El exgobernador de Chihuahua permanecerá en el Penal del Altiplano mientras la FGR decide su vinculación a proceso por desvío de recursos públicos.
Un juez federal impuso prisión preventiva justificada a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, en el Penal del Altiplano, por su presunta responsabilidad en el lavado de 73 millones 925 mil 995 pesos, desviados del erario a dos de sus empresas.
La jueza María Jazmín Ambriz López, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, agendó para este sábado la audiencia en la que determinará si vincula a proceso a Duarte. La medida cautelar se adoptó tras una audiencia de 14 horas y media, pese a que el exmandatario ya portaba un brazalete electrónico por otro proceso en Chihuahua.
La decisión se fundamenta en que Duarte no acreditó su arraigo en algún domicilio actual y podría obstaculizar la investigación de quedar en libertad. La audiencia inicial, que comenzó con retraso, concluyó pasada la 1:30 de la madrugada.
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Duarte haber lavado el 76% de 96.6 millones de pesos desviados del erario entre junio de 2011 y noviembre de 2014, a través de ocho operaciones financieras dispersas entre personas físicas y morales. Los recursos fueron transferidos a las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte SOFOM, de las cuales Duarte era accionista mayoritario.
La FGR presentó 120 pruebas, incluyendo dictámenes periciales, declaraciones ministeriales, actas constitutivas y comprobantes bancarios. Además, los recursos desviados fueron triangulados a empresas como Acala, Pavimentos y Servicios de Parral, Valles Baca Hermanos, El Saucito de Balleza e incluso a su esposa Bertha Olga Gómez Fong.
La gobernadora de Chihuahua ha facilitado recursos públicos procedentes del Fideicomiso Estatal de Fomento de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua o el Instituto Municipal de la Cultura Física y el Deporte a la Administradora Inmobiliaria de Chihuahua S.A de C.V, de la cual es accionista
Aunque la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, mejor conocida como Maru Campos se ha empeñado en negar sus vínculos con el exgobernador César Duarte, hoy preso por el delito de peculado y lavado de dinero. Sus prácticas la delatan.
Al menos, desde 2023, la gobernadora panista ha facilitado contratos para la Administradora Inmobiliaria de Chihuahua S.A de C.V, de la cual es accionista.
Primero como alcaldesa del municipio de Chihuahua, y ahora, como gobernadora del estado, Maru se ha encargado de beneficiar a la única empresa pública de su propiedad.
En lo obscuro, están las otras “inversiones” por la que tan sólo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 generó 7 millones 593 mil 390 pesos, según consigna su declaración patrimonial de 2025.
En dicha declaración, la gobernadora panista que, este diciembre presumió su viaje al Vaticano para conocer al papa León, también declaró ser accionista de la empresa Administradora Inmobiliaria de Chihuahua S.A de C.V, la cual ha recibido numerosos contratos por adjudicación directa.
Contratos derivados de la renta de inmuebles tipo apartamento, oficinas y bodegas, cuyos costos se han cubierto a través del Fideicomiso Estatal de Fomento de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua, el Instituto Municipal de la Cultura Física y el Deporte o la Dirección de Desarrollo Urbano.
Aunque la empresa, cuyo RFC y razón social no figuran en la base de datos de proveedores que pública el Gobierno estatal, se conoce, vía transparencia, que en lo que va del año la panista habría destinado al menos dos contratos por adjudicación directa a su inmobiliaria.
El primero de ellos data del 1 de abril de 2025, cuando la Administradora Inmobiliaria de Chihuahua S.A de C.V destinó 28 mil pesos del presupuesto de egresos a la renta de un inmueble no especificado. Mismos que fueron pagados con una transferencia bancaria el 26 de junio de 2025. Sin que el Fideicomiso especificara el tipo de contrato o su duración.
Ese mismo 26 de junio de 2025, mediante una segunda transferencia de fondos. El Fideicomiso transfirió otros 56 mil 400 pesos, sumando un total de 84 mil 400 pesos transferidos en el mismo día.
