Etiqueta: Desvío de recursos

  • Detectan desfalcos y omisiones durante gobierno panista de Diego Sinhue en Guanajuato

    Detectan desfalcos y omisiones durante gobierno panista de Diego Sinhue en Guanajuato

    Fondos, fideicomisos y programas públicos operaron sin control, con pagos sin sustento, créditos no recuperados y gasto sin comprobación durante el sexenio panista.

    Durante el sexenio del panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (2018-2024), la entonces Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato acumuló irregularidades financieras, omisiones administrativas y falta de control del gasto, de acuerdo con cinco denuncias administrativas presentadas por la Secretaría de la Honestidad.

    Las anomalías fueron detectadas en el periodo 2021-2024, cuando la dependencia estuvo bajo la responsabilidad de Mauricio Usabiaga Díaz Barriga y posteriormente de Ramón Alfaro Gómez, ambos funcionarios del gobierno estatal encabezado por el PAN. Los expedientes ya se encuentran en investigación en la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

    Dos de las denuncias señalan fallas graves en Fondos Guanajuato de Financiamiento y en el Fideicomiso Fondo Guanajuato de Inversión en Zonas Marginadas, donde no se dio seguimiento a la recuperación de créditos vencidos de programas como Crédito Mayor y Fondo de Arranque, particularmente durante 2024, sin que existan registros claros de recuperación de recursos públicos.

    Otra denuncia documenta inconsistencias en el Fideicomiso Parque Guanajuato Bicentenario, al no encontrarse evidencia del ejercicio del gasto en 2023 y 2024. Se identificaron contrataciones sin autorización, servicios pagados sin respaldo documental y pólizas de egreso sin validación, lo que impide conocer el destino real de los recursos.

    También se detectaron anomalías en el programa VID GTO, donde un servidor público resultó beneficiado, además de entregables duplicados, incompletos o inexistentes, y la omisión de solicitudes de reintegro a asociaciones beneficiadas.

    La quinta denuncia corresponde al programa SONAM Entrelazadas, por pagos sin sustento legal, subcontrataciones indebidas y posibles desvíos registrados en los ejercicios fiscales 2023 y 2024, lo que refleja un patrón de opacidad en el manejo de recursos durante la administración panista.

  • Cae otro ex colaborador de García Luna por desvío millonario en penales federales

    Cae otro ex colaborador de García Luna por desvío millonario en penales federales

    La FGR vincula el caso con contratos simulados para el equipamiento de cárceles federales, cuyo daño al erario supera los 5 mil millones de pesos.

    La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Jesús Alberto “N”, ex colaborador del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por su probable participación en el desvío de más de 5 mil millones de pesos mediante contratos ilegales relacionados con el sistema penitenciario federal.

    De acuerdo con las investigaciones, el ex funcionario habría intervenido en la celebración y simulación de contratos con recursos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), encargado de los penales federales, para canalizar fondos públicos a empresas controladas por García Luna.

    La FGR precisó que los hechos se relacionan con 10 contratos ilegales para el equipamiento de cárceles federales, firmados entre 2013 y 2015, cuyo daño patrimonialasciende a 5 mil 112 millones de pesos. Estas operaciones, según la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), formaron parte de un esquema para saquear recursos públicos.

    Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron la orden de aprehensión en Cuernavaca, Morelos. Tras la lectura de sus derechos y su certificación médica, Caballero Tardaguila fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de un juez federal.

    El ex colaborador de García Luna será procesado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícitadelincuencia organizada y peculado. En las próximas horas, el Ministerio Público Federal solicitará la audiencia inicial para formular imputación y definir su situación jurídica, en un caso que profundiza el cerco judicial contra la red de corrupción vinculada al ex titular de la SSP.

  • Morena exige a la FGR indagar contratos millonarios con Next Energy en Aguascalientes

    Morena exige a la FGR indagar contratos millonarios con Next Energy en Aguascalientes

    Senadores denuncian que el municipio ha pagado por más de cinco años servicios de energía inexistentes, con un presunto daño al erario superior a mil millones de pesos.

