La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Fiscalía General de la República (FGR) han dado un paso importante en la lucha contra la tortura. Este jueves se instaló el Comité Directivo para el Seguimiento y Evaluación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.
En la reunión de inicio, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, destacó el compromiso del Gobierno de México. “Buscamos construir un país sin tortura y con respeto a la dignidad humana”, afirmó.
Este comité, que se forma por primera vez, incluye 25 representantes de los tres poderes del Estado, así como de organismos autónomos y activistas. Su función principal será verificar el avance del programa nacional y emitir recomendaciones para su mejora.
La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura se publicó el 26 de junio de 2017. Esta ley estableció las bases del programa, que incluye seis objetivos, 13 estrategias y 104 líneas de acción.
En el presídium estuvieron figuras clave como Froylán Enciso, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, y Claudia Galindo, directora de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos. También asistieron representantes de la FGR y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
Durante la sesión, se nombró a Yuriria Álvarez como secretaria técnica del Comité. José Antonio Pérez y Patrick Maurer Escobar serán los secretarios coordinadores en procuración e impartición de justicia.
Este esfuerzo conjunto marca un hito en la defensa de los derechos humanos en México. La sociedad espera resultados tangibles que reflejen un verdadero compromiso.
Durante la presentación del IV Informe Periódico del Estado mexicano ante el Comité encargado de supervisar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció el liderazgo internacional de México en la promoción y protección de los derechos de las personas migrantes.
La delegación mexicana fue encabezada por la embajadora Francisca Méndez Escobar, representante permanente ante los Organismos Internacionales en Ginebra, y por funcionarias y funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y del Consejo de la Judicatura Federal.
Durante las sesiones del 7 y 8 de abril en Ginebra, Suiza, el Comité de la ONU destacó los esfuerzos del Gobierno de México en armonización legislativa, ratificación de instrumentos internacionales y adopción de políticas integrales que abordan el fenómeno migratorio desde una perspectiva de derechos humanos, dejando atrás la visión punitiva de administraciones anteriores.
“México ha puesto en marcha políticas que garantizan la atención integral y la protección internacional de las personas migrantes, incluso en contextos complejos de movilidad irregular”, subrayó Jennifer Feller, directora general de Derechos Humanos y Democracia de la SRE.
Por su parte, Fátima Ríos, directora general de Movilidad Humana y Desarrollo, destacó la creación del Modelo Humanitario de Movilidad Humana desde la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria (CIAIMM), así como el fortalecimiento de la protección consular, la atención a víctimas de trata y la integración socioeconómica de personas en contexto de movilidad.
El Consejo de la Judicatura Federal, a través de Arturo Guerrero Zazueta, informó al Comité sobre acciones específicas para garantizar el acceso a la justicia para personas migrantes, incluyendo desarrollos jurisprudenciales, capacitación judicial y criterios de no discriminación.
Finalmente, la embajadora Méndez Escobar hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre órganos de tratados de derechos humanos de la ONU, para mejorar la articulación de sus recomendaciones y generar impactos concretos en la vida de migrantes y sus familias.
La Secretaría de Marina (Semar) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la formación y capacitación en derechos humanos dentro de la institución naval. La firma del acuerdo fue encabezada por el almiranteRaymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, y María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH.
El convenio establece bases para desarrollar estrategias conjuntas en educación y capacitación, asegurando que el personal naval reciba formación continua sobre la protección de los derechos humanos. También se formará un Grupo de Trabajo con representantes de ambas instituciones para implementar las acciones del acuerdo.
Morales Ángeles destacó el compromiso de la Semar con la legalidad y el respeto a los derechos humanos, mientras que Piedra Ibarra enfatizó la importancia de fortalecer esta cultura en las instituciones de seguridad. El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, con posibilidad de ser prorrogado por acuerdo de ambas partes.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció este lunes una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que calificó como un acto de censura y un atentado contra la defensa amplia de los derechos humanos en México. La Corte ordenó al organismo “no volver a pronunciarse nunca más en materia electoral”, además de exigirle eliminar dos pronunciamientos en los que abordaba la reforma electoral, bajo el argumento de que excedía sus atribuciones constitucionales.
Para la CNDH, esta resolución representa una grave regresión en la protección de los derechos en el país. “Es una amenaza que no debe ser minimizada a la existencia misma del sistema no-jurisdiccional mexicano porque además atenta contra su calidad de Institución Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (INDH), acorde a Los Principios de París”, enfatizó el organismo, señalando que esta situación no tiene precedente en ninguna otra INDH del mundo.
