La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, exige investigar el altercado entre Alejandro Moreno Cárdenas y Gerardo Fernández Noroña. Godoy enfatiza que cualquier delito puede llevar a un desafuero.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, Moreno Cárdenas fue acusado de agredir a Noroña. Godoy calificó estos actos de violencia como “lamentables” y “reprobables”.
Fernández Noroña anunció su intención de presentar una denuncia penal y solicitar el retiro del fuero a Moreno y otros tres legisladores del PRI.
Godoy también comentó sobre la necesidad de construir un nuevo marco legal en el país. La próxima reforma electoral será consultada ampliamente antes de su presentación.
Además, destacó que la transformación del Poder Judicial marca el inicio de una nueva etapa. Esta fase busca priorizar lo jurídico sobre lo político en las decisiones judiciales.
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, afirmó en su programa Martes del Jaguar que no se rendirán hasta lograr el desafuero de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, líder del PRI.
Sansores mencionó tener pruebas suficientes, y que si un expediente no funciona tienen otros listos. “Tenemos material para el infinito”, destacó. Reconoció que es complicado lograr el desafuero, ya que hay pocos antecedentes en la historia.
El titular de la Consejería Jurídica, Pedro Alcudia, aclaró que la Fiscalía estatal presentó la demanda ante la Cámara de Diputados. Por ahora existen cinco procedimientos penales sólidos contra Moreno Cárdenas, aunque para avanzar la Cámara de Diputados debe aprobar la solicitud de desafuero.
En septiembre se decidirá si se da trámite a la petición. En caso de ser aprobada habrá 60 días para dictaminar la situación de Alito. La presión sobre el dirigente del PRI continúa mientras se desarrolla este proceso. (Con información de La Jornada).
Alito Moreno es un delincuente, es una de esas situaciones donde la realidad supera a la ficción. Tal vez por eso Dalí siempre se resistió a vivir en México, porque en ningún otro lugar del mundo alguien que debería estar portando uniforme carcelario portaría el fuero como lo pasea hoy Alejandro Moreno Cárdenas. No entraré en detalles de lo que todos vimos: una vergonzosa y criminal escena en el Senado de la República, protagonizada por los priistas. Recuerde usted bien los siguientes nombres, pues se trata de golpeadores y asaltantes que usted podría encontrarse en la calle: Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI; Eduardo Gutiérrez Mancilla, diputado federal del PRI plurinominal de Chiapas; Alonso Erubiel Lorenzo, diputado federal del PRI plurinominal de Tabasco. Ah, por cierto, por si a alguien se le olvidaba, Alito también es plurinominal.
Es decir, los porros y criminales que asaltaron en el Senado ni siquiera tienen un escaño o curul ahí por decisión de la gente, son la herencia maldita del sistema electoral con la herramienta grotesca de los plurinominales. Si la reforma electoral de AMLO hubiera pasado cuando se propuso, ni siquiera hubieran tenido oportunidad de hacer lo que hicieron hoy. Pero todavía mejor: si se hubiera aplicado la ley sin miedo, tampoco hubiera sucedido.
Pocas veces se ha podido acreditar y documentar una conducta criminal y pusilánime de manera constante y pública como la de Alejandro Moreno Cárdenas. No es posible que Morena y las fiscalías ignoren hechos ineludibles como su mansión valuada en 300 millones de pesos en Campeche, en una de las zonas más exclusivas de todo el estado. Simplemente su salario de servidor público no coincide con sus lujos, ni con los autos deportivos McLaren con los que se paseaba. ¿Ya se nos olvidó cómo sobornaba a diputados locales por 300 mil pesos? ¿Alguien recuerda el desvío de más de 83 millones de pesos del erario de Campeche? ¿O qué me dicen de su relación con la prensa, dejándonos joyas como aquella de: “A los periodistas no hay que matarlos a balazos, a los periodistas hay que matarlos de hambre, papá”? ¿Tal vez se acuerden de cómo confesó que Cinépolis le dio 35 millones de pesos para financiar al PRI? Y así podría seguir por horas, porque no hay un solo elemento en la biografía política de Alejandro Moreno que sea honorable. Este hombre es tan corrupto que hasta los priistas lo ven como una abominación. Ya ni hablar de la patética narrativa política que ha querido insertar en el debate público: habla de dictaduras cuando es el único dirigente a nivel nacional que hizo chicanadas con la ley para reelegirse hasta 2032; habla de narco-gobierno o de corrupción cuando en este momento hay más gobernadores del PRI en prisión que en activo. Este no es un hombre roto, es un mafioso, líder de una pandilla que toda la sociedad conoce: la Presidencia lo conoce, sus aliados lo conocen, las fiscalías lo conocen. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en nombre de Dios sigue en libertad?