Por otra parte, la Dirección de Desarrollo Urbano contrató los servicios de la inmobiliaria panista en marzo de 2025 pagándole 30 mil 505 pesos.
Por lo demás, el Gobierno panista ha denostado las solicitudes de transparencia para hacer públicos todos los contratos, poco le importan los conflictos de interés. Pues en reiteradas ocasiones dependencias de su gobierno han negado la relación con la inmobiliaria.
Duarte en la cárcel, ella en el Vaticano
Maru Campos también es especialista en negar su relación con César Duarte, pero los hechos también la desmienten.
En julio de 2025, se hizo público que la gobernadora se negó a proporcionar información sobre las operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, lavado de dinero o desvío de fondos públicos realizados por César Duarte para comprar más de 50 propiedades en Estados Unidos.
El bufete de abogados que llevaba la demanda civil en el país vecino acusó a la gobernadora de no colaborar “nunca contestó”.
Ahora, mientras el exgobernador de Chihuahua está preso en el penal del Altiplano, la gobernadora se va al Vaticano. En lo que algunos llamarían un “baño mea culpa”.
La FGR judicializa nueva carpeta por desvío de recursos durante la gestión del ex gobernador veracruzano.
El gobierno de Guatemala autorizó a la justicia mexicana imputar nuevos cargos contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en un caso relacionado con desvíos de recursos federales entre diciembre de 2010 y octubre de 2016.
La Fiscalía General de la República (FGR) ya judicializó la nueva carpeta y fijó fecha para la audiencia inicial; sin embargo, la defensa del ex mandatario no se presentó, argumentando que Duarte se encontraba enfermo de COVID-19.
El expediente se integra a partir de denuncias recibidas desde 2016 sobre recursos destinados a obras públicas y adquisición de insumos de salud, entre otras actividades. Las autoridades federales confirmaron que el Ministerio Público Federal solicitó meses atrás a Guatemala la autorización para agregar cargos, conforme a los acuerdos internacionales que rigen la extradición.
Duarte fue considerado prófugo de la justicia en octubre de 2016, pocos días antes de concluir su mandato. Fue detenido el 15 de abril de 2017 en el hotel La Riviera de Atitlán, en Panajachel, Guatemala, tras una orden internacional de localización y aprehensión. El ex gobernador rechazó la entrega voluntaria, y el 17 de julio de 2017 Guatemala aprobó su extradición a México, donde permanece en el Reclusorio Norte.
Semanas atrás, la defensa de Duarte solicitó que cumpliera los últimos cuatro meses de su condena bajo libertad vigilada, pero la jueza Ángela Zamorano Herrera desechó el recurso, argumentando que enfrenta un proceso por desaparición forzada que aún no concluye y no acreditó el cumplimiento de actividades culturales, educativas y recreativas dentro del Reclusorio.
Con información de Gustavo Castillo y César Arellano para La Jornada
El Tribunal Superior de Justicia de Veracruz absolvió a Karime Macías de un presunto fraude de 114 millones de pesos en el DIF estatal. Esta decisión genera serias preocupaciones sobre la justicia en México.
La Tercera Sala del tribunal determinó que la Fiscalía no presentó pruebas sólidas para respaldar las acusaciones. Los magistrados invalidaron los contratos simulados que supuestamente sustentaban el desvío de recursos. Este fallo beneficia a Macías y a dos excolaboradores, dejando sin consecuencias a quienes pudieron haber perjudicado al DIF.
La decisión unánime de los magistrados parece ignorar el contexto de corrupción que rodeó a la gestión de Javier Duarte. Durante su mandato, Macías estuvo involucrada en prácticas que levantaron sospechas sobre el uso indebido de fondos públicos.
Karime Macías se encuentra actualmente en Inglaterra y su absolución reaviva el debate sobre la impunidad en casos de corrupción en México. Muchos se preguntan cómo una figura tan polémica puede eludir la justicia de esta manera.