    La bancada de Morena en el Senado solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar un presunto desvío de recursos públicos en Aguascalientes, donde el municipio ha realizado pagos millonarios a la empresa Next Energy por un servicio de energía eléctrica que no ha sido prestado desde hace cinco años.

    La senadora Nora Ruvalcaba advirtió que más de mil millones de pesos del erario han sido transferidos a una compañía que no ha generado un solo vatio, pese a los contratos vigentes. Señaló que el origen del esquema se remonta a la gestión de María Teresa Jiménez Cantú, hoy gobernadora de Aguascalientes, cuando fungía como presidenta municipal.

    De acuerdo con la legisladora, durante ese periodo el municipio fue endeudado por 10 años para adquirir 55 mil luminarias a sobreprecio, y posteriormente se firmó un convenio con Next Energy para el suministro de electricidad. Un año después, la empresa incumplió, pero aun así el acuerdo fue extendido para abastecer energía destinada a la extracción de agua en pozos.

    Ruvalcaba subrayó que, pese a la falta de servicio, los pagos continuaron y actualmente se cumple el sexto año de contratos, ya que el cabildo analiza incluir nuevamente esos recursos en el presupuesto de 2026. Recordó que Mario Delgado, cuando era dirigente nacional de Morena, presentó una denuncia ante la FGR, sin que se realizara diligencia alguna.

    La senadora afirmó que existieron omisiones graves durante la anterior administración de la fiscalía y expresó confianza en que la nueva titular de la FGR retome el caso. Añadió que ya como gobernadora, Jiménez Cantú amplió los beneficios del convenio para suministrar energía a oficinas estatales y municipios gobernados por PAN y PRI.

    Finalmente, Ruvalcaba acusó a la mandataria estatal de proteger a la empresa y permitir un esquema de corrupción sistemática, al asegurar que los recursos desviados estarían financiando campañas políticas.

    Con información de La Jornada.

  • Morena exige reabrir expediente contra Ricardo Gallardo; FGR de Gertz congeló la investigación

    Morena exige reabrir expediente contra Ricardo Gallardo; FGR de Gertz congeló la investigación

    La investigación por más de 700 millones de pesos fue congelada durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, pese a alertas de la UIF desde 2020.

    Una investigación de Dulce Olvera para Sin Embargo reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene congelada desde hace años una investigación contra el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, por el presunto desvío de más de 700 millones de pesos, denunció Agustín de la Rosa, cofundador de Morena en la entidad, quien exigió que el caso sea reabierto de inmediato bajo la nueva titularidad de Ernestina Godoy.

    El expediente fue integrado con información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada entonces por Santiago Nieto, que en agosto de 2020 alertó a la FGR sobre transferencias irregulares por al menos 724 millones de pesos de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí hacia empresas privadas vinculadas a la familia Gallardo, entre 2012 y 2019.

    De la Rosa acusó que, durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, la investigación quedó en el archivo muerto, lo que permitió que Gallardo no solo llegara a la gubernatura, sino que ahora impulse reformas legales para heredar el poder a su esposa, la senadora Ruth González, a través de la polémica llamada “Ley Ruth”.

    El Congreso local aprobó en fast track una reforma que obligaría a que la candidatura a la gubernatura en 2027 sea exclusivamente para una mujer. La votación fue avalada por legisladores del PVEM, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, apenas días después de que el gobernador ofreciera una posada a diputados con regalos, rifas y hasta camionetas, hecho que ha sido señalado como una muestra de corrupción política descarada.

    Morena votó en contra y anunció que buscará impugnar la ley por inconstitucional, al considerar que se trata de un intento por consolidar un cacicazgo familiar y una forma de nepotismo que choca frontalmente con los principios de la Cuarta Transformación.