Un hecho es que una de las varias víctimas del asalto de Alito Moreno, Gerardo Fernández Noroña, presentará una denuncia penal contra el líder del PRI por atacarlo frente a los ojos de millones de mexicanos. Esta denuncia la llevará la Fiscalía General de la República y, si la FGR lo considera pertinente en sus investigaciones, entonces solicitarán el desafuero del campechano para procesarlo por violento. ¿Por qué se tuvo que llegar a este punto? Con tantas evidencias y pruebas es un insulto que este hombre no esté en prisión, pero más aún, Morena y sus aliados no pueden cuadrar un proceso de juicio político, aun teniendo mayoría calificada.
Y este problema no es nuevo. Lo dijimos aquí: no desaforar a Lilly Téllez solo enviará el mensaje al resto de opositores de que el cielo es el límite. En México, tú como oposición puedes pedir la invasión de un gobierno extranjero y no te pasará nada. Ahora sabemos que también puedes golpear y asaltar al senador presidente, y el destino es el mismo. A Morena le sigue preocupando que, de aplicar la ley, sus opositores se victimicen, y de seguir con ese camino lo único que sucederá será que escenas como las que vimos hoy no solo se repitan, sino también se recrudezcan.
El priista ya prometió seguir siendo inflexible. Es decir, la amenaza ya está dada. Ser Alejandro Moreno es un crimen, pero tener el poder y la responsabilidad de castigar a quienes rompen la ley y no hacerlo, también los hace criminales, o por lo menos cómplices. Hoy Alito se irá a dormir tranquilo, pues ese blindaje jurídico del fuero, que solo sirve a los corruptos como él, lo protege. Cada día en libertad de Moreno Cárdenas es un día perdido para Morena y, francamente, para México también. Mi solidaridad con Fernández Noroña y con Emiliano, camarógrafo herido, a quien le deseo una pronta recuperación.
PD: Solo basta la voluntad de un presidente o presidenta para que las cosas sucedan. Iremos a Palacio a buscar respuestas. Nos leemos mañana.
La senadora del PAN, Lilly Téllez, volvió a encender la polémica al solicitar en Fox News el “apoyo” del presidente Donald Trump para enfrentar al crimen organizado en México. En la entrevista, acusó a la Presidenta Claudia Sheinbaum de proteger a los cárteles, además de que calificó al país como un “narcoestado”. Dichas declaraciones generaron fuertes reacciones en el oficialismo.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum rechazó que un representante político acuda al extranjero a pedir intervención y subrayó que los conflictos nacionales deben resolverse en México. “Es importante que el pueblo sepa quién es quién”, dijo, descartando así un proceso de desafuero contra la legisladora.
El bloque opositor cerró filas en defensa de Téllez, ya que, por un lado, Alejandro Moreno, líder del PRI, la calificó como una mujer “valiente y con carácter”, mientras que Jorge Romero, dirigente del PAN, denunció intentos de “acallar voces críticas”. Para analistas, la polémica otorga oxígeno a una oposición debilitada, al tiempo que consolida a la senadora como posible referente rumbo a las elecciones de 2030.
Las declaraciones de Téllez se alinean con el discurso de Trump, quien recientemente firmó una orden para permitir que el Ejército estadounidense combata a cárteles en el extranjero. Mientras que México, por el contrario, ha rechazado cualquier intervención militar, por lo que la senadora busca capitalizar políticamente el clima de presión bilateral.
Con esta estrategia, Téllez intenta proyectarse como la figura capaz de aglutinar a la derecha mexicana, en un momento en el que la oposición carece de liderazgo sólido frente a la hegemonía de Morena.
