Etiqueta: Derechos Humanos

  • Familia de Alejandro Carranza, pescador colombiano asesinado, denuncia a EUA ante la CIDH

    Familia de Alejandro Carranza, pescador colombiano asesinado, denuncia a EUA ante la CIDH

    Alejandro Carranza murió en un bombardeo estadounidense en el Caribe; es la primera reclamación internacional por ataques ordenados por Donald Trump.

    La familia de Alejandro Carranza, pescador colombiano asesinado en ataques estadounidenses contra supuestas narcolanchas, presentó una denuncia formal contra Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

    La medida es la primera reclamación internacional por la campaña militar ordenada por Donald Trump en septiembre de 2025, que ha dejado más de 80 víctimas mortales.

    El documento, respaldado por Daniel Kovalik, abogado de derechos humanos y representante del presidente Gustavo Petro, detalla que el 15 de septiembre de 2025 el ejército estadounidense bombardeó la embarcación de Carranza frente a las costas de Colombia, causando su muerte. La denuncia señala directamente a Pete Hegseth, secretario de Defensa de EUA, como responsable de ordenar los ataques, y afirma que Trump ratificó la acción.

    La familia acusa a Estados Unidos de violar derechos fundamentales, como el derecho a la vida, igualdad ante la ley, juicio justo y debido proceso, respaldados por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

    Organismos internacionales como la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han calificado los bombardeos como ejecuciones extrajudiciales, violando el derecho internacional. La operación, denominada Lanza del Sur, se extendió del Caribe al Pacífico, zona estratégica del narcotráfico. Hasta ahora, solo se han identificado a dos supervivientes, un colombiano y un ecuatoriano, quienes fueron liberados tras comprobarse su inocencia.

    La CIDH, órgano de la OEA, puede emitir recomendaciones, reparaciones o sanciones a los Estados que violen derechos humanos, y en caso de no lograr acuerdos, los casos pueden elevarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos fallos son vinculantes.

  • Sheinbaum confirma posible reincorporación de ex expertos del GIEI al caso Ayotzinapa

    Sheinbaum confirma posible reincorporación de ex expertos del GIEI al caso Ayotzinapa

    La Presidenta aseguró que se buscará la participación de algunos ex integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y recordó que se reportan más de 10 detenciones recientes y nuevos lugares de búsqueda.

    La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que sólo se contactará a algunos ex integrantes del GIEI para que puedan reincorporarse a la investigación del caso Ayotzinapa, y subrayó que los avances son “no como quisiéramos”, aunque incluyen 10 detenciones recientes y nuevos lugares de búsqueda.

    Durante la Mañanera del Pueblo, explicó que el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, se comunicará con los ex expertos, aunque no confirmó si se trata de Ángela Buitrago o Carlos Beristain, cuyos nombres mencionaron padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Sheinbaum puntualizó que el GIEI ya no existe como grupo, pero algunos padres han solicitado que ciertos integrantes puedan regresar a la investigación bajo condiciones específicas.

    La mandataria destacó que estas detenciones recientes derivan de un trabajo exhaustivo, utilizando herramientas científicas como el análisis de llamadas telefónicas de celulares de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, un recurso que no se había aplicado previamente en la fiscalía. Este método permitió identificar vínculos y llamadas entre personas ya detenidas, lo que condujo a la captura de nuevos implicados.

    Sheinbaum también mencionó la posibilidad de que expertos internacionales, con la anuencia de los padres, participen en la investigación, y confirmó que han detectado nuevos lugares de búsqueda. Señaló que, aunque los avances no son los deseados, se continúa avanzando en la revisión de carpetas, declaraciones y averiguaciones previas para acercarse a la verdad y la justicia.

    Finalmente, la Presidenta reiteró su compromiso con los padres y madres de los estudiantes: “con relación a las personas que en su momento participaron en el GIEI se va a hablar con ellos para ver si quisieran regresar y en qué condición”, confiando en que pronto se logren resultados significativos.

  • ICE ofrece 300 dólares por cada migrante localizado y dispara alerta por cazarrecompensas privados

    ICE ofrece 300 dólares por cada migrante localizado y dispara alerta por cazarrecompensas privados

    El gobierno de EUA impulsa un programa de recompensas para que contratistas privados rastreen a migrantes irregulares, con un presupuesto de 180 millones de dólares y riesgos legales y humanitarios.