Los pronunciamientos que deberán ser eliminados son los DGDDH/081/2022 y DGDDH/082/2022, derivados de la Recomendación General 46/2022, en la que se abordaban violaciones graves a los derechos humanos, así como afectaciones al derecho a la democracia, a la protesta social, a la reunión y asociación cometidas por el Estado entre 1951 y 1965. Dichos pronunciamientos desataron un conflicto institucional entre la CNDH y el entonces Instituto Nacional Electoral (INE), encabezado por Lorenzo Córdova, quien promovió una controversia constitucional ante la Corte.
En estricto respeto del Estado Constitucional de Derecho acatamos fallo de la Suprema Corte sobre una Controversia interpuesta por Lorenzo Córdova Vianello, pero deploramos los razonamientos de la resolución, al ser una visión regresiva y restrictiva de la defensa de los derechos… pic.twitter.com/8HIRsiuZ1A
Córdova acusó a la Comisión, dirigida por Rosario Piedra Ibarra, de haber “excedido sus atribuciones”, ya que su recomendación, desde su perspectiva, afectaba las funciones del INE. Sin embargo, la CNDH defendió que su actuación se enmarca dentro de su deber de proteger todos los derechos humanos, incluidos los político-electorales.
Ante el fallo de la SCJN, la Comisión criticó la resolución al considerarla “una interpretación regresiva y restrictiva de las funciones de la CNDH, violatoria del principio de progresividad y de la búsqueda amplia del cumplimiento irrestricto de los derechos humanos del pueblo de México contenida en el artículo 1º Constitucional”.
Además, advirtió que esta decisión “refuerza la evidente necesidad de reforma de las instituciones que tienen por mandato el cumplimiento del orden constitucional, esencia de la Recomendación General 46/2022, a fin de buscar que prevalezca una verdadera democracia”.
La CNDH subrayó que acatará la resolución, pero dejó claro que no comparte los fundamentos que la motivaron. “Lejos de abonar a la consolidación, promoción y protección de los derechos, resta un margen válido de actuación a esta Comisión Nacional, al desconocer flagrantemente que los derechos político-electorales también son derechos humanos”, se lee en su comunicado.
Finalmente, advirtió sobre la intención de la “vieja SCJN” de dejar una herencia autoritaria en sus últimos días, al querer erigirse como un “máximo tribunal de los derechos humanos”, en contradicción con tratados internacionales que México ha suscrito.
“Si ese es el criterio con el cual se creó la CNDH, cuanta más razón para promover su transformación, como estamos proponiendo, a fin de que sea realmente un organismo protector de los derechos humanos, que no ha sido, y que por lo visto algunos pretenden que siga siendo: una institución de simulación”, concluyó el organismo.
La CNDH también criticó que la controversia constitucional que ella misma promovió sobre el tema haya sido desechada sin análisis ni discusión por parte de la SCJN, y adelantó que interpondrá los recursos necesarios para defender su mandato.
La asesora Jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy Ramos, presentó este lunes en Palacio Nacional, los objetivos y principales acciones de las reformas a dos leyes clave en materia de desaparición de personas en México. Las reformas tienen como propósito reforzar el marco legal e institucional que rige los procesos de búsqueda, identificación e investigación de casos de personas desaparecidas, con un enfoque centrado en la tecnología, la coordinación interinstitucional y el respeto a los derechos humanos.
Las modificaciones abarcan la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y proponen una transformación estructural sin precedentes.
Objetivos de las reformas:
Crear un sistema de intercambio de información en tiempo real entre autoridades, instituciones y particulares.
Involucrar a la ciudadanía en los procesos de búsqueda, permitiendo que la sociedad aporte datos o reportes útiles.
Emitir alertas nacionales inmediatas en cuanto se denuncie la desaparición de una persona.
Fortalecer a las fiscalías estatales para agilizar las investigaciones y evitar demoras al iniciar la búsqueda.
Hacer más eficiente la localización de personas mediante herramientas tecnológicas y coordinación institucional.
Garantizar el derecho a la identidad, usando la CURP de forma generalizada como fuente oficial de identificación.
Acciones clave de las reformas:
Entre las medidas más relevantes presentadas por Ernestina Godoy destacan:
Creación de la Plataforma Única de Identidad, basada en la CURP de todas las personas mexicanas y extranjeras con estancia regular en el país.
La CURP se convertirá en el mecanismo oficial de identidad, incorporando fotografía y huellas dactilares, con capacidad de consultas en tiempo real.
Obligación de usar la CURP en todos los trámites administrativos realizados por personas físicas en los tres niveles de gobierno.
Sanciones a servidores públicos que no generen, actualicen o compartan la información relacionada con personas desaparecidas.
Creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Obligatoriedad de alimentar y actualizar el Banco Nacional de Datos Forenses, bajo responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR), con la participación de fiscalías y tribunales locales.
Godoy detalló que “todas las autoridades y particulares que generen o resguarden información útil para la búsqueda de personas deberán habilitar sistemas de consulta en tiempo real, conectados a la Plataforma Única de Identidad”.
