Con menos sesiones y menos ponencias, el Pleno de la SCJN resolvió 898 asuntos en cuatro meses y consolidó precedentes obligatorios con mayor solidez constitucional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reportó que, tras la reforma judicial, su nuevo modelo concentrado en el Pleno elevó de manera significativa la eficiencia del Máximo Tribunal. Entre septiembre y enero, resolvió 898 asuntos en 64 sesiones, con un promedio de 14 casos por sesión, lo que representa una capacidad 5.4 veces mayor frente al esquema anterior al comparar el mismo periodo y tipo de asuntos.
La Corte destacó que estos resultados se alcanzaron con una estructura más compacta: 20% menos sesiones y 10% menos ponencias, pero con mayor productividad. Tan solo en diciembre de 2025 se resolvieron 159 asuntos en siete sesiones, cifra récord en la historia del tribunal.
Más deliberación, precedentes más sólidos
A partir de la reforma, el Pleno —integrado por nueve ponencias— concentra toda la función jurisdiccional, sustituyendo el modelo previo en el que el 89.6% de los casos se resolvía en Salas con solo cinco ponencias. Hoy, el 100% de los asuntos es analizado por el Pleno, lo que implica 64% más perspectivas deliberativas por sentencia.
Esta transformación ha fortalecido la calidad de los precedentes. Entre las resoluciones recientes destacan la invalidez de requisitos discriminatorios en la Ley del ISSSTE para acceder a pensión por concubinato; criterios con perspectiva de género e interseccionalidad en casos de desaparición forzada; protección a la infancia con discapacidad ante negativas de aseguradoras; y el reforzamiento de libertades como expresión, reunión y protesta social.
Asimismo, el tribunal fijó criterios sobre libertad religiosa en la expedición de pasaportes, la gravedad del feminicidio en la imposición de penas y la participación política de pueblos indígenas conforme al artículo 2º constitucional.
Desde la reforma al artículo 94 constitucional, las decisiones aprobadas por mayoría calificada constituyen precedente obligatorio, aun cuando no se traduzcan de inmediato en tesis publicadas en el Semanario Judicial.
Con información de César Arellano y Néstor Jiménez para La Jornada.
Comunidades fronterizas denuncian falta de aviso y temen impactos en servicios, impuestos y derechos humanos tras la expansión millonaria del sistema de detención migratoria.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) adquirió en secreto tres enormes almacenes en Socorro, Texas, para transformarlos en centros de detención migratoria, sin notificar previamente a autoridades locales. La operación, valuada en 122.8 millones de dólares, forma parte de una expansión nacional de 45 mil millones de dólares impulsada por el gobierno de Donald Trump.
Socorro, una comunidad de 40 mil habitantes ubicada a las afueras de El Paso, se enteró del proyecto solo después de que se formalizó la compra de los inmuebles, con una superficie total de más de 76 mil metros cuadrados, equivalentes a 4.5 súper centros de Walmart. “Nadie del gobierno federal nos avisó lo que estaba por ocurrir”, reclamó el alcalde Rudy Cruz Jr., al advertir afectaciones en agua, drenaje, seguridad e ingresos fiscales.
El ICE, dependencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha comprado al menos siete almacenes en estados como Texas, Arizona, Georgia y Pensilvania, mientras explora nuevas ubicaciones. De acuerdo con documentos oficiales, la agencia busca elevar su capacidad de detención a 92 mil camas, frente a las 40 mil que tenía antes del actual mandato presidencial.
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, el número de personas detenidas aumentó a 75 mil, distribuidas en más de 225 instalaciones. El plan contempla ocho megacentros con hasta 10 mil personas cada uno, además de centros regionales y sitios “llave en mano”. La construcción se financia con el paquete fiscal aprobado por el Congreso y se ejecuta mediante contratos militares, lo que permite opacidad y rapidez, según expertos legales.
Aunque el DHS asegura que se trata de “instalaciones estructuradas y bajo estándares federales”, comunidades incluso afines a Trump han expresado rechazo y alarma, recordando muertes recientes en centros de detención y posibles violaciones a derechos humanos. En Socorro, las protestas ciudadanas ya desbordaron las sesiones del cabildo.
La Presidenta reiteró ante las familias que el Estado mexicano no abandonará la recuperación de los cuerpos ni la exigencia de verdad y justicia en una de las peores tragedias mineras del país.