    El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos abrió una convocatoria para contratistas privados con el fin de localizar a migrantes indocumentados, en el marco de la meta de deportar un millón de personas al año. De acuerdo con una investigación de Témoris Grecko para Milenio, el programa contempla un pago de 300 dólares por cada migrante localizado, con potenciales ganancias de hasta 30 mil dólares durante un período piloto de 90 días, y un presupuesto total de 180 millones de dólares.

    Aunque la convocatoria no autoriza formalmente arrestos, se han documentado operativos con personal encapuchado y empresas como G4S/Allied Universal, que exceden sus funciones de transporte de detenidos para participar en detenciones, lo que viola la legislación federal. Activistas y exfuncionarios alertan sobre los peligros de privatizar funciones coercitivas del gobierno, creando un “complejo de deportación-industrial” con escasa supervisión y riesgos de abuso.

    El programa se complementa con un reclutamiento acelerado de agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza, reduciendo requisitos profesionales y aumentando la vulnerabilidad de los derechos de los migrantes. Los contratistas deben realizar vigilancia física, seguimiento de residencias y envío de pruebas fotográficas, usando datos proporcionados por el gobierno. Se proveen vehículos, pero se advierte sobre los riesgos que implica el trabajo en el terreno.

    Expertos señalan que esta estrategia genera un incentivo perverso para el uso de fuerza privada en labores de seguridad civil, comparando el fenómeno con la advertencia del ex presidente Dwight Eisenhower sobre el poder del complejo militar-industrial. La práctica podría consolidar un aparato de control social fuera del escrutinio público y con potencial para abusos y violaciones a derechos humanos.

    Mientras tanto, las plataformas de empleo como LinkedIn se han convertido en un canal para la contratación de exagentes y personal militar con poca experiencia, lo que evidencia la creciente privatización de la cacería de migrantes en Estados Unidos.

    Con información de Témoris Grecko para Milenio

  • La ultraderecha: El odio que se disfraza de patriotismo y erosiona los derechos humanos

    La ultraderecha: El odio que se disfraza de patriotismo y erosiona los derechos humanos

    Por Neri Torres

    La ultraderecha no solo busca el poder: su objetivo es normalizar el miedo, el odio y la intolerancia, utilizando populismo, nostalgia y redes digitales para socavar la democracia en todo el mundo.

    La ultraderecha no es un accidente, es un mal que se reinventa sin descanso. 

    Desde sus bases reaccionarias que añoran un pasado jerárquico hasta los líderes populistas de hoy, su estrategia sigue siendo la misma: explotar miedos, culpar al diferente y corroer la democracia.

    No importa el continente ni la época. Wallace en EUA, Le Pen en Francia, Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos o Meloni en Italia comparten el mismo manual: populismo autoritario, nostalgia de un pasado idealizado y ataques sistemáticos a minorías y derechos. No buscan gobernar con justicia; buscan movilizar resentimiento y miedo para fortalecer su base.

    Hoy la ultraderecha se actualiza. Las redes sociales amplifican sus mensajes, los nacionalismos extremos inventan enemigos y los discursos confunden libertad con imposición. Cada triunfo electoral demuestra que no solo persiguen poder, sino que quieren normalizar la intolerancia y hacer que lo extremo parezca aceptable.

    Lo más alarmante no es solo lo que hacen en el poder, sino lo que logran en nuestra mente: transformar el odio en conversación cotidiana y hacer que la democracia se vea débil frente a sus amenazas.

    Después de 1945, cuando el fascismo fue marginado, aprendieron a camuflarse. 

    De acuerdo con Cas Mudde, su evolución se puede seguir en cuatro olas: 

    • La primera (1945-1955) fue marginal, con grupos neofascistas perseguidos. 
    • La segunda (1955-1980) surge en la Guerra Fría con populismo de derecha moderado pero cargado de segregación y resentimiento, encarnado por George Wallace.
    • La tercera (1980-2000) capitaliza la globalización con discursos nativistas y autoritaristas, ejemplificada por Jean-Marie Le Pen.
    • La cuarta (2000-actualidad), la ultraderecha 2.0, se alimenta de crisis económicas, inseguridad y redes digitales, llevando su populismo autoritario y nacionalismo excluyente al mainstream.

