La SRE pidió una indagatoria pronta y transparente tras el fallecimiento de un connacional en un centro de detención migratoria.
El Gobierno de México demandó a las autoridades de Estados Unidos el esclarecimiento inmediato de la muerte de un connacional ocurrida mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El deceso se registró el 14 de enero en el centro de procesamiento migratorio Robert A. Deyton, ubicado en el condado de Clayton, Georgia.
El Consulado General de México en Atlanta informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) da seguimiento puntual al caso y mantiene contacto directo con las autoridades estadounidenses responsables de la investigación, con el objetivo de conocer las causas del fallecimiento y garantizar transparencia y rendición de cuentas.
Medios locales identificaron al migrante como Heber Sánchez Domínguez. De acuerdo con declaraciones de su esposa a Univisión Atlanta, el connacional fue detenido a inicios de año tras un accidente de tránsito y posteriormente trasladado a un centro de detención migratoria, donde permaneció hasta que su familia fue notificada de que había sido hallado sin vida.
La representación consular señaló que estableció comunicación inmediata con los familiares del fallecido, tanto en Estados Unidos como en México, a quienes se les brinda acompañamiento, orientación y asistencia consular. Asimismo, indicó que existe coordinación permanente con la oficina del ICE en Atlanta para exigir que las circunstancias del deceso sean investigadas de manera pronta y exhaustiva.
El caso se suma a una serie de muertes de mexicanos bajo custodia del ICE registradas el año pasado. Al menos siete connacionales fallecieron durante operativos de detención o mientras permanecían detenidos, entre ellos Jaime Alanís García en California; Lorenzo Antonio Batres Vargas en Arizona; Óscar Rascón Duarte tras permanecer hospitalizado bajo custodia; Silverio Villegas González en Illinois; Ismael Ayala-Uribe y Miguel Ángel García-Hernández en California y Texas, respectivamente, así como Gabriel García Avilés, quien murió por complicaciones médicas mientras estaba detenido.
Ante este panorama, México reiteró su exigencia de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y su compromiso de vigilar el trato que reciben los connacionales en centros de detención de Estados Unidos.
La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó una reunión con Humberto Henderson, representante de la ONU-DH, para fortalecer la protección de los derechos humanos y la atención a víctimas.
La titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Rosa Icela Rodríguez, sostuvo este jueves un encuentro de trabajo con Humberto Henderson, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), con el objetivo de estrechar lazos de cooperación internacional.
Durante la reunión, celebrada en las instalaciones de la dependencia de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez subrayó que fortalecer el respeto a las garantías fundamentales es una prioridad para la actual administración.
Por su parte, el delegado Hendersoncalificó el encuentro como sobresaliente y expresó su agradecimiento por la apertura al diálogo. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de consolidar mecanismos de protección y mejorar de manera progresiva el acompañamiento y la seguridad de las víctimas en el territorio nacional.
Al concluir la sesión con el organismo internacional, la Secretaria Rosa Icela Rodríguez mantuvo una segunda jornada de trabajo en su despacho. En esta ocasión, recibió a Mario Delgado, Secretario de Educación Pública; Leticia Ramírez Amaya, coordinadora de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social, y a Salomón Jara, gobernador del estado de Oaxaca.
Este segundo encuentro se centró en la articulación de esfuerzos entre el gobierno federal y estatal para dar seguimiento a temas de seguridad y atención social en la región sur del país.
Un operativo migratorio ordenado por Donald Trump derivó en un nuevo uso de fuerza letal del ICE, reavivando la tensión social y las críticas por el despliegue masivo de agentes federales en Minnesota.
Un nuevo tiroteo protagonizado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sacudió la noche del miércoles a Minneapolis, luego de que un migrante venezolano resultara herido de bala en la pierna durante un operativo federal de arresto, confirmaron autoridades locales y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
De acuerdo con información oficial, el incidente ocurrió alrededor de las 18:50 horas, cuando agentes federales realizaban una detención de tráfico dirigida para arrestar a un ciudadano venezolano con estatus migratorio irregular. Según la versión gubernamental, el hombre intentó huir en su vehículo, impactó a otro automóvil estacionado y posteriormente escapó a pie.
