La Cámara de Diputados aprueba reformas al Código Penal Federal para endurecer las sanciones por despojo, especialmente contra grupos vulnerables.
La Cámara de Diputados tomó una decisión importante al aprobar reformas al Código Penal Federal (CPF) que incrementarán las penas por el delito de despojo. La reforma, aprobada por unanimidad con 413 votos, responde a un problema creciente en el país, donde miles de personas han sido víctimas de este delito.
El legislador Gerardo Ulloa Pérez, del partido Morena, destacó durante la sesión que el despojo afecta profundamente a la sociedad. Mencionó que, en el Estado de México, se han registrado más de 42 mil casos de despojo entre 2015 y 2025. Esto pone de manifiesto la urgencia de abordar esta cuestión.
Con la nueva reforma, los responsables de despojos en grupo enfrentarán penas de entre 10 y 15 años de prisión. Por otro lado, quienes cometan este delito de manera repetida podrían recibir sentencias de 5 a 25 años. El nuevo artículo 395 Bis agrega agravantes que aumentarán las penas para los servidores públicos involucrados. También se castigará con de 6 a 10 años adicionales de prisión a aquellos que se hagan pasar por notarios o afecten a personas vulnerables.
La reforma busca proteger especialmente a adultos mayores y personas con discapacidad. Estas poblaciones son más susceptibles a abusos, y la ley ahora busca ofrecerles una mayor protección y justicia.
En otro tema, los diputados también aprobaron un dictamen que protege a los sindicatos de la interferencia de funcionarios públicos. Este cambio en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado garantiza que la representación sindical refleje realmente la voluntad de los trabajadores. La diputada Sonia Rincón Chanona, también del partido Morena, afirmó que esta medida fortalecerá la transparencia en las relaciones laborales y protegerá los derechos de los agremiados.
Con estas reformas, la Cámara de Diputados pretende no solo combatir el delito de despojo, sino también promover un entorno laboral más justo y respetuoso. Las decisiones tomadas hoy marcan un avance significativo en la lucha por los derechos de todos los ciudadanos.
Seis presuntos delincuentes fueron capturados tras cuatro cateos; aseguraron más de mil dosis de cocaína y armas, mientras las autoridades continúan reforzando la seguridad en la capital.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con la FGJ-CDMX, la SSPC, la Sedena, la Semar y la Guardia Nacional, detuvo este lunes a seis presuntos integrantes de una banda dedicada al robo a casa habitación y al narcomenudeo, tras cuatro cateos realizados en la Alcaldía Azcapotzalco.
Según investigaciones, la célula operaba en las zonas sur y poniente de la capital, relacionada con al menos ocho robos cometidos entre abril de 2024 y enero de 2025, en colonias como Del Carmen, Anzures, Irrigación y Un Hogar para Nosotros. Los inmuebles cateados eran usados tanto para planear robos como para almacenar drogas.
Resultado de trabajos de investigación para el combate al delito de #robo a casa habitación y la detención de generadores de violencia, compañeros de @SSC_CDMX, en coordinación con agentes de la @FiscaliaCDMX, ejecutaron cuatro órdenes de cateo en @AzcapotzalcoMx.
Durante los operativos, las autoridades aseguraron 1,180 dosis de clorhidrato de cocaína, un arma corta, un cargador con 50 cartuchos, teléfonos móviles y documentación oficial.
Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes.
Dos de los arrestados, de 31 y 29 años, cuentan con antecedentes por robo calificado, robo agravado y delitos contra la salud, cometidos entre 2020 y 2025 en la capital. Las acciones se realizaron sin uso de violencia, respetando los protocolos policiales y los derechos humanos.
La SSC y la FGJ destacaron que continuarán con operativos de inteligencia y seguridad, enfocados en combatir el robo a casa habitación, narcomenudeo y delitos de alto impacto, con el objetivo de garantizar la paz y seguridad en Ciudad de México.
El dictamen impulsado por el gobierno de Clara Brugada y aprobado por unanimidad busca frenar los despojos con penas más severas, nuevas agravantes y sanciones a notarios negligentes.
El Congreso de la Ciudad de México aprobó en comisiones un dictamen de reforma que endurece las penas contra el delito de despojo, con sanciones de seis a once años de prisión y multas superiores a 113 mil pesos para quienes incurran en esta práctica.
La iniciativa, propuesta por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y respaldada por legisladores de diversas bancadas, incluye reformas al Código Penal, Código Civil, Ley Registral y Ley del Notariado capitalinos. El objetivo es cerrar el paso a fraudes inmobiliarios, suplantación de identidad y actos simulados utilizados para despojar a familias de sus viviendas o terrenos.