    Si seguimos la cronología, los ejemplos son claros: Joseph de Maistre sentó las bases de una ultraderecha que ve la tradición y la religión como únicas garantías frente al “peligro” de la libertad; George Wallace movilizó resentimiento racial y social; Jean-Marie Le Pen normalizó la ultraderecha electoral y su hija Marine la llevó al poder de manera más “respetable”.

    En el siglo XXI, la estrategia se refina. Trump fusionó populismo nativista con posverdad y ataques a medios e instituciones; Orbán construyó una democracia iliberal controlando medios y destruyendo contrapesos; Meloni gobierna Italia con nacionalismo pragmático que suaviza formas pero mantiene fondo autoritarista; Bolsonaro explotó la nostalgia dictatorial; Milei convierte la furia económica en ultraderecha libertaria; y Santiago Abascal mezcla islamofobia, nacionalismo extremo y ataques a la diversidad en España.

    En México, la ultraderecha no tiene un partido hegemónico, sino que se infiltra a través de grupos de presión social que impulsan una agenda de retroceso moral

    Aunque el populismo gobernante actual se ubica en el centro-izquierda, la retórica anti-derechos, la negación del cambio climático y la defensa de un conservadurismo extremo son financiadas y promovidas por élites empresariales y sectores ideológicos que ven en la polarización cultural una forma de frenar el avance progresista. 

    El hilo común es evidente: la ultraderecha transforma miedo en política, resentimiento en votos y radicalismo en consenso social. 

    Lo peligroso no es solo que llegue al poder, sino que logra normalizar discursos de odio y exclusión, haciendo que lo extremo parezca cotidiano y la democracia vulnerable. 

    Ignorar esto ya no es una opción.

  • Lenia Batres ajusta su proyecto en la Corte tras escuchar propuestas de personas con discapacidad

    Lenia Batres ajusta su proyecto en la Corte tras escuchar propuestas de personas con discapacidad

    Tras las audiencias públicas en la SCJN, la ministra Lenia Batres Guadarrama anunció que modificará su proyecto sobre la consulta a personas con discapacidad, luego de atender preocupaciones expresadas por las y los propios participantes.

    La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, informó que hará ajustes a su proyecto de resolución sobre el nuevo criterio que el tribunal aplicará al analizar leyes impugnadas por falta de consulta a personas con discapacidad. El anuncio se dio tras escuchar las posturas de más de 30 asistentes a las audiencias públicas convocadas por la Corte.

    Batres explicó que varios participantes advirtieron que su propuesta —que planteaba permitir que solo las comisiones de derechos humanos pudieran presentar acciones o controversias “a solicitud de personas con discapacidad” y con al menos 15 firmas— podría generar una carga adicional para ese sector. “Nos hicieron ver algo que no habíamos considerado… ahora intentaremos atender esa preocupación”, afirmó la ministra.

    Durante la segunda jornada, Batres adoptó un tono más empático y se presentó ante una treintena de personas con discapacidad, incluso autodescribiéndose físicamente para atender la solicitud de asistentes con discapacidad visual. El debate se centró en la acción de inconstitucionalidad 182/2025, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, que busca revisar el criterio con el que la Corte ha invalidado cerca de 50 normas en la última década por falta de consulta previa.

    El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, aclaró que el derecho a la consulta no está en duda, pero expuso que la discusión se centra en determinar si una ley que beneficia a las personas con discapacidad puede o no invalidarse automáticamente por falta de consulta, y si las comisiones de derechos humanos deben actuar siempre en nombre del sector sin dialogar previamente con él.

    Aunque prevalecieron críticas hacia el proyecto de Batres, también se escucharon voces a favor. Organizaciones civiles como Latido Colibrí A.C. respaldaron el nuevo enfoque de analizar cada caso individualmente, al considerar que ello representa un avance hacia una inclusión más efectiva

    El proceso de deliberación continuará en la Corte en los próximos días, mientras la ministra Batres integra las observaciones ciudadanas en la versión final de su propuesta, que buscará equilibrar la participación directa de las personas con discapacidad con la eficiencia de los mecanismos legales de consulta.