    “El expediente no puede seguir durmiendo. O hay delito o no lo hay, pero la Fiscalía debe decirlo ya”, advirtió De la Rosa. El caso Gallardo se ha convertido en un símbolo de impunidad, y su reactivación sería una prueba clave para medir si la FGR realmente rompió con la política de encubrimiento del pasado.

    Con información de Dulce Olvera para Sin Embargo.

  • Vinculan a proceso a exsecretario de Educación de Sonora por desvío millonario

    Vinculan a proceso a exsecretario de Educación de Sonora por desvío millonario

    La Fiscalía Anticorrupción sostiene que más de 287 millones de pesos destinados al ISR fueron canalizados ilegalmente mediante un fideicomiso sin autorización fiscal.

    Un juez de control vinculó a proceso a Ernesto “N”, ex titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de Sonora, por su presunta participación en un desvío de recursos públicos superior a los 287 millones de pesos, durante su gestión al frente de la dependencia estatal.

    En audiencia celebrada en Hermosillo, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora presentó datos de prueba que apuntan a la existencia de contratos mediante los cuales recursos destinados al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) habrían sido desviados hacia un fideicomiso denominado “Plan de Beneficios Múltiples”, el cual carecía de autorización fiscal.

    De acuerdo con la investigación, dicho fideicomiso se nutrió de fondos provenientes de la nómina estatal, en un esquema que habría involucrado a otros servidores públicos y particulares, permitiendo la distracción sistemática de recursos del erario. Con base en estos elementos, el juez determinó que existen indicios suficientes para iniciar proceso penal contra el exfuncionario.

    Como medida procesal, se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo que concluirá el 13 de marzo de 2026, tiempo durante el cual el Ministerio Público continuará integrando pruebas y deslindando responsabilidades.

    Este caso se suma a otros procesos abiertos contra exfuncionarios de administraciones anteriores en Sonora. Destaca el de Raúl Navarro Gallegos, exsecretario de Finanzas en los gobiernos de Manlio Fabio Beltrones y Claudia Pavlovich, vinculado a proceso por peculado y asociación delictuosa.

    La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que los avances se darán a conocer conforme lo permitan los tiempos legales, mientras los expedientes continúan su curso en los tribunales.

  • Vinculan a proceso a César Duarte por lavado de dinero

    Vinculan a proceso a César Duarte por lavado de dinero

    El exgobernador de Chihuahua permanecerá en prisión mientras se investigan presuntos desvíos millonarios del erario estatal mediante empresas vinculadas a su patrimonio.

    Un juez federal vinculó a proceso a César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, también conocido como lavado de dinero, en una causa que apunta a desvíos millonarios cometidos durante su administración.

    Durante la continuación de la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo que Duarte deberá enfrentar interno en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. La Fiscalía General de la República (FGR) había solicitado cuatro meses; sin embargo, la jueza concedió el tiempo adicional a petición de la defensa.

    De acuerdo con las indagatorias, entre 2012 y 2016 el exmandatario habría desviado cerca de 96 millones de pesos provenientes de un programa de apoyo al campo, recursos canalizados por la Secretaría de Hacienda de Chihuahua. La FGR sostiene que al menos 73 millones de pesos fueron transferidos de manera dolosa a cuentas de empresas en las que Duarte sería accionista mayoritario, configurando el delito federal.

    Los abogados del exgobernador intentaron frenar la vinculación a proceso bajo el argumento de insuficiencia de pruebas, pero la jueza consideró que existen elementos suficientes para iniciar formalmente el juicio penal.

    Cabe recordar que Duarte ya enfrentaba una medida de prisión domiciliaria, con brazalete electrónico, por un proceso estatal relacionado con peculado; no obstante, la juzgadora ordenó su reclusión en el Altiplano, al tratarse de un delito distinto y de competencia federal.

    La detención más reciente ocurrió el 8 de diciembre, cuando Duarte salía de su domicilio en Chihuahua, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada en mayo de 2024 por un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. La FGR informó que el gobierno de Estados Unidos autorizó en diciembre de 2025 su procesamiento por este nuevo delito, distinto a los de peculado y asociación delictuosa, por los que fue extraditado desde Miami en 2022.

