La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no para por garantizar el bienestar del Pueblo de México, hoy publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los estímulos fiscales por hasta 30 mil millones de pesos para empresas que realicen nuevas inversiones en nuestro país o que lleven a cabo gastos de capacitación e innovación.
Se trata de un decreto que forma parte del celebrado “Plan México”, con el que se buscará implementar la Estrategia Nacional de Relocalización, con la que se impulsa a la inversión privada (IP) a crear nuevos empleos, invertir y promover la prosperidad compartida.
28 mil 500 millones de pesos serán destinados para el estímulo fiscal en la inversión en bienes nuevos de activo fijo y los mil 500 millones de pesos que restan se dirigirán al estímulo fiscal de la deducción adicional en gastos de capacitación e innovación.
El decreto de estímulos fiscales entra en vigor el día de hoy y durará hasta el 30 de septiembre del año 2030, cuando se prevé que se hayan distribuido los 30 mil millones de pesos.
Será un Comité de Evaluación, integrado por funcionarios de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Economía (SE), con la participación del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, a cargo de Altagracia Gómez, quienes serán responsables de otorgar los estímulos, previo la realización de un análisis.
Todas las empresas interesadas deberán presentar una solicitud, en caso de ser evaluada positivamente, la compañía en cuestión recibirá una constancia de cumplimiento oficial por parte del Comité de Evaluación mencionado. Este comité también será el encargado de determinar el monto máximo de los estímulos a los que podrán aplicar los contribuyentes en cada ejercicio fiscal.
A partir de hoy, el Comité de Evaluación tiene hasta 60 días hábiles para determinar todos los lineamientos requeridos para el proceso de otorgamiento de los estímulos fiscales.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, es liderada por Raquel Buenrostro, y su misión es la de prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción, dando un mayor enfoque a los procesos y controles que aseguran la eficacia, eficiencia, economía y transparencia de la Administración Pública Federal, fundamentales para garantizar la confianza ciudadana y promover un gobierno más ético y responsable que dignifique el servicio público.
Con motivo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Reglamento Interior de esta Secretaría el pasado martes 31 de diciembre, la secretaria Buenrostro anunció el equipo de personas servidoras públicas que la acompañarán en las tareas de esta dependencia en la presente administración.
Titulares:
Alejandro Encinas Nájera, designado por la Presidenta como subsecretario de Buen Gobierno. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con un máster en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y un doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); también, asumió el cargo de subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Con 15 años de experiencia en el servicio público, ha demostrado su compromiso y buen desempeño en la mejora gubernamental.
La Subsecretaría de Buen Gobierno se enfocará en reivindicar y profesionalizar la carrera en el servicio público mediante programas de capacitación, mayores controles de confianza y reconocimiento a la integridad. Uno de sus principales objetivos será acompañar a las dependencias del Gobierno de México, en especial a los programas prioritarios, para garantizar la mejora continua, el uso eficiente de los recursos y prevenir irregularidades. Asimismo, trabajará con el sector privado y la sociedad civil para fomentar una cultura de integridad desde un enfoque de responsabilidad compartida.
Guadalupe Araceli García Martínez, designada por la Presidenta como subsecretaria Anticorrupción. Es licenciada en Derecho, maestra en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria y doctoranda en Derecho y Ciencias Sociales. Cuenta con una trayectoria de más de 32 años en el servicio público, entre los cargos que destacan: directora general de Legislación y Consulta Fiscal y Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), directora general de Asuntos Jurídicos de la SHCP, directora Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), administradora general Jurídica del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Economía.
En materia de anticorrupción destaca su desempeño como titular de la Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores y Subtesorera de Vigilancia de Recursos y Valores en la Tesorería de la Federación (Tesofe) y presidenta de la Comisión de Vigilancia del ISSSTE. Además, como catedrática, en 2021, impartió la asignatura “Procedimiento de Responsabilidades Administrativas” en la maestría en Justicia Administrativa en la Universidad Autónoma del Noreste.
La Subsecretaría Anticorrupción coordinará la planeación, ejecución y evaluación de los actos de fiscalización que practique la Secretaría, así como representarla en dicha materia y acciones promovidas derivadas de la misma, con el Sistema Nacional de Fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación y los entes fiscalizadores de las entidades federativas, así como enfocar la función de los Órganos Internos de Control en áreas de mayor impacto.