    Con información de Iván Saldaña para La Jornada

  • Israel lanza ofensiva terrestre en Gaza tras semanas de bombardeos

    Israel lanza ofensiva terrestre en Gaza tras semanas de bombardeos

    El Ejército israelí despliega tropas en el centro de Gaza, enfrentando a miles de milicianos de Hamás mientras se intensifica la crisis humanitaria.

    El Ejército de Israel confirmó este martes que inició operaciones terrestres en la ciudad de Gaza, considerada el principal bastión de Hamás, donde calculan la presencia de entre 2 mil y 3 mil combatientes. La maniobra marca un nuevo capítulo de la ofensiva militar que comenzó semanas atrás en la periferia de la ciudad.

    De acuerdo con información de Salim Fazal Ahmed Hussain, para CMX Noticias, un alto oficial, que habló bajo anonimato, explicó que aunque las fuerzas operaban en las afueras, desde la noche del lunes comenzaron a avanzar hacia el centro urbano. “Anoche profundizamos nuestras operaciones dentro de la ciudad. Es un proceso gradual, pero significativo en el despliegue de fuerzas y operaciones en el terreno”, detalló.

    Esta incursión terrestre coincide con una serie de intensos bombardeos, que Israel describe como la transición a la “fase principal” del plan militar aprobado por el Gobierno de Benjamín Netanyahu. Hasta antes de la operación, Gaza contaba con cerca de un millón de habitantes, de los cuales aproximadamente 350 mil han huido en las últimas semanas. Las autoridades israelíes acusan a Hamás de dificultar la evacuación de civiles, aunque hasta ahora no presentan pruebas públicas.

    Según el Ejército, dos divisiones operan actualmente dentro de la ciudad y se espera que más unidades se sumen en los próximos días. La infraestructura subterránea de Hamás —túneles y depósitos de armas— aún no ha sido desmantelada, y las fuerzas israelíes estiman enfrentar a varios miles de milicianos dentro del área urbana.

    El mando israelí señaló que decenas de miles de reservistas han sido movilizados, algunos enviados a Cisjordania y el norte de Israel, y la convocatoria permanece abierta para reforzar la operación en Gaza. Mientras la ofensiva se intensifica, la crisis humanitaria sigue creciendo, con familias atrapadas y calles devastadas por los bombardeos.

  • México exige respeto a derechos de ciudadanos en flotilla humanitaria hacia Gaza

    México exige respeto a derechos de ciudadanos en flotilla humanitaria hacia Gaza

    La SRE asegura que mantiene contacto y asistencia consular con los siete mexicanos a bordo de la flotilla Global Sumud tras ataques con drones en Túnez.

    La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este domingo que solicitó a Israel garantizar la protección de los siete mexicanos que integran la flotilla Global Sumud, misión humanitaria que busca entregar alimentos y medicinas a Gaza. La petición se realizó a través de canales diplomáticos, recordando la obligación de respetar los derechos de las y los ciudadanos mexicanos conforme a convenciones internacionales.

    La dependencia destacó que ha mantenido contacto permanente y asistencia consular con los mexicanos desde su embarque en Barcelona el 1 de septiembre. Tras los ataques con drones a la flotilla los días 8 y 10 de septiembre en Túnez, la embajada de México en Argelia confirmó que los connacionales se encuentran a salvo y se trasladaron a otras embarcaciones.

    Durante la estancia en Túnez, la cónsul honoraria se reunió con los voluntarios mexicanos para atender sus necesidades, informar sobre sus derechos y brindar indicaciones sobre cómo actuar ante cualquier eventualidad. La SRE también aseguró que sus oficinas y representaciones en la región continúan apoyando a activistas y atendiendo peticiones en favor de los siete ciudadanos mexicanos.

    La flotilla Global Sumud reúne embarcaciones con voluntarios de más de 40 nacionalidades, con el objetivo de visibilizar la crisis humanitaria en Gaza y desafiar el bloqueo impuesto por Israel, transportando alimentos y medicinas a la franja.

    El gobierno mexicano reiteró su compromiso de resguardar la integridad y derechos de sus ciudadanos en misiones internacionales de carácter humanitario, coordinando esfuerzos diplomáticos y consulares mientras persiste la operación de la flotilla.

