una multa de 537 mil 720 pesos y la inhabilitación por un año para participar en procedimientos de compra o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

    De acuerdo con la autoridad, la sanción fue aplicada a través del Órgano Interno de Control del IMSS, luego de comprobar que la empresa presentó información falsa durante su participación en una invitación nacional electrónica relacionada con la adquisición y distribución de víveres para unidades médicas y hospitalarias del programa IMSS-Bienestar.

    La irregularidad consistió en la entrega de dos resultados de laboratorio para detección de coronavirus que no correspondían a información verídica, lo que representó una falta grave dentro de un procedimiento de contratación pública vinculado a servicios esenciales de salud.

    La notificación oficial de la sanción fue realizada el 9 de enero de 2026 y quedó formalizada con su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Además, D’Sazón Seguridad Alimentaria fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México durante el periodo de inhabilitación.

    La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que las medidas se aplicaron conforme a la ley, tomando en cuenta la gravedad de la falta y criterios de proporcionalidad. Aunque la empresa cuenta con el derecho de impugnar la resolución, la dependencia afirmó que defenderá la sanción por estar sustentada en el marco legal y en la protección del interés público, reiterando que engañar para obtener contratos gubernamentales tiene consecuencias.