Legisladores advierten violaciones a derechos humanos y llaman a reforzar la defensa consular y la diplomacia parlamentaria para proteger a mexicanos en EUA.
Senadores de Morena condenaron el endurecimiento de la política migratoria del gobierno de Donald Trump, al calificar como inhumana y violatoria de derechos humanos la utilización de caza recompensas para detener a personas migrantes en Estados Unidos. Desde el Senado, exigieron una respuesta coordinada entre el Ejecutivo y el Legislativo para proteger a los connacionales.
El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara advirtió que la nueva ofensiva criminaliza a quienes buscan mejores oportunidades y normaliza prácticas de odio. Subrayó la urgencia de orientar y blindar a los paisanos, ante una estrategia que —dijo— incluso contempla pagos millonarios a particulares para ubicar y entregar a trabajadores indocumentados. “Debemos incrementar las medidas de protección y actuar con firmeza”, señaló.
Huerta alertó además sobre el uso de almacenes industriales para confinar hasta 80 mil migrantes, lo que —afirmó— contraviene tratados y convenciones internacionales. En ese contexto, llamó a activar diplomacia parlamentaria y a una vigilancia estrecha frente al fortalecimiento del ICE, cuyos agentes recibirían mejores salarios y prestaciones para intensificar detenciones.
Por su parte, la senadora Guadalupe Chavira de la Rosa sostuvo que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de los consulados, debe reforzar la defensa legal de las personas migrantes y denunciar en foros internacionales la “comercialización” de las detenciones. “Es inmoral que empresas se enriquezcan con la captura de migrantes”, afirmó.
Chavira recordó que la aportación económica de los latinos en EU alcanzó 1.6 billones de dólares en 2023, mientras que la contribución de mexicanos residentes sumó 781 mil millones de dólares al PIB, equivalente a una de las mayores economías del mundo. “No son delincuentes; son trabajadores que sostienen la economía estadounidense”, concluyó.
El organismo, impulsado por el gobernador JB Pritzker, busca romper la impunidad federal y dejar un registro histórico de violaciones a derechos humanos contra migrantes.
Chicago se convirtió en la primera ciudad de Estados Unidos en contar con una comisión especializada para investigar abusos cometidos por agentes migratorios, en un contexto marcado por redadas violentas, uso de gases químicos y hostigamiento sistemático contra comunidades migrantes. La Comisión para el Rendimiento de Cuentas de Illinois (IAC) nació como respuesta directa a la impunidad con la que operan el ICE y la CBP.
Creada por el gobernador JB Pritzker, la comisión es encabezada por el juez federal retirado Rubén Castillo y está integrada por expertos legales y defensores de derechos humanos. Su misión es clara: documentar con pruebas, testimonios y evidencia audiovisual los abusos federales, en especial en Chicago, ciudad señalada por la Casa Blanca como objetivo prioritario de su política antimigrante.
La primera audiencia pública expuso casos alarmantes: familias atacadas con gas pimienta dentro de sus vehículos, trabajadores agredidos durante detenciones y manifestantes pacíficos reprimidos con sustancias químicas. Castillo fue contundente: “Esto no puede convertirse en la nueva normalidad”.
La comisionada Susan Gzesh, académica de la Universidad de Chicago, explicó que la IAC busca construir un archivo histórico que permita, en el futuro, enjuiciar a los responsables. También señaló que la comisión enfrenta una batalla contra la desinformación oficial, al documentar casos que el propio Departamento de Seguridad Interna ha negado, pese a evidencia médica y videográfica.
Uno de los episodios más graves —la agresión con gas pimienta a una familia con una niña de un año— fue presentado pese a que el DHS afirmó que “nunca ocurrió”. Para la comisión, este caso simboliza el nivel de cinismo y negación institucional.
Expertos médicos invitados advirtieron que el uso de gas lacrimógeno y pimienta constituye fuerza excesiva, sustancias incluso prohibidas en conflictos armados internacionales, pero utilizadas sin regulación contra civiles. La IAC realizará tres audiencias más y emitirá un informe oficial en abril, con la intención de que la verdad documentada rompa la impunidad federal.
La figura de Roberto Gómez Bolaños, conocido, dentro y fuera de México, como Chespirito, evoca, en el imaginario colectivo, un torrente de risas asociadas con el humor y la inocencia.