Carlos Patterson Olivas, designado por la Presidenta como titular del Órgano Interno de Control. Es licenciado en Administración de Empresas y maestro en Innovación, cuenta con diplomados en transparencia, planeación estratégica, rediseño de procesos y derecho tributario. Con una carrera de 23 años como servidor público en la Administración Pública Federal, ocupando diversos cargos en la Secretaría de la Función Pública, con experiencia en supervisión de áreas de auditoría, control y evaluación de Órganos Internos de Control, participó en publicaciones de mejores prácticas de control interno y administración de riesgos. Fue subgerente, gerente y delegado de Auditoría en la industria petrolera; coordinador de Control y Evaluación en el sector hacienda; asimismo estuvo al frente de una entidad paraestatal del sector economía.
Omar Sánchez Villegas, titular de la Unidad de Combate a la Impunidad. Es doctor en Derecho, con más de 20 años de experiencia en el sector público, ha ocupado cargos directivos en materia contenciosa, consultiva, fiscal, administración de recursos, responsabilidad administrativa, seguridad, comercio exterior y aduanas.
Othón Francisco Valverde Yáñez, titular de la Unidad Técnica de Apoyo. Es ingeniero químico por el Instituto Tecnológico de Durango, con estudios de Maestría en Economía en El Colegio de México y maestro en Administración Pública y Política Pública por el Tecnológico de Monterrey. Fue subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía de México y durante más de 20 años se desempeñó en diversos cargos en Petróleos Mexicanos (Pemex) en áreas de planeación y evaluación de las empresas de transformación industrial.
Laura Leticia Juárez Jiménez, designada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Es licenciada en Derecho por la UNAM y maestra en Derecho Fiscal por la Queen Mary University of London. Ha desempeñado cargos de alto nivel en la Administración Pública Federal con funciones de asesoría jurídica, entre ellos, directora general de Legislación y Consulta en la Secretaría de Economía, administradora central de Normatividad en Impuestos Internos en el Servicio de Administración Tributaria y directora general de Legislación y Estudios Normativos en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Marco Antonio Hernández Martínez, designado por la subsecretaria de Egresos de la SHCP como titular de la Unidad de Administración y Finanzas. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en Administración Pública por la Universidad del Valle de México. Con 24 años de experiencia en el sector público ha ocupado diversos cargos en la SHCP, en la entonces Procuraduría General de la República, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como en la Secretaría de Gobernación, atendiendo diversos temas relacionados con la administración de recursos presupuestarios, humanos, materiales y tecnológicos.
En la Subsecretaría de Buen Gobierno:
Marco Antonio Flores García, titular de la Unidad de Políticas para el Servicio Público. Es doctor en Administración Pública. Con más de 30 años de experiencia en la APF, ha demostrado gran capacidad para diseñar y poner en práctica políticas que aseguran la eficacia y la eficiencia, así como la mejora continua en el manejo de la programación y presupuestación de los recursos públicos, en especial de los recursos humanos.
Rosa María Gutiérrez Rodríguez, coordinadora general de Buen Gobierno. Es licenciada en Derecho por la UNAM, con máster en Hacienda Pública y especialidad en Administración Financiera por el Instituto de Estudios Fiscales de la Universidad Nacional de Estudios a Distancia de Madrid, España. Cuenta con más de 35 años en la Administración Pública Federal. Ha desempeñado cargos en la Secretaría de Economía, en el Servicio de Administración Tributaria, en el Consejo de la Judicatura Federal, en la Auditoría Superior de la Federación y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
María Guadalupe Arciniega García, titular de la Unidad de Contrataciones Públicas. Es egresada de la Universidad La Salle, con estudios de Maestría en Derecho por la UNAM. Abogada especialista en derecho administrativo, contrataciones públicas, seguridad social y fideicomisos públicos, cuenta con experiencia de más de 25 años en la Administración Pública Federal, donde ha ocupado diversos cargos en la Procuraduría Fiscal de la Federación de la SHCP y en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Se desempeñó como titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas en la SHCP, de diciembre de 2018 a febrero de 2022.