El DHS señaló que, al ser alcanzado por un agente, el migrante se resistió violentamente, momento en el que dos hombres más salieron de un inmueble cercano y comenzaron a agredir al oficial con una pala de nieve y una escoba. Durante el forcejeo, el agente abrió fuego “en defensa propia”, hiriendo al venezolano en la pierna.
Tanto el agente del ICE como el migrante herido fueron trasladados a un hospital, donde se reportan estables. Los otros dos presuntos agresores fueron detenidos. En la zona, agentes federales y policías de Minneapolis dispersaron a una multitud con gas lacrimógeno, mientras el operativo migratorio continúa activo en el norte de la ciudad.
El tiroteo ocurrió a menos de ocho kilómetros de donde, el pasado 7 de enero, un agente de inmigración mató a una mujer durante otra redada, lo que ha intensificado la crítica social y política. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, condenó el despliegue del ICE y denunció un clima de caos, disrupción y trauma, tras la movilización de casi 3 mil agentes federales que realizan revisiones puerta por puerta, incluso a ciudadanos estadounidenses.
El gobierno de Minneapolis confirmó que mantiene una investigación en curso sobre los hechos.
Karoline Leavitt difundió un video del operativo en Minnesota y acusó a medios de ocultar que la víctima habría obstruido deliberadamente a agentes federales.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, provocó una nueva controversia al calificar como “insurgente de izquierda” a Renee Good, la mujer que murió tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Minnesota. La funcionaria difundió un video con los momentos previos al tiroteo, con el que buscó respaldar la actuación de los agentes federales.
A través de su cuenta oficial en X, Leavitt compartió la grabación —obtenida por Alpha News— en la que, según su versión, Good bloquea con su vehículo el paso de los agentes por más de tres minutos, mientras hace sonar el claxon. La Casa Blanca presentó el material como evidencia de una obstrucción deliberada e ilegal a las labores del ICE.
En su mensaje, la vocera presidencial cuestionó la cobertura mediática del caso y la comparó con otros episodios, como el de Abrego García, a quien —afirmó— los medios describieron como un “hombre inocente”, pese a que, según el gobierno, tenía antecedentes criminales. Con ello, Leavitt reiteró sus acusaciones de “deshonestidad” de la prensa tradicional al narrar operativos federales.
“No era una madre inocente”, escribió la funcionaria. “No estaba dejando a su hijo en la escuela; era una insurgente de izquierda que obstruía deliberada e ilegalmente las operaciones policiales”, señaló, en declaraciones difundidas desde cuentas oficiales del gobierno estadounidense.
El caso generó manifestaciones contra el ICE en ciudades como Washington, donde activistas portaron imágenes de Renee Good y exigieron una investigación independiente. El incidente se suma a la creciente polémica sobre el uso de la fuerza en redadas migratorias y la narrativa oficial de la administración Trump, que contrasta con los primeros reportes difundidos por diversos medios y mantiene encendido el debate público en Estados Unidos.
El Parlamento iraní elevó el tono tras las amenazas de Trump, mientras crecen las denuncias por muertos y detenciones en las manifestaciones.
El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió que Estados Unidos e Israel serán “objetivos legítimos” si Washington decide atacar a la República Islámica, en un contexto marcado por protestas masivas, represión interna y amenazas directas del presidente Donald Trump.
Durante una sesión transmitida por la televisión estatal iraní, Qalibaf lanzó el mensaje luego de varios días de movilizaciones en Teherán y otras ciudades clave, que han sido respondidas con un fuerte despliegue de seguridad. De acuerdo con activistas de derechos humanos, más de 200 personas habrían muerto y al menos 2 mil 600 fueron detenidas durante los disturbios recientes.
El escenario se agrava por un apagón informativo: el internet permanece bloqueado y las líneas telefónicas fueron cortadas, lo que dificulta verificar la magnitud real de las protestas desde el exterior. Organizaciones internacionales advierten que esta situación podría facilitar una represión aún más violenta por parte de los sectores más duros del régimen.