Durante un recorrido por el mausoleo de Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó el compromiso del Gobierno de México para localizar los 38 cuerpos de mineros que aún permanecen atrapados tras la explosión ocurrida en 2006. A dos décadas del siniestro, recordó que 25 trabajadores ya han sido rescatados, como resultado del Plan de Justicia impulsado por el Estado.
La mandataria se detuvo frente a cada una de las placas del mausoleo, donde viudas, madres, hijos y hermanos aguardaban con fotografías y testimonios. En cada punto, Sheinbaum preguntó de manera directa sobre el avance de las labores de recuperación y la situación de las familias, reiterando que la búsqueda continuará “hasta el último minero”.
En Coahuila, reafirmamos el compromiso con las familias de los 65 mineros de Pasta de Conchos; buscaremos los restos de los 38 cuerpos que falta localizar. A 20 años de la tragedia, hemos rescatado 25. Siempre lucharemos por justicia y verdad. pic.twitter.com/Ceo7n0PUTB
En un mensaje difundido en redes sociales, familiares reconocieron la continuidad del plan iniciado en el sexenio anterior, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y agradecieron que la actual administración mantenga el enfoque de justicia, verdad y humanismo. “Hacer justicia significa rescatar a todos los mineros”, subrayó la Presidenta.
Sheinbaum estuvo acompañada por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos; el secretario del Trabajo, Marath Bolaños; la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja; y el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.
El gobernador reiteró la coordinación permanente con el gobierno federal, mientras que la CFE informó sobre los avances técnicos en la rehabilitación y reforzamiento de la mina para garantizar la seguridad de los rescatistas. Por su parte, la Fiscalía General de la República detalló que se han realizado 248 intervenciones periciales, con 23 restos óseos recuperados e identificados de los 65 mineros fallecidos.
El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, firmó un convenio interinstitucional para garantizar la seguridad y libertad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, reforzando protocolos y capacitación policial con perspectiva de género y derechos humanos.
El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, cumplió su compromiso de implementar un protocolo dirigido a estándares internacionales para proteger la vida, integridad y libertad de los periodistas. Esta acción tiene como objetivo garantizar que puedan ejercer su labor con plena libertad y seguridad.
En un acto acompañado por Norberto Morales, Secretario del Trabajo del Estado de México, y Luis Miguel Carriedo, titular de la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos (CEMPIDH), firmaron un convenio de coordinación interinstitucional enfocado en la protección integral de periodistas y defensores de derechos humanos en el Estado de México.
Durante la conferencia La Toluqueña, Ricardo Moreno destacó la importancia de capacitar a la policía municipal en estándares nacionales e internacionales, incorporando perspectiva de género y derechos humanos, para fortalecer la protección de comunicadores y defensores de derechos humanos. Asimismo, ofreció disculpas por los incidentes ocurridos el 2 de octubre, en los que participó en parte la policía municipal.
El protocolo elaborado tras reuniones con la Defensoría Municipal de Derechos Humanos pasará por la revisión técnica y jurídica por la Coordinación Ejecutiva del CEMPIDH, asegurando que cumpla con los requisitos para garantizar la seguridad y libertad de expresión del gremio periodístico.
Para la firma del convenio asistieron autoridades de alto nivel, incluyendo a Miguel Ángel Cruz, segundo visitador de la Comisión de Derechos Humanos; Zulairam Arreola, defensora municipal de Derechos Humanos; el Fiscal Federico Salgado, así como miembros de la Junta de Gobierno del Consejo Consultivo del Mecanismo, la Comisión de Búsqueda de Personas, la Comisión de Víctimas y el Poder Judicial, consolidando un esfuerzo interinstitucional.
El Congreso de la Ciudad de México pide a la alcaldesa de Cuauhtémoc participar en capacitaciones sobre derechos humanos tras un operativo conflictivo.
El Congreso de la CDMX solicitó a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, asistir a mesas de trabajo sobre el reordenamiento del comercio en la vía pública. También se le pide que participe en cursos sobre derechos humanos y no discriminación. Este llamado surge después de un reciente enfrentamiento durante un operativo para retirar comerciantes en San Cosme.