La senadora Lilly Téllez enfrenta una creciente presión para su desafuero, con más de 271,300 firmas recolectadas en una petición en línea realizada por Tomador de decisiones: Ciudadanos de Sonora y México. Este número supera la cantidad de afiliados al Partido Acción Nacional (PAN).
Aunque Téllez no fue votada directamente por ciudadanos, los habitantes de Sonora expresan su descontento. La consideran una “vende patrias” por apoyar la intervención de EE. UU. En México y critican su traición a los principios de su partido original, Morena.
Los firmantes también señalan que la senadora ha dado la espalda a los valores que prometió defender. Además, acusan a Téllez de difundir desinformación, lo que agrava aún más su rechazo.
Con cada firma, los ciudadanos buscan que se escuche su voz y se actúe en consecuencia. La petición para el desafuero de Lilly Téllez continúa ganando apoyo, evidenciando la frustración de los electores con su falta de alineación a los principios prometidos.
A través del siguiente enlace https://chng.it/mLtJHgCf9f puedes firmar la petición y unirte a la causa.
La Fiscalía Anticorrupción de Campeche ha encontrado “elementos” para solicitar el desafuero de Alejandro ‘Alito’ Moreno, líder del PRI. Hugo Éric Flores Cervantes, presidente de la sección instructora, confirmó que hay indicios de delitos como peculado y ejercicio indebido del servicio público.
El análisis del expediente está avanzado y podría emitirse un dictamen pronto. Flores Cervantes indicó que no puede revelar detalles para no interferir en el proceso.
Moreno ha alegado que enfrenta una persecución política y ha decidido llevar su caso a instancias internacionales. Flores Cervantes criticó esta decisión, afirmando que el proceso será jurídico y no político.
La notificación del proceso se entregará a Moreno cuando el expediente sea admitido, lo cual ocurrirá en septiembre. El legislador enfatizó que no habrá acciones legales hasta revisar a fondo los requisitos de procedencia.
El proceso contra Moreno sigue en marcha y podría definirse en las próximas semanas. La sección instructora se apegará a la ley y la Constitución en este caso.
La Fiscalía de Campeche solicitó el desafuero de Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del PRI. La petición se presentó ante la Cámara de Diputados por presuntos actos de corrupción.
Moreno enfrenta acusaciones de uso indebido de atribuciones y peculado. Se le imputa el desvío de 83 millones 508 mil pesos durante su gestión como gobernador.
La solicitud incluye cuatro carpetas de investigación que detallan diferentes casos de corrupción. En total, 17 exfuncionarios de su gobierno ya están vinculados a proceso.
Los casos abarcan diversas irregularidades, como la construcción de la Plaza Colosio, que supuestamente debía beneficiar a artesanos. En cambio, los locales comerciales se ofrecieron en renta a particulares.
La Fiscalía confirmó que dos personas obtuvieron un criterio de oportunidad. Esto les permite colaborar con las investigaciones a cambio de beneficios legales.
Además, se investiga a una empresa que, originalmente dedicada al buceo, brindó servicios jurídicos a la Administradora Portuaria Integral de Campeche por 23.8 millones de pesos.
Las autoridades también analizan contratos con la televisora Mayavisión, que suman más de 14 millones de pesos. Se considera que estos pagos podrían encubrir un desfalco.
La solicitud de desafuero busca que el senador enfrente las acusaciones. La Cámara de Diputados deberá deliberar sobre este importante caso de corrupción en Campeche.
El proceso de desafuero contra Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del PRI, está estancado por un amparo que él mismo solicitó. Hugo Éric Flores, presidente de la Sección Instructora en San Lázaro, confirmó que el caso lleva tiempo detenido.
Flores criticó la gestión del asunto, indicando que se le había dado un “carpetazo” de manera incorrecta. Aseguró que la Sección Instructora revisó el expediente y encontró motivos para continuar con el proceso.
“Este asunto no debía haberse cerrado”, afirmó el diputado de Morena. Ahora, la Sección Instructora trabaja en un dictamen para retomar el desafuero, considerando nuevos elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche.