La falta de pruebas presentadas por la Fiscalía no debería ser excusa para cerrar este caso. La sociedad demanda responsabilidad y transparencia de sus líderes, especialmente en casos de corrupción de alto perfil.
La absolución de Macías no solo afecta a las víctimas potenciales de la corrupción, sino que también socava la confianza del público en el sistema judicial. Este desenlace plantea serias dudas sobre la capacidad del Estado para perseguir la corrupción de manera efectiva.
La situación refleja un panorama desalentador para los ciudadanos que buscan justicia en un país donde los poderosos parecen quedar exentos de las consecuencias de sus acciones.
La Fiscalía de Campeche solicitó el desafuero de Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del PRI. La petición se presentó ante la Cámara de Diputados por presuntos actos de corrupción.
Moreno enfrenta acusaciones de uso indebido de atribuciones y peculado. Se le imputa el desvío de 83 millones 508 mil pesos durante su gestión como gobernador.
La solicitud incluye cuatro carpetas de investigación que detallan diferentes casos de corrupción. En total, 17 exfuncionarios de su gobierno ya están vinculados a proceso.
Los casos abarcan diversas irregularidades, como la construcción de la Plaza Colosio, que supuestamente debía beneficiar a artesanos. En cambio, los locales comerciales se ofrecieron en renta a particulares.
La Fiscalía confirmó que dos personas obtuvieron un criterio de oportunidad. Esto les permite colaborar con las investigaciones a cambio de beneficios legales.
Además, se investiga a una empresa que, originalmente dedicada al buceo, brindó servicios jurídicos a la Administradora Portuaria Integral de Campeche por 23.8 millones de pesos.
Las autoridades también analizan contratos con la televisora Mayavisión, que suman más de 14 millones de pesos. Se considera que estos pagos podrían encubrir un desfalco.
La solicitud de desafuero busca que el senador enfrente las acusaciones. La Cámara de Diputados deberá deliberar sobre este importante caso de corrupción en Campeche.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado un nuevo recurso legal contra Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán. Este recurso intenta anular la protección provisional que evita su detención por el desvío de más de 3 mil millones de pesos en la construcción de siete cuarteles de policía estatal.
Aureoles, quien se desempeñó como gobernador entre 2015 y 2021, tramitó un amparo para evitar ser aprehendido. Sin embargo, la FGR considera que esta protección es incorrecta e injusta. Por ello, interpuso un incidente de revocación ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal.
El Juzgado ahora analizará este incidente, lo que podría llevar a la anulación de la suspensión provisional. Esta medida es crucial, ya que permite que Aureoles no rinda cuentas mientras enfrenta acusaciones de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero.
La situación se complica para el exgobernador, ya que la semana pasada un Tribunal Colegiado ratificó la medida cautelar impugnada por el Ministerio Público Federal. La FGR continúa su lucha para que Aureoles enfrente la justicia por su presunta responsabilidad en estos delitos
Contratos millonarios a proveedores cercanos al partido y despensas fantasma dejan a miles en pobreza extrema.
En 2021, el entonces alcalde de Durango, Jorge Alejandro Salum del Palacio (PAN), prometió instalar comedores comunitarios para alimentar a la población más vulnerable de la capital, donde más de 100 mil personas sufren inseguridad alimentaria y 13 mil viven en pobreza extrema. Sin embargo, una investigación del periodista Ricardo Sevilla Gutiérrez revela que los 16 millones de pesos (mdp) asignados a este fin terminaron en contratos opacos sin beneficiar a quienes más lo necesitan.
Foto: Vía X de @sevillacritico
El proveedor favorito del PAN: Óscar Prisciliano Esparza Chávez
Documentos oficiales muestran que Salum del Palacio canalizó los recursos públicos hacia Óscar Prisciliano Esparza Chávez, un proveedor cercano a los gobiernos panistas en Durango. El 30 de noviembre de 2021, la Secretaría de Bienestar Social del Estado le otorgó un contrato (SBS-DA-03/2021) por 9.1 mdp. Cinco meses después, en abril de 2022, el DIF municipal le entregó otros 7.1 mdp mediante el contrato DIFMPAL/2022/ABR-0001. En total, Esparza Chávez recibió más de 16 mdp sin que se acredite la entrega de despensas o servicios.