Entre las nueve nuevas agravantes, el dictamen contempla penas más altas cuando el despojo se cometa con documentos falsos o alterados, cuando lo perpetre un funcionario público, o cuando las víctimas sean personas adultas mayores. También se sancionará con mayor severidad si el acto ocurre en Áreas Naturales Protegidas o involucra usurpación de identidad.
En materia civil, la reforma introduce el concepto de “mala fe” cuando la posesión derive de un acto jurídico simulado, de un título inválido o de un contrato no inscrito cuyo propósito sea obtener un beneficio indebido o perjudicar a un tercero. Además, los notarios públicos serán responsables si, por negligencia o mala fe en la verificación de documentos, facilitan un despojo.
El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Alberto Martínez Urincho, señaló que el despojo no sólo implica la pérdida de un bien material, sino también la afectación emocional y económica de las víctimas. Denunció que este delito es cometido frecuentemente por redes delictivas coludidas con autoridades o notarios, quienes utilizan violencia y vacíos legales para apropiarse de inmuebles.
De igual manera, recalcó que combatir el despojo requiere acción colectiva y compromiso institucional para proteger el derecho de propiedad y garantizar la legalidad en la capital. El dictamen fue aprobado por unanimidad en las comisiones unidas y turnado a la Mesa Directiva del Congreso capitalino para su discusión y votación en el pleno.
La Fiscalía General del Estado de Puebla cumplimentó una orden de aprehensión contra Renato “N”, señalado por su presunta participación en los delitos de despojo agravado y daño en propiedad ajena, ocurridos durante una obra de infraestructura hídrica en San Miguel Xoxtla.
Según las investigaciones, el 28 de mayo de 2025, Renato “N” encabezó a un grupo de unas 30 personas que irrumpió en una zona donde se instalaba tubería para el suministro de agua potable. Presuntamente arrojaron piedras y objetos que ocasionaron daños materiales significativos y alteraron el desarrollo del proyecto.
Agentes de Investigación lo ubicaron y detuvieron en la colonia Granjas Puebla, en la capital del estado, en cumplimiento de un mandato judicial y bajo los principios de legalidad, debido proceso y respeto a los derechos humanos.
El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica en los próximos días. La Fiscalía reiteró su compromiso de actuar ante actos que afecten bienes públicos y obstaculicen obras en beneficio de la población.
Mediante la publicación de un edicto en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, quedó al descubierto el ilegal proceder de José Antonio Loret de Mola Gómory, quien despojó a particulares de tres valiosos terrenos costeros en Tulum, a través de ilegítimos certificados parcelarios ejidales, obtenidos mediante argucias y corrupción por la “mafia Agraria” de la que forma parte.
Este empresario yucateco –parte de la familia de los Loret de Mola que también son dueños de gasolineras, constructoras y de diversos otros negocios– desde hace años que incursionó en la compra de parcelas en Quintana Roo a través de la adquisición de derechos ejidales, aunque en su estado natal ha usado este esquema para hacerse dueño de grandes extensiones de terrenos.
Se trata de tres terrenos, que abarcan más de 2 mil 500 metros cuadrados con frente al mar Caribe, ubicados en Punta Piedra, un importante punto de la Zona Costera de Tulum, donde actualmente funcionan gran número de hoteles “boutique”, restaurantes y clubes de playa, con altísima plusvalía, ya que reciben miles de turistas extranjeros cada mes.
En 2015, de forma fraudulenta, el ejido José María Pino Suárez, compuesto en su mayoría por empresarios y ex funcionarios, modificó su plano para apropiarse de estas 400 hectáreas de zona costera, pese a que ésta que tenía título de propiedad. José Antonio Loret de Mola Gómory, parte de este grupo de “ejidatarios” recibió los tres terrenos ya mencionados, que poco después vendió a Antonino Almazán Arteaga, alias “La Muñeca”, ex delegado del Registro Agrario Nacional y una de las mentes operadoras de este millonario despojo de tierras, ampliamente considerado como uno de los cabecillas de esta “Mafia Agraria”.
Amparados por los gobernadores priistas de esos años, esta mafia despojó a sus anchas a propietarios de hoteles, con uso de la fuerza pública y desalojo de turistas, lo que supuso un duro golpe a la imagen de Tulum.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, inició un análisis de esta situación jurídica, y el descubrimiento del fraude cometido, por lo que esa asamblea “ejidal” y todos los despojos que de ahí derivaron fueron anulados.
Ahora, el propietario de estos terrenos ha emplazado Antonino Almazán a juicio, en el que igualmente figura José Antonio Loret de Mola Gómory, para que se confirme que estas personas no tienen derecho alguno sobre estas parcelas y que se anule su fraudulento acto de compraventa.