La diputada Diana Sánchez Barrios, quien presentó la propuesta, enfatizó que no solo hay un conflicto por el uso del espacio público. Según ella, se revela una falta de capacidad para negociar y un déficit en la sensibilidad social de la alcaldesa. La diputada describió a Rojo de la Vega como alguien que actúa con enojo y ha generado confrontaciones innecesarias.
Tras el conflicto, la alcaldesa llevó a cabo otro operativo utilizando fuerza pública. Este operativo se realizó en las oficinas de la organización ProDiana, donde se buscaban supuestos criminales. La legisladora criticó esta acción, argumentando que Rojo de la Vega asumió una autoridad de investigación que no le corresponde.
Sánchez Barrios también anunció que ha interpuesto una denuncia contra la alcaldesa por violencia política de género. Además, planea denunciar a otros funcionarios por sus comentarios discriminatorios hacia comerciantes, especialmente aquellos de la diversidad sexual.
Durante la presentación, la diputada mostró una serie de fotografías que evidencian la presencia de la alcaldesa en la plaza comercial de San Cosme durante el operativo. La propuesta fue aprobada sin debate alguno por la oposición.
El exhorto también incluye al personal de la alcaldía para que reciba capacitación en derechos humanos. Asimismo, se pide al Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México que implemente campañas de sensibilización. Estas campañas tienen como objetivo mostrar el impacto negativo del lenguaje homofóbico.
La situación refleja la necesidad urgente de mejorar la formación de los servidores públicos y la importancia de una gestión más compasiva y basada en el diálogo.
Ningún legislador del PRIAN subió a tribuna para defender a la edil; además, se presentó denuncia por violencia política de género en su contra.
El Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo contra la titular de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, exhortándola a participar en mesas de trabajo con el Gobierno capitalino, capacitarse en derechos humanos, no discriminación y uso proporcional de la fuerza, y respetar los protocolos para el reordenamiento del comercio en vía pública.
Lo que marcó la sesión no fue solo el contenido del exhorto, sino el silencio del PRIAN: ningún diputado o diputada afín a la alcaldesa tomó la tribuna para respaldarla. Desde Morena señalaron que esta ausencia refleja el costo político de sus recientes acciones.
La diputada Diana Sánchez Barrios impulsó el acuerdo y denunció públicamente un mal operativo, presunto allanamiento y expresiones homofóbicas por parte de la edil. Además, confirmó que presentó una denuncia por violencia política de género, subrayando que no se trata de un hecho menor, sino de conductas con posibles consecuencias legales.
En el mismo sentido, el diputado Paulo García afirmó que la oposición habría optado por deslindarse ante el impacto negativo en encuestas, señalando una presunta “vena autoritaria” en la conducción de la demarcación.
El punto aprobado advierte que la alcaldesa y su equipo habrían actuado al margen de los protocolos establecidos, utilizando lenguaje estigmatizante y aplicando medidas desproporcionadas contra comerciantes en vía pública, muchos de ellos en condición de vulnerabilidad.
Asimismo, el Congreso exhortó al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) a implementar campañas de sensibilización sobre lenguaje homofóbico y trato discriminatorio en las 16 alcaldías.
Desde Morena reiteraron que el reordenamiento del comercio no puede ser sinónimo de atropello, sino un proceso basado en diálogo y coordinación con el Gobierno de la Ciudad. La controversia en Cuauhtémoc abre un nuevo frente político rumbo a los próximos meses.
El gobierno de Ricardo Moreno impulsa jornadas permanentes de derechos humanos en cinco delegaciones de Toluca, en coordinación con la CODHEM, para fortalecer la cercanía institucional, la legalidad y la atención directa a la ciudadanía.
El Ayuntamiento de Toluca, encabezado por el presidente municipal Ricardo Moreno, reforzó su presencia institucional en territorio mediante jornadas gratuitas de atención y orientación de derechos humanos, con el objetivo de acercar los servicios públicos a la población y conocer de primera mano sus principales necesidades.
La estrategia fue impulsada por la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, en coordinación con la Coordinación de Autoridades Auxiliares y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), a través de su Visitaduría Itinerante, como parte de una acción permanente dirigida a consolidar una cultura de respeto, legalidad y ejercicio pleno de derechos en el municipio.