Foto: Vía X de @sevillacritico
Contratos opacos y desvío de recursos
La investigación de Sevilla Gutiérrez expone irregularidades en los contratos: no hay evidencia de licitaciones transparentes ni de cumplimiento en la entrega de apoyos. Esparza Chávez, vinculado históricamente al PAN, acumuló pagos millonarios sin fiscalización clara. El caso refleja un patrón de opacidad en el uso de fondos públicos destinados a programas sociales.
El morenista César Cravioto y vocero de Clara Brugada, denunció que funcionarios panistas de la alcaldía Benito Juárez y Álvaro Obregón, están detrás de la campaña de miedo sobre el agua contaminada, además de incitar a bloquear avenidas para dañar al gobierno de la Ciudad de México,
Durante una conferencia de prensa, el Senador por Morena señaló que políticos cercano al candidato de la derecha capitalina, Santiago Taboada y a Lía Limón, candidata a la alcaldía de Álvaro Obregón, son quienes incitan a los ciudadanos de la ciudad a manifestarse, en lugar de coordinarse con el gobierno capitalino para solucionar el problema del agua potable.
Los actuales alcaldes en funciones de Álvaro Obregón y Benito Juárez y su equipo, en lugar de ayudar a resolver el problema se cruzan de brazos y sólo le echan politiquería. En lugar de coadyuvar, a resolver la problemática, lo que están haciendo es azuzar.
Sostuvo Cravioto Romero.
Además de usar el tema del agua como botín político y no ayudar a su solución, funcionarios #panistas de #BJ se dedican a hacer politiquería y a cerrar calles.
El senador presentó imágenes para exhibir a Alejandra Sánchez Munive, subdirectora “A” de la Alcaldía Benito Juárez, durante las protestas y en horario laboral, Sánchez Munive participa activamente en los eventos de Santiago Taboada.
También, mostró imágenes en donde aparece José Luis Armando López Paz, líder coordinador de Proyectos B en Benito Juárez, junto a Maricarmen Porcayo fueron captados en el lugar del bloqueo y son personas allegadas a Federico Döring.
Por su parte, la candidata a diputada local por el Distrito 18, por la coalición “Seguiremos Haciendo Historia”, Camila Martínez, destacó que el Gobierno de la Ciudad de México es la única instancia que ha brindado ayuda a los afectados.
En ese sentido, Martinez Gutiérrez llamó a no partidizar el tema del agua potable en la alcaldía, porque es necesario informar de manera veraz y oportunas ya que se trata del acceso al agua y a la salud.
El morenista César Cravioto que ante la presencia de funcionarios panistas en las protestas durante el bloqueo de la avenida Insurgente, presentará una denuncia en la Contraloría de la Ciudad de México y al Instituto Electoral de la Ciudad (IECM) por el presunto desvió de recursos.
El alcaldedel PAN, Mauricio Tabe, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo, por los delitos de peculado, desvío de recursos y por desfalco al erario público.
Esto luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitiera el Informe de la Fiscalización de la Hacienda Pública Federal de 2022, en el que se detectó que el gobierno que encabeza el panista Tabe Echartea no justificó el gasto de 22 millones 650 mil pesos.
El alcalde Mauricio Tabe no ha justificado como gastó alrededor de 22 millones de pesos de recursos federales, que fueron asignados para la alcaldía Miguel Hidalgo.
Indicó Gustavo García, vecino de Miguel Hidalgo.
📹 #Vídeo | Le cayó el pueblo organizado: Vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo denunciaron ante la @FGRMexico a Mauricio Tabe (@mauriciotabe) por desvío de recursos.