Personajes como El Chavo del 8, El Chapulín Colorado o El Chompiras, entre muchos otros, acompañaron y deleitaron a varias generaciones de niños, jóvenes y adultos en toda Latinoamérica.
Pero debajo del traje del Chapulín colorado se escondía un hombre conservador, reaccionario y que simpatizaba con las dictaduras.
Roberto Mario Gómez Bolaños, nacido en la Ciudad de México, en 1929, se jactaba de que la comedia y el humor blanco eran la piedra angular de su trabajo.
Y, en efecto, sus programas no recurrían al lenguaje procaz ni a las vulgaridades, ni a los chistes subidos de tono.
Y ese formato, que se esforzaba mañosamente en adherirse a los valores universales, hacía que su programa fuera apto y consumible para un público de todas las edades.
Bolaños, que se juraba admirador de Shakespeare, diseñó a sus personajes con atributos simplones.
Su fin era tratar de entretener a un público amplio sin complicarse la existencia y recurriendo a temas controvertidos.
El Chavo del 8 nació en una empresa llamada Televisión Independiente de México, que después se convertiría en Televisa, y ahí, en esa empresa, que simpatizaba con el poder político en turno, cuidaban las formas y él lenguaje.
Y justo por eso, Gómez Bolaños cuidaba, en todo momento, que sus personajes no emplearan un lenguaje ofensivo ni incurrieran situaciones inapropiadas.
Gómez Bolaños, que tenía un carácter acobardado, no quería hacer enfurecer a Emilio Azcárraga Vidaurreta ni Eugenio Garza Sada, dueños y fundadores de aquellas empresas.
Se trataba de un humor conservador con una alta dosis de ramplonería.
De hecho, gran parte del humor de Bolaños se basaba en sketches anodinos: caídas, golpes, gestos exagerados y situaciones visualmente cómicas.
Sin embargo, esos componentes no eran originales y, en su mayoría, estaban extraídos de la comedia clásica, especialmente de Charles Chaplin y El Gordo y el Flaco, a quienes Chespirito admiraba y se esforzaba en imitar.
El personaje principal de Bolaños,
El Chavo, era un niño huérfano que vivía en una vecindad.
El personaje presumía tener un corazón enorme y una imaginación desbordante. Todas sus características y sus interacciones eran predecibles, y estaban acompañadas, siempre, por un giro cómico.
El objetivo de Bolaños era generar una conexión inmediata con el público.
Se trataba, en todo caso, de adultos interpretando a niños.
Pero Bolaños tenía un objetivo muy claro: que sus personajes, El Chavo, el Chapulín Colorado, Don Ramón, Quico, Doña Florinda, Jaimito El Cartero y otros que llegaron después, representaran arquetipos fácilmente reconocibles en la sociedad.
Sin embargo, detrás de todos estos velos de comedia e inocencia, se escondía una faceta poco conocida y que, actualmente, sus admiradores se han empeñado en eludir.
Por alguna razón, los biógrafos de Chespirito han pasado de largo ante uno de los aspectos más controvertidos de la vida de Roberto Gómez Bolaños, que es su participación en eventos y espectáculos organizados por dictaduras militares en América Latina.
Como se sabe, durante varias décadas las dictaduras militares sepultaron la democraciabajo un manto de plomo.
Pero eso no pareció importarle al creador de El Chapulín colorado.
Documentos y testimonios de la época confirman que Bolaños no solo realizó giras por diferentes países sudamericanos, sino que, sin oponer ninguna resistencia ni objeción, aceptó presentarse en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet y en Argentina bajo la Junta Militar de Jorge Rafael Videla.
Y aquí es fundamental contextualizar el periodo de estas presentaciones. En Chile, el régimen de Pinochet, que subyugó a esa nación durante 17 años, de 1973 a 1990, es recordado por una brutal ola de crímenes, una terrible represión política y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
El Informe Rettig, de 1991, por ejemplo, documentó 3 mil 197 personas asesinadas y desaparecidas por razones políticas, mientras que el **Informe Valech (2004)**registró 38 mil 254 víctimas de prisión política y tortura.