Además, se establece que las fiscalías deberán abrir una carpeta de investigación de manera inmediata al recibir una denuncia por desaparición, sin esperar el plazo de 72 horas. También será obligatoria la publicación mensual de cifras de desapariciones por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Fortalecimiento de fiscalías y tecnología aplicada:
Las fiscalías estatales estarán obligadas a crear y operar:
Unidades Especializadas de Investigación
Áreas de análisis de contexto, búsqueda inmediata y de larga data
Áreas enfocadas en delitos cibernéticos y atención a víctimas
Los perfiles del personal serán definidos por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en apego a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. También se promoverá el uso de tecnología como imágenes satelitales y sistemas de videovigilancia para apoyar las tareas de búsqueda.
Banco Nacional de Datos Forenses y nuevo sistema de alerta:
La reforma contempla la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, a cargo de la FGR, que deberá estar conectado en tiempo real con la Plataforma Única de Identidad para permitir cruces efectivos con otros sistemas.
Finalmente, se establece el Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas, el cual:
Emitirá fichas de búsqueda oficiales.
Permitirá detectar coincidencias entre todos los sistemas de información disponibles, incluidos los asociados a la CURP.
La Presidencia de la República publicó la tarde de ayer en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación un decreto con el que se busca fortalecer los procesos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas.
El documento establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá autorizar las adecuaciones presupuestarias que solicite la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para dichas acciones, garantizando que los recursos sean utilizados “en favor de los Derechos Humanos de personas desaparecidas y no localizadas, y sus familiares”.
Asimismo, la CNB podrá solicitar a Hacienda “las herramientas y recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, para garantizar la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas”.
El decreto instruye a todas las dependencias federales a colaborar con la Secretaría de Gobernación (Segob) y la CNB para fortalecer los esfuerzos de localización mediante estrategias, herramientas y metodologías especializadas.
Además, se enfatiza que “se fortalecerá la Comisión Nacional de Búsqueda con el fin específico de ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y adquisición, así como el uso de equipos y herramientas tecnológicas que fortalezcan las acciones de búsqueda con evidencias científicas”.
Este anuncio sigue al compromiso expresado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien el lunes adelantó la firma de este decreto. Si bien las medidas estarán vigentes durante el ejercicio presupuestal de este año, el documento deja abierta la posibilidad de su revisión y extensión a ejercicios fiscales posteriores.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Félix Arturo Medina Padilla, informó sobre el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), destacando la incorporación de más personal y tecnología avanzada para mejorar la eficacia de los procesos de localización de personas desaparecidas.
Entre las acciones clave se encuentra la ampliación de recursos humanos y tecnológicos, así como una mejor coordinación con las fiscalías y comisiones locales de búsqueda para homologar los registros de personas desaparecidas y estandarizar los protocolos aplicables.
Asimismo, con el apoyo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, se logrará la interconexión de diversas bases de datos, lo que permitirá acceder a información en tiempo real y agilizar la búsqueda mediante un trabajo de inteligencia y coordinación interinstitucional con fiscalías, procuradurías, comisiones locales e instancias de la administración pública federal, incluido el Instituto Nacional Electoral (INE).
El subsecretario también subrayó la importancia de reforzar la colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y con las familias de las personas desaparecidas, con el fin de garantizar apoyo, asistencia y atención integral. Además, se implementarán herramientas especializadas como drones, georadares e infraestructura tecnológica de última generación para optimizar los procesos de localización e identificación.
Durante su intervención, Medina Padilla presentó los casos relevantes en los que la CNB tiene participación activa, destacando la investigación sobre la Guerra Sucia a nivel nacional y el seguimiento del caso Ayotzinapa en Guerrero.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó enérgicamente los crímenes ocurridos en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, y denunció las graves omisiones de las autoridades municipales y estatales en la protección, investigación y debida diligencia de los delitos cometidos en dicho lugar.
El organismo dirigido por Rosario Piedra Ibarra subrayó que, si bien este tipo de violencia ha sido comparado con los campos de exterminio nazis, las circunstancias son distintas, aunque comparten la deshumanización de los perpetradores. Explicó que en Europa el exterminio fue una política de Estado basada en la limpieza racial, mientras que en México, estas prácticas fueron empleadas por el propio gobierno durante la Guerra Sucia y la llamada Guerra contra el Narco entre 2006 y 2016.
Actualmente, enfatizó la CNDH, estas atrocidades son cometidas principalmente por organizaciones delictivas, operando bajo una economía criminal documentada desde los años 90.