En paralelo, el presidente Donald Trump expresó públicamente su respaldo a los manifestantes, al asegurar que Estados Unidos “está listo para ayudar”. Medios como The New York Times y The Wall Street Journal revelaron que el mandatario ya habría recibido opciones militares para un eventual ataque contra Irán, aunque sin una decisión final hasta el momento. El Departamento de Estado reforzó el mensaje con una advertencia directa: “No jueguen con el presidente Trump”.
En su discurso, Qalibaf elogió a la policía y a la Guardia Revolucionaria, en especial a la fuerza voluntaria Basij, por “mantenerse firmes” frente a las manifestaciones. El mensaje confirma el endurecimiento del régimen iraní y eleva la tensión en una región ya golpeada por conflictos geopolíticos, con Estados Unidos, Israel e Irán en un riesgoso pulso internacional.
Organizaciones civiles llaman a movilizaciones en los 50 estados luego de que un operativo migratorio dejara una mujer muerta y dos personas heridas por agentes federales.
La muerte de Renee Good, de 37 años, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis, desató una ola de protestas en todo Estados Unidos, en rechazo a la política migratoria del gobierno de Donald Trump y al uso de fuerza letal en operativos federales.
Las movilizaciones están previstas en ciudades y pueblos de todo el país, mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mantiene en Minnesota lo que ha calificado como la mayor operación de control migratorio hasta la fecha. De acuerdo con la versión oficial, el agente que disparó actuó en defensa propia, al asegurar que la víctima utilizó su vehículo “como arma”, argumento que también fue empleado tras un segundo incidente en Portland, Oregón, donde otros dos civiles resultaron heridos.
La organización Indivisible, creada para resistir las políticas de Trump, informó que existen cientos de protestas programadas en estados como Texas, Kansas, Nuevo México, Ohio y Florida, muchas bajo la consigna “ICE Out for Good”, en exigencia de poner fin a los operativos migratorios agresivos. El movimiento ya había logrado convocatorias simultáneas en los 50 estados durante 2025.
En Mineápolis, colectivos de defensa de los derechos de los migrantes convocaron a una marcha en Powderhorn Park, cerca del sitio donde Good fue asesinada. El objetivo es honrar su memoria y exigir el fin del “terror letal” en comunidades migrantes. Hasta ahora, las protestas han sido mayormente pacíficas, aunque se reportaron enfrentamientos menores cerca del aeropuerto y de un edificio federal que funge como base del operativo.
La policía local informó que al menos 30 personas fueron detenidas y liberadas durante las manifestaciones del viernes por la noche, donde participaron cientos de personas. En paralelo, la Casa Blanca desplegó más de 2 mil agentes federales en Minnesota, algunos trasladados desde Luisiana, como parte de una ofensiva nacional que ha elevado la tensión social y política en Estados Unidos.
Legisladores advierten violaciones a derechos humanos y llaman a reforzar la defensa consular y la diplomacia parlamentaria para proteger a mexicanos en EUA.
Senadores de Morena condenaron el endurecimiento de la política migratoria del gobierno de Donald Trump, al calificar como inhumana y violatoria de derechos humanos la utilización de caza recompensas para detener a personas migrantes en Estados Unidos. Desde el Senado, exigieron una respuesta coordinada entre el Ejecutivo y el Legislativo para proteger a los connacionales.
El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara advirtió que la nueva ofensiva criminaliza a quienes buscan mejores oportunidades y normaliza prácticas de odio. Subrayó la urgencia de orientar y blindar a los paisanos, ante una estrategia que —dijo— incluso contempla pagos millonarios a particulares para ubicar y entregar a trabajadores indocumentados. “Debemos incrementar las medidas de protección y actuar con firmeza”, señaló.
Huerta alertó además sobre el uso de almacenes industriales para confinar hasta 80 mil migrantes, lo que —afirmó— contraviene tratados y convenciones internacionales. En ese contexto, llamó a activar diplomacia parlamentaria y a una vigilancia estrecha frente al fortalecimiento del ICE, cuyos agentes recibirían mejores salarios y prestaciones para intensificar detenciones.
