El Gobierno federal expropió un nuevo terreno en Yucatán para continuar con la construcción del Tramo 4 del Tren Maya. El predio, ubicado en el ejido Pisté, será destinado a las obras del tramo Izamal–Cancún, mientras la Sedatu coordina el pago de la indemnización correspondiente.
El gobierno federal decretó la expropiación de un nuevo terreno en el municipio de Tinum, Yucatán, con el propósito de continuar las obras del Tramo 4 del Tren Maya, que conectará Izamal con Cancún. De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la superficie afectada corresponde al ejido Pisté y abarca una extensión de 00-03-70 hectáreas equivalente a tres áreas y setenta centiáreas con un valor comercial estimado en 6 mil 164 pesos.
La medida, firmada por la Presidencia, establece que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) será la encargada de ejecutar el proceso de expropiación. Esto se realizará una vez que la empresa Tren Maya S.A. de C.V. demuestre haber cubierto el pago de la indemnización correspondiente.
Con esta acción, el gobierno continúa la ampliación de la infraestructura del megaproyecto ferroviario en la península de Yucatán, considerado uno de los ejes principales de desarrollo para el sureste mexicano.
El gobierno federal decretó la expropiación de 18 nuevos predios en cinco estados del sureste para continuar con las obras del Tren Maya. Los terrenos, ocupados desde hoy por Sedatu, forman parte de los tramos 1, 4 y 6 del megaproyecto.
Para continuar con la construcción de los tramos 1, 4 y 6 del Tren Maya, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un nuevo decreto de expropiación por causa de utilidad pública que abarca 18 predios privados con una extensión total de 115 mil 428 metros cuadrados, distribuidos en cinco estados del sureste mexicano.
De acuerdo con el decreto firmado por la Presidencia de la República, los terrenos incluidos para las construcciones e instalaciones existentes serán ocupados de forma inmediata por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Los predios se ubican de la siguiente manera: nueve en Palenque, Chiapas; tres en Escárcega, Campeche; tres en Tabasco; dos en Yucatán; y uno en Bacalar, Quintana Roo. Aunque el documento no especifica el valor total de los terrenos, sí establece que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) determinó el monto unitario por metro cuadrado y que los propietarios disponen de diez días hábiles para impugnar únicamente el monto de la indemnización.
Adicionalmente, el gobierno expropió 55 centiáreas de uso parcelado en el ejido Maxcanú, Yucatán, como parte de las obras del Tramo 3 (Calkiní-Izamal), por lo cual se otorgará al ejido una compensación de 4 mil 152 pesos con 70 centavos.
En un segundo decreto, se ordenó también la expropiación de 27.51 hectáreas de tierras de temporal, destinadas a los tramos 1 (Palenque–Escárcega) y 7 (Chetumal–Escárcega), con un valor comercial conjunto de 2 millones 985 mil 867 pesos.
Con estas nuevas acciones, el proyecto insignia del gobierno federal continúa la ampliación de su infraestructura en medio de ajustes legales y compensaciones económicas a propietarios y ejidatarios de la región.
El Órgano de Administración Judicial ha puesto fin a la Unidad de Reforma en Justicia Laboral y transfirió sus funciones al área encargada del nuevo sistema penal. La decisión, publicada en el DOF, forma parte del plan de austeridad y modernización del Poder Judicial.
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) formalizó la desaparición de la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral, decisión que fue publicada este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
De acuerdo con el acuerdo general aprobado por el Pleno del OAJ, el pasado 29 de septiembre, las atribuciones de dicha unidad serán asumidas temporalmente por la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, mientras se define su integración definitiva dentro de la estructura judicial.
Como parte de esta reestructuración, las seis plazas que conformaban la plantilla de la unidad extinguida fueron transferidas a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Disciplina y Substanciación de Responsabilidades del Personal Administrativo, a partir del 1 de octubre de 2025.