Las jornadas se han hecho presentes en las delegaciones Seminario Las Torres, Seminario Conciliar, Seminario 2 de Marzo, San Buenaventura y Ocho Cedros, bajo un modelo de atención directa y accesible que incluye asesorías jurídicas, orientación especializada y difusión de información, con énfasis en el acceso a la información, el ejercicio de derechos y la atención institucional oportuna.
A pesar de los avances internacionales y del rechazo social creciente, cerca de 230 millones de mujeres y niñas en el mundo han sido víctimas de la mutilación genital.
La mutilación genital femenina continúa siendo una grave violación a los derechos humanos que afecta a cerca de 230 millones de mujeres y niñas en el mundo, muchas de ellas antes de cumplir los 15 años. A pesar de estar prohibida esta práctica persiste en al menos 31 países de África, Oriente Medio y Asia, donde se mantiene por factores culturales, sociales y de profunda desigualdad de género, de acuerdo a datos de la UNICEF.
La mutilación comprende procedimientos que implican la extirpación total o parcial de los genitales externos femeninos sin fines médicos, lo que provoca daños físicos y psicológicos severos. Entre las consecuencias inmediatas se encuentran hemorragias, infecciones, dolor extremo y riesgo de muerte, mientras que a largo plazo puede generar infertilidad, complicaciones durante el parto, trastornos emocionales, ansiedad y depresión, sin olvidar el aumento de mortalidad materna y neonatal.
Aunque la práctica ha disminuido en términos proporcionales durante las últimas décadas, organismos internacionales como la UNICEF advierten que el crecimiento poblacional podría provocar que 27 millones de niñas más sean víctimas para 2030. En países como Somalia y Guinea, más del 90% de las mujeres entre 15 y 49 años han sido sometidas a esta práctica.
Además, preocupa la tendencia a la “medicalización” de la mutilación genital, ya que alrededor de 52 millones de mujeres fueron mutiladas por personal sanitario, lo que no reduce los riesgos y legitima una práctica dañina. Frente a este panorama, UNICEF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) encabezan el principal programa global para erradicar la mutilación genital femenina, promoviendo el abandono colectivo, la educación y reformas legales.
Este turbulento 2026, conmemorará en unas semanas (24 de marzo), 50 años del golpe de estado que diera la junta militar en Argentina y el comienzo de una pesadilla en materia de derechos humanos que resonó en todo el continente y en su clamor tocó sensibilidad y sistemas de pensamiento en el mundo. A medio siglo, hoy somos testigos de un nuevo auge del fascismo y las amenazas post coloniales del hipercapitalismo que agoniza sin dejar de aniquilar a su paso empezando por las conciencias, además, suspendiéndonos en la posibilidad a cada instante de destruirlo todo. Interiorizamos el genocidio, respiramos el desprecio por lo humano.
Es en la literatura y el teatro que encontramos referentes documentales, poéticos y transgresores en el México actual, son dos imprescindibles ejemplos los que han tenido la capacidad de tener espléndida recepción entre público y lectores. Algunos de edad tan lejana a los acontecimientos que narran, que apenas alcanzan a comprender, por lo fragmentario y lo alienante de las redes de hoy, lo que significó esa cruel y despiadada persecución contra quienes decidieron romper con las estructuras autoritarias, revolucionar y que el estado buscó borrar en toda evidencia con los mecanismos del terror de esa caja de doble fondo, de gobierno paralelo que dictara en sus designios para el destino latinoamericano el Plan Cóndor con ensayos y variantes. Aquellas y aquellos decididos chocaron de frente hasta las últimas consecuencias con el estamento de la CIA estadounidense y su manual de tortura, de aniquilación.
En este contexto, el libro “Wenceslao José García: un revolucionario surgido del Ñuú savi” del Doctor Francisco López Bárcena, es un ejemplo de cómo la literatura puede ser instrumento de denuncia y resistencia sin esquivar el presente ni criticarlo agudamente y sin ambages. La obra narra la vida de Wenceslao José García, un luchador social y guerrillero mixteco que desapareció en 1975, y es un testimonio de la brutalidad y la represión que se vivió en México durante la Guerra sucia.