Por su parte, la senadora Guadalupe Chavira de la Rosa sostuvo que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de los consulados, debe reforzar la defensa legal de las personas migrantes y denunciar en foros internacionales la “comercialización” de las detenciones. “Es inmoral que empresas se enriquezcan con la captura de migrantes”, afirmó.
Chavira recordó que la aportación económica de los latinos en EU alcanzó 1.6 billones de dólares en 2023, mientras que la contribución de mexicanos residentes sumó 781 mil millones de dólares al PIB, equivalente a una de las mayores economías del mundo. “No son delincuentes; son trabajadores que sostienen la economía estadounidense”, concluyó.
El organismo, impulsado por el gobernador JB Pritzker, busca romper la impunidad federal y dejar un registro histórico de violaciones a derechos humanos contra migrantes.
Chicago se convirtió en la primera ciudad de Estados Unidos en contar con una comisión especializada para investigar abusos cometidos por agentes migratorios, en un contexto marcado por redadas violentas, uso de gases químicos y hostigamiento sistemático contra comunidades migrantes. La Comisión para el Rendimiento de Cuentas de Illinois (IAC) nació como respuesta directa a la impunidad con la que operan el ICE y la CBP.
Creada por el gobernador JB Pritzker, la comisión es encabezada por el juez federal retirado Rubén Castillo y está integrada por expertos legales y defensores de derechos humanos. Su misión es clara: documentar con pruebas, testimonios y evidencia audiovisual los abusos federales, en especial en Chicago, ciudad señalada por la Casa Blanca como objetivo prioritario de su política antimigrante.
La primera audiencia pública expuso casos alarmantes: familias atacadas con gas pimienta dentro de sus vehículos, trabajadores agredidos durante detenciones y manifestantes pacíficos reprimidos con sustancias químicas. Castillo fue contundente: “Esto no puede convertirse en la nueva normalidad”.
La comisionada Susan Gzesh, académica de la Universidad de Chicago, explicó que la IAC busca construir un archivo histórico que permita, en el futuro, enjuiciar a los responsables. También señaló que la comisión enfrenta una batalla contra la desinformación oficial, al documentar casos que el propio Departamento de Seguridad Interna ha negado, pese a evidencia médica y videográfica.
Uno de los episodios más graves —la agresión con gas pimienta a una familia con una niña de un año— fue presentado pese a que el DHS afirmó que “nunca ocurrió”. Para la comisión, este caso simboliza el nivel de cinismo y negación institucional.
Expertos médicos invitados advirtieron que el uso de gas lacrimógeno y pimienta constituye fuerza excesiva, sustancias incluso prohibidas en conflictos armados internacionales, pero utilizadas sin regulación contra civiles. La IAC realizará tres audiencias más y emitirá un informe oficial en abril, con la intención de que la verdad documentada rompa la impunidad federal.
La figura de Roberto Gómez Bolaños, conocido, dentro y fuera de México, como Chespirito, evoca, en el imaginario colectivo, un torrente de risas asociadas con el humor y la inocencia.
Personajes como El Chavo del 8, El Chapulín Colorado o El Chompiras, entre muchos otros, acompañaron y deleitaron a varias generaciones de niños, jóvenes y adultos en toda Latinoamérica.
Pero debajo del traje del Chapulín colorado se escondía un hombre conservador, reaccionario y que simpatizaba con las dictaduras.
Roberto Mario Gómez Bolaños, nacido en la Ciudad de México, en 1929, se jactaba de que la comedia y el humor blanco eran la piedra angular de su trabajo.
Y, en efecto, sus programas no recurrían al lenguaje procaz ni a las vulgaridades, ni a los chistes subidos de tono.
Y ese formato, que se esforzaba mañosamente en adherirse a los valores universales, hacía que su programa fuera apto y consumible para un público de todas las edades.
Bolaños, que se juraba admirador de Shakespeare, diseñó a sus personajes con atributos simplones.
Su fin era tratar de entretener a un público amplio sin complicarse la existencia y recurriendo a temas controvertidos.
El Chavo del 8 nació en una empresa llamada Televisión Independiente de México, que después se convertiría en Televisa, y ahí, en esa empresa, que simpatizaba con el poder político en turno, cuidaban las formas y él lenguaje.
Y justo por eso, Gómez Bolaños cuidaba, en todo momento, que sus personajes no emplearan un lenguaje ofensivo ni incurrieran situaciones inapropiadas.
Gómez Bolaños, que tenía un carácter acobardado, no quería hacer enfurecer a Emilio Azcárraga Vidaurreta ni Eugenio Garza Sada, dueños y fundadores de aquellas empresas.
Se trataba de un humor conservador con una alta dosis de ramplonería.
De hecho, gran parte del humor de Bolaños se basaba en sketches anodinos: caídas, golpes, gestos exagerados y situaciones visualmente cómicas.
Sin embargo, esos componentes no eran originales y, en su mayoría, estaban extraídos de la comedia clásica, especialmente de Charles Chaplin y El Gordo y el Flaco, a quienes Chespirito admiraba y se esforzaba en imitar.
El personaje principal de Bolaños,
El Chavo, era un niño huérfano que vivía en una vecindad.
El personaje presumía tener un corazón enorme y una imaginación desbordante. Todas sus características y sus interacciones eran predecibles, y estaban acompañadas, siempre, por un giro cómico.
El objetivo de Bolaños era generar una conexión inmediata con el público.
Se trataba, en todo caso, de adultos interpretando a niños.
Pero Bolaños tenía un objetivo muy claro: que sus personajes, El Chavo, el Chapulín Colorado, Don Ramón, Quico, Doña Florinda, Jaimito El Cartero y otros que llegaron después, representaran arquetipos fácilmente reconocibles en la sociedad.
Sin embargo, detrás de todos estos velos de comedia e inocencia, se escondía una faceta poco conocida y que, actualmente, sus admiradores se han empeñado en eludir.
Por alguna razón, los biógrafos de Chespirito han pasado de largo ante uno de los aspectos más controvertidos de la vida de Roberto Gómez Bolaños, que es su participación en eventos y espectáculos organizados por dictaduras militares en América Latina.
Como se sabe, durante varias décadas las dictaduras militares sepultaron la democraciabajo un manto de plomo.
Pero eso no pareció importarle al creador de El Chapulín colorado.
Documentos y testimonios de la época confirman que Bolaños no solo realizó giras por diferentes países sudamericanos, sino que, sin oponer ninguna resistencia ni objeción, aceptó presentarse en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet y en Argentina bajo la Junta Militar de Jorge Rafael Videla.
Y aquí es fundamental contextualizar el periodo de estas presentaciones. En Chile, el régimen de Pinochet, que subyugó a esa nación durante 17 años, de 1973 a 1990, es recordado por una brutal ola de crímenes, una terrible represión política y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
El Informe Rettig, de 1991, por ejemplo, documentó 3 mil 197 personas asesinadas y desaparecidas por razones políticas, mientras que el **Informe Valech (2004)**registró 38 mil 254 víctimas de prisión política y tortura.
Bolaños sabía perfectamente que la dictadura había prolongado su sombra por todo Chile. Sin embargo, eso no le impidió aceptar la invitación del gobierno de Pinochet y, en 1977, se presentó en el Estadio Nacional de Santiago. Se estima que unas 17 mil personas se dieron cita en el lugar para recibir a Chespirito y sus acompañantes.
Hay voces críticas que aseguran que, antes de aceptar la invitación, Bolaños se enteró de que miles de hombres habían sido recluidos precisamente ahí, en el Estadio Nacional, mientras sus esposas y familiares se reunían en las afueras para saber en qué estado se encontraban sus seres queridos.
Ahí, en el estadio que sirvió como escenario para las chanzas de El Chavo, los detenidos por la dictadura habían sido sometidos a torturas eléctricas, golpes, vejaciones sicológicas, mala alimentación y hacinamiento.
Chespirito supo que en los camarines, salones y baños que utilizaron él y los actores que lo acompañaron habían funcionado como campo de concentración. También supo que, ahí mismo, donde fue vitoreado y aplaudido, habían muerto varias decenas de chilenos.