  • Detienen a operador ligado a García Luna; desvió más de 5 mil millones de pesos de prisiones federales

    Detienen a operador ligado a García Luna; desvió más de 5 mil millones de pesos de prisiones federales

    El detenido habría participado en el desvío de recursos públicos destinados a cárceles federales mediante facturación falsa y empresas fachada vinculadas a la red de corrupción del ex secretario de Seguridad.

    Autoridades federales detuvieron a Jesús Gabriel “N”, identificado por el gobierno federal como uno de los operadores financieros de la red de corrupción encabezada por Genaro García Luna, responsable del desvío de más de 5 mil millones de pesos destinados al mantenimiento y obras en prisiones federales durante su gestión al frente de la Secretaría de Seguridad Pública.

    De acuerdo con las investigaciones, Jesús “N” forma parte de un grupo de al menos 60 personas contra quienes existen órdenes de aprehensión por su presunta participación en el entramado financiero. Dentro del monto total desviado, se le atribuyen operaciones por 2 mil 950 millones de pesos, utilizadas para ocultar el origen ilícito de los recursos mediante facturas falsas y movimientos a través de empresas fachada.

    Las indagatorias federales vinculan estas operaciones con compañías relacionadas con Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, señaladas por simular servicios y contratos inexistentes. El Registro Nacional de Detenciones (RND) de la SSPC confirmó que la captura ocurrió el jueves pasado, aunque no se detalló el lugar de traslado ni su inmediata puesta a disposición judicial.

    La Fiscalía General de la República (FGR) había obtenido desde diciembre de 2021 una orden de aprehensión en su contra, emitida por un juez federal con sede en el Cefereso No. 1 “Altiplano”, en el Estado de México. En la ficha oficial se describen las características físicas y vestimenta del detenido al momento de su arresto.

    Este caso se suma a otras detenciones relevantes, como la de Gloria García Luna y su hijo Édgar Anúar Rodríguez García, hermana y sobrino del ex funcionario, quienes enfrentan procesos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las investigaciones también apuntan a triangulaciones financieras con empresarios estadounidenses, a quienes se adjudicaron contratos de obras y servicios que nunca se cumplieron, profundizando el escándalo de corrupción ligado al sexenio pasado.

  • César Duarte queda en prisión preventiva por presunto lavado de 73.9 millones de pesos

    César Duarte queda en prisión preventiva por presunto lavado de 73.9 millones de pesos

    El exgobernador de Chihuahua permanecerá en el Penal del Altiplano mientras la FGR decide su vinculación a proceso por desvío de recursos públicos.

    Un juez federal impuso prisión preventiva justificada a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, en el Penal del Altiplano, por su presunta responsabilidad en el lavado de 73 millones 925 mil 995 pesos, desviados del erario a dos de sus empresas.

    La jueza María Jazmín Ambriz López, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, agendó para este sábado la audiencia en la que determinará si vincula a proceso a Duarte. La medida cautelar se adoptó tras una audiencia de 14 horas y media, pese a que el exmandatario ya portaba un brazalete electrónico por otro proceso en Chihuahua.

    La decisión se fundamenta en que Duarte no acreditó su arraigo en algún domicilio actual y podría obstaculizar la investigación de quedar en libertad. La audiencia inicial, que comenzó con retraso, concluyó pasada la 1:30 de la madrugada.

    La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Duarte haber lavado el 76% de 96.6 millones de pesos desviados del erario entre junio de 2011 y noviembre de 2014, a través de ocho operaciones financieras dispersas entre personas físicas y morales. Los recursos fueron transferidos a las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte SOFOM, de las cuales Duarte era accionista mayoritario.

