A pocos días de cumplirse 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, familiares de las víctimas, junto a organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales, se reunieron para definir la logística y plan de acción rumbo a la jornada de septiembre.
De acuerdo con información de La Jornada, en el encuentro, los asistentes corearon consignas como “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “26 de septiembre, no se olvida”, recordando la exigencia de verdad y justicia.
Las actividades se desarrollarán del 17 al 23 de septiembre en Guerrero, y del 24 al 26 en la Ciudad de México, donde se espera la participación masiva de colectivos solidarios.
Isidoro Vicario Aguilar, representante de los padres, subrayó la importancia de la solidaridad y el apoyo logístico de las organizaciones civiles para mantener viva la movilización, mientras que estudiantes de la Normal de Ayotzinapa reiteraron que la lucha no solo pertenece a las familias, sino a toda la sociedad que exige justicia.
Con esta jornada, los padres de los 43 reafirmaron que, a más de una década, la Noche de Iguala sigue siendo una herida abierta en México que exige respuesta del Estado.
El norte de Veracruz vive una escalada de violencia protagonizada por CJNG, Grupo Sombra y Gente Nueva, que pelean por el control territorial y cobran piso a negocios de todo tipo. La Huasteca y el Totonacapan se han convertido en zonas de extorsión, secuestros y reclutamiento forzado. de acuerdo con una investigación de Milenio.
Pobladores han denunciado fosas clandestinas en Tihuatlán con decenas de cuerpos, mientras la extorsión afecta desde restaurantes y comercios hasta taxistas y vendedores de bienes raíces. Incluso desde cárceles, miembros del Grupo Sombra coordinan pagos y ejecuciones, como el asesinato de la maestra Irma Hernández.
En agosto de 2025, más de 30 homicidios se registraron en municipios como Tuxpan, Poza Rica y Papantla. Motines y ataques con drones al penal de Tuxpan muestran la capacidad de estos cárteles para sembrar terror y controlar rutas clave.
Empresarios reportan pagos de hasta 34 mil pesos mensuales para mantener sus negocios abiertos, mientras sicarios jóvenes imponen miedo con armas largas y amenazas directas. La violencia también alcanza a la venta de casas y taxis, con cobros que funcionan como un “diezmo criminal”.
Veracruz registra casi 7 mil personas desaparecidas, aunque colectivos de familiares estiman más de 10 mil. Las autoridades aseguran coordinación con el gobierno estatal para combatir la extorsión, pero la guerra entre cárteles mantiene a la población bajo constante amenaza.
El abogado Vidulfo Rosales, quien durante una década representó a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, anunció su renuncia al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, donde trabajó por más de 24 años.
Rosales explicó que su decisión se basa en motivos personales, además de la falta de recursos y respaldo político para continuar con la defensa de los familiares de los estudiantes desaparecidos en 2014.
De acuerdo con diversas versiones, Rosales podría integrarse al equipo de trabajo de Hugo Aguilar, próximo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien asumirá funciones el 1 de septiembre de 2025.
Nacido en 1976 en Totomixtlahuaca, Guerrero, Rosales ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos y la justicia social, especialmente en comunidades indígenas. Debido a esto, a lo largo de su carrera, ha enfrentado amenazas y presiones, al grado que se ha visto obligado a salir del país por razones de seguridad.
Su caso más destacado fue como abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ya que denunció la complicidad del crimen organizado con autoridades y la indiferencia del Estado ante la crisis de desapariciones en México.
Durante 24 años en Tlachinollan, Rosales defendió a mujeres víctimas de violencia, campesinos despojados de sus tierras y familias afectadas por desaparición forzada, dejando una huella profunda en la lucha por los derechos humanos en México.
Su salida marca un cambio importante en el caso Ayotzinapa, mientras se prepara para lo que sería una nueva etapa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Departamento de Estado de Estados Unidos alertó que el narcotráfico y la impunidad continúan como los principales retos de México, al señalar que no hay cambios significativos en la política de seguridad y justicia.
En su informe anual de derechos humanos, citado por La Razón, Washington advirtió que los delitos del crimen organizado son la mayor amenaza, acompañados de altas tasas de impunidad, investigaciones inconclusas y ausencia de condenas.
El reporte, el primero bajo la presidencia de Donald Trump, también acusa la persistencia de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, censura a medios y amenazas a periodistas.