El documento también autoriza la conversión de seis plazas para la creación de cuatro cargos permanentes en dicha Secretaría Ejecutiva, con el objetivo de mantener únicamente la cantidad mínima de personal necesario para garantizar la operación y cumplimiento de sus atribuciones.
La medida forma parte de las políticas de austeridad, racionalidad y modernización administrativa impulsadas por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para el ejercicio fiscal 2025, que buscan optimizar recursos y fortalecer la eficiencia institucional dentro del Poder Judicial.
La farmacéutica Sun Pharma de México, filial de la compañía india Sun Pharmaceutical Industries Ltd, volvió a incumplir contratos de suministro de medicamentos al sector salud, pese a que había sido inhabilitada en 2024 por la entonces Secretaría de la Función Pública (SFP) y posteriormente beneficiada con un amparo que le permitió seguir participando en licitaciones.
Durante la conferencia mañanera, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark García, informó que la empresa ha registrado un 63.5% de incumplimiento en la entrega de medicamentos de la compra fijada 2025-2026. Con un total de 71 mil 848 productos médicos contratados, Sun Pharma no ha entregado 45 mil 608. Entre los fármacos faltantes se encuentran isotretinoína, valproato semisódico y bosentan.
Sun Pharma fue sancionada en agosto de 2024 con una inhabilitación por 40 meses, publicada en el Diario Oficial de la Federación, debido a fallas previas en la entrega de medicamentos. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) suspendió la sanción, lo que le permitió seguir concursando y ganar contratos durante este sexenio.
El caso ha revivido críticas del sector farmacéutico nacional. Juan de Villafranca, presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF), acusó que varias empresas extranjeras, especialmente de India, ofertaron medicamentos a precios ridículos lo que generó aparentes ahorros, pero terminó en incumplimientos. “Son empresas que no producen y no entregarán nada. Nos dañan la imagen como industria”, señaló el presidente de la AMELAF.
Pese a presentarse como la cuarta farmacéutica más grande del mundo, con más de 2 mil productos en 100 países, Sun Pharma ha acumulado señalamientos en México por incumplimientos y por aprovecharse de recursos legales para continuar operando en licitaciones públicas.
El gobierno de México otorgó una concesión geotérmica de 30 años a Energías Alternas, Estudios y Proyectos (Grupo Enal), filial de Grupo Carso, conglomerado controlado por el empresario Carlos Slim, acorde a información del Diario Oficial de la Federación (DOF) publicado el 1º de septiembre.
El título de concesión concede a la compañía la explotación exclusiva de recursos geotérmicos en el área de Celaya, Guanajuato, con el objetivo de generar energía eléctrica y destinar el recurso a otros usos industriales y de calefacción. El documento aclara que se trata de un derecho temporal, válido durante los 30 años de vigencia.
Actualmente, Grupo Enal desarrolla una central geotérmica en Celaya con 26 megavatios de capacidad instalada con una inversión estimada de 80 millones de dólares. Según estudios de Secihti (antes Conacyt), esta zona podría dar continuidad al campo geotérmico Los Azufres, consolidando la estrategia del gobierno de diversificar la generación de energía mediante renovables, como la geotermia, que aprovecha el calor del subsuelo.
Bajo la administración de Sheinbaum y su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, Carlos Slim ha reforzado su participación en el sector energético, para lo que ha combinado proyectos de exploración petrolera con Pemex y apuestas por energías renovables. En abril de 2025, otra filial de Grupo Carso, GSM-Bronco, ganó la licitación para perforar tres pozos geotérmicos exploratorios en Baja California, con una oferta de 45 millones de dólares, superando a competidores internacionales.
Con este nuevo proyecto, Grupo Carso refuerza su posición como actor clave en el sector energético mexicano, al contar con el derecho temporal de explotación del recurso geotérmico durante la vigencia del título de concesión, lo que busca impulsar la transición hacia energías limpias en el país.
En una edición vespertina del 16 de julio, la Presidencia de la República publicó once decretos en el Diario Oficial de la Federación, con los que entran en vigor las leyes aprobadas durante el reciente periodo extraordinario del Congreso.