Moreno enfrenta serias acusaciones de enriquecimiento ilícito durante su mandato como gobernador. A pesar de estas acusaciones, su estrategia legal parece haberle otorgado tiempo, mientras la justicia permanece en un limbo.
Recientemente, llegó información clave para el desafuero, pero la pregunta persiste: ¿realmente enfrentará el exgobernador las consecuencias de sus actos? La sociedad demanda claridad y justicia en este caso, mientras la política parece favorecer a los poderosos una vez más.
Gerardo Vargas Landeros, alcalde con licencia de Ahome, expresó su preocupación por la situación política en Sinaloa. Vargas criticó a quienes buscan conservar privilegios políticos en medio de un contexto de zozobra.
Bajo este contexto la líder de Morena, Luisa Alcalde, destacó que los principios de la Cuarta Transformación incluyen el rechazo a la búsqueda del poder por el poder. Afirmó que el pueblo debe ser quien manda, pero advirtió que algunos se desvían de estos valores.
Recientemente, Morena aprobó reformas a sus estatutos. Estas reformas prohíben el uso del partido para fines personales y la propagación de mentiras en campañas. Sin embargo, Vargas Landeros considera que algunos actores políticos en Sinaloa ignoran estos principios.
El edil se siente víctima de una campaña de difamación y persecución política. Relató su experiencia con el “desafuero” y ahora con la fiscalía, que, según él, se utiliza para desacreditarlo. Su único objetivo, afirma, es buscar un Ahome próspero y gobernable.
Vargas Landeros mencionó que no es el único que enfrenta este tipo de ataques. Según él, varios líderes han sufrido la misma campaña de denostación sin pruebas que sustenten las acusaciones.
A pesar de la adversidad, el exalcalde reafirmó su compromiso con el pueblo de Ahome. Agradeció a sus colaboradores y a la comunidad que lo eligió en dos ocasiones. Prometió seguir trabajando por un Ahome en paz y bienestar.
“Hago un llamado al pueblo de Ahome a no permitir que se destruya lo que juntos hemos construido”, afirmó. Vargas Landeros confía en que su caso se resolverá dentro del marco del derecho y no por ambiciones políticas.
La situación legal del alcalde con licencia, Gerardo Vargas Landeros, genera un intenso debate entre los sinaloenses. En el ámbito digital, muchos ciudadanos defienden su gestión y los avances logrados. Sin embargo, otros expresan incertidumbre sobre el futuro de Ahome tras su salida.
📹 #Vídeo | “Sí hay pruebas o irregularidades, están los mecanismos jurídicos (…) si no hay pruebas y es un tema político, pues no está bien”: Declaró la Presidenta Sheinbaum sobre el reciente desafuero de Gerardo Vargas, alcalde con licencia de Los Mochis.
Antonio Menéndez, su sustituto interino, enfrenta un gran desafío al asumir el liderazgo del municipio. Su objetivo principal será formar un equipo confiable que garantice continuidad y estabilidad en la administración.
Las expectativas son altas. Vargas Landeros dejó un estándar elevado, y Menéndez deberá demostrar lealtad al gobernador Rubén Rocha Moya. Además, deberá mantener el orden administrativo en una ciudad preocupada por la seguridad.
El tema del desafuero también ha alcanzado el ámbito nacional. Durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la situación en Sinaloa. Su respuesta evidenció un posible patrón en los procesos de desafuero, ya que desde 2022 se han registrado tres casos similares.
“Si hay irregularidades, que se investiguen por las vías institucionales. Pero si se trata de un tema político, eso no está bien”, declaró Sheinbaum. Algunos analistas interpretan su comentario como una crítica al gobernador Rocha Moya.
En medio de este contexto, el partido Morena aprobó nuevas reformas internas. Estas modificaciones establecen normas más estrictas contra prácticas como el clientelismo y el uso indebido de recursos públicos. También sancionan la propaganda engañosa y conductas discriminatorias en procesos internos.
La pregunta que surge es si los procesos judiciales se utilizan como herramientas de presión política en Sinaloa. Las consecuencias de esta dinámica podrían afectar el futuro del estado y la cohesión interna del partido gobernante.