Entre los casos documentados, mencionó la muerte de 25 personas en un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y un grupo armado en Chiapas, donde sólo se reconocieron 10 fallecidos y ningún elemento fue procesado.
El informe denuncia que cinco periodistas fueron asesinados en 2024 y que las desapariciones forzadas son una práctica generalizada y sistemática, con bases de datos incompletas y sistemas forenses saturados. También advierte que las familias buscadoras y organizaciones civiles enfrentan altos riesgos.
Washington retomó denuncias de ONG´s que acusan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de estigmatizar periodistas y señaló que la censura y la autocensura siguen siendo prácticas frecuentes por amenazas de grupos criminales y autoridades.
El colectivo Guerreras Buscadoras localizó restos de al menos 15 personas en cuatro fosas clandestinas del municipio de Cajeme, Sonora, durante labores de rastreo realizadas el 26 y 27 de junio.
Once cuerpos fueron encontrados en un predio ubicado sobre la calle 400, entre Kino y calle 2. Un día después, con ayuda de maquinaria, se localizaron otros cuatro restos. Entre las osamentas se identificaron a dos mujeres.
La Fiscalía estatal inició análisis forenses para determinar la identidad, sexo y antigüedad de los restos, estimados preliminarmente entre dos y tres años. Los trabajos del colectivo continuarán el fin de semana para descartar más hallazgos.
Cajeme es una de las zonas con mayor número de desapariciones del país, y este hallazgo se suma a los múltiples casos registrados en fosas clandestinas de la región.
Durante el primer foro universitario rumbo a la elección extraordinaria del Poder Judicial, el aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jaime Salvador García González, fue cuestionado por el alumnado de la Universidad Iberoamericana (IBERO) acerca de su trayectoria, su experiencia en el sector privado y su postura frente a temas sensibles de justicia.
El evento, titulado Encuentros sobre la elección del Poder Judicial, fue organizado por el Departamento y la Sociedad de Estudiantes de Derecho junto con el Observatorio Universitario de la IBERO. Se trata del primero de seis paneles que buscan acercar a la comunidad estudiantil con las y los aspirantes a la SCJN, en el contexto de las elecciones extraordinarias que se realizarán el próximo 1 de junio de 2025.
En un ambiente crítico y participativo, Jaime Salvador García fue interrogado directamente por su experiencia previa en el sector privado y su aspiración a ocupar un lugar en la Corte. El jurista aseguró que ha aplicado el derecho de manera imparcial y objetiva, sin mostrar tendencia a favor de cliente alguno, y subrayó la necesidad de que el Poder Judicial actúe sin compromisos ni presiones externas.
Frente al cuestionamiento sobre el riesgo de que personas defensoras de narcotraficantes lleguen a la Suprema Corte, García González fue enfático al señalar que las autoridades electorales están facultadas para impedir el acceso al cargo a quienes no cumplan con los requisitos constitucionales, incluso si resultan electos por mayoría.
La participación del candidato 45 de la boleta morada ha sido constante en encuentros académicos con jóvenes universitarios. En un video publicado este 7 de mayo, tras su visita al Centro de Estudios Universitarios en Ciencias de la Universidad de Guadalajara, Jaime Salvador hizo un llamado urgente a atender la crisis nacional de personas desaparecidas.
Foto: IBERO
“Veo con preocupación este camino en el cual México se encuentra, pero veo con ilusión las propuestas y quejas de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara acerca de este problema, porque no nada más fue Ayotzinapa, no nada más fue Tetzitlán, son muchos casos más. Hay que ponerle un alto ya a esta situación y la Corte tiene una responsabilidad muy importante que hacer”, expresó.
García González destacó que la SCJN debe garantizar el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos relacionados con desapariciones forzadas, así como impulsar mecanismos efectivos de reparación, castigo a responsables e indemnización a víctimas. Señaló que su compromiso es impulsar precedentes judiciales que fortalezcan la búsqueda de justicia y propicien el uso de herramientas como inteligencia artificial, perspectiva de género y técnicas avanzadas de investigación pericial para combatir esta problemática.
Foto: IBERO
“La Corte tiene que velar porque esta situación ya cambie de rumbo. Es intolerable la cantidad de desaparecidas y desaparecidos”, sentenció.