Nos comparte Francisco López Bárcena para Los Reporteros MX: El libro “Wenceslao José García. Un revolucionario surgido del ñuú savi”, como muchos de los libros que he escrito, no fue planeado, la historia se me atravesó en el camino mientras investigaba sobre otros desaparecidos. Sucede que desde hace años, durante mi participación en los movimientos de apoyo al zapatismo y más concretamente, en el Congreso Nacional Indígena (CNI) nos propusimos reconstituir los pueblos indígenas para que ejercieran su autonomía de la mejor manera y yo decidí que recuperar su memoria era mi forma de participar en ello.
A esto se suma que los pueblos ñuú savi (mixtecos) no han tenido la suerte de otros y mucha de su historia permanece en el olvido, dando la idea que aquí no pasó nada. A combatir esa idea he dedicado parte de mi trabajo académico.
Así escribí: “El fuego y las cenizas. Los pueblos mixtecos en la guerra de independencia”, “Rebeliones indígenas en la mixteca. La consolidación del estado y la lucha de los pueblos por su autonomía”, “Rebeldes solitarios. El magonismo entre los pueblos mixtecos”, “Los orígenes del zapatismo en la mixteca. Magonismo y maderismo en la mixteca” y “Lázaro Cárdenas en la mixteca”.
“Fue en los archivos de la Dirección Federal de Seguridad en donde primero leí que un mixteco había participado en la Liga Comunista 23 de Septiembre en los años setenta. Me sorprendió mucho porque en la región de ese caso no se habla, solo rumores y ese expediente me ponía ante hechos evidentes”.
Desde esta vinculación en el tiempo y nuestra actual perspectiva, es en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico que aparece indómita en cartelera la obra de teatro “Vuelos nocturnos sobre un mar sin fondo”, creación de Teatro línea de sombra (TLS), con concepto y creación de Jorge A. Vargas, Eduardo Bernal, Luis Mario Moncada y Alicia Laguna. Con asesoría y colaboración en la investigación de Marcela Turati y Alicia de los Ríos Merino, quien con calidez y enorme generosidad, con tiento y amor además, nos abrirá paso en su memoria, sus hallazgos, además acompañada de Shantal Saad y la música original de Juan Pablo Villa.
Luis Mario Moncada es colaborador de la agrupación y especialista en el diálogo entre materiales documentales y construcciones poéticas, así como de las y los integrantes del LAB/TLS. La investigación escénica aborda el caso de la desaparición forzada de Alicia de los Ríos Merino en 1978 y el proceso judicial impulsado durante más de veinte años por su hija, a partir de entrevistas con periodistas, peritos, historiadores, defensores de derechos humanos, familiares, vecinas y vecinos, así como personas vinculadas con los hechos ocurridos en 1978.
Alicia de los Ríos hija, en presencia, difícil de compartir en estas líneas lo que nos brinda como epifenómeno, además de testimonios de testigos e invitados especiales en cada función, expone y articula en el hecho estético además un espacio de investigación, de acción y a pesar de todo de utopía.
Volviendo a Wenseslao
Menciona también el Doctor López Bárcena respecto a su texto: “Leí libros sobre la guerra sucia y la guerrilla para entender el contexto, sobre las normales rurales y la participación de sus alumnos o exalumnos en la guerrilla, entrevisté compañeros de lucha de Wenceslao y otros guerrilleros que no fueron sus compañeros y no compartieron sus ideas pero accedieron a dar su testimonio, pero sobre todo hablé con sus familiares y vecinos de su comunidad de origen. Así fue como surgió y se armó el libro: Wenceslao José García: un revolucionario surgido del ñuú savi.”
El doctor Francisco López Bárcena es un investigador y escritor mexicano que ha publicado varios libros sobre historia y cultura de los pueblos originarios en México. El libro, que se divide en cinco capítulos, explora la vida de García desde su infancia en la comunidad de Zaragoza, en la Mixteca oaxaqueña, hasta su formación como estudiante y su posterior ingreso al Movimiento de Acción Revolucionaria. López Bárcena destaca la lucha revolucionaria de García y su preparación en Corea del Norte junto con otros miembros de la organización.
Volviendo a los vuelos
Detalles de la práctica: Las víctimas, consideradas disidentes políticos, eran ejecutadas con un disparo en la nuca y luego arrojadas al mar en vuelos nocturnos. Los aviones utilizados eran IAI Arava 201, y se realizaban ajustes para facilitar la tarea, como retirar la puerta lateral derecha. Los vuelos se realizaban entre las 10 pm y las 6 am, y duraban alrededor de 50 a 90 minutos.