Los vecinos señalaron que el gobierno panista no justificó el gasto de más de 22 millones de pesos.
Por su parte, Ulises Librado explicó que los 22 millones 650 mil pesos gastados injustificadamente, fueron en la “adquisiciones, arrendamientos y servicios” por un monto de 12 millones 600 mil pesos, en la que “no se pudo comprobar el hecho de tener 36 patrullas tipo pick up”, para el programa “blindar MH”.
Además, indicó en el área de obra pública Tabe Echartea no pudo comprobar 10 millones de pesos, que está relacionado con la construcción del nuevo edificio de la alcaldía de Miguel Hidalgo, recuperación de espacios públicos y la construcción de un comedor comunitario.
Finalmente, Cecilia Badillo exigió al alcalde panista que regrese el recurso y expuso que la falta de este recursos es el reflejo de cómo está la alcaldía, con una falta de seguridad y de obras públicas que no se ven.
Tras las diversas críticas al gobierno actual por la desaparición del Fonden, el periodista Ricardo Sevilla Gutiérrez se encargó de ventilar el mal uso que se hizo en sexenios pasados de estos recursos destinados a la atención de desastres naturales en el país.
En un hilo en X, el periodista señaló que el Fonden representó auténticos actos de latrocinio institucionalizado, sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que estos recursos no se usaron para su objetivo principal.
Sevilla Gutiérrez dio a conocer que en el Informe de la Cuenta Pública del 2012, tiempos del priista Enrique Peña Nieto, la Auditoría documentó un posible daño patrimonial en Tabasco por 74.19 millones de pesos, debido a la cancelación de obras, reducción de metas de las mismas y otros remanentes no reportados al Comité Técnico del Fonden.
En 2012, la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 12-0-06100-02-0388, presentada en el Informe de la Cuenta Pública 2012, la ASF documentó un posible daño patrimonial por 74.19 mdp en Tabasco, por cancelación de obras, reducción de metas de obras y otros remanentes no reportados…
Sin embargo, eso no fue todo ya que en ese mismo documento se detectó otro daño 107.59 millones de pesos. Pues en lugar de usar los recursos para las acciones de reconstrucción, el dinero fue desviado para el pago de servicios en dependencias del gobierno del estado, como líneas telefónicas, compra de vales de despensa, alquiler de equipo e incluso compra de material de limpieza.
A esos desvíos se sumaron 27 millones 094 mil pesos por remanentes no reportados adecuadamente y 15 mdp más por contratos cancelados y no reintegrados al fondo.
Otro caso que puso como ejemplo fue en 2013, cuando la ASF revisó la comprobación de recursos del Fonden aplicados en el estado de Guerrero, a causa de la “Tormenta Manuel”. Esta auditoría es la número 13-0-04100-07-0131. En este evento hubo más de 300,000 personas afectadas, en 73 municipios de dicho estado.
A pesar de que en esa auditoría se determinó que la entrega de apoyos del Fonden fue oportuna, una auditoría subsecuente financiera y de cumplimiento, la número 13-0-06100-02-0135, determinó que, “respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al…
Por otra parte, el periodista también dio a conocer que, cuando el panista Felipe Calderón gobernaba en 2006, diputados locales y federales señalaron, en varias ocasiones, el mal uso del presupuesto para resarcir los daños ocasionados por lluvias del “Huracán Stan” en Chiapas. En específico, denunciaron que mil 800 millones de pesos no fueron utilizados en la reconstrucción de las zonas afectadas.
Por último, Sevilla resaltó que el Fonde se creó en 1996 con el pretexto de servir como programa del gobierno federal para atender los efectos generados por desastres naturales; sin embargo, siempre fue cuestionado por la falta de transparencia y desvío del presupuesto.
El Fonden, que nació en 1996 con el pretexto de servir como programa del gobierno federal para atender los efectos generados por desastres naturales, siempre fue cuestionado (y con pruebas y datos duros) por la falta de transparencia y desvío del presupuesto.