Irais Barreto Canales, titular de la Unidad de Participación Social y Responsabilidad Compartida. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. De 2018 a 2024, ocupó diversos cargos entre los que destacan: jefa de la Unidad de Inteligencia Económica Global en la Secretaría de Economía, administradora central de Programas Operativos con Entidades Federativas y administradora central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento en el SAT, directora general de Planeación en la Oficialía Mayor de la SHCP y directora general de Programación, Presupuesto y Recursos Materiales en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Alejandro García Ravizé Guízar, titular de la Unidad de Innovación de la Gestión Pública. Ingeniero en Mecatrónica con especialidad en Gestión de Proyectos, con experiencia en las áreas de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Economía y del SAT. Ha liderado iniciativas para modernizar y simplificar procesos en el sector público con una visión sistémica.
En la Subsecretaría Anticorrupción:
Perla Amorene Anaya Díaz, coordinadora general de Órganos Internos de Control. Es licenciada en Contaduría por la UNAM y maestra en Anticorrupción por la Universidad Panamericana, con trayectoria de más 29 años en la APF y en el sector privado en áreas de fiscalización y combate a la corrupción, en Órganos Internos de Control de Banobras, SAT, Secretaría de Economía, Petróleos Mexicanos, Pemex Petroquímica y en la firma Deloitte.
Leticia Toxtli Miranda, titular de la Unidad de Vigilancia 1. Es licenciada en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública Federal, en áreas de fiscalización en órganos internos de control en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la Secretaría de Bienestar. Fue comisaria pública Suplente del Sector Educación y Cultura, y titular del Órgano Especializado en Fiscalización en la Secretaría de la Función Pública.
Alejandro Galicia Avilés, titular de la Unidad de Vigilancia 2. Es licenciado y maestro en Derecho por la UNAM, con una trayectoria de más de 37 años en el sector público, principalmente en áreas de combate a la corrupción en los Órganos Internos de Control en Pemex, Conagua, Banobras, y en las secretarías de Economía y de la Función Pública.
Pilar Hernández Trinidad, titular de la Unidad de Vigilancia 3. Es licenciada en Matemáticas Aplicadas y Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestrante en Políticas Públicas. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el servicio público, en las materias de fiscalización, auditorías de desempeño, control interno y evaluación. Ocupó diversos cargos en la Auditoría Superior de la Federación, en la Secretaría de la Función Pública se desempeñó como directora general de Control Gubernamental y titular del Órgano Especializado en Control Interno.
El día de hoy la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto mediante el cual se extinguen definitivamente 7 órganos autónomos.
Con la publicación, entran en vigor la reforma y con ello a partir del día de mañana dejan de existir la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); en tanto, hay distintas características de término para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); la Comisión Reguladora de Energía; Comisión Nacional de Hidocarburos; Coneval, y para la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.
…las economías y ahorros que se generen con la extinción de los entes públicos materia del presente Decreto se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar en términos de la legislación aplicable”, dice el decreto.
Con la simplificación orgánica implementada a partir de estos cambios, distintas funciones serán asumidas por secretarías del gobierno federal, como la de Anticorrupción y Buen Gobierno, y por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
A partir de ahora, el Congreso de la Unión tiene 90 días naturales para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes secundarias para dar cumplimiento al decreto; respecto a las legislaturas locales, tendrán máximo 90 días para armonizar su marco jurídico, en materia de información pública y protección de datos personales.
Las dependencias que asuman las funciones de los órganos extintos, ahora también serán responsables de los recursos materiales, registros, padrones, plataformas y los sistemas electrónicos, que dejen tras de sí.
En lo que respecta a los derechos laborales de los servidores públicos que colaboraron en dichos órganos, el decreto establece que todos serán respetados íntegramente. Si así corresponde, los recursos humanos de las instituciones extintas pasarán a formar parte de los recursos humanos de las dependencias que absorberán las funciones, como se ha explicado con anterioridad.
Con 81 votos a favor y 36 en contra, el Senado de la República determinó que la Reforma Judicial no se elimine del Diario Oficial de la Federación (DOF), como pidió la jueza Nancy Juárez.
Con esto se le da una respuesta a la consulta de la consejera Jurídica Ernestina Godoy, en la que “respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum carece de atribuciones para eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación”.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, fue quién presentó al pleno la solicitud de consulta de Ernestina Godoy, quien consideró la solicitud de la jueza Nancy como “violatoria de las facultades”.