No son las únicas propiedades de las que se apoderó, a través de la mafia agraria, José Antonio Loret de Mola Gómory, pues también se había quedado con otro predio, en donde edificó de forma ilegal el hotel “Iguana Blue”. Esa propiedad le fue arrebatada en 2016, dentro de un gigantesco operativo en el que desalojaron 16 hoteles, para restituirlos a sus verdaderos dueños.
Vía: Novedades Yucatán
La pérdida de estos valiosos predios en Tulum supondría un golpe para este empresario, pero en Yucatán él ya se ha apropiado de muchos terrenos, al parecer con información privilegiada de dónde habrá desarrollo.
Tal es el caso reciente con la construcción del nuevo aeropuerto de Mérida, en tierras de Ucum que él poseía. Lo sospechoso del caso es que su empresa, Ciclo, fue designada por aquel gobierno, años antes, como operadora del Aeropuerto de Chichén Itzá, por lo que es muy posible que José Antonio Loret de Mola Gómory supiera de antemano dónde se emplazaría la terminal aérea de Mérida.
Este Loret de Mola, parte de la misma familia que desciende de un gobernador y que incluye al periodista Carlos Loret de Mola, es dueño además de múltiples gasolineras (Grupo Lodermo) y constructoras, e incluso la concesionaria encargada de la recolecta de basura en Mérida (Sana).
Otros integrantes de esta familia, los Loret de Mola Coldwell, operan una gigantesca granja porcina que fue suspendida por daños ambientales. También pretendían colocar una “megagranja” avícola sobre una zona de cenotes, lo que generó una fuerte movilización ciudadana en contra del proyecto, que ya no prosperó.
Todos están ampliamente ligados a los gobiernos panistas de ese estado (varios han ocupado cargos públicos), quienes así han obtenido trato privilegiado para emprender negocios, obtener concesiones y, como en este caso, despojar terrenos a través de fraudes en ejidos. Son temas que, cuando se trata de su familia, el comunicador Carlos Loret de Mola calla de forma cómplice.
El día de hoy 3 de julio, desde Palacio Nacional, el periodista Hans Salazar cuestionó al Presidente Andrés Manuel López Obrador acerca del “Cartel del Despojo” en el estado de Oaxaca, y mencionó en especifico el caso de Gaudencio López quien se le pretende despojar de su terreno de aproximadamente 2500 metros cuadrados cerca de “Puerto Angelito”. El despojo es por parte de la administración del municipio de Puerto Escondido.
Hans Salazar indicó que quien comenzó con estas medidas fue el anterior gobernador del municipio debido a las nuevas formas de movilidad.
Hans hizo mención de que quemaron con diésel el terreno del señor Gaudencio y que dejaron patrullas qué ahora son “chatarra” para invadir el terreno, se trata de un hostigamiento ya qué policías del municipio fueron a romper ventanas de esas patrullas y ahora le quieren cobrar los “daños”. Casos como los del señor Gaudencio hay muchos.
El periodista comentó que en una entrevista con Javier Cruz, el gobernador actual, indicó que son cosas que se han venido arrastrando, qué tomará acción con respecto al caso y que la “chatarra”, no debe estar cerca de la playa ya qué es altamente contaminante.
En relación con lo anterior, el Presidente contestó qué se pedirá el apoyo del Gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara. Asimismo, Andrés Manuel comentó que en las zonas turísticas se han permitido muchos abusos, por está razón, propuso qué se dejaran planes de desarrollo urbano antes de que termine su gobierno. Comentó que estos sucesos pasan por las rutas del tren maya ya qué aumentará la población y el turismo. Por lo tanto, concluyó qué se pondrá orden en los sitios de desarrollo urbano haciendo justicia para evitar invasiones y declarará a estos terrenos como sitios de áreas naturales protegidas.
Caso de impunidad
Asimismo, Hans Salazar tocó el tema de impunidad en donde expuso el caso de la hija de Mauricio Gutiérrez López, Estefania. Quien presuntamente fue víctima de un feminicidio en el Estado de Querétaro el año pasado. Hans mencionó que al día de hoy no se ha tenido justicia por Estefania, además de que la Fiscalia de Querétaro no le ha proporcionado la carpeta de investigación al padre de la víctima.
Se ha señalado qué los presuntos culpables fueron la ex pareja y el ex cuñado de la víctima. De igual forma, el periodista señaló qué “se han ido robando las cosas de la víctima ya qué están aseguradas ciertas propiedades.”
El Presidente respondió que se está atendiendo el caso, qué hay investigaciones y que solicitará un informe para que se trate el tema con el gabinete de seguridad el día de la información de” cero impunidad”. Afirmó qué desde hoy se empezarán a revisar los avances.