En 2002, se inició una investigación militar que reveló testimonios de exmilitares y documentos clave. En 2024, se publicó una lista con 183 nombres de posibles víctimas de los “vuelos de la muerte”. El Ejército mexicano ha negado reconocer esta práctica y ha limitado el acceso a sus archivos.
Los “vuelos de la muerte” son considerados un crimen de lesa humanidad y han generado indignación y demandas de justicia. Organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas siguen buscando verdad, a veces no enterrada sino aparentemente sumergida e insondable. Más como asume Línea de sombra y colaboradores en su investigación y dramaturgia en el sentido de la lucha de Alicia, madre de la Alicia que tenemos frente a nosotros en escena:
“Fueron los últimos metros que pude correr en libertad, aunque me venían persiguiendo, ¿verdad? Salieron detrás de mí. Cuando podía yo les iba tirando, pero traté de no ser tan escandalosa tampoco, porque lo que quería era perderme…” (Vuelos nocturnos sobre un mar sin fondo).
Las convergencias
Al preguntar al Doctor López Bárcenas: ¿Qué impacto cree que ha tenido en la búsqueda de justicia para las víctimas de desaparición forzada y en la preservación de la memoria histórica?, responde puntualmente: “Aquí creo que hay que ver el asunto desde dos ópticas. Desde la visión gubernamental creo que no va a tener mucho impacto…
Desde los esfuerzos sociales, independientes, creo que va a tener más impacto… Alicia de los Ríos Merino, Irma Pineda Santiago y Camilo Vicente Ovalle, que enfoca su esfuerzo a que los desaparecidos políticos aparezcan y los responsables sean llevados ante los tribunales.
“La recepción del libro entre este sector social es importante… espero que el libro abone a la aparición de los desaparecidos políticos, que los responsables sean llevados ante la justicia y se pueda construir una sociedad en donde esto no vuelva a suceder”.
Por su parte: “Vuelos nocturnos sobre un mar sin fondo”, estará en cartelera las próximas semanas exponiendo documental y escénicamente lo inenarrable y lo que nunca podrá ocultarse, por alto que esté el cielo en el mundo y por hondo que sea el mar profundo.
— “Wenceslao José García un revolucionario surgido del ñuú savi”, Francisco López Bárcenas, Editorial Petricor, 2025. Fb: San Balín.
— “Vuelos nocturnos sobre un mar sin fondo” de Teatro Línea de Sombra. Temporada hasta el 15 de febrero de 2026. Jue y Vie. 20 h, Sáb. y Dom. 18 h Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Avenida Revolución 1500, Esquina con Manuel M. Ponce México, Ciudad de México Miércoles 2×1 | Boletos en taquilla y en línea. https://helenico.gob.mx/
El organismo internacional llamó a fortalecer la prevención, la investigación y la protección institucional para evitar la repetición de agresiones contra quienes ejercen labores de interés público.
En los últimos 10 años, en México 376 periodistas, trabajadores de medios y personas defensoras de derechos humanos fueron asesinados, desaparecidos o sobrevivieron a atentados, de acuerdo con datos presentados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
La información fue dada a conocer por el oficial Ricardo Jorge de Souza Cancela Neves, durante la presentación del informe Buenas Prácticas y Desafíos en la Investigación de Delitos contra Personas Defensoras y Periodistas.
El documento detalla que, entre enero de 2016 y diciembre de 2025, se registraron 89 asesinatos de periodistas, ocho de trabajadores de medios y 181 homicidios de defensores de derechos humanos. Además, se documentaron 29 intentos de homicidio y 69 desapariciones relacionadas con estas labores.
Del total de víctimas, 80 eran mujeres y al menos 105 estaban vinculadas a la defensa del medio ambiente. La ONU-DH subrayó que siete de cada diez víctimas ya habían sufrido incidentes de inseguridad, y el 30% había denunciado agresiones previamente ante autoridades.
El organismo internacional reconoció avances en protocolos de investigación, análisis de contexto y emisión de medidas de protección, aunque advirtió que persisten retos estructurales.
Autoridades federales han destacado reformas legales y medidas de protección vigentes, así como el compromiso institucional para fortalecer los mecanismos de prevención y atención, en línea con los esfuerzos nacionales para garantizar la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos.