▶️ Respuesta del presidente de la Mesa Directiva, @fernandeznorona, a la consulta de la titular de Consejería Jurídica de la Presidencia respecto a la procedencia de la eliminación de la reforma al Poder Judicial del @DOF_SEGOB. pic.twitter.com/gi8f05NWPe
La jueza Nancy Juárez Salas ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum y al Diario Oficial de la Federación (DOF) eliminar los cambios de la Constitución en un plazo de 24 horas.
Nancy Juárez Salas, jueza Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, fue quien otorgó la suspensión de la reforma judicial, ordenando que en 24 horas se debe retirar la reforma constirucional del DOF.
“Por lo que, requiérase a las autoridades responsables Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y Diario Oficial de la Federación, con sede en la Ciudad de México, para que dentro del término de veintivuatro horas, contando a partir de que le sea notificada la presente resolución, informen, acrediten el cumplimiento dado a la suspensión concedida el veinte de septiembre del año en curso, a la parte quejosa en el presente incidente; esto es, deberán acreditar que se acató en sus términos la misma, conforme a los lineamientps establecidos“.
En caso de cumplirse con lo solicitado, el Ministerio Público dará inicio a procedimientos legales en contra de la presidenta y funcionarios del DOF.
“Se aperciben a las autoridades responsables que de no cumplir con el requerimiento formulado en esta resolución, se dará vista al Ministerio Público de la Federación por el delito que establece la fracción III del artículo 262 de la ley de Amparo“.
Este artículo declara que se impondrá un pena de tres a nueve años de cárcel, multa de cincuenta a quinientos días, destitución en inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, en uno de sus últimos actos de justicia, emitió un decreto que otorga apoyos extraordinarios a los padres de los niños fallecidos o con lesiones permanentes tras el incendio en la guardería ABC en 2009. Entre estos apoyos destaca una pensión vitalicia para los familiares, reafirmando el compromiso del gobierno con las víctimas de esta tragedia ocurrida en el ilegítimo sexenio de Felipe Calderón.
El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece que los padres de los menores recibirán una pensión equivalente a la prevista en la Ley del Seguro Social, con la posibilidad de transferir este apoyo a los hijos sobrevivientes en caso de fallecimiento de los beneficiarios. Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) integrará los apoyos ya existentes para los menores afectados, como becas educativas y el pago del consumo eléctrico en sus hogares.
López Obrador subrayó que el Estado debe responder de manera proporcional al daño causado, priorizando el bienestar de las familias. El decreto también contempla que, a partir de 2025, los recursos necesarios se asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para garantizar el cumplimiento de estas medidas. La pensión entrará en vigor en enero de 2025, con efectos retroactivos.
Este decreto llega a pocas horas de que el tabasqueño se retire no solo de la presidencia, sino de la vida pública de México, reiterando el compromiso del Presidente con las victimas incluso de las malas gestiones y la corrupción de las administraciones del pasado.
La reforma constitucional que transfiere el control operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha alcanzado las aprobaciones necesarias por parte de los congresos estatales para ser declarada constitucional.
Con el respaldo de 17 congresos locales, todos dominados por Morena y sus aliados, la iniciativa está lista para avanzar hacia su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Los estados que han votado a favor de esta reforma incluyen a Baja California, Chihuahua, Campeche, Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
El Senado de la República aprobó previamente la reforma con 86 votos a favor y 42 en contra. Esta medida ha sido calificada por algunos críticos como un paso hacia la militarización de la seguridad pública en el país, mientras que Morena y sus aliados defienden la propuesta como un mecanismo para fortalecer a la Guardia Nacional, que fue constituida en 2019 con el objetivo de garantizar la seguridad pública.
Con esto, se aprueba una más de las reformas constitucionales que diseñaron AMLO y la presidenta electa, como primer paquete del llamado Plan C para el segundo piso de la Transformación.
La mañana de este jueves, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre la aprobación de la Reforma al Poder Judicial por 18 congresos locales, con lo cual podría ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, adelantando que esto podría ser el próximo domingo 15 de septiembre, en concordancia con las fiestas patrias.
“O sea que ya es legal, porque el mínimo son 17, pero todavía en el transcurso del día de hoy, y me imagino, de mañana, van a haber otros”.