    La FGR presentó 120 pruebas, incluyendo dictámenes periciales, declaraciones ministeriales, actas constitutivas y comprobantes bancarios. Además, los recursos desviados fueron triangulados a empresas como Acala, Pavimentos y Servicios de Parral, Valles Baca Hermanos, El Saucito de Balleza e incluso a su esposa Bertha Olga Gómez Fong

  • A lo Duarte, Maru Campos desvía recursos estatales para su inmobiliaria

    A lo Duarte, Maru Campos desvía recursos estatales para su inmobiliaria

    Por Martha Rojas

    La gobernadora de Chihuahua ha facilitado recursos públicos procedentes del Fideicomiso Estatal de Fomento de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua o el Instituto Municipal de la Cultura Física y el Deporte a la Administradora Inmobiliaria de Chihuahua S.A de C.V, de la cual es accionista

    Aunque la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, mejor conocida como Maru Campos se ha empeñado en negar sus vínculos con el exgobernador César Duarte, hoy preso por el delito de peculado y lavado de dinero. Sus prácticas la delatan.

    Al menos, desde 2023, la gobernadora panista ha facilitado contratos para la Administradora Inmobiliaria de Chihuahua S.A de C.V, de la cual es accionista.

    Primero como alcaldesa del municipio de Chihuahua, y ahora, como gobernadora del estado, Maru se ha encargado de beneficiar a la única empresa pública de su propiedad.

    En lo obscuro, están las otras “inversiones” por la que tan sólo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 generó 7 millones 593 mil 390 pesos, según consigna su declaración patrimonial de 2025.

    En dicha declaración, la gobernadora panista que, este diciembre presumió su viaje al Vaticano para conocer al papa León, también declaró ser accionista de la empresa Administradora Inmobiliaria de Chihuahua S.A de C.V, la cual ha recibido numerosos contratos por adjudicación directa.

    Contratos derivados de la renta de inmuebles tipo apartamento, oficinas y bodegas, cuyos costos se han cubierto a través del Fideicomiso Estatal de Fomento de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua, el Instituto Municipal de la Cultura Física y el Deporte o la Dirección de Desarrollo Urbano.

    Aunque la empresa, cuyo RFC y razón social no figuran en la base de datos de proveedores que pública el Gobierno estatal, se conoce, vía transparencia, que en lo que va del año la panista habría destinado al menos dos contratos por adjudicación directa a su inmobiliaria.

    El primero de ellos data del 1 de abril de 2025, cuando la Administradora Inmobiliaria de Chihuahua S.A de C.V destinó 28 mil pesos del presupuesto de egresos a la renta de un inmueble no especificado. Mismos que fueron pagados con una transferencia bancaria el 26 de junio de 2025.
    Sin que el Fideicomiso especificara el tipo de contrato o su duración.

    Ese mismo 26 de junio de 2025, mediante una segunda transferencia de fondos. El Fideicomiso transfirió otros 56 mil 400 pesos, sumando un total de 84 mil 400 pesos transferidos en el mismo día.

    Por otra parte, la Dirección de Desarrollo Urbano contrató los servicios de la inmobiliaria panista en marzo de 2025 pagándole 30 mil 505 pesos.

    Por lo demás, el Gobierno panista ha denostado las solicitudes de transparencia para hacer públicos todos los contratos, poco le importan los conflictos de interés. Pues en reiteradas ocasiones dependencias de su gobierno han negado la relación con la inmobiliaria.

    Duarte en la cárcel, ella en el Vaticano

    Maru Campos también es especialista en negar su relación con César Duarte, pero los hechos también la desmienten.

    En julio de 2025, se hizo público que la gobernadora se negó a proporcionar información sobre las operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, lavado de dinero o desvío de fondos públicos realizados por César Duarte para comprar más de 50 propiedades en Estados Unidos.

    El bufete de abogados que llevaba la demanda civil en el país vecino acusó a la gobernadora de no colaborar “nunca contestó”.

    Ahora, mientras el exgobernador de Chihuahua está preso en el penal del Altiplano, la gobernadora se va al Vaticano. En lo que algunos llamarían un “baño mea culpa”.