  • Israel intensifica ataques en Gaza; ONU alerta sobre hambruna y desplazamiento forzado

    Israel intensifica ataques en Gaza; ONU alerta sobre hambruna y desplazamiento forzado

    Al menos 87 palestinos murieron y más de 400 resultaron heridos en la última jornada de bombardeos. La ONU advierte que el desplazamiento forzoso ampliará la crisis alimentaria.

    El ejército israelí continuó este domingo su ofensiva hacia Gaza, destruyendo un tercer edificio residencial, la torre Al Ruya, y causando la muerte de al menos 87 palestinos y más de 400 heridos, incluidos niños y mujeres. De acuerdo a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el inmueble era utilizado por Hamas para vigilar posiciones militares, mientras que la población civil fue instada a trasladarse al sur hacia supuestas “zonas humanitarias”.

    Antes de este bombardeo los ataques habían derribado otras dos torres multifamiliares bajo el mismo argumento de vigilancia militar de Hamas. Sin embargo, el ministerio de Interior de Gaza advirtió que estas áreas no ofrecen seguridad real, ya que también han sido blanco de ataques repetidos, generando alarma entre la población desplazada.

    El coordinador humanitario de la ONU, Tom Fletcher, alertó que las órdenes de desplazamiento forzoso agravarán la hambruna declarada en la región y podrían extenderse hacia Deir al Balah y Jan Yunis. Desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, la cifra de muertos alcanza 64 mil 368 personas, incluidos 138 niños y 387 fallecidos por inanición, según el Ministerio de Salud de Gaza.

    En paralelo, la ofensiva israelí enfrentó un incidente con los rebeldes hutíes de Yemen, que enviaron drones que atravesaron las defensas aéreas y alcanzaron el aeropuerto internacional Ramon, lo que provocó daños materiales y el cierre temporal del espacio aéreo comercial. Israel interceptó varios drones, mientras investiga cómo uno logró impactar en suelo israelí.

    La escalada de violencia en Gaza refleja la crítica situación humanitaria, con civiles atrapados entre los ataques militares, la hambruna y los desplazamientos forzosos, mientras las advertencias internacionales insisten en la urgente necesidad de medidas para proteger a la población.

  • España anuncia medidas drásticas contra Israel y refuerza ayuda humanitaria para Gaza

    España anuncia medidas drásticas contra Israel y refuerza ayuda humanitaria para Gaza

    El gobierno de Pedro Sánchez implementó embargo de armas, restricciones a vuelos y puertos, y aumentó la asistencia económica a la población palestina.

    El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó este lunes un paquete de nueve medidas urgentes para presionar a Israel y atender la crisis humanitaria en Gaza, en lo que calificó como un esfuerzo para frenar el “genocidio en Gaza”, como lo llamó. Entre las acciones destaca la aprobación de un Real Decreto Ley para consolidar un embargo de armas, lo que prohíbe legalmente la compra y venta de armamento, municiones y equipamiento militar a Israel, vigente desde octubre de 2023.

    Además, España impondrá restricciones a puertos y aeropuertos, lo que bloqueará el tránsito de barcos con combustibles para las fuerzas armadas israelíes y negando acceso al espacio aéreo a aeronaves estatales que transporten material militar. También se limitará la entrada al país a personas implicadas en crímenes de guerra, violaciones de derechos humanos o genocidio en la Franja de Gaza.

    El gobierno español, con la finalidad de combatir la ocupación y proteger a la población civil palestina, ha prohibido la importación de productos de asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania, y ha restringido los servicios consulares a ciudadanos españoles residentes en estas zonas.

    En materia de cooperación, España incrementará su apoyo a la Autoridad Palestina, ampliando la Misión de Asistencia Fronteriza de la UE en Rafah y lanzando proyectos en agricultura, seguridad alimentaria y asistencia médica. Además, destinará 10 millones de euros adicionales a UNRWA y elevará su ayuda humanitaria a Gaza hasta 150 millones de euros en 2026.

    Con estas medidas, el Ejecutivo español busca reforzar la presión diplomática sobre Israel mientras intensifica la asistencia humanitaria a Gaza, combinando sanciones económicas y acciones de cooperación internacional para proteger a la población civil afectada por el conflicto.