Bolaños sabía perfectamente que la dictadura había prolongado su sombra por todo Chile. Sin embargo, eso no le impidió aceptar la invitación del gobierno de Pinochet y, en 1977, se presentó en el Estadio Nacional de Santiago. Se estima que unas 17 mil personas se dieron cita en el lugar para recibir a Chespirito y sus acompañantes.
Hay voces críticas que aseguran que, antes de aceptar la invitación, Bolaños se enteró de que miles de hombres habían sido recluidos precisamente ahí, en el Estadio Nacional, mientras sus esposas y familiares se reunían en las afueras para saber en qué estado se encontraban sus seres queridos.
Ahí, en el estadio que sirvió como escenario para las chanzas de El Chavo, los detenidos por la dictadura habían sido sometidos a torturas eléctricas, golpes, vejaciones sicológicas, mala alimentación y hacinamiento.
Chespirito supo que en los camarines, salones y baños que utilizaron él y los actores que lo acompañaron habían funcionado como campo de concentración. También supo que, ahí mismo, donde fue vitoreado y aplaudido, habían muerto varias decenas de chilenos.
No obstante, Roberto Gómez Bolaños recibió con indiferencia que aquel estadio hubiera sido utilizado como centro de detención y tortura.
La mañana del el 12 de octubre de 1977, El Chavo y su comparsa, se presentaron en la cancha del Estadio Nacional para ofrecer una función.
Pero vayamos al meollo del asunto:
El objetivo del dictador Augusto Pinochet era que, a través de Chespirito, el pueblo chileno se olvidara de las torturas eléctricas, de los golpes, las vejaciones sicológicas, la mala alimentación, el hacinamiento y la muerte de cientos de personas.
Se calcula que aquella mañana se reunieron, en el Estadio Nacional de Chile, unas 35 mil personas para recibir su dosis de pan y circo, vía Chespirito.
Un año después, en 1978, Gómez Bolaños aceptó la invitación del dictador Jorge Rafael Videla, quien, en ese momento, era miembro de la Junta Militar y presidente de facto de Argentina.
El sombrío Videla, poco después se supo, había sido autor de 469 crímenes de lesa humanidad: 66 homicidios, 306 secuestros, 97 torturas y 26 robos.
Pero esos antecedentes tampoco impidieron que Chespirito y sus comitiva de actores aceptaran actuar en el estadio Luna Park de Buenos Aires, el 9, 10 y 11 de noviembre de ese año, en el Luna Park.
A Gómez Bolaños, que recorrió Latinoamérica intensamente durante esa década oscura, no pareció alterarle que, al igual que Pinochet, la Junta Militar encabezada por Videla, acumulara una espesa nube de sombras a su alrededor.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en su informe “Nunca Más”, de 1984, estimó cerca de 9 mil desaparecidos, cifra que organismos de derechos humanos elevan a 30 mil.
En ambos contextos, la presencia de una figura de la talla de Chespirito, con su poder de convocatoria y explotando su aura de “inocencia”, fue interpretada por algunos de sus críticos, como un aval implícito o una normalización de dichos gobiernos, o al menos, una manifiesta indiferencia ante las atrocidades cometidas.
Y es que las risas arrancadas por Chespirito en aquellos escenarios fue percibida como una burla hacia las familias de las víctimas de la dictadura.
Hubo quien aseguró que fue una cooptación del entretenimiento para distraer de la represión.
Es importante destacar que el uso de muletillas y la repetición de gags o situaciones cómicas eran una constante en el trabajo de Chespirito. Y este “humor blanco” y simplón fue precisamente el que la ayudó a trascender barreras geográficas y culturales.
Los regímenes dictatoriales suelen buscar la adhesión popular o al menos la pasividad de la población, y la presencia de figuras mediáticas carismáticas ayuda a proyectar una imagen de normalidad, orden y bienestar. Esto desvía la atención de las violaciones a los derechos humanos y el terrorismo de Estado.
La presencia de Chespirito en estos países, incluso si su objetivo era “llevar alegría”, operó dentro de una lógica de legitimación cultural.
La dimensión sociológica de estos eventos radica en cómo la cultura popular puede ser cooptada para fines políticos, consciente o inconscientemente, por parte del artista.
En el marco del concepto de “pan y circo”, descrito por Juvenal, estas presentaciones servían como un mecanismo de distracción masiva, ofreciendo un paliativo emocional que podía atenuar el malestar social y la crítica al régimen.
En ese sentido, el Chavo fue la coartada perfecta para el olvido y la negación.
En algún punto de su carrera, Roberto Gómez Bolaños decidió vender su talento al mejor postor, alzándose de hombros ante el costo humano.
Ahora bien, la trayectoria política de Roberto Gómez Bolaños no se limitó a su presencia internacional.
El apoyo explícito de Chespirito al panista Felipe Calderón en las elecciones presidenciales de México de 2006 es otro punto oscuro en la trayectoria del comediante.
Es importante destacar que mirar a Chespirito desde esta perspectiva no busca “cancelar”su legado, sino comprender cómo las ideologías se entrelazan con el arte y cómo los símbolos culturales pueden ser utilizados para diversos fines, a veces, muy alejados de la inocencia que inicial o hipócritamente proyectan.
Lamentablemente, para Roberto Gómez Bolaños, el antifaz del Chapulín no pudo ocultar sus posturas reaccionarias.
En la Región Carbonífera de Coahuila, el aire suele estar cargado de polvo y promesas rotas. Allí, donde la tierra es explotada hasta el cansancio, la justicia parece seguir la misma lógica de extracción: se vende al mejor postor.
La historia de Brisa Isela Castellanos Márquez, una niña de apenas 12 años, es el retrato más crudo de un Estado que no solo llega tarde, sino que, cuando lo hace, es para estrechar la mano del verdugo.
Una campeona sin refugio
Brisa no era una cifra más en las estadísticas de abandono. Era una estudiante de sexto de primaria con notas de excelencia y un cuerpo atlético forjado en el gimnasio.
El boxeo fue su santuario, el único lugar donde los golpes tenían reglas y ella podía defenderse. Fuera del ring, la realidad era distinta: un hogar fracturado por la violencia, la drogadicción de su padrastro y una miseria que la empujaba a las calles de Nueva Rosita.
Cinco veces fue reportada como desaparecida en los últimos meses. Cinco veces Brisa huyó de los golpes de Juan de Dios Tavares, su padrastro, buscando un respiro con sus amigas.
La respuesta institucional fue siempre la misma: un formato de Alerta Amber y una inacción que bordeaba la negligencia. El 11 de junio de 2025, el reloj de su suerte se detuvo. Brisa no regresó.
La celda de la perdición
El destino de Brisa se selló días antes de su muerte, en un lugar donde se supone que debería haber estado segura: la cárcel municipal. En un acto de absoluta ilegalidad, la policía la detuvo junto a una amiga por “andar en la calle” de noche. En lugar de contactar a sus padres o a instancias de protección infantil, los agentes las encerraron de jueves a sábado en celdas compartidas con adultos.
Fue en ese submundo donde conocieron a Luis Ángel Gutiérrez Cortés, alias “El Tornado”. Con 28 años y el oscuro antecedente de haber sido policía ministerial de la entonces Procuraduría de Justicia, Gutiérrez Cortés conocía perfectamente las grietas del sistema. Lo que para Brisa fue una detención arbitraria, para “El Tornado” fue una oportunidad de caza.
Días después, el horror se materializó. Testigos describen una escena que hiela la sangre: en el baño de una vivienda, “El Tornado” se encontraba hincado frente al cuerpo de Brisa. Ella estaba boca arriba, con un cable de extensión eléctrica rodeándole el cuello. La niña que soñaba con ser campeona había perdido su última batalla contra la depravación.
La maquinaria de la impunidad
Sin embargo, el feminicidio no fue el final del calvario para la familia Castellanos Márquez.
De acuerdo con las revelaciones de la periodista Sanjuana Martínez, el aparato del estado de Coahuila se ha movilizado no para castigar, sino para encubrir.
Las acusaciones son directas y escalofriantes: las investigaciones de Sanjuana Martínez sostiene que el gobernador Manolo Jiménez ha permitido la liberación de María Elisa Padilla Cortés, una maestra de secundaria señalada como cómplice necesaria en el crimen.
Pero la red de complicidad llega más profundo. Se asegura que la Fiscalía de Coahuila, bajo el mando de Federico Fernández, despojó a la madre de la víctima de su representación legal, aislándola para forzar un “acuerdo” monetario que garantice el silencio.
La coacción del fiscal no busca la reparación del daño, sino la libertad del feminicida. Al ser “El Tornado” un exmiembro de la corporación, la justicia en Coahuila parece haber cerrado filas. El mensaje es claro: en la Carbonífera, la vida de una niña de 12 años puede ser canjeada por un cheque y un pacto de caballeros en los despachos del poder.
Hoy, mientras el nombre de Brisa Isela se suma a la larga lista de deudas pendientes de México, su caso se convierte en un espejo incómodo para el gobierno de Coahuila.
Terrible la historia de esta niña que huyó de su casa para encontrar la muerte en manos de un expolicía, y que ahora, después de muerta, vuelve a ser abandonada por un sistema que prefiere el dinero a la justicia.
A casi tres décadas, la impunidad y la omisión del Estado mantienen abierta la herida de Acteal, mientras sobrevivientes y defensores construyen “La Otra Justicia”.
A 28 años de la masacre de Acteal, en la que 45 indígenas tzotziles —incluyendo 18 mujeres y cuatro bebés— fueron asesinados el 22 de diciembre de 1997, la justicia sigue siendo una deuda pendiente. La organización Sociedad Civil Las Abejas, a la que pertenecían las víctimas, denunció que después del sexenio de Ernesto Zedillo, continuaron represiones, asesinatos y violaciones a defensores de derechos humanos, periodistas y luchadores sociales.
“Durante 28 años de calvario hemos enfrentado mentiras, burlas y desprecio”, afirmaron. Denunciaron que cambiar jueces o nombrar a un indígena en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha transformado un sistema que califican de caducado y podrido, recordando la liberación de los paramilitares responsables en 2009 por fallas en el proceso judicial.
Las Abejas han impulsado “La Otra Justicia”, construida desde la memoria colectiva y la organización comunitaria, con apoyo nacional e internacional. Guadalupe Vázquez, sobreviviente, leyó un comunicado durante la misa conmemorativa celebrada este lunes en Acteal, recordando cómo los paramilitares priistas y cardenistas, armados y entrenados por el Ejército, buscaron destruir su lucha por la paz y la justicia verdadera.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) señaló que la impunidad se sostiene en la violencia contrainsurgente y en la falta de sanción a responsables materiales e intelectuales, manteniendo la guerra contra los pueblos indígenas. Subrayó que el Informe de Fondo ante la CIDH, presentado hace 20 años, sigue pendiente.
El caso judicial revela irregularidades históricas: la PGR obtuvo pruebas ilícitas, y aunque la Primera Sala de la SCJN reconoció estas violaciones y liberó a los acusados, la Segunda Sala negó la responsabilidad patrimonial del Estado, enviando un mensaje de impunidad institucional que afecta a toda la sociedad.
El obispo de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez, en la homilía, insistió en la necesidad de construir paz, mientras jóvenes de la comunidad alertaron sobre el avance del crimen organizado, el reclutamiento y la proliferación de drogas y alcohol.
La Presidenta anunció un nuevo esquema de investigación y sanciones tras exhibirse en video a agentes del INM cobrando dinero a connacionales en tránsito.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que a partir de 2026 se implementará un esquema integral de investigación y sanción para combatir la extorsión a migrantes por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), luego de que se difundiera un video donde personal de la dependencia exige dinero a mexicanos que viajaban de Estados Unidos a México.
La mandataria confirmó que el caso fue revisado de inmediato y que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como al titular del INM, Sergio Salomón Céspedes, a actuar sin tolerancia. Como resultado, uno de los agentes fue separado de su cargo y quedó sujeto a investigación administrativa y penal.
Sheinbaum detalló que el video corresponde a hechos ocurridos la noche del 16 de diciembre en las oficinas del puente internacional “Puerta México”, en Matamoros, Tamaulipas. Tras la difusión del material, el INM confirmó los hechos y precisó que los servidores públicos involucrados fueron retirados de sus funciones y notificado el Órgano Interno de Control para determinar responsabilidades.
Sobre el video en el que personal del Instituto Nacional de Migración solicita dinero a un connacional, la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) informó que el caso ya fue revisado y que las personas involucradas fueron separadas de sus cargos. Además, aseguró que se… pic.twitter.com/0Afjv8wMM7
Además, el Instituto informó que presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los agentes señalados y contra quien resulte responsable, como parte de un proceso para erradicar prácticas ilegales en los puntos de revisión migratoria.
“El Gobierno de México y el INM reprueban categóricamente cualquier acto contrario a la ley cometido en contra de nuestros connacionales o de otras personas, y refrendan cero tolerancia a la impunidad”, subrayó la dependencia en un comunicado.
La Presidenta enfatizó que su administración priorizará la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, con mecanismos de vigilancia, denuncias y sanciones ejemplares, para evitar que se repitan abusos y actos de corrupción en las fronteras del país.
La Estrategia Nacional para Personas en Movilidad coloca el derecho a la salud como eje central, sin importar nacionalidad ni situación migratoria.
En el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes, el secretario de Salud, David Kershenobich, afirmó que la atención médica para personas migrantes es un derecho constitucional y no un privilegio, al presentar la Estrategia Nacional para la Atención a la Salud de Personas en Contexto de Movilidad Humana, impulsada por el Gobierno federal con un enfoque humanista y de justicia social.
El funcionario subrayó que México atiende la migración desde una visión integral a través del programa México te Abraza, el cual reconoce los múltiples desafíos que enfrentan las personas en movilidad, como la separación familiar, la discriminación, la falta de documentos y la vulnerabilidad social. Destacó que la estrategia prioriza el acceso a servicios de salud sin distinción, con criterios de equidad, pertinencia cultural y trato digno.
Kershenobich advirtió que la ausencia de seguridad social y la desvinculación institucional siguen siendo barreras para la atención oportuna, por lo que esta política pública busca garantizar servicios médicos con calidad, enfoque preventivo y respeto a los derechos humanos, en congruencia con la Constitución y los compromisos internacionales de México.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reconoció el trabajo coordinado del Gabinete de Salud, integrado por la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y CONASAMA, y destacó que del 20 de enero a la fecha se ha brindado atención médica a más de 145 mil connacionales repatriados, facilitando su reintegración con acceso a servicios básicos.
Durante la presentación, el subsecretario Ramiro López Elizalde explicó que la estrategia se estructura en seis líneas de acción, entre ellas el acceso universal a la salud, la prevención de enfermedades, la atención a la salud mental y sexual, así como el seguimiento integral de la población migrante, con una visión de curso de vida y determinantes sociales.
Finalmente, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, reiteró que la política migratoria mexicana no criminaliza la movilidad, sino que reconoce derechos y atiende las causas, mientras que Daniel Aceves Villagrán destacó la importancia de visibilizar las aportaciones de la población migrante y fortalecer su protección desde el Estado.
El alcalde recibió certificaciones nacionales y encabezó la profesionalización de policías y áreas clave para atender violencias de género, desapariciones y acompañamiento a víctimas.
El Gobierno municipal de Toluca dio un paso firme en la atención a las violencias de género, al capacitar a más de 200 personas servidoras públicas y certificar a cerca de 80 trabajadores de primer contacto, incluido el presidente municipal Ricardo Moreno, en estándares nacionales de atención a víctimas.
En el marco de los 16 Días de Activismo, el alcalde recibió y entregó certificaciones en las competencias EC0539 Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género, EC1542 Búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas y EC1172 Acompañamiento inicial para la atención de víctimas. Las y los participantes pertenecen a la Policía de Género, Célula de Búsqueda, Prevención Comunitaria, Defensoría de Derechos Humanos, Instituto Municipal de la Mujer, Contraloría Municipal y Secretaría del Ayuntamiento.
Además, más de 140 trabajadores concluyeron talleres teórico-prácticos sobre acoso sexual, violencia de género y estrategias de búsqueda, fortaleciendo habilidades para actuar con profesionalismo, empatía y eficacia, desde la recepción de la denuncia hasta el seguimiento de cada caso.
Ricardo Moreno subrayó que la capacitación no es un trámite burocrático, sino una urgencia social, pues dota a las y los servidores públicos de herramientas reales para proteger, orientar y acompañar a personas vulnerables. Reiteró su compromiso para que la Policía Municipal de Toluca sea de las mejor preparadas del país en atención a violencias y desapariciones, y explicó que él mismo se certificó como parte de una visión de gobierno cercano.
La titular del Instituto Municipal de la Mujer, Celfa Vázquez, destacó que la certificación del alcalde envía un mensaje contundente de responsabilidad institucional y respeto a los Derechos Humanos, mientras que Óscar Antonio Rodríguez, de la CEAV Estado de México, reconoció a Toluca como referente para otros municipios por profesionalizar a primeros respondientes.
A nombre del personal capacitado, Rocío Guerrero, contralora municipal, afirmó que cada intervención puede marcar la diferencia para mujeres y familias que enfrentan violencia o buscan a un ser querido, consolidando entornos más justos y seguros.
La abogada sustituye a Ernestina Godoy, quien asumió la titularidad de la FGR, y refuerza el enfoque de derechos humanos y legalidad en la Presidencia.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nombró a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica del Ejecutivo Federal, en relevo de Ernestina Godoy, quien dejó el cargo tras asumir la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR). La designación fortalece el equipo jurídico presidencial con una funcionaria de amplia trayectoria técnica, legislativa y en políticas públicas.
Esthela Damián es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y maestra en Educación, con una formación sólida que ha orientado su desempeño en el servicio público. Su perfil se caracteriza por un enfoque integral del derecho, con experiencia práctica en Derecho Parlamentario, Fiscal, Administrativo, Electoral y Derechos Humanos, así como en la protección de niñas, niños y juventudes.
Su preparación académica incluye capacitación continua en Derecho Electoral, Derechos Humanos y Derecho Administrativo, con énfasis en normatividad impositiva, cobranza coactiva y participación fiscal. Además, ha participado como ponente en foros nacionales e internacionales sobre reformas fiscales, fiscalización, transparencia, rendición de cuentas, políticas públicas y ética gubernamental, fortaleciendo una visión jurídica aplicada al diseño institucional.
En su trayectoria reciente, se desempeñó como secretaria particular de la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y fue directora general del DIF-CDMX y secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, desde donde impulsó políticas de protección integral y transversalización de derechos. Hasta su nombramiento, fungía como subsecretaria de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encargada de la estrategia de atención a las causas, modelo que articula prevención social con visión jurídica y de derechos humanos.
Con este relevo, la Presidencia asegura continuidad institucional tras la salida de Ernestina Godoy a la FGR y consolida un marco legal robusto para la agenda del Ejecutivo.
El Comando Sur intensificó sus operativos contra presuntas “narcolanchas”, en medio de críticas por posibles ejecuciones extrajudiciales y mayor escrutinio del Congreso estadounidense.
El Comando Sur de Estados Unidos confirmó un nuevo ataque aéreo contra tres embarcaciones en aguas internacionales del Pacífico oriental, acción que dejó un saldo de ocho personas muertas, bajo el argumento de que los objetivos estaban vinculados al narcotráfico, aunque no presentó pruebas que sustenten esa acusación.
A través de su cuenta oficial en X, el mando militar detalló que tres personas murieron en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera. En el comunicado, las fuerzas armadas estadounidenses calificaron a los objetivos como “organizaciones terroristas designadas”, y difundieron un video donde se observa una lancha navegando antes de ser alcanzada por una explosión.
On Dec. 15, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/IQfCVvUpau
Este ataque se suma a una campaña militar iniciada el pasado 2 de septiembre, cuando el presidente Donald Trump ordenó intensificar las operaciones navales y aéreas en el Caribe y el Pacífico oriental. Desde entonces, al menos 95 personas han muerto en 26 ataques contra embarcaciones, cifras que han encendido alertas entre organismos de derechos humanos y gobiernos de la región.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, así como expertos internacionales, han señalado que estas acciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, al realizarse sin procesos judiciales ni pruebas públicas sobre los presuntos delitos. Incluso se documentó un ataque posterior en el que dos sobrevivientes fueron abatidos mientras se aferraban a los restos de una lancha destruida.
Trump ha justificado la ofensiva al afirmar que Estados Unidos enfrenta un “conflicto armado” con los cárteles, y recientemente clasificó al fentanilo como “arma de destrucción masiva”, elevando aún más el tono bélico de su discurso. En paralelo, el Congreso estadounidense ha incrementado el escrutinio sobre estas operaciones y alista sesiones informativas a puerta cerrada con altos funcionarios de seguridad nacional.
Mientras tanto, líderes como Nicolás Maduro han denunciado que estos ataques representan una amenaza regional y un intento de forzar cambios políticos mediante la presión militar.