Durante la Mañanera del Pueblo de este martes, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, anunció que el próximo martes 29 de abril se presentarán avances en la investigación sobre el predio conocido como Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, y que ya fue desmentido como un “campo de concentración”, sin embargo se investigan otros ilícitos posiblemente cometidos en el lugar.
“El próximo martes, aquí en nuestras instalaciones de Reforma Norte, vamos a poderle dar cuenta ya de la opinión técnica de los laboratorios de la Universidad y todas las coincidencias con nuestros peritajes, respecto a la situación de los posibles actos de fuego en ese lugar”, informó el fiscal, al anunciar la entrega de un resumen escrito con los dictámenes técnicos disponibles hasta la fecha.
Cabe recordar que el caso primeramente fue manejado por la Fiscalía del Estado de Jalisco, la cual cometió diversas omisiones en las investigaciones y resguardo de la escena del crimen, habiendo acusaciones de actos de corrupción y complicidad de las autoridades locales con el crimen organizado, por lo que la FGR atrajo el caso.
Gertz Manero confirmó que hasta el momento hay 14 personas detenidas y judicializadas por su presunta responsabilidad en los hechos. No obstante, subrayó que las investigaciones continúan abiertas y se están realizando trabajos complementarios para dar seguimiento a los hallazgos.
“La investigación sigue, nosotros tenemos que ir resolviendo. Por ejemplo, todo lo que son las prendas, a partir de fin de mes, vamos a tener en esas instalaciones las prendas para que las personas que quieran identificarlas (…) las puedan tener. Nos las entregaron de una manera muy irregular, y las clasificamos”, explicó el fiscal, refiriéndose a los indicios encontrados en el sitio y la importancia de brindar condiciones dignas para su análisis e identificación.
Finalmente reiteró el compromiso de la institución con la transparencia y el acceso a la información, dado el carácter sensible del caso. Se espera que los resultados de laboratorio, en conjunto con los peritajes oficiales, aclaren el uso del predio y permitan establecer posibles responsabilidades adicionales.
En un emotivo homenaje en Acapulco, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, rechazó la intervención de la ONU en el tema de las desapariciones en México. Durante el acto, recordó a José Luis Martínez Pérez y Elín Santiago Muñoz, víctimas de la Brigada Blanca hace 46 años en Torreón, Coahuila.
Piedra destacó que “las doñas”, familiares de desaparecidos, fueron ignoradas por años por organismos internacionales. Afirmó que, aunque emitieron comunicados, nunca se pronunciaron con fuerza contra el gobierno mexicano.
La presidenta de la CNDH subrayó que hoy en día la situación ha cambiado. “Ahora atacan al gobierno como no lo hicieron antes”, afirmó.
El homenaje sirvió para recordar la importancia de la lucha por los derechos humanos en México. La CNDH reafirma su compromiso de defender a las víctimas y sus familias, sin aceptar injerencias externas que no comprenden el contexto nacional.
Piedra concluyó su discurso con un llamado a la unidad y la memoria. Resaltó que la lucha por la justicia no debe ser desvirtuada por intervenciones externas, sino apoyada desde dentro.
La Presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido destacada en el escenario internacional por su liderazgo sereno frente a las presiones del presidente estadounidense Donald Trump y, al mismo tiempo, por su creciente aprobación del pueblo ante las reformas que evitarán y atenderán de mejor manera los casos de desapariciones en México.
El diario británico Financial Times publicó un reportaje titulado “The global leaders rising in the polls as they battle Donald Trump”, en el que incluye a Sheinbaum como una de las figuras internacionales que han ganado respaldo popular al hacer frente a los embates del habitante de La Casa Blanca.
De acuerdo con el artículo, la Presidenta ha sido elogiada por su respuesta “serena” frente a amenazas como la imposición de aranceles o la intervención militar. El medio señala que, lejos de caer en confrontaciones, la mandataria mexicana ha optado por medidas activas para contener el tráfico de fentanilo y gestionar el fenómeno migratorio con responsabilidad.
“A pesar de las expectativas de un enfrentamiento con el presidente estadounidense, Sheinbaum ha sido elogiada por su postura tranquila”, subraya el rotativo. Incluso menciona que el propio Trump la ha calificado como una “mujer maravillosa”, destacando su capacidad de liderazgo.
Sheinbaum, con amplio respaldo en México
A nivel nacional, la Jefa del Ejecutivo federal también ha recibido un respaldo contundente por parte de la ciudadanía, en especial por su enfoque decidido en la atención del fenómeno de personas desaparecidas.
