Falsear información en contratos públicos no queda impune. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a la empresa D’Sazón Seguridad Alimentaria con una multa millonaria y un año de inhabilitación por presentar datos falsos.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una sanción económica y administrativa a la empresa D’Sazón Seguridad Alimentaria, S.A. de C.V., tras detectar irregularidades en un proceso de contratación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La medida incluye una multa de 537 mil 720 pesos y la inhabilitación por un año para participar en procedimientos de compra o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.
De acuerdo con la autoridad, la sanción fue aplicada a través del Órgano Interno de Control del IMSS, luego de comprobar que la empresa presentó información falsa durante su participación en una invitación nacional electrónica relacionada con la adquisición y distribución de víveres para unidades médicas y hospitalarias del programa IMSS-Bienestar.
La irregularidad consistió en la entrega de dos resultados de laboratorio para detección de coronavirus que no correspondían a información verídica, lo que representó una falta grave dentro de un procedimiento de contratación pública vinculado a servicios esenciales de salud.
La notificación oficial de la sanción fue realizada el 9 de enero de 2026 y quedó formalizada con su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Además, D’Sazón Seguridad Alimentaria fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México durante el periodo de inhabilitación.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que las medidas se aplicaron conforme a la ley, tomando en cuenta la gravedad de la falta y criterios de proporcionalidad. Aunque la empresa cuenta con el derecho de impugnar la resolución, la dependencia afirmó que defenderá la sanción por estar sustentada en el marco legal y en la protección del interés público, reiterando que engañar para obtener contratos gubernamentales tiene consecuencias.