Entre ellas destacan la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y la nueva Ley General de Población, que plantea la creación de una Plataforma Única de Identidad con CURP biométrica. Las dependencias de los tres niveles de gobierno tendrán 90 días para adecuarse y definir mecanismos de interoperabilidad.
También se expidieron nuevas leyes en materia de telecomunicaciones, radiodifusión, seguridad pública, inteligencia, vida silvestre, competencia económica, burocracia y ferrocarriles. Desde mañana inician los plazos para su implementación.
El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto que establece la CURP biométrica como un documento obligatorio para los mexicanos. Este nuevo sistema de identificación digital incluirá nombres, apellidos, fecha de nacimiento, género, huellas dactilares y fotografía.
La CURP biométrica reemplazará la actual, que contiene 18 dígitos. Con la modificación, se añadirán nuevos datos para mejorar la identificación. Los elementos del nuevo documento incluyen los dos primeros dígitos del apellido paterno, el primer dígito del apellido materno y la inicial del primer nombre.
Las autoridades aún no han fijado una fecha exacta para tramitar la CURP biométrica. Sin embargo, se espera que su uso sea obligatorio a partir de febrero de 2026. La implementación será gradual y se realizará en colaboración con la Secretaría de Gobernación.
El decreto también establece un plazo de 90 días para crear la Plataforma Única de Identidad. Esta plataforma integrará los datos necesarios para la CURP y coordinará actividades con el sistema de salud.
Además, se publicaron 11 decretos que incluyen reformas en áreas como desaparición de personas, telecomunicaciones y seguridad pública. La reforma a la Ley de Desaparición Forzada busca mejorar los procesos de búsqueda, pero ha generado preocupación sobre la vigilancia gubernamental.
En telecomunicaciones, los concesionarios deberán proporcionar geolocalización en tiempo real a las autoridades cuando se solicite. También deberán requerir la CURP para activar líneas móviles.
La nueva Ley de Vida Silvestre prohíbe el uso de mamíferos marinos en espectáculos de entretenimiento. Las reformas buscan proteger a estos animales y establecen multas significativas por violaciones.
Estos cambios legales marcan un paso importante en la modernización del sistema de identificación y en la regulación de diversas áreas en México. Las autoridades están comprometidas en implementar estas reformas para mejorar la seguridad y la transparencia en el país.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer un litigio sobre siete terrenos en Santa Fe. La FGR argumenta que estos predios son propiedad de la nación y acusa a particulares de lavado de dinero y delincuencia organizada.
El Ministerio Público Federal sostiene que los terrenos pertenecen a la nación. Según la FGR, fueron expropiados en 1907 y 1974 mediante decretos presidenciales publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Por su parte, la empresa Inmobiliaria F4, SA de CV defiende que los terrenos fueron desincorporados del patrimonio federal el 13 de diciembre de 2018. Este cambio también se basó en un decreto publicado en el DOF.
El caso se originó por una denuncia anónima en octubre de 2020. En esta denuncia, se acusó a la empresa de vender indebidamente terrenos federales en el kilómetro 14.5 de la carretera México-Toluca, en la alcaldía Álvaro Obregón.
La FGR abrió una investigación por lavado de dinero y delincuencia organizada. En 2022, amplió la indagatoria por uso indebido del servicio público y violaciones a la Ley de Bienes Nacionales. En febrero de 2024, el Ministerio Público ordenó el aseguramiento de parte del predio.
No obstante, el 15 de noviembre, la jueza Paloma Xiomara González González otorgó un amparo a Inmobiliaria F4 y otras empresas, impidiendo que la FGR tomara posesión. La jueza argumentó que el aseguramiento careció de fundamentación y violó el Código Nacional de Procedimientos Penales.