Una reciente encuesta elaborada por QM Estudios, en colaboración con Heraldo Media Group, reveló que el 92 % de los consultados aprueba las acciones anunciadas por la Presidenta Sheinbaum para enfrentar esta crisis, resultado que la mandataria calificó como un reflejo del trabajo serio que se está haciendo.
Durante la conferencia matutina del 26 de marzo desde Palacio Nacional, la Presidenta expresó:“Lo que hemos hecho es responder a una necesidad, que es indispensable en el país, no solamente frente al problema de desapariciones, sino en general para fortalecer la estrategia de seguridad. Entonces, 92 por ciento de las personas lo ven adecuado, qué bueno que se está percibiendo de esta manera”.
El lunes 24 de marzo, Sheinbaum presentó iniciativas de reforma a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, que incluyen mecanismos para reforzar la alerta, búsqueda y localización de personas, así como la creación de una Plataforma Única de Identidad, una herramienta clave para facilitar investigaciones y combatir este delito de manera más eficaz.
La asesora Jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy Ramos, presentó este lunes en Palacio Nacional, los objetivos y principales acciones de las reformas a dos leyes clave en materia de desaparición de personas en México. Las reformas tienen como propósito reforzar el marco legal e institucional que rige los procesos de búsqueda, identificación e investigación de casos de personas desaparecidas, con un enfoque centrado en la tecnología, la coordinación interinstitucional y el respeto a los derechos humanos.
Las modificaciones abarcan la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y proponen una transformación estructural sin precedentes.
Objetivos de las reformas:
Crear un sistema de intercambio de información en tiempo real entre autoridades, instituciones y particulares.
Involucrar a la ciudadanía en los procesos de búsqueda, permitiendo que la sociedad aporte datos o reportes útiles.
Emitir alertas nacionales inmediatas en cuanto se denuncie la desaparición de una persona.
Fortalecer a las fiscalías estatales para agilizar las investigaciones y evitar demoras al iniciar la búsqueda.
Hacer más eficiente la localización de personas mediante herramientas tecnológicas y coordinación institucional.
Garantizar el derecho a la identidad, usando la CURP de forma generalizada como fuente oficial de identificación.
Acciones clave de las reformas:
Entre las medidas más relevantes presentadas por Ernestina Godoy destacan:
Creación de la Plataforma Única de Identidad, basada en la CURP de todas las personas mexicanas y extranjeras con estancia regular en el país.
La CURP se convertirá en el mecanismo oficial de identidad, incorporando fotografía y huellas dactilares, con capacidad de consultas en tiempo real.
Obligación de usar la CURP en todos los trámites administrativos realizados por personas físicas en los tres niveles de gobierno.
Sanciones a servidores públicos que no generen, actualicen o compartan la información relacionada con personas desaparecidas.
Creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Obligatoriedad de alimentar y actualizar el Banco Nacional de Datos Forenses, bajo responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR), con la participación de fiscalías y tribunales locales.
Godoy detalló que “todas las autoridades y particulares que generen o resguarden información útil para la búsqueda de personas deberán habilitar sistemas de consulta en tiempo real, conectados a la Plataforma Única de Identidad”.
Además, se establece que las fiscalías deberán abrir una carpeta de investigación de manera inmediata al recibir una denuncia por desaparición, sin esperar el plazo de 72 horas. También será obligatoria la publicación mensual de cifras de desapariciones por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Fortalecimiento de fiscalías y tecnología aplicada:
Las fiscalías estatales estarán obligadas a crear y operar:
Unidades Especializadas de Investigación
Áreas de análisis de contexto, búsqueda inmediata y de larga data
Áreas enfocadas en delitos cibernéticos y atención a víctimas
Los perfiles del personal serán definidos por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en apego a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. También se promoverá el uso de tecnología como imágenes satelitales y sistemas de videovigilancia para apoyar las tareas de búsqueda.
Banco Nacional de Datos Forenses y nuevo sistema de alerta:
La reforma contempla la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, a cargo de la FGR, que deberá estar conectado en tiempo real con la Plataforma Única de Identidad para permitir cruces efectivos con otros sistemas.
Finalmente, se establece el Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas, el cual:
Emitirá fichas de búsqueda oficiales.
Permitirá detectar coincidencias entre todos los sistemas de información disponibles, incluidos los asociados a la CURP.