No obstante, Roberto Gómez Bolaños recibió con indiferencia que aquel estadio hubiera sido utilizado como centro de detención y tortura.
La mañana del el 12 de octubre de 1977, El Chavo y su comparsa, se presentaron en la cancha del Estadio Nacional para ofrecer una función.
Pero vayamos al meollo del asunto:
El objetivo del dictador Augusto Pinochet era que, a través de Chespirito, el pueblo chileno se olvidara de las torturas eléctricas, de los golpes, las vejaciones sicológicas, la mala alimentación, el hacinamiento y la muerte de cientos de personas.
Se calcula que aquella mañana se reunieron, en el Estadio Nacional de Chile, unas 35 mil personas para recibir su dosis de pan y circo, vía Chespirito.
Un año después, en 1978, Gómez Bolaños aceptó la invitación del dictador Jorge Rafael Videla, quien, en ese momento, era miembro de la Junta Militar y presidente de facto de Argentina.
El sombrío Videla, poco después se supo, había sido autor de 469 crímenes de lesa humanidad: 66 homicidios, 306 secuestros, 97 torturas y 26 robos.
Pero esos antecedentes tampoco impidieron que Chespirito y sus comitiva de actores aceptaran actuar en el estadio Luna Park de Buenos Aires, el 9, 10 y 11 de noviembre de ese año, en el Luna Park.
A Gómez Bolaños, que recorrió Latinoamérica intensamente durante esa década oscura, no pareció alterarle que, al igual que Pinochet, la Junta Militar encabezada por Videla, acumulara una espesa nube de sombras a su alrededor.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en su informe “Nunca Más”, de 1984, estimó cerca de 9 mil desaparecidos, cifra que organismos de derechos humanos elevan a 30 mil.
En ambos contextos, la presencia de una figura de la talla de Chespirito, con su poder de convocatoria y explotando su aura de “inocencia”, fue interpretada por algunos de sus críticos, como un aval implícito o una normalización de dichos gobiernos, o al menos, una manifiesta indiferencia ante las atrocidades cometidas.
Y es que las risas arrancadas por Chespirito en aquellos escenarios fue percibida como una burla hacia las familias de las víctimas de la dictadura.
Hubo quien aseguró que fue una cooptación del entretenimiento para distraer de la represión.
Es importante destacar que el uso de muletillas y la repetición de gags o situaciones cómicas eran una constante en el trabajo de Chespirito. Y este “humor blanco” y simplón fue precisamente el que la ayudó a trascender barreras geográficas y culturales.
Los regímenes dictatoriales suelen buscar la adhesión popular o al menos la pasividad de la población, y la presencia de figuras mediáticas carismáticas ayuda a proyectar una imagen de normalidad, orden y bienestar. Esto desvía la atención de las violaciones a los derechos humanos y el terrorismo de Estado.
La presencia de Chespirito en estos países, incluso si su objetivo era “llevar alegría”, operó dentro de una lógica de legitimación cultural.
La dimensión sociológica de estos eventos radica en cómo la cultura popular puede ser cooptada para fines políticos, consciente o inconscientemente, por parte del artista.
En el marco del concepto de “pan y circo”, descrito por Juvenal, estas presentaciones servían como un mecanismo de distracción masiva, ofreciendo un paliativo emocional que podía atenuar el malestar social y la crítica al régimen.
En ese sentido, el Chavo fue la coartada perfecta para el olvido y la negación.
En algún punto de su carrera, Roberto Gómez Bolaños decidió vender su talento al mejor postor, alzándose de hombros ante el costo humano.
Ahora bien, la trayectoria política de Roberto Gómez Bolaños no se limitó a su presencia internacional.
El apoyo explícito de Chespirito al panista Felipe Calderón en las elecciones presidenciales de México de 2006 es otro punto oscuro en la trayectoria del comediante.
Es importante destacar que mirar a Chespirito desde esta perspectiva no busca “cancelar”su legado, sino comprender cómo las ideologías se entrelazan con el arte y cómo los símbolos culturales pueden ser utilizados para diversos fines, a veces, muy alejados de la inocencia que inicial o hipócritamente proyectan.
Lamentablemente, para Roberto Gómez Bolaños, el antifaz del Chapulín no pudo ocultar sus posturas reaccionarias.
En la Región Carbonífera de Coahuila, el aire suele estar cargado de polvo y promesas rotas. Allí, donde la tierra es explotada hasta el cansancio, la justicia parece seguir la misma lógica de extracción: se vende al mejor postor.
La historia de Brisa Isela Castellanos Márquez, una niña de apenas 12 años, es el retrato más crudo de un Estado que no solo llega tarde, sino que, cuando lo hace, es para estrechar la mano del verdugo.
Una campeona sin refugio
Brisa no era una cifra más en las estadísticas de abandono. Era una estudiante de sexto de primaria con notas de excelencia y un cuerpo atlético forjado en el gimnasio.
El boxeo fue su santuario, el único lugar donde los golpes tenían reglas y ella podía defenderse. Fuera del ring, la realidad era distinta: un hogar fracturado por la violencia, la drogadicción de su padrastro y una miseria que la empujaba a las calles de Nueva Rosita.
Cinco veces fue reportada como desaparecida en los últimos meses. Cinco veces Brisa huyó de los golpes de Juan de Dios Tavares, su padrastro, buscando un respiro con sus amigas.
La respuesta institucional fue siempre la misma: un formato de Alerta Amber y una inacción que bordeaba la negligencia. El 11 de junio de 2025, el reloj de su suerte se detuvo. Brisa no regresó.
La celda de la perdición
El destino de Brisa se selló días antes de su muerte, en un lugar donde se supone que debería haber estado segura: la cárcel municipal. En un acto de absoluta ilegalidad, la policía la detuvo junto a una amiga por “andar en la calle” de noche. En lugar de contactar a sus padres o a instancias de protección infantil, los agentes las encerraron de jueves a sábado en celdas compartidas con adultos.
Fue en ese submundo donde conocieron a Luis Ángel Gutiérrez Cortés, alias “El Tornado”. Con 28 años y el oscuro antecedente de haber sido policía ministerial de la entonces Procuraduría de Justicia, Gutiérrez Cortés conocía perfectamente las grietas del sistema. Lo que para Brisa fue una detención arbitraria, para “El Tornado” fue una oportunidad de caza.
Días después, el horror se materializó. Testigos describen una escena que hiela la sangre: en el baño de una vivienda, “El Tornado” se encontraba hincado frente al cuerpo de Brisa. Ella estaba boca arriba, con un cable de extensión eléctrica rodeándole el cuello. La niña que soñaba con ser campeona había perdido su última batalla contra la depravación.
La maquinaria de la impunidad
Sin embargo, el feminicidio no fue el final del calvario para la familia Castellanos Márquez.
De acuerdo con las revelaciones de la periodista Sanjuana Martínez, el aparato del estado de Coahuila se ha movilizado no para castigar, sino para encubrir.
Las acusaciones son directas y escalofriantes: las investigaciones de Sanjuana Martínez sostiene que el gobernador Manolo Jiménez ha permitido la liberación de María Elisa Padilla Cortés, una maestra de secundaria señalada como cómplice necesaria en el crimen.
Pero la red de complicidad llega más profundo. Se asegura que la Fiscalía de Coahuila, bajo el mando de Federico Fernández, despojó a la madre de la víctima de su representación legal, aislándola para forzar un “acuerdo” monetario que garantice el silencio.
La coacción del fiscal no busca la reparación del daño, sino la libertad del feminicida. Al ser “El Tornado” un exmiembro de la corporación, la justicia en Coahuila parece haber cerrado filas. El mensaje es claro: en la Carbonífera, la vida de una niña de 12 años puede ser canjeada por un cheque y un pacto de caballeros en los despachos del poder.
Hoy, mientras el nombre de Brisa Isela se suma a la larga lista de deudas pendientes de México, su caso se convierte en un espejo incómodo para el gobierno de Coahuila.
Terrible la historia de esta niña que huyó de su casa para encontrar la muerte en manos de un expolicía, y que ahora, después de muerta, vuelve a ser abandonada por un sistema que prefiere el dinero a la justicia.