Sobre esto mismo, el mandatario dijo que “no es cierto que por la Reforma Judicial estaba saliendo capital del país o no estaba llegando inversión extranjera”, además, explicó que mientras en 2023 se logró un récord de inversión extranjera con 35 mil mdd, sólo en el primer semestre de 2024 llegaron 30 mil millones de dólares de inversión extranjera, por lo que 2024 será el año de mayor inversión extranjera en el país.
Cabe mencionar que al momento de la publicación de esta nota, los Congresos locales que han aprobado la Reforma al Poder Judicial, son:
La Secretaría de Marina informó, a través de un comunicado, que personal de la Décima Segunda Región Naval, logró el aseguramiento de 84 bultos (más de 2.4 toneladas) de presunta cocaína, a aproximadamente a 65 kilómetros al oeste de Acapulco.
Dichas acciones se llevaron a cabo durante recorridos de vigilancia marítima, localizando una embarcación menor a la cual se le dio un seguimiento de siete horas, por medio de buques oceánicos y patrullas interceptoras de la Armada de México, con el apoyo de aeronaves navales, con la finalidad de llevar a cabo la intercepción en inspección de citada embarcación, misma que al percatarse de la presencia y seguimiento de esta autoridad marítima aceleró su marcha con la intención de darse a la fuga con rumbo al estero de “Paraíso Escondido”, ubicado en inmediaciones del poblado “Boca de Mitla”.
En el punto se localizaron dos embarcaciones más presuntamente destinadas para la recepción de la carga ilícita, la cual tenía 84 bultos de cocaína con un peso estimado de más de 2.4 toneladas; se aseguraron las tres embarcaciones menores, así como cinco motores fuera de borda, procediendo a dar vista a la autoridad ministerial correspondiente.
La presunta droga y las embarcaciones aseguradas, fueron puestas a disposición ante las autoridades competentes, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.
La dependencia también dio a conocer que durante el aseguramiento no se logro la detención de ninguna persona, no obstante la actuación del personal naval se llevó a cabo con base en el Protocolo de Actuación del Personal Naval en funciones de Guardia Costera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de abril de 2018.
Cabe señalar que con este aseguramiento se suma un total de 23 mil 972 kilogramos de cocaína, 31 embarcaciones menores y 69 motores fuera de borda en lo que va del presente año. Destacando que en los últimos cinco días se han asegurado 6,230 kilogramos de la sustancia, debido a diversas acciones.
Estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que efectúa la Armada de México para inhibir la acción delincuencial, con el fin de coadyuvar al mantenimiento de la seguridad y el Estado de Derecho en las Zonas Marinas Mexicanas.
Las reformas que buscan entregar el control del Tren Maya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron impugnadas por senadores y diputados opositores, quienes presentaron acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los congresistas argumentaron que las normas impugnadas ponen en peligro la estructura fundamental del Estado mexicano y que la suspensión protege a la institución fundamental que es la Administración Pública Federal, para impedir que los militares ejerzan funciones de seguridad pública fuera de parámetros estrictamente regulados y violando los derechos humanos.
El ministro Alberto Pérez Dayán, quien estará a cargo del proyecto de resolución, se negó a otorgar la suspensión a los congresistas.
El juzgador argumentó que en este caso no se “actualiza la excepción establecida por el alto tribunal consistente en que se puede otorgar la suspensión en aquellos medios de control constitucional respecto de normas generales que impliquen o puedan provocar la transgresión irreversible de algún derecho humano”.
Los congresistas opositores solicitaron invalidar el decreto, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de mayo y reforma el artículo tercero de la Ley General de Comunicaciones, el artículo 10 de la Ley para Regular el Servicio Ferroviario y el artículo 59 Bis de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, por dejar sin efecto en su letra.
Estas modificaciones establecen que a las entidades paraestatales se les podrá otorgar una vigencia indefinida de las vías generales de comunicación y modos de transporte asignados a la federación; esta cesión no es transmisible ni cedible a ningún otro título y sólo puede suspenderse si se demuestra que no tiene carácter estratégico o sirven mal al interés público.
Para que la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión presenten sus respectivos informes y envíen copia del marco legislativo y del DOF en el que se publicó el decreto, Pérez Dayán fijó un plazo de 15 días hábiles.