La FGR ha impugnado esta decisión, y el recurso está pendiente ante un tribunal colegiado. Además, la Fiscalía ha solicitado a la Corte que resuelva de manera definitiva sobre la propiedad de los terrenos.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anunció una sanción a la empresa Ansof Comercializadores, S.A. de C.V. La firma participó en una licitación pública organizada por Birmex para la adquisición de medicamentos e insumos médicos.
La sanción se debe a la falsificación de documentos durante la Licitación Pública Nacional para la “Adquisición Consolidada de Vestuario, Uniformes, Calzado y Equipo de Protección para el Ejercicio Fiscal 2024”. Ansof presentó informes falsos de laboratorios acreditados para cumplir con los requisitos técnicos de la convocatoria.
Como resultado, la empresa enfrentará una multa económica y una inhabilitación. Esto le impide participar en contratos con la Administración Pública Federal, ya sea directamente o a través de terceros.
La notificación de la sanción se emitió hace dos semanas. La publicación oficial ocurrió el 13 de mayo de 2025 en el Diario Oficial de la Federación. Ansof Comercializadores ahora figura en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados.
La Secretaría reafirma su compromiso con la legalidad y la transparencia en los procesos de contratación pública. Estas acciones buscan combatir la corrupción y asegurar la calidad de los insumos médicos. La salud de los mexicanos es una prioridad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) continúa interponiendo pretextos y se niega a entregar al Pueblo de México sus millonarios fideicomisos, tal y cómo quedó estipulado tras la aprobación de la Reforma Constitucional al Poder Judicial.
A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), la SCJN argumentó que no puede realizar la entrega debido a que el proceso está detenido por suspensiones judiciales. Informaron también que sus cinco fideicomisos cuentan con un saldo acumulado de 6 mil 493 millones 108 mil 104.79 pesos al cierre del año 2024.
Como todos ustedes recordarán con la reforma aprobada el 15 de septiembre del año pasado, se ordenó la extinción formal de los fideicomisos que estaban en manos de la SCJN.
A partir de noviembre de 2024, los fideicomisos sólo han generado rendimientos financieros y los únicos gastos corresponden a honorarios fiduciarios”, dice el comunicado de la SCJN en el DOF.
En el tercer trimestre, antes de la aprobación de la reforma, el monto total de los fideicomisos ascendía a 6 mil 340 millones 589 mil 633.64 pesos, a los que habría que sumarse los rendimientos citados por unos 152 millones 518 mil 471.15.
La fortuna judicial está integrada por los fideicomisos: de Pensiones Complementarias para mandos superiores (entre ellos ministros) por unos 980 millones 464 mil 807.46 pesos; el de Pensiones Complementarias para mandos medios y personal operativo por 3 mil 507 millones 120 mil 099.72 pesos; el Plan de Prestaciones Médicas que representa unos 170 millones 432 mil 926.69 pesos; el de Manejo del Producto de la Venta de Publicaciones, CD’S y Otros Proyectos que contempla 195 millones 752 mil 590.76 pesos; y finalmente el de Remanentes Presupuestales por mil 639 millones 337 mil 680.16 pesos.
Por instrucciones de la ministra presidenta, Norma Piña, a través de oficios distribuidos el 3 de diciembre del 2024, se instruyó a los fiduciarios: el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), para el fideicomiso 2125; así como Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), para el resto. Según lo que se informa en el DOF, estas instituciones debían enterar a la Tesorería de la Federación sobre los recursos de los fideicomisos en los que la SCJN actuara como fideicomitente.
El 10 de diciembre Banobras cumplió con enterar a la Tesorería de la Federación el total de un sexto fideicomiso, el del Fondo Jurica, que contaba con 853 millones 913 mil 710 pesos, para luego formalizar la extinción del mismo. No obstante, los cinco fideicomisos restantes aún no se entregan debido a las suspensiones otorgadas para protegerlos y retrasar el proceso.
NAFIN ésta informó que está impedida legalmente para cumplir con la instrucción girada por la Ministra Presidenta, en virtud de diversas suspensiones definitivas otorgadas en contra del Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2023″, informó la SCJN.