Omisiones y negligencia de las autoridades locales
El organismo defensor de derechos humanos señaló la grave responsabilidad de las autoridades municipales y estatales, acusándolas de omisión en la protección, investigación y aplicación de la justicia. Subrayó que en el rancho Izaguirre se encontraron restos humanos, hornos y otros elementos que indican que el sitio fue utilizado para trata de personas, asesinatos y desapariciones forzadas.
CNDH exige justicia y transparencia en el caso del Rancho Izaguirre: Urge esclarecer crímenes y garantizar derechos de las víctimas y sus familias. #DefendemosAlPueblo
“Las omisiones en el aseguramiento del lugar, la cadena de custodia y la falta de seguimiento a denuncias previas reflejan una negligencia reiterada por parte de las autoridades responsables”, denunció la CNDH, agregando que esta inacción ha permitido la operación impune de grupos criminales y ha perpetuado los ciclos de violencia y explotación.
La CNDH informó que trabaja en la elaboración de un informe especial sobre fosas clandestinas, con el objetivo de garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la no repetición. También reiteró su respaldo a los integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, en favor de quienes ya había emitido medidas cautelares.
Cuartoscuro
Asimismo, anunció la atracción del caso del rancho Izaguirre debido a la presunta violación de derechos humanos y la repercusión que este tiene en el derecho a defender derechos humanos de los integrantes del colectivo.
La Comisión urgió a las autoridades a garantizar una investigación seria y castigo para los responsables, pero también llamó a fortalecer las estrategias que permitan brindar mejores oportunidades a los jóvenes para que no sean reclutados por el crimen organizado.
Finalmente, señaló que la sociedad exige respuestas contundentes ante estos crímenes, especialmente en un momento en el que algunos medios de comunicación y sectores con intereses particulares buscan promover la desinformación en lugar de la transparencia.
El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a trasladar a migrantes detenidos en su territorio a la Base Militar de Guantánamo, en Cuba, como parte de una estrategia de endurecimiento de sus políticas migratorias que claramente violan los derechos humanos y varios acuerdos internacionales.
Este martes, el primer grupo de personas fue enviado a la base, confirmó Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. En entrevista con Fox News, Leavitt defendió la medida con un discurso duro y sin matices: “Ya no permitiremos que EU sea un vertedero de criminales ilegales de naciones de todo el mundo”. También aseguró que la administración de Donald Trump está actuando sin titubeos: “El presidente Trump no pierde el tiempo”.
Pero la estrategia no se limita a Guantánamo. Marco Rubio, secretario de Estado, logró un acuerdo con el gobierno de El Salvador para que ese país reciba a deportados de distintas nacionalidades. Leavitt detalló que el pacto contempla más que la repatriación de salvadoreños: “El Salvador aceptó recibir a sus propios ciudadanos, pero también criminales ilegales de otras naciones en sus cárceles. Colombia y Venezuela también han aceptado colaborar con las repatriaciones”.
El pasado 29 de enero, Trump ordenó que la prisión de Guantánamo pueda albergar hasta 30 mil personas, argumentando que se trata de “los peores criminales”. En respuesta a la orden presidencial, el Ejército de EE.UU. desplegó más de 150 soldados en la base para preparar el recinto ante la llegada masiva de detenidos.
La decisión ha encendido alarmas en organizaciones humanitarias, ya que Guantánamo tiene un largo historial de denuncias por abusos y violaciones a los derechos humanos.
Desde la mañanera del pueblo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó en claro que su administración rechaza la realización de redadas contra migrantes en Estados Unidos y reafirmó su compromiso con la protección de los derechos de los connacionales en ese país.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo subrayó que el Gobierno de México está con los paisanos que radican en la Unión Americana y destacó el apoyo brindado a través de la red consular y de abogados para su defensa.
“A nuestros compatriotas que están allá, a los paisanos, que sepan que estamos con ellos. Ahí están los consulados y la red de abogados que abrimos, que si vienen a México serán bien recibidos”, expresó la mandataria.
Asimismo, reprobó la criminalización de los migrantes y rechazó tajantemente los operativos llevados a cabo por las autoridades estadounidenses:
“No estamos de acuerdo con llamarle a un migrante delincuente, tampoco estamos de acuerdo con redadas que se hacen, y nosotros en la defensa de nuestros compatriotas en cualquier lugar en donde se encuentren, en particular en este momento en los Estados Unidos”, afirmó.
Trump intensifica redadas contra migrantes
El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, ha intensificado la persecución contra migrantes en su territorio. En la última semana, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) reportó la detención de mil 179 migrantes en un solo día, marcando un récord en este tipo de operativos.
Según datos obtenidos por NBC News, solo el 52% de los detenidos fueron considerados “arrestos criminales”, es decir, personas con antecedentes penales o procesos judiciales en curso en sus países de origen. El resto corresponde a migrantes sin historial delictivo, cuyo único “delito” es haber cruzado la frontera sin documentos